A la anarquía tolerada e incluso fomentada desde siempre por los tres niveles de gobierno, se añade la mano de la delincuencia organizada, que impone su ley con fuego, balazos y amenazas, ante la inoperancia y complicidad de las autoridades

SALVADOR CANTO

 

A las múltiples problemáticas que envuelven el servicio de transporte público en Cancún en sus diversas modalidades, operado desde hace muchos años bajo una completa anarquía, se suma el acecho permanente de la delincuencia organizada, que ahora ha vuelto a sembrar el terror con la quema de unidades de Maya Caribe, ataques a balazos y amenazas a sus operadores, sumiendo a la ciudad en un panorama de caos, corrupción y guerra del nivel de Tijuana y Acapulco, sin que las autoridades policiacas y gremiales tomen con seriedad el asunto.

En medio de un mosaico urbano caótico y un no menos desorganizado sistema administrativo y concesionario, la ausencia de acciones concretas establecidas en las diferentes reglamentaciones relacionadas con la operación del transporte en Benito Juárez genera que concesionarios federales, estatales y municipales operen al margen de la ley y eso ha dado pie a que grupos delictivos se enquisten para controlar diversos espacios.

En la parte federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la mano con la Guardia Nacional (GN) división Caminos, han permitido el crecimiento del transporte pirata en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) en donde además la disputa por el turista es a punta de golpes en plenas terminales aéreas, con lo que además se mancha la imagen turística, así como el aumento de camiones irregulares que desde la supermanzana 66 y otros puntos de la ciudad prestan el servicio de pasaje mediante la modalidad origen-destino hacia Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México con unidades autorizadas únicamente para paseos y excursiones.

Mientras que en el estado, así como en su momento lo fue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), desde hace tres años transformada en Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) a cargo de Jorge Pérez Pérez, se ha convertido en cómplice de las ilegalidades perpetradas por los concesionarios, principalmente en la modalidad de taxis en donde un importante número de unidades opera sin los permisos en regla, y otros más hasta clonados al servicio de la delincuencia, sin contar la forma indebida en la que permiten el funcionamiento de más de mil 500 combis de Transporte Terrestre Estatal (TTE) y decenas más toleradas, así como bicitaxis y mototaxis que carecen de permisos y que se han multiplicado mediante “sindicatos” por toda la periferia de la ciudad.

En tanto a nivel municipal, la Dirección de Transporte y Vialidad, que en esencia debería de regular la operatividad de las concesiones asignadas a Autocar, Turicun, Bonfil y Maya Caribe, permite que dichas empresas impongan conforme a sus propios intereses y chantajes un aumento a discreción de unidades que provoca una sobresaturación de las rutas, principalmente en el centro la ciudad.

Pero justo ahora, en pleno proceso electoral, las autoridades vinculadas con el tema del transporte han emprendido inspecciones y operativos permanentes para tratar de meter en cintura –o aparentar que lo hacen– a quienes todo el tiempo han tolerado y permitido que circulen al margen de la ley.

Cabe señalar que con base en los lineamientos del transporte público en México, el servicio urbano debe procurar la comodidad y la seguridad de los usuarios, además de impulsar un medio de movilidad masivo, es decir, utilizar unidades en las que a pesar de un accidente se logre preservar el mayor número de vidas posibles; sin embargo, en una combi sólo los asientos del piloto y  del copiloto tienen seguridad; en cuanto a las mototaxis, el riesgo es mayor.

 

Maya Caribe bajo amenaza, y sus líderes en silencio

Primero fueron los taxistas los que sufrieron ataques, y ahora son los operadores de Maya Caribe los que están padeciendo en carne propia los embates del crimen organizado con la quema de unidades y amenazas de ejecución a quienes continúen operando sin pagar “derecho de piso”.

En los últimos días, y hasta el momento de la realización de este reportaje, siete unidades de dicha empresa habían sido atacadas por miembros del crimen organizado, en una secuencia que inició con amenazas, continuó con la quema de unidades mediante el uso de bombas molotov y posteriormente hasta ráfagas de disparos.

El pasado viernes, dos sujetos que abordaron una Urvan como pasajeros encañonaron y bajaron al operador para llevarse la unidad a un camino de terracería de la colonia La Unión, en la región 205, en donde le prendieron fuego. Posteriormente, una unidad más fue incendiada en la Región 221, sobre la avenida Niños Héroes.

Además, circuló un audio por WhatsApp presuntamente difundido por el grupo delictivo responsable de los ataques en el que una persona se mofa y amenaza: “¿quieren que después de Maya Caribe pase a TTE?, pónganse vergas”, y culmina advirtiendo: “esta madre va para largo, Maya Caribe va a desaparecer y se los apuesto”.

La filtración de los grupos delictivos es más que evidente y lo más grave es que no existen acciones concretas de las autoridades, y la dirigencia de Maya Caribe, dependiente de los taxistas, permite el ingreso de operadores sin cumplir con los requisitos básicos para su contratación, muchos provienen de otras entidades con antecedentes penales y a pesar de ello consiguen documentos falsos en internet, como licencias en 500 pesos sin exámenes, con los que ingresan al sindicato sin problema alguno.

En tanto, y bajo el argumento de que se trata de un tema que está en manos de las autoridades, la dirigencia del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” que encabeza Heriberto Núñez Cahuich, ha extendido un rotundo silencio ante las amenazas permanentes que existe hacia Maya Caribe y sus operadores.

El Despertador de Quintana Roo buscó a dirigentes del sindicato para obtener alguna información respecto a esta situación, pero únicamente a través de la vocería se estableció que es un tema que ya está siendo atendido por la autoridad correspondiente.

Se buscó de manera directa al líder, Heriberto Núñez, pero no hubo respuesta pese a que sí vio los mensajes enviados en donde se le pedía información al respecto, pues existen decenas de operadores atemorizados, e incluso, han tenido que paralizar actividades por temor a ser víctimas de algún otro ataque.

De hecho, de las más de 100 unidades de la empresa Maya Caribe, actualmente sólo laboran unas tres por ruta, debido a las amenazas que ha recibido la empresa, aunque hay socios que se han negado a parar sus unidades, sin importar poner en riesgo a los operadores.

 

“Falta valor para exigir resultados y cuentas claras”

En ese sentido, Álvaro Rosado Ortiz, socio taxista y conocedor del tema en virtud de que ha sido candidato en varias ocasiones y en campaña ha hablado precisamente de la inseguridad que rodea al gremio, hizo un llamado a los actuales diputados locales para que le exijan al gobernador resultados en materia de seguridad.

“Considero que a los diputados les falta valor para exigirle al gobernador resultados y cuentas claras de los 6 mil millones de pesos que le autorizaron al Mando Único que no ha dado resultados; la delincuencia organizada es un problema que sólo la Fiscalía Estatal y Federal en coordinación pueden evitar, los taxistas y todos en Quintana Roo estamos de rodillas ante la delincuencia por la falta de resultados de quienes deben procurarnos seguridad, y desafortunadamente la policía local ni capacitada, ni facultada ni tiene los recursos para poder resolver este tremendo problema”.

Por ello, dijo que “tenemos que exigir a las autoridades responsables resultados para poder trabajar con seguridad y no arriesgar la vida si son víctimas de algún delincuente, lo más importante es conservar la vida y evitar ser heridos (sic)”.

 

Combis TTE, el transporte de la muerte

Heredadas por el gobierno de Roberto Borge Angulo a pesar de violar la ley municipal debido a que el Ayuntamiento no fue consultado para aprobar su ingreso, las combis denominadas Transporte Terrestre Estatal (TTE) operan bajo una concesión estatal tipo taxi que de la noche a la mañana invadieron la ciudad de Cancún y hoy, con más de mil 500 unidades, movilizan a por lo menos 20 mil usuarios.

Dicha empresa presta un servicio urbano sin contar con un permiso del gobierno municipal, con lo cual se viola la autonomía de Benito Juárez, pero las autoridades locales se limitan a reconocer el problema sin ejercer una actuación legal.

Desde su ingreso se generó una fuerte polémica porque comenzaron con el acaparamiento de rutas y sobresaturación de las mismas que eran operadas por Maya Caribe (su medio hermano, al depender también del Sindicato de Taxistas), Autocar, Turicun y Bonfil, adicionalmente a las toleradas de La Franja.

Con el paso de los años y bajo completa impunidad, hoy estas combis se han ganado el mote de “transporte de la muerte”, pues los operadores circulan a toda velocidad, se cruzan los semáforos en rojo, muchos no portan ni siquiera uniformes y además, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, son las que registran el mayor número de accidentes viales que en no pocos casos han provocado la muerte de personas.

A pesar del tema de la pandemia, y en donde se supone que las medidas sanitarias de sana distancia se tienen que respetar, en las combis se incumple flagrantemente con tal medida, y hoy viajar en este tipo de transporte pasa de ser una necesidad a una calamidad, no sólo por las aglomeraciones, sino por los altos riesgos que representa viajar ahí.

Uno de los más recientes episodios que ejemplifica la peligrosidad de estas combis, entre irregularidades permitidas por las autoridades, ocurrió el pasado domingo 25 de abril, cuando el operador Marco Antonio Herrera de la unidad 633 que cubre la ruta Jardines del Sur-Plaza Las Américas-Crucero, conducía la combi para uso personal fuera de ruta y en estado de ebriedad, y a la altura de Paseos Nikté sobre el Arco Vial, ocasionó un fuerte accidente al estrellarse contra un automóvil Chevy, color azul, con placas USF-129-D, en donde todos sus ocho ocupantes resultaron lesionados.

 

Sitios de taxi, operados por el narco

Si bien no se trata de un tema nuevo, la infiltración del crimen organizado al interior del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, convertido en el mayor monopolio del transporte en el estado, es una realidad que no ha sido atendida por las autoridades gremiales ni de seguridad, debido a la complicidad que existe al respecto.

En este caso los únicos que salen perdiendo, como siempre, son los ciudadanos, por el peligro de abordar unidades al servicio de la delincuencia, sin dejar de lado a los cientos de operadores que de manera honesta y legal se ganan el pan de cada día, pero sometidos a riesgos y amenazas permanentes que les impiden cargar pasaje no sólo en sitios establecidos, sino en determinadas zonas de la ciudad que son controladas por algunos “taxistas” que incluso reciben protección de delegados y coordinadores.

En la zona hotelera por ejemplo, en donde se tiene el registro de al menos 600 unidades que prestan el servicio, el cobro de “derecho de piso” ya es permanente en todos y cada uno de los sitios tanto de hoteles como de las áreas de discotecas.

Por eso, un taxi “ruletero” de la ciudad puede llevar pasaje sin problema alguno a cualquier lugar de la zona hotelera, pero tiene prohibido recoger a alguien sobre el bulevar Kukulcán, pues hacerlo a escondidas y bajo riesgo de que algún taxista de los cientos que hay como “halcones” lo observe, ocasiona que de manera inmediata se emprenda una persecución para amenazar, advertir o en su caso, darle un escarmiento a quien “violó” esa regla no escrita dentro del sindicato.

Lo mismo pasa en sitios como Plaza Las Américas, ADO, Puerto Cancún, Gran Puerto, así como en diversos supermercados en donde los riesgos son constantes para los operadores ruleteros que buscan “la chuleta” para su familia.

En diversos grupos de Whatsapp, taxistas “martillos” como se les conoce a los operadores, buscan la manera de autoprotegerse y ayudarse ante cualquier situación que se pudiese presentar por temas de inseguridad, ya sea asalto o robo de unidad, incluso con usuarios que buscan conflictos por negarse al pago del servicio, pero sobre todo para apoyarse si hay alguna complicación con la gente de los sitios y de esta manera avisarse con anticipación.

Es de destacar que a consecuencia de la pandemia, el servicio de taxi ha sido uno de los más afectados y hasta la fecha no se ha recuperado del todo, pero a pesar de ello, la presenciad del crimen organizado no se ha visto mermada, sino que por el contrario, cada vez ocupan más espacios en sitios establecidos y otros nuevos que han abierto sin autorización.

 

Concesionarias locales usan chantaje

Y justo cuando el gobierno municipal ha querido “meter en cintura” a las empresas concesionarias para que respeten las rutas asignadas y además renueven sus unidades periódicamente, de inmediato tanto Autocar como Turicun, Bonfil e incluso Maya Caribe  recurren a la protección de la justicia federal al momento en que las autoridades les advierten que pueden retirarles los permisos, o en su caso, no autorizar una renovación.

De hecho, hace ocho meses en plena etapa álgida de la pandemia, los concesionarios locales recurrieron al amparo argumentando una omisión del Ayuntamiento de Benito Juárez de proceder a la renovación de mil 72 concesiones de autobuses de pasajeros con ruta establecida, pues la autoridad buscó hacer un enroque y modificación en algunos puntos en donde no han cumplido.

Varios de estos amparos recayeron ante el Juzgado Cuarto de Distrito, como el 505 y el 508 promovidos por José Manuel Díaz Pérez concesionario del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en su modalidad de automóviles de alquiler colectivo y Candelaria Vivas Moo, propietaria de un título de concesión de “taxi colectivo” respectivamente.

En ambos casos, la autoridad federal concedió la suspensión y obligó al gobierno municipal a darles todas las garantías a dichos concesionarios para que pudieran prestar el servicio sin problema alguno.

Con base en información de la propia dirección de Transporte y Vialidad, en el 2019 la empresa Transportación Turística Urbana de Cancún, S.A. de C.V., mejor conocida como Turicun, tenía 395 vehículos con trámites de registro; Sociedad Cooperativa de Transporte del Ejido Alfredo V. Bonfil, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, S.C.L. 128; Autocar Cancún, S.A. de C.V. 269 y Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Caribe, S.C.L. 280, pues todas estaban por vencer su concesión por 10 años, pero ya todas fueron actualizadas, derivado de las demandas de amparo.

El frustrado proyecto de la autoridad se sustentaba en un dictamen técnico establecido dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Cancún, que buscaba implementar un Sistema Integrado del Servicio Público de Transporte Urbano denominado “Corredores con Carriles Exclusivos y Confinados de Transporte Público de Pasajeros en Autobús en Ruta Establecida en la ciudad de Cancún, Quintana Roo”.

 

Servicio monopolizado y protegido

Durante mucho tiempo el servicio de transporte en la ciudad de Cancún ha sido monopolizado por el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, que ha sido desde siempre una de las tantas “cajas chicas” de los gobernantes en turno.

En ese sentido, desde hace algunos años la plataforma Uber ha pretendido entrar a prestar el servicio a Quintana Roo, particularmente a Cancún y no ha podido hacerlo por la vía legal, y a pesar de ello lo han intentado, pero les ha ido mal porque se han enfrentado con los taxistas.

Por ello, en cumplimiento a los acuerdos e intereses del mismo sindicato, el Gobierno del Estado accedió a bloquear el acceso de las plataformas digitales para ofrecer el servicio como el caso de Uber, toda vez que en la reforma a la Ley de Movilidad quedó establecido que sólo quienes tengan una concesión podrán operar en el transporte público.

Con esta medida se condenó a los quintanarroenses a depender de un servicio monopolizado, riesgoso, caro y de  mala calidad.

Pese a ello, una segunda plataforma foránea buscó entrar a operar en la entidad pero a diferencia de Uber que se topó con la oposición de los taxistas, optó por permitir que sean éstos los que se pudieran dar de alta para prestar el servicio.

Se trata de la transnacional Didi Taxi, que en esas condiciones y bajo el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, permitió el acceso de taxistas para prestar el servicio y de esta manera no tienen problema alguno, pues son concesiones legales y mediante este esquema la aceptación de la ciudadanía ha sido favorable.

Cabe destacar que en Cancún, por lo menos el 70% de la población utiliza el servicio de transporte público de forma general.

 

Corrupción en el Aeropuerto, ASUR cómplice

La semana pasada circuló en redes sociales un video en donde podría verse a dos personas enfrentarse a golpes en la parte posterior de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), y de acuerdo con testigos, todo fue en disputa por el pasaje de visitantes de origen extranjero que acababan de aterrizar en este destino.

El hecho ocurrió frente a decenas de pasajeros y aunque en la escena figuran dos sujetos enfrascados a golpes, en la videograbación se aprecia a por lo menos 10 sujetos más que no intervienen, hasta que repentinamente aparece un elemento de la Guardia Nacional, momento en el que se cortó la grabación.

Para José Bizarro Galván, presidente del Movimiento de Transportistas Organizados Unidos de la Riviera (Tour), el zafarrancho es derivado por la falta de presencia de la autoridad, como son la SCT y la Guardia Nacional, además de la corrupción y nula coordinación con Asur, lo que ha generado una verdadera “romería” en la terminal aérea por parte de transportistas piratas que se pelean todos los días por el turismo.

Señaló que “el problema es que ni son transportistas, sino jaladores de transporte pirata que por ausencia de las autoridades cada día son más y pelean por cada turista despistado que sale en la zona de familiares donde ellos están, pues no pueden ingresar a donde están los transportistas autorizados”.

En ese sentido, afirmó que es urgente que el área de asuntos internos de la Guardia Nacional mande elementos a investigar los actos de corrupción y omisión que aquí se cometen, y además que Asur actúe para que su personal presente las denuncias correspondientes, para que la autoridad no permita estas situaciones que dañan la imagen del destino.

El Despertador de Quintana Roo platicó con un grupo de transportistas del AIC respecto a esta problemática y todos coincidieron en señalar que las autoridades se han convertido en cómplices de las irregularidades, además de que existen evidencias de que varios elementos de la Guardia Nacional, desde que eran de la Policía Federal, poseen camionetas piratas para la prestación del servicio de transporte de turistas tanto a zona hotelera como a la Riviera Maya, lo que les deja miles de pesos en ganancias netas, y por eso esta modalidad de servicio irregular es un jugoso negocio.

“La SCT lo sabe porque periódicamente nos inspeccionan, pero a los piratas no les hacen nada, pues saben que muchas de esas camionetas pertenecen a elementos de la Guardia Nacional, además de que tienen placas sobrepuestas”, dijo uno de los transportistas.

En medio de todo esto, otro grupo de transportistas adheridos a la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas AC (Amtranstur) que encabeza Roberto Rubio Sánchez, organiza para este lunes 3 de mayo una protesta pacífica en contra de la concesionaria Aeropuertos del Sureste (Asur), por las violaciones a sus derechos como prestadores de servicios.

Se pudo conocer que la protesta será en las afueras del edificio administrativo en donde se denunciarán públicamente los abusos de Asur porque está intentando obligar a la verificación de documentos de las empresas transportadoras sin tener la facultad de hacerlo, además de que bloquea el libre trabajo, realiza el cobro ilegal de derecho de piso, entre otras cosas.

 

Corrupción y complicidad en Imoveqroo

Ahora sí, un par de semanas antes del inicio del proceso electoral, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) comenzó una serie de operativos para tratar de poner en “cintura” a los transportistas que operan de manera irregular pero a los que siempre ha tolerado, algo que no ha hecho desde su creación hace casi tres años, de la mano con la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

En ese contexto, la dependencia ha emprendido una cacería para retirar de las calles a más de cuatro mil unidades de taxi, una cantidad que representa casi la tercera parte de las que circulan en las ciudades del Caribe mexicano, la mayoría modelos Tsuru que tienen más de 10 años de antigüedad, que presentan fallas mecánicas, están en mal estado y aún así siguen en servicio.

El titular de la dependencia, Jorge Pérez Pérez, advirtió que a aquellos taxistas que se nieguen a actualizar sus vehículos, no tengan sus documentos en regla o no contraten una póliza de seguro, les será retirada la unidad y enfrentarán multas económicas por varios miles de pesos.

De igual manera, estableció que la idea de estos operativos es “detectar” la clonación de unidades, lo cual es un delito que no sólo considera sanciones en el margen del reglamento de transporte, sino además supone delitos de índole penal a aquellos operadores que sean sorprendidos en vehículos con esas características.

El Sindicato de Taxistas, a través de la Secretaria de Trabajo, emitió un aviso a los socios concesionarios y operadores de que el Imoveqro dentro de sus facultades está haciendo revisión de vigencia de refrendos vehiculares, y por tal motivo exhortaron a que cumplan con sus responsabilidades y eviten cobro de arrastre, abusivas multas y sanciones.

En Cancún existe un padrón aproximado de ocho mil concesiones de taxis, y en los últimos años el costo de éstas ha descendido estrepitosamente a más del 60%, pues en estos días se consigue una hasta en 250 mil pesos o menos.

Pero en el caso de las combis no hay ningún tipo de medidas relacionadas con la concesión, sino únicamente con el tema sanitario, pero únicamente en algunos puntos y horarios, pues la mayor parte del día las unidades circulan como de costumbre “volándose” los altos y atiborradas de pasajeros, además de que otras aún con pasaje acuden a las gasolineras a cargar combustible, a pesar de que esto está prohibido.

 

Mototaxis, un ‘mal necesario’ que se debe regularizar

Pese a que su operación es bajo la ilegalidad, pues no existe presupuesto para regularlas y el propio Instituto de Movilidad en Quintana Roo (Imoveqroo) se declaró rebasado para aplicar un programa de verificación, el servicio de mototaxis e incluso bicitaxis se ha convertido en un mal necesario en el municipio de Benito Juárez, derivado del crecimiento urbano irregular que todavía continúa.

Los accidentes y quejas en torno a la operación de las mototaxis se encuentran a la orden del día en Cancún, y a pesar de ello este servicio no se encuentra dentro de las prioridades de regularización por parte de las autoridades, quienes han optado por que continúe su crecimiento de manera desmesurada y eso ha permitido que a través de sindicatos tengan algún tipo de protección.

El argumento que ha dado pie a que sigan en aumento, es que la presencia de los mototaxis en las regiones populares, incluso en asentamientos irregulares, representa un servicio que ayuda a las familias, tanto de los operadores como de los usuarios, por su bajo costo.

Sin embargo, hoy un mototaxi cobra lo mismo que un taxi en una dejada mínima y no hay regulación al respecto.

Recientemente, el titular del Imoveqroo explicó que los mototaxis, quiérase o no, cumplen una ‘función alimentadora’ y aunque no fueron regulados en la ley de movilidad, tendrán que sujetarse a acuerdos por medio de los cuales su actividad no ponga en riesgo la vida de los usuarios ni de los automovilistas.

De hecho, afirmó que no es prudente retirarlos del servicio que prestan, sino que se tiene que buscar llegar a acuerdos; pero en la realidad, su operación se ha tornado también en un jugoso negocio para algunas personas que controlan tanto sindicatos como agrupaciones en distintos puntos de la ciudad.

Se tiene el reporte de que tan sólo en Cancún ya existen al menos 15 agrupaciones distintas que aglutinan a cerca de 350 mototaxis.

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