CHETUMAL.- Directivos de la empresa de transporte Uber acudieron al Congreso del Estado para pedir, tanto al poder legislativo como al gobernador, que detengan las reformas planeadas a la Ley de Movilidad, pues favorecen a los taxistas y perjudican a la empresa y a los ciudadanos.

Federico Ranero, director general para México y el Caribe de Uber, recordó que la plataforma inició operaciones en Cancún en septiembre de 2016, “con la finalidad de dar más opciones tanto de transporte como de emprendimiento para resolver los problemas de movilidad”. Recalca el directivo que las cifras indican que fueron un éxito.

“Más de 130 mil personas viajaron con nosotros y más de cinco mil familias aprovecharon la oportunidad para generar ganancias. Después de 15 meses tomamos la difícil decisión de pausar, pero con un solo objetivo: trabajar con las autoridades para lograr una regulación incluyente con las empresas de redes de transporte”, detalló.

El directivo reconoció que el esfuerzo y la buena voluntad del Gobierno del Estado se materializó con la publicación de la Ley de Movilidad, ya que incluyó a las empresas de redes de transporte y a los socios; sin embargo, temen por los cambios planteados.

“Parece que esta presión de algunos grupos de poder pesa más que la propia voz de la ciudadanía que pide un transporte seguro y eficiente, pues se dará marcha atrás a lo que ya se había avanzado; me refiero a que mañana martes se discutirán en el Congreso estas modificaciones”, afirmó.

Cabe destacar que la XV Legislatura convocó a un periodo extraordinario de sesiones para votar, hoy martes, una reforma a la Ley de Movilidad acordada entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de taxistas de la entidad, para quitarle la caducidad de 20 años asignadas a las concesiones y para indicar que las plataformas digitales de transporte sólo pueden operar con concesiones, en lugar de permisos como lo marca la ley actual.

Ranero reiteró los pronunciamientos que ha dado la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sobre el tema. Es decir, que, por definición, las empresas de redes de transporte no deben considerarse como servicio público de transporte y que no se debería sujetar a los socios a trámites tales como concesiones por vehículo y conductos.

“Pedimos al gobernador que escuche a sus ciudadanos y no le demos la espalda a la tecnología. Queremos ser socios de Quintana Roo por mucho tiempo”, concluyó.

Desaprobación del CCE

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, a través de su nueva presidenta, Inna Germán Gómez, expresó su enérgico rechazo a la reforma a la Ley de Movilidad planteada para mañana por el congreso, por ser producto de las presiones de los sindicatos de taxistas, sin consideración hacia el resto de la sociedad.

A través de una carta abierta dirigida al gobernador Carlos Joaquín González, el CCE indicó que con sorpresa ven que la reforma propuesta por el Ejecutivo, y que será abordada este martes por el Congreso del Estado en un periodo extraordinario, se basa en las presiones de un sector específico “sin considerar la opinión de otros actores igualmente importantes”.

“Se está privilegiando la razón de la fuerza más que la fuerza de la razón. Los ciudadanos pacíficos que no usamos este tipo de acciones para manifestar el descontento estamos siendo arrollados en este

momento por estas razones políticas”, se asevera.

En la reforma propuesta, se regresa a las concesiones de transporte a su vigencia indefinida actual, y no a 20 años (con una prórroga por igual periodo) como planteaba la ley, que entra en vigor en septiembre.

También se prohíbe ofrecer servicio de transporte a través de una plataforma digital (como Uber), a menos que se cuente con una concesión

“Les solicitamos que tomen en consideración que hay muchos más ciudadanos y empresas que nos oponemos a estos procedimientos”, concluye el escrito de la cámara empresarial.