Llaman activistas a ser incluidas en mesas de análisis sobre despenalización del aborto; demandas incluidas en el pliego petitorio entregado al gobernador, aún sin avances

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Al cumplirse, este 27 de enero, 60 días de mantener la toma de las instalaciones del Congreso de Quintana Roo, colectivas feministas llamaron a las y los diputados locales a incluirlas en las mesas de trabajo que se organizarán en febrero para analizar la despenalización del aborto en la entidad.

En conferencia de prensa virtual, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense llamaron al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gustavo Miranda García, a revisar las iniciativas y presentar y votar un dictamen en abril como se comprometió.

El pasado 18 de enero, Miranda García presentó un calendario y ruta de trabajo en torno a las iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo con este plan, el 15 y 17 de febrero y el 6 de abril se realizarán las sesiones de comisiones para el análisis y estudio; y el 24 de febrero y el 10 de marzo se llevarán a cabo foros de análisis. Se prevé que en abril se vote un dictamen.

Desde el 27 de noviembre colectivas feministas tomaron la sede del Poder legislativo local,  en protesta por la falta de discusión de una serie de iniciativas, entre ellas para despenalizar el aborto; crear un padrón estatal de agresores sexuales; incluir el feminicidio infantil y transfeminicidio en el Código Penal del Estado, entre otros temas.

Las activistas expusieron que las y los diputados no han abierto canales para dialogar con la sociedad civil y pidieron que el Congreso deje de aplazar el tema.

Agregaron que aunque existe un cronograma en torno al análisis de las reformas sobre aborto, en las otras nueve peticiones presentadas en noviembre por la red en una reunión de trabajo con el gobernador, Carlos Joaquín González, no hay avance ni ruta de trabajo.

Por otro lado, reiteraron que desde el 21 de noviembre el Congreso ordenó el corte de los servicios de electricidad y agua, vulnerando su derecho a la libre manifestación, hechos que ya denunciaron ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. (Con información de Cimac Noticias)

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