Con la firme intención de contribuir a un debate informado, con el aporte de elementos de análisis a nuestros lectores mediante la exposición objetiva de datos precisos y enfoques desde todas las perspectivas, las páginas de nuestro semanario han albergado reportajes de investigación sobre una gran diversidad de temáticas, en busca de ofrecer información novedosa que no sólo permita conocer nuevos aspectos de la realidad, sino también contribuir a transformarla, pues para evolucionar se requiere de una sociedad bien informada.


No a la confrontación

CHETUMAL.- Durante un mensaje de más de hora y media ante el Museo al Mestizaje Mexicano en esta ciudad capital, con motivo de su Tercer Informe, el gobernador Carlos Joaquín González convocó a “que predomine la discusión de las ideas y los resultados y no la confrontación”, pues recordó que la política “es la suma de voluntades de un trabajo en equipo que da frutos y resultados”, y “para construir juntos no hace falta que dejemos de lado nuestras ideas y pensamientos” sino ponerlos “al servicio de un proyecto común donde el diálogo construya consensos”. “Todos están convocados”, dijo.

El mandatario estatal hizo un balance de logros y retos pendientes, justo a la mitad de su gestión de gobierno, no exento de autocrítica, con especial énfasis en la problemática de la seguridad, pues, dijo, “erradicar la violencia y el delito es una tarea que va más allá de lo inmediato y exige transformar el entorno y las prácticas que los generan”, pero “vamos a agotar todas las vías que sean necesarias para lograrlo”, “la seguridad tiene que volver a las calles de nuestras ciudades”.

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Ciudad de Contrastes

Cancún se aproxima a sus 50 años de existencia rebasando todas las expectativas de crecimiento previstas por sus fundadores, y con problemáticas inesperadas; la mayor de ellas, la seguridad ciudadana, se mantiene como un reto que pone en riesgo la prosperidad de su futuro

Ha pasado prácticamente un año del actual gobierno donde se pueden destacar varios factores, como la recuperación de espacios públicos y la desaparición de basureros clandestinos, pero por otro lado, el tema de la inseguridad sigue latente y a pesar de que ha tenido un declive considerable en algunos delitos –o al menos eso parece en comparación con Solidaridad, otro municipio importante donde los índices delincuenciales se dispararon de manera alarmante– la percepción ciudadana es de preocupación.

Por otro lado, se tienen que destacar factores que sin duda significan mejoras para los ciudadanos, y es que luego de muchos años en completo abandono, camellones centrales y parques de varias avenidas han sido rehabilitados como parte de un programa integral de la Dirección de Servicios Púbicos Municipales, lo que sin duda significa un importante logro para la ciudad y sus habitantes.

Cancún ha estado muy abandonado en los últimos 20 años, se volvió muy inseguro, situación que parece ya se está combatiendo de manera adecuada, dotando a los policías con las herramientas adecuadas y si bien antaño se permitió que ingresaran y se establecieran células criminales en la ciudad, hay que ser claros y decir que ese tipo de delincuencia no es competencia del municipio, pero es una realidad que policías preventivos se han visto involucrados con la delincuencia –muchos o pocos, pero sucedió en algún momento–. Ahora, entre mayor coordinación exista entre los tres órdenes de gobierno, quizá pronto regrese la paz que tanto añoramos en Cancún y en general en Quintana Roo.

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Alcoholímetro, entre claroscuros

El programa “Conduce sin Alcohol” se creó bajo el principio de prevención para disminuir los accidentes viales originados por conducir en estado de ebriedad. En la Ciudad de México inició en 2003 y ha contribuido a reducir un 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, principalmente entre jóvenes.

En Cancún este programa entró en operaciones a mediados de 2012 con resultados muy similares a la ciudad de México, con un descenso en los accidentes vehiculares relacionados al consumo de alcohol entre un 25% y 30%, aunque con varias aristas, pues ha sido objeto de repetidos señalamientos por corrupción, abusos policiacos, complicidad con las empresas de arrastre con grúas, violación a los derechos humanos e incluso riesgo sanitario, por la reutilización de instrumentos y reactivos para hacer las pruebas de alcoholemia o de plano la carencia de ellos, que son suplidos en los filtros por un antihigiénico soplar en las manos cerradas de los agentes, para percibir el aliento de los conductores.

A lo largo de los años desde la implementación del programa la edificación del Centro de Retención Municipal, llamado coloquialmente “el Torito”, han sido repetidos los señalamientos de la sociedad sobre ilegalidades e inconsistencias, en el sentido de que se trata de un operativo coercitivo, donde hay abuso de autoridad, hasta llegar al grado de esposar a los infractores. La corrupción es un secreto a voces y los motivos obviamente son económicos, pues representan una de las “cajas chicas” del gobierno municipal.

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Transporte público: (in)movilidad y anarquía

Para nadie es un secreto que el tema de la movilidad en Quintana Roo, pero especialmente en Cancún, es un auténtico caos y existe una completa anarquía en el transporte, desde taxis, autobuses, combis y hasta mototaxis. La situación ya rebasó completamente a las autoridades, y los gobiernos estatales y municipales no han logrado resolver este problema.

Aunque carece de facultad legal para imponer sanciones, por la falta de un reglamento que debió estar listo desde hace meses, las cacerías que emprende contra operadores de Uber y mototaxis exhiben al Imoveqroo como un organismo a modo, para favorecer a los sindicatos de taxistas

Ya pasó más de un año desde que entró en vigor la Ley de Movilidad en Quintana Roo, pero la falta de conclusión de su reglamento les impide tener certeza jurídica para emitir sanción alguna, o por lo menos eso parecía, pues en una reciente conferencia de prensa con las autoridades del Instituto de Movilidad dieron a conocer que a la fecha “se ha logrado” la detención de 30 vehículos particulares que brindaban servicio como Uber, y a sus propietarios se les impusieron multas por hasta 12 mil pesos.

Sobre el tema de los mototaxis que a todas luces no son bien vistos –por quienes no los necesitan, claro–, tampoco hay visos de que los vayan a regular, seguirán siendo únicamente tolerados, los diputados de la pasada legislatura los “batearon”, pero ninguno de ellos, ni de la XVI legislatura, así como nadie del Instituto de Movilidad han tenido la necesidad de salir de una de esas zonas irregulares, olvidadas por tantas administraciones y tampoco le han preguntado a la gente de esos lugares si requieren o no ese tipo de transporte, porque no les interesa, no hay –o al menos no la evidencian– ninguna intención de mejorar el tema de la movilidad, aunque se cansen de decir lo contrario.

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Cancún, paraíso… del subempleo

Aunque hasta muy recientemente se decía, como un gran logro, que las temporadas bajas habían desaparecido ya de Cancún, la realidad es que cada año cuando llega septiembre y octubre los empleados se tuenan los dedos esperando que no les toquen los denominados “días solidarios” que merman de manera importante su bolsillo, sobre todo si no pudieron hacerse de un “colchón” durante la temporada alta.

Durante varios años, al menos en el discurso de las autoridades, el llamado “septihambre” pareció desaparecer por la bonanza turística, aunque este año está de regreso por factores como la delincuencia o el sargazo, o incluso por nuevas ofertas turísticas de otros destinos.

El mecanismo de los “días solidarios”, implementado como medida de emergencia tras las afectaciones de Wilma en el 2005, se convirtió en un método recurrente en beneficio de los hoteleros.

Lo cierto es que de dos años a la fecha la crisis del empleo formal comenzó a resentirse de nuevo y las “vacaciones solidarias” están de vuelta, a pesar de que sindicatos como la CROC aseguren que hasta el momento no hay afectación para sus agremiados, la realidad es otra.

Un fenómeno relacionado con esta baja, y la caída del empleo formal, es la clara proliferación de vendedores ambulantes o negocios semifijos y el mejor termómetro está en la calle, pues de un año a la fecha el comercio informal se incrementó en un 140% –solamente en lo que respecta los empadronados–, los que se ven, los que están en la calle, pero existen diversos tipos de subempleo de gente que trabaja por su cuenta como los vendedores por catálogo o los que venden comida u otras cosas a través de chats de whatsapp o plataformas como Mercado Libre, por lo que la cifra negra del subempleo no existe, pero seguramente es muy alta y más tratándose de una ciudad como Cancún.

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Calica: depredación a la sombra de Trump

La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), dedicada a la extracción de material pétreo del suelo quintanarroense durante décadas, ha sido repetidamente señalada como uno de los grandes depredadores medioambientales de la región, pese a lo cual ha mantenido su actividad de manera impune a lo largo de los años, más allá de administraciones gubernamentales, incluso en tiempos de la Cuarta Transformación.

Un reportaje exclusivo del periodista Xavier Méndez Camacho para El Despertador de Quintana Roo, publicado el 22 de enero de 2018 y reproducido en esta edición impresa, exhibió los intereses de Donald Trump en la empresa minera, por medio de 300 mil acciones en manos de su prestanombres, la secretaria de Transporte estadounidense Elaine Chao, hecho que sería uno de los motivos de que la protección a la empresa depredadora continúe extendiéndose bajo el cobijo de Andrés Manuel López Obrador.

Calica, que exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava, es, de acuerdo con la investigación de Méndez Camacho, una de las proveedoras del gigantesco muro que el magnate metido a presidente levanta a lo largo de la frontera con México, por medio de la empresa Vulcan, de la cual es subsidiaria.

El proteccionismo del gobierno de la Cuarta Transformación, que bajo ninguna circunstancia está dispuesto a arriesgarse a una confrontación que signifique oponerse a los intereses de Trump, alcanzaría a cumplir la añeja pretensión de la minera, de ampliar el uso de suelo de más de mil hectáreas de reserva natural en la selva del municipio de Solidaridad, lo que obedecería también a la pragmática determinación de hacerse, a cambio, de los materiales pétreos que requerirá la construcción del mayor proyecto de López Obrador en el sureste de México, el Tren Maya, objeto a su vez de insistentes cuestionamientos por el impacto ambiental que generará en la región.

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Mariguana: llegó la hora

Ciudades de todo el mundo han marcado la pauta sobre la legalización de la mariguana y México desde hace algunos años intenta sumarse a esa lista. Ante la falta de regulación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido fallos para garantizar el derecho al empleo médico y terapéutico de la hierba, además de declarar que es inconstitucional la prohibición de su consumo con fines lúdicos, por lo que ha impuesto un mandato al Congreso de la Unión para legislar sobre el tema, sometido a un plazo que se encuentra ya en cuenta regresiva.

En el caso del uso recreativo, tras la resolución de la SCJN el Congreso tiene que modificar los artículos 237 y 248 de la Ley General de Salud que el máximo tribunal declaró inconstitucionales por considerar que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ello por la prohibición absoluta que establecen.

Algunos estudiosos en el tema señalan que entre los beneficios de legalizar la mariguana por ejemplo, estaría el de tratar a los adictos como enfermos y no como criminales, además de aminorar los ingresos de los cárteles, disminuir la violencia y el número de muertos por la lucha contra el narcotráfico.

Si se legaliza esta mercancía se tendrían que pagar impuestos; el dinero ahorrado y el recaudado se podría invertir en educación, información y prevención de las adicciones, pero además se eliminaría la necesidad de acudir a los traficantes ilegales.

Pero advierten, entre las desventajas, que la mariguana causa serios trastornos, así como consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. Además, aunque su legalización provocaría que sea más barata, inmediata y accesible para muchas personas, no resolvería el problema del narcotráfico, porque abriría un mercado más amplio, pues a mayor oferta, mayor consumo, además de que otras drogas como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas mantendrían poderosos a los cárteles. La discusión es muy compleja, y permanece sobre la mesa.

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Hospital de salud mental, urgente

Aunque es creciente el número de casos de pacientes con trastornos mentales en Quintana Roo, sigue careciendo de un hospital especializado donde puedan ser canalizados para su atención adecuada; una iniciativa de Ley de Salud Mental que contempla la creación de un instituto en la materia permanece en espera desde la pasada legislatura.

Hasta 2011, Quintana Roo registró casi dos mil pacientes con enfermedades mentales, a través de un estudio realizado por la OMS en México. Desde entonces, se desconocen cifras en todo el país; sin embargo, especialistas calculan que en la actualidad aproximadamente cuatro mil personas en la entidad son afectadas cada año por este tipo de enfermedades, principalmente trastornos depresivos, de ansiedad o esquizofrenia.

Una simple depresión originada por diversos factores, como pérdida de empleo, frustración, desadaptación social o problemas de carácter sentimental, pueden provocar este tipo de trastornos que requieren de hospitalización en un psiquiátrico, sin embargo en todo Quintana Roo no hay ninguno y de acuerdo con médicos en la entidad, un alto porcentaje de los pacientes que se atienden en hospitales psiquiátricos de Yucatán y Campeche, son quintanarroenses.

Coinciden en que cada vez hay más casos y obviamente esto tiene que ver con el crecimiento poblacional que se ha disparado en la zona norte de la entidad, además de los problemas económicos, pues está bien documentado que durante las temporadas bajas se incrementa el número de suicidios y ello está indudablemente relacionado con un desequilibrio mental, una depresión muy profunda y no hay espacio para estas personas; hablando de Cancún los hospitales están a un 200% de su capacidad, y si bien el nuevo Hospital General vino a ayudar la demanda hospitalaria, en el aspecto psiquiátrico es urgente un nosocomio especializado para atender a estas personas.

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Se ahonda la crisis

En México prácticamente el 50% de las personas que trabajan no ganan lo suficiente para adquirir ni siquiera la canasta básica para su familia, es decir, contar con un empleo en este país no es garantía para salir de la pobreza.

Un estudio de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que concentra la oferta y demanda de empleo en México, desglosado por regiones, estados y ciudades, revela que el mundo laboral no sólo fomenta la pobreza, sino que contribuye a ahondar la desigualdad.

Los estados y ciudades con más trabajadores asalariados con ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica son también los estados más pobres, según el análisis: Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Chiapas.

Las entidades con mayor proporción de trabajadores con ingreso insuficiente son Morelos, con el 75%; Tlaxcala, 72%; Estado de México, 69%; Veracruz, 69%, y Oaxaca, 67%.

El análisis fue realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el INEGI.

Dicho estudio establece que el sistema económico actual no garantiza trabajo digno para millones de personas, es decir, empleo con salario suficiente y seguridad social, pero además es incapaz de absorber la demanda, generando informalidad laboral y desempleo, pero además urge que autoridades laborales y organismos empresariales tomen medidas urgentes para erradicar el outsourcing, basado en prácticas laborales fuera de la ley, como la contratación de patrón sustituto, sin contratos estables, evadiendo afiliación y pagos al Seguro Social y el cumplimiento de prestaciones legales.

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CFE, la más abusiva

Una de las principales quejas de los mexicanos, desde siempre, es el costo excesivo en los recibos de luz, particularmente en los últimos años con aumentos repentinos de hasta el 200 o 300 por ciento. Apenas el pasado 6 de noviembre, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa que más quejas acumula en a nivel nacional, más de 25 mil cada año.

Hace unos meses la propia CFE reconoció que hubo “errores” en los recibos de la luz desde 2011 a 2018, tiempo en que la comisión recibió la friolera de 223 mil 36 quejas a nivel nacional por cobros excesivos, sólo alrededor del 55% de los casos se resolvieron. La empresa encontró que en 27 mil 412 de estas quejas sí existía un error en los importes (141 millones 993 mil 970 pesos que la CFE pretendía cobrar de más).

Las cuotas que se intentaron cobrar en esos ocho años eran aproximadamente 40% más altas de lo que en realidad tenían que pagar los usuarios.

Desde 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la CFE cometía “errores” en la medición del consumo de energía eléctrica, debido en muchos casos a que no hubo lecturas precisas, sino que los cobros fueron hechos mediante estimaciones por más de dos años.

Especialistas mencionan que la red de cableado eléctrico se está avejentando, lo que podría modificar las variaciones en la lectura o consumo de la luz.

Otro factor grave es el robo de la energía a través de los llamados “diablitos” que abundan en los mercados, en las colonias y principalmente en las zonas irregulares.

De acuerdo con datos de la CFE, se tiene un cálculo de alrededor de 75 mil 500 tomas ilegales de luz en todo el país, las cuales generan una sobrecarga en la ya de por sí desgastada red eléctrica de hasta 50%.

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El dengue seguirá amenazando

Con ocho defunciones en todo el estado, y mil 378 casos confirmados hasta el 11 de noviembre –una cifra más de seis veces superior a la de todo el año pasado–, se aproxima el fin de la temporada de alta transmisión del dengue, aunque fuentes del sector salud advierten que la amenaza podría recrudecerse durante el próximo año, ante el recorte presupuestal impuesto por el gobierno federal.

Un estudio de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad apunta que aunque la incidencia del dengue se triplicó este año, el gobierno federal retrasó tres meses la compra de insecticidas contra el mosco transmisor de esta enfermedad porque aseguraron que se detectó corrupción en las compras de estos productos. Pese a ello, la compra terminó adjudicándose directamente a las mismas empresas que vendían a la pasada administración federal.

El panorama epidemiológico para el año próximo, desafortunadamente, no es optimista, de acuerdo con declaraciones del secretario del sindicato de trabajadores del sector Salud, Barbaciano Sansores Matos, quien advirtió la situación se complicará por el recorte presupuestal aplicado por el gobierno federal, que dificulta el combate de enfermedades como el dengue.

Deploró que con la desaparición del programa Oportunidades se perdió la posibilidad de contratar a 350 trabajadores y aunque la autoridad estatal ha destinado apoyos, “la verdad es que nos encontramos desfasados”.

“El Gobierno del Estado ha tenido que asumir las consecuencias de los recortes federales y si se contratara gente se estaría descuidando la adquisición de insumos. El gobierno estatal aporta dinero, pero no resulta suficiente para atender las necesidades en materia de salud; estamos en noviembre y no han llegado los recursos de la federación para adquirir insumos”, manifestó.

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Polémica por el plástico

La pasada XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó una ley para el uso de materiales y utensilios de plástico como popotes, platos, vasos, tasas, copas, charolas, cubiertos, entre otros, así como derivados del poliestireno extendido (productos de unicel).

Además, también se deberán dejar de utilizar bolsas de plástico desechables para traslado de mercancías que se emplean en tiendas y supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, farmacias, restaurantes y similares.

Esta prohibición se deberá realizar en “islas, ínsulas, cayos y zonas vulnerables” en los próximos seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, es decir, después de 30 días de publicada en el Periódico Oficial del Estado, para el resto de la entidad se contará con un año para la aplicación de la nueva norma.

Previo a la aprobación de esta ley en el Congreso, el Cabildo de Benito Juárez aprobó las reformas al reglamento para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos, reformas que fueron publicadas por el Diario Oficial de Quintana Roo el 1 de julio pasado y sería al final de septiembre cuando tendrían que haber quedado prohibidos los productos plásticos (entrega de bolsas de plástico, popotes y recipientes de unicel que nos sean reutilizables en los establecimiento comerciales y las industrias).

Sin embargo, la autoridad ambiental estatal aún no ha publicado en lo general la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, aprobada en mayo pasado y es necesario que tanto el municipio de Benito Juárez como estado estén homologados.

Si bien Cancún será de las primeras ciudades en el país en implementar este tema del desarrollo sustentable, la pregunta es ¿qué pasará con los negocios y personas (vendedores ambulantes), cuyo “modus vivendi”, está directamente relacionado con los plásticos?

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Ley Fallida

Ni bien fue publicada el pasado lunes 25 de noviembre en el Diario Oficial de Quintana Roo la Ley de Protección y Bienestar Animal aprobada desde junio por la XV Legislatura, se desató la polémica entre los sectores que se verán afectados por una ley que tiene muchos vacíos y que definitivamente deberá ser revisada con miras a reformarla.

Los principales argumentos para “botarla” son ir en contra de las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades rurales y evidentemente la afectación económica que representaría para empresarios y gente relacionada con los eventos que se prohíben, como las corridas de toros, de gallos o perros, como lo dice el Artículo 40 de este Ley, o dar muerte a un animal u otros actos de crueldad; también obliga a las autoridades a detener estos actos, procediendo a clausuras y aseguramiento de los animales, pero serán considerados meramente infracciones administrativas pues carecen de sanción alguna, por lo que sería una ley inoperante, que tendría que ser modificada.

Mucho menos queda claro qué pasará con los rastros, legales y clandestinos, donde dan muerte a los animales de manera brutal y eso se ha documentado durante años en todo el país sin que se haya hecho gran cosa al respecto.

Se siembran dudas también sobre si habrá afectación en la pesca deportiva, tampoco queda claro si quedarán prohibidos los espectáculos con delfines u otro tipo de animales marinos, hay muchas cuestiones que pueden ser debatibles; mucha gente considera que el impacto de esta ley y sus afectaciones no fueron debidamente calculadas, y poco a poco iremos viendo todas esas lagunas de la ley que deberán ser analizadas a conciencia, para lograr un mecanismo legal que atienda con amplitud todo el espectro del maltrato animal y no sólo a un pequeño sector, limitado por intereses económicos.

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El Tren Maya: la gran utopía

El proyecto del Tren Maya ha generado mucha polémica y cada día surge más incertidumbre sobre su viabilidad y sobre los beneficios reales que tendría para las comunidades por donde llegará o pasará el ferrocarril.

La realidad es que hay un sinfín de cuestiones que aún no han sido clarificadas, independientemente del tema del impacto ambiental, del que mucho se ha hablado ya.

Un problema –y no menor– que atañe a Quintana Roo tiene que ver con el ejido de Bacalar, pues hay un conflicto que ha durado décadas por la posesión de 354 hectáreas que fueron comercializadas en los setentas por el gobierno federal, y cuya solución ahora exigen los ejidatarios, junto con el pago de las seis hectáreas que requiere el trazo de la vía del tren.

En lugares como en Tabasco y Chiapas el tema de la orografía podría ser un gran reto, por el exceso de vías fluviales y pantanos, que requerirán la construcción de puentes –lo que elevaría sustancialmente los costos previstos originalmente.

Otro tema al que quizá no se le ha dado la importancia que requiere es la advertencia que lanzó desde inicios de año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que aseguró que de ser necesario “lucharán” para no permitir el paso del “proyecto de destrucción” del Tren Maya.

Y así podría haber otros grupos en los distintos estados por donde pasará el tren, que no estén de acuerdo con el proyecto, lo que podría desatar conflictos e incluso llevar a algún tipo de sabotaje físico a las obras.

Existen muchas interrogantes sobre el Tren Maya y parece no haber respuestas claras, incluso parecería que trazaron la ruta sin un conocimiento real de cada lugar por donde pasará el tren, lo cual impedirá que se logre el desarrollo económico de muchas comunidades como fue el plan original, pues habrá muchas poblaciones por donde pasará de largo sin beneficio alguno para ellas, lo que podría llevar a un tremendo fracaso.

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Descentralización, otro gran pendiente

Como parte de su Proyecto de Nación, Andrés Manuel López Obrador anunció, desde que se encontraba en campaña electoral, que se llevaría a cabo un proceso de descentralización de las dependencias federales, con la reubicación de al menos una en cada estado del país; sin embargo, las promesas del hoy presidente han terminado por toparse con una realidad mucho más difícil de lo proyectado.

Ante las numerosas críticas y señalamientos de los sectores hotelero y comercial, y de la propia ciudadanía, por el incumplimiento de la mudanza de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) a Chetumal, que se anunció como un gran detonador económico para el sur del estado, el titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, reiteró recientemente que para el 2020 ésta ya se encontrará en su nueva sede en la capital de Quintana Roo, después de una serie de retrasos que se dieron, principalmente, para regularizar el uso de suelo, justificó.

Algo que sin duda provocará más dificultades para la mudanza de la secretaría y que despierta la suspicacia de los chetumaleños es que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 no contempla ninguna partida destinada a ese proceso, lo que, para Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la capital de Quintana Roo, evidencia desinterés del gobierno federal para impulsar la economía del sur del estado.

Esto se suma a la incertidumbre por la cercanía del vencimiento del decreto del régimen de región y franja fronteriza que se llevará a cabo en los próximos días y que aún no ha sido atendido. Esa situación pone a Quintana Roo por primera vez en su historia en riesgo de perder estímulos fiscales en su carácter de zona limítrofe, lo que afectaría a más de 40% del comercio derivado de importaciones en el estado, reduciendo la competitividad de los ramos hotelero, gastronómico y comercial.

Es decir, que en vez de la esperada detonación que tanto se anunció, la zona sur se encuentra a las puertas de un auténtico desastre económico que afectaría a todo el estado y vulneraría la operación turística de la principal entidad generadora de divisas turísticas del país.

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