Quintana Roo, en medio de la guerra por Calica

El multimillonario reclamo de la minera Vulcan Materials Company entablado en tribunales internacionales incluye el reembolso de importantes sumas aportadas al Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Solidaridad

SALVADOR CANTO

CANCÚN,- La batalla legal que ha emprendido la minera Vulcan Materials Company, operadora de la empresa Sac-Tun —antes Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica)— en contra del gobierno federal, al que reclama una indemnización por un monto superior a los mil 500 millones de dólares, se “lleva entre las patas” a las autoridades del Gobierno de Quintana Roo y del municipio de Solidaridad, en exigencia de la devolución de  pagos y aportaciones que afirma haber hecho por diversas operaciones, entre ellas impuestos, reforestación, diagnóstico y modificación del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) con el que han operado los últimos años.

Con base en documentos que forman parte de la solicitud de arbitraje internacional interpuesta por Vulcan Materials Company contra el Estado Mexicano por presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América Latina (Tlcan), demandas que están plasmadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entre las cuales se mencionan los pagos de un millón de dólares al Gobierno del Estado.

También, destaca uno por 9.5 millones de pesos al municipio de Solidaridad, 3.5 millones de ellos para realizar reforestación, así como el diagnóstico y la modificación del POEL eaborado durante la administración de Cristina Torres (2016-2018), así como seis millones restantes para impuestos y gastos restantes.

Con ello se evidencia que el tema de Calica va más allá del conflicto que mantiene con el gobierno federal, pues habría también una afectación económica para Quintana Roo y el propio municipio de Solidaridad, que tendrían que reembolsar millonarias sumas a Vulcan Materials  Company, operadora de Calica, que es considerada en la entidad como una de las más grandes depredadoras ambientales.

Esperan devolución de aportaciones millonarias

En el año 2017 la entonces senadora Luz María Beristain Navarrete subió un punto de acuerdo a la Cámara Alta en donde advirtió un daño irreversible ocasionado a un polígono de 11.9 hectáreas en la zona continental del estado, correspondiente al municipio de Cozumel, producto de una explotación anual de 6.5 millones de toneladas de material pétreo destinada en su totalidad a la exportación hacia Estados Unidos por parte de Calica.

En la exposición de motivos, mencionó que el POEL de Solidaridad publicado el 25 de mayo de 2009 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y que estaba vigente  en ese entonces, clasificó los predios de Calica en la Unidad de Gestión Ambiental 5, la cual es un área de conservación y por tanto incompatible con el uso de suelo para actividades mineras, industriales, incluso con el uso turístico, comercial, y agropecuario.
Pese a ello, la empresa Calica promovió apoyos para el gobierno de Solidaridad e incluso aceptó el pago de más impuestos, con tal de que se hicieran modificaciones al POEL para quitar esos candados que impedían seguir extrayendo material para su posterior exportación a Estados Unidos.

Ahora, ante la negativa del gobierno federal de permitir que Calica, hoy Sac-Tun, siga dañando el medio ambiente, Vulcan Materials Company, LLC (Legacy), entre cuyos socios destaca el expresidente estadounidense Donald Trump, quien tiene más de 300 acciones en dicha minera a través de su prestanombres Elaine Chao, no se quedó de brazos cruzados y emprendió una lucha legal en reclamo de una millonaria indemnización del gobierno mexicano, que incluiría a las autoridades de Quintana Roo y del municipio de Solidaridad, quienes hasta la fecha no han dicho nada al respecto.