Anuncia Martínez Arcila que será discutida en septiembre por los diputados; viola derechos humanos de los menores y afecta su sana educación sexual, argumentan detractores

 

REDACCIÓN

 

CHETUMAL.- El diputado del PAN Eduardo Martínez Arcila anunció que la iniciativa para incorporar el llamado “pin parental” en la nueva Ley de Educación de Quintana Roo será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre, luego de que el tema se retrasara a causa de la pandemia.

El denominado “pin parental” es una práctica surgida en España, la cual otorga a los padres o tutores el poder de decidir la instrucción que reciben menores de edad en materias como educación sexual o diversidad, de manera que puedan censurar el contenido planteado en los programas educativos oficiales y proponer materiales alternativos que consideren apegados a la educación que pretendan dar a sus hijos.

La iniciativa, presentada en julio de 2020 por el legislador panista, refiere que la autoridad educativa estatal dé a conocer, “de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

El legislador defendió el derecho de los padres de familia a tener conocimiento de los contenidos que se imparten en las escuelas, así como de los maestros que lo abordarán. No se trata de temas tabú, porque las generaciones avanzan, sino que lo que buscan es que exista un entendimiento en el hogar, “porque si el niño llega con conocimientos que la familia desconoce, puede generar conflictos”, justificó.

La presentación de la iniciativa motivó manifestaciones del colectivo de la Red de Feministas Quintanarroenses ante el Congreso del Estado, así como pronunciamientos en contra de diversas organizaciones civiles e incluso fue llevada a tribuna en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, donde la legisladora federal Mildred Ávila Vera presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado a desistirse de aprobarla, de manera explícita o implícita, dentro del marco legal estatal.