Solidaridad, el corazón enfermo de la Riviera Maya

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El gobierno de Laura Beristain potenció y multiplicó las problemáticas de años: criminalidad e inseguridad desatadas, delitos ambientales, obra pública escasa y opaca, servicios públicos ineficientes, corrupción y abusos como los polémicos parquímetros

SALVADOR CANTO

Considerado el corazón de la Riviera Maya en Quintana Roo, el municipio de Solidaridad padece graves síntomas de arritmia cardiaca, derivados de un aumento desmedido del índice de inseguridad que ha provocado el cierre de decenas de negocios por las extorsiones y amenazas constantes del crimen organizado, aunado a los malos gobiernos que no han sabido estar a la altura de la demanda que implica estar al frente de una ciudad que registra la mayor tasa de crecimiento en Latinoamérica en los últimos años.

No obstante, para algunos empresarios y ciudadanos la problemática que enfrenta Playa del Carmen no es de ahora, sino que lleva por lo menos una década, pero el pasado más reciente apunta a que el desorden se acrecentó con Laura Beristain Navarrete, al grado de que la población no volvió a votar por ella para seguir al frente de la presidencia municipal, por considerar que convirtió a Solidaridad en un verdadero caos con aumento de delitos ambientales, falta de obra pública, excesos y abusos de funcionarios, mal manejo de sargazo, ineficiencia en los servicios públicos como la recolección de la basura, crecimiento exponencial del ambulantaje y una terrible inseguridad que ha cobrado la vida de decenas de personas.

De hecho, la empresa especialista en encuestas Caudae Estrategias, en su más reciente resultado del tercer ranking de aprobación de presidentas y presidentes municipales presentado en marzo pasado, que evaluó el trabajo de 55 alcaldes de dos mil 446 que existen en el país, ubicó al gobierno entonces vigente de Laura Beristain en el número 40, con un 72.6% de ciudadanos encuestados que desaprobaron su administración y eso se reflejó inmediatamente en el pasado proceso electoral, donde los votantes le dieron la espalda.

Hoy, Lili Campos Miranda, actual presidenta municipal, tiene enfrente un gran reto para sacar del caos a Solidaridad y el sector empresarial le ha otorgado el beneficio de la duda, sobre todo porque en las primeras reuniones con ellos ha habido una apertura para el diálogo, la cual no tenían con el pasado gobierno.

Galopante inseguridad y corrupción de autoridades

Robos a comercios y a casas habitación, extorsiones a todo tipo de negocios, ejecuciones a cualquier hora del día y una indiscriminada venta de drogas han generado un evidente aumento de la inseguridad en Playa del Carmen, bajo el amparo de la corrupción e impunidad de los cuerpos policiacos.

En este panorama, Solidaridad está enfilada a una “acapulquización” porque en los últimos meses se han dado incluso incendios de negocios, cuyos propietarios se han negado a pagar el derecho de piso, lo que ahuyenta a los inversionistas y mancha la imagen del destino turístico.

De hecho, el representante de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas (AECHAC) en la Península de Yucatán, César García Lagunas, considera que es urgente una verdadera estrategia en coordinación entre los tres niveles de gobierno para buscar revertir el clima de inseguridad que hoy vive Playa del Carmen.

Coincidió en que de no hacerse nada al respecto, en poco tiempo se estará igual que, Acapulco, es decir, sin turistas, sin inversiones y sin empresarios, que dejarán el destino en busca de otros lugares más seguros.

Hoy la tranquilidad de Solidaridad se ha visto severamente afectada, pues es evidente que el sector empresarial está a merced del crimen organizado, que los ha sometido con el cobro de derecho de piso y a punta de balazos, mientras la población está atemorizada por el aumento de la inseguridad en general, con una Seguridad Pública corrompida por la delincuencia, producto de los malos gobiernos que han priorizado intereses personales por encima de los de la ciudadanía.

Para la AECHAC, el trabajo que ha emprendido en estos pocos días la nueva administración municipal que encabeza Lili Campos, en donde se nota una mayor coordinación con las autoridades estatales y federales en materia de seguridad pública al hacer operativos en la zona de playas en donde han detenido a varias personas probablemente relacionadas con delitos, debe mantenerse para devolver a ese destino la paz y tranquilidad que se merece.

No obstante, hay zonas como la Quinta Avenida y sitios de taxis en donde la delincuencia organizada se ha enquistado y establecido esquemas de operaciones protegidas por las autoridades.

Existe el reporte de que en el municipio operan siete mil negocios, pero el problema más grave se vive en la Quinta Avenida, un corredor turístico de 4.5 kilómetros, en donde se concentran más de 700 establecimientos comerciales.

De acuerdo con James Tobin, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en Playa del Carmen nadie escapa a la extorsión: los concesionarios de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), los spas, los bares “y hasta el señor del puesto de tacos”.

Sostiene que en la Quinta, “tenemos ambulantes, te ofrecen droga, niñas, niños… ¿qué somos, ciegos o qué? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? Esta gente de plano te canta ‘si tú te quieres poner aquí, me vas a pagar tanto y además tienes que vender esto y lo otro’”.

Laura Beristain abusó de la confianza del pueblo

Recientemente la actual presidenta municipal, Lili Campos Miranda, dio a conocer que Laura Beristain pagaba 34 millones de pesos mensuales a “aviadores”, es decir, a gente que tenía en nómina sin llevar a cabo un trabajo.

Eso es apenas un pálido reflejo del mal manejo de las finanzas que tuvo la exalcaldesa hoy regidora, lo que ha obligado al nuevo gobierno municipal a hacer una depuración para que la nómina no sea superior a los 54 millones de pesos mensuales, ya que la nomina que recibió era de 88 millones en donde estaban incluidos los 34 millones que se les entregaba a personas que cobraban sin trabajar.

Campos Miranda advirtió que el equipo jurídico ya está en el proceso de revisión de documentos en busca de encuadrar el tema como un delito, debido al cuantioso daño patrimonial que representa para el municipio.

No obstante que se encontraron en cuentas “disponibles” alrededor de 200 millones de pesos, más de la mitad de dicho recurso está “congelado” y al menos una de las cuentas bancarias del ayuntamiento está paralizada, en virtud de que se perdieron litigios judiciales que le obligan a pagar millonarias indemnizaciones.

Cabe decir que durante los tres años de su administración, Laura Beristain acumuló denuncias de todo tipo, desde intimidaciones a la prensa y opacidad en obras públicas, además de presuntos vínculos con empresas fantasma y con el exgobernador Roberto Borge Angulo.

Medios nacionales como Reporte Índigo dieron cuenta de los despilfarros que perpetró la exalcaldesa, quien a mediados de su mandato pidió un incremento presupuestal de casi 179 millones de pesos para la nómina de su Ayuntamiento, incluyendo un aumento salarial del 30 por ciento, sin compensaciones, para su asistente particular y llegar hasta los 48.7 millones de pesos para gastos de publicidad oficial y promoción de imagen.

En medio de todo esto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene abiertos varios expedientes por el mal manejo de los recursos durante la administración de Laura Beristain, principalmente en dinero destinado a la obra pública como fue el caso de la remodelación de la Quinta Avenida, que rebasó el límite presupuestado.

Aunado a ello, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado mantiene aún en escritorio algunos expedientes asociados a procedimientos de juicio político en contra de la expresidenta municipal y en cualquier momento podría darse una resolución al respecto.

Para Álvaro Solís Haje, representante de los comerciantes del centro de Playa del Carmen, el gobierno de Laura Beristain fue de puertas cerradas e intransigencias y no escuchó al pueblo.

Durante su recién concluida gestión, la expresidenta municipal adjudicó de manera directa más mil 100 millones de pesos a contratistas y proveedores en el municipio de Solidaridad, es decir, sin licitar entregó en promedio cada tres o cuatro días un contrato durante el tiempo que estuvo al frente del municipio.

De acuerdo a información que investiga la ASE, en el 2018 el gobierno pasado entregó 86 contratos; en el 2019 fueron 43; en el 2020 se facilitaron 102 contratos y hasta el último día que gobernó en el 2021, fueron 32 los contratos entregados.

Parquímetros, negocio redondo

Desde el 2019 permanecen en revisión de juzgados federales, sin que hasta la fecha se tenga alguna resolución, al menos 50 demandas de amparos que fueron interpuestas por empresarios y ciudadanos de Solidaridad en torno al tema de los parquímetros, cuya concesión fue otorgada en completa opacidad y que hasta la fecha generan gran inconformidad.

Miembros del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) fueron los que promovieron dichos recursos, al considerar una afectación a los derechos ciudadanos la instalación de los parquímetros en Playa del Carmen, así como por las sanciones o multas que aplica la autoridad municipal por la operación de este sistema de concesión de la vía pública.

El Despertador de Quintana Roo pudo conocer la historia de Eduardo Sarmiento, un turista del Estado de México que llegó a Playa del Carmen la semana pasada con su familia y a pesar de conocer a la perfección el uso de los parquímetros debido a que en su lugar de origen también se emplean, consideró que la forma en que operan en Playa del Carmen representa un auténtico atraco.

“La verdad es que es un robo, muchos aparatos no sirven para realizar los pagos, no hay señalización, apenas te bajas del auto y caminas para buscar una máquina para obtener el documento y en lo que encuentras una que funcione, al regresar la autoridad ya te puso la ‘araña’, es un vil robo, pues para que me quitaran el inmovilizador de la llanta tuve que pagar en el Oxxo alrededor de 500 pesos”, platicó.

Cabe mencionar que la concesión de parquímetros fue aprobada en la administración 2016-2018 encabezada por Cristina Torres Gómez, para la instalación, puesta en marcha y operación del sistema de movilidad integral, a favor de la persona moral denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V. ”, por un plazo de hasta 15 años.

Pero fue a finales de 2019, ya en la administración de Laura Beristain cuando entraron en funcionamiento y desde que se reanudó la reactivación económica en Solidaridad, dicha empresa recauda mes con mes arriba del millón de pesos, aunque hay periodos en donde la cifra se duplica.

En medio de todo este panorama, la presión y la queja constante de empresarios por el abuso que representa el funcionamiento del parquímetro, el actual gobierno que encabeza Lili Campos anunció recientemente que se revisará el tema de la concesión, y aseguró que de entrada, se buscará retirar los instalados en las colonias Zazil-há y Luis Donaldo Colosio Murrieta, por ser zonas con poco tránsito turístico y de mayor uso habitacional popular.

En ambas colonias hay un aproximado de 400 cajones con parquímetros, que se suman a más de cuatro mil que hay en toda la ciudad.

La propia alcaldesa comentó, sobre la recaudación que hace la empresa y que es entregada al Ayuntamiento, que el recurso económico que se captó durante la pasada administración se encuentra en revisión, principalmente porque desconocen el paradero de 16 millones de pesos por ese rubro.

Dependencias de gobiernos extorsionadoras

Para el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), dependencias como Protección Civil de Solidaridad se han convertido en los últimos años en un nicho de extorsión contra los empresarios.

Lenin Amaro Betancourt, dirigente de dicho organismo, comentó que esta  situación ha sido más que preocupante porque en lugar de que el personal de Protección Civil lleve a cabo su labor de prevenir y salvaguardar la integridad de los trabajadores y de los usuarios que visitan cada uno de los negocios, pareciera más un acto recaudatorio que ha generado mucho daño a los propietarios de diversos negocios, quienes son literalmente extorsionados en nombre de la ley y en algunos casos los ha orillado al cierre definitivo de sus negocios.

Sin embargo, afirmó que con la nueva administración y el nombramiento de César O. Flores Sánchez, como secretario de Protección Civil, con quien ya tuvieron una reunión, se tuvo el compromiso de que esta situación cambiará.

“Nosotros lo que pedimos es que se lleven a cabo supervisiones de negocios dentro del marco de la ley, y si se encuentren irregularidades, otorgar un plazo proporcional para corregirlas. En caso de que no se corrijan en el plazo acordado, entonces sí proceder a la sanción correspondiente”, explicó.

Caos en la recolección de la basura

En serios problemas se encuentra el actual gobierno municipal para la prestación del servicio de recolección de la basura, pues si bien se trata de un servicio que ellos mismos prestan, los 24 camiones que tienen son concesionados y resultan insuficientes para poder atender toda la demanda.

De hecho, Solidaridad genera al día poco más de 600 toneladas de basura, pero las pocas unidades no se dan abasto para recolectarlas y por esa razón, las autoridades han comenzado a solicitar apoyo a las organizaciones de volqueteros para que colaboren con el municipio.

De acuerdo con el titular de Servicios Públicos, Benny Millán, aún se está en la etapa de  identificar el problema a fondo y que la solución para la creación de un nuevo modelo de recolección de desechos pueda ponerse en marcha.

“Por lo menos requerimos de 25 a 30 camiones más para cubrir toda la demanda de recolección de la basura”, explicó el funcionario, quien afirmó que se está revisando la forma en que se adjudicó la concesión de los recolectores que hoy están operando.

Cabe decir que en la administración de Laura Beristain se arrendaron 27 camiones a la empresa PASA a un costo de 10 millones de pesos mensuales.

Pero de acuerdo a información oficial del mismo municipio, en el 2019 se sostuvo un acuerdo con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. a la que el gobierno le entregó un contrato por el arrendamiento de 27 camiones recolectores de basura por un monto de 303.8 millones de pesos y en esa lista aparecen también las empresas Grupo VTM del Golfo y  la moral Intelligencia México, S.A. de C.V., a la cual el gobierno le arrendó 10 camiones recolectores de residuos sólidos por los que pagó cinco millones 348 mil 996 pesos, de acuerdo al contrato HAS/OM/ARR/ARP/009/2018.

Otra empresa favorecida fue Multiservicios Mercantiles Buma, S. de R.L. de C.V. a la cual el gobierno de Laura Beristain le arrendó otros ocho camiones compactadores de residuos sólidos no peligrosos con un costo al erario de cuatro millones 279 mil 679 pesos, como quedó estipulado en el contrato HAS/OM/ARR/ARP/010/2018 que fue suscrito el 2 de octubre de 2018.

Aunado a esta problemática, el relleno sanitario que está en funciones mantiene una sobresaturación de basura y prueba de ello es que periódicamente varios camiones recolectores son enviados al basurero de Cancún, en un acuerdo establecido con el gobierno de Benito Juárez, propietario del mismo.

Poca y mala obra pública, reflejo de corrupción

Uno de los temas que más ha generado polémica en los últimos meses en Solidaridad fue la remodelación de la emblemática Quinta Avenida y el Parque Fundadores, en donde hay señalamientos de que los costos finales fueron inflados por el gobierno municipal.

En ese contexto, la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad de Solidaridad dio a conocer que se detectaron vicios ocultos en la obra pública ejecutada por la administración pasada, por lo que se harán valer las garantías o en su caso, se procederá en contra de quien resulte responsable.

Teresita Flota Alcocer, titular de la dependencia, informó que son 10 obras que se realizaron con recursos federales y propios, pero no han sido concluidas; sin embargo, las deficiencias y vicios ocultos ya son evidentes.

Sostuvo que aún no determinan el número exacto de obras en las que se hará valer la garantía porque continúan en la revisión, pero también hay obra que aún no ha sido entregada, a pesar que se cumplió el plazo para finalizar los trabajos.

Remarcó que  están todavía en la auditoría financiera de las obras que ejecutó la pasada administración y de acuerdo a los resultados de los actos de investigación, se podrá fincar responsabilidades.

Es de mencionar que la Quinta Avenida es  una de las calles más emblemáticas de Playa del Carmen, que aloja tiendas, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, hoteles, centros comerciales y muchos otros atractivos.

Creciente problemática ambiental

Como ocurre en prácticamente todos los municipios de Quintana Roo, en Solidaridad los delitos ambientales han ido a la alza bajo el cobijo de la corrupción.

Para Aarón Hernández-Siller, investigador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), es lamentable que destinos turísticos exitosos acaben pronto con su entorno ambiental.

“El problema es grave en todo Quintana Roo y si bien hay municipios con una complicación mayor, en Solidaridad la situación si es preocupante porque tal parece que no existe autoridad alguna que ponga freno a toda esta afectación”, explicó a El Despertador de Quintana Roo.

Actualmente la imagen de Solidaridad en materia ambiental se ha visto mermada por la construcción de nuevos desarrollos hoteleros y turísticos, que incumplen con las medidas ambientales y si bien el permiso principal es del orden federal, también existen reglas municipales que se tienen que cumplir como es el respetar las densidades establecidas en el ordenamiento territorial.

Recientemente, un grupo de ambientalistas, pescadores y ciudadanos presentaron una denuncia en contra del poderoso Grupo Xcaret, al acusarlo de ecocida por omisiones y daños ambientales del proyecto denominado “Sol de Selva”, en la zona de influencia del Área Natural Protegida Caribe Mexicano, en específico a los arrecifes Sábalos y Tortugas, para construir una marina con capacidad para 15 barcos.

La denuncia fue interpuesta ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) el pasado 7 de octubre pero hasta el momento, ninguna autoridad ha actuado al respecto.

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