PVEM, PLUTOCRACIA E IMPUNIDAD

Marcado desde su creación por escándalos de corrupción, impunidad y constantes violaciones a las leyes electorales, el Partido Verde se prepara para asumir el control del Ayuntamiento de Cancún y afianzar su influencia en la próxima administración estatal

SALVADOR CANTO

El Partido Verde es, en Quintana Roo, ejemplo fehaciente de que el dinero todo lo compra, del triunfo de la plutocracia y la búsqueda del poder por el poder, del clientelismo electoral en su expresión más vulgar y violenta mediante la manipulación del electorado a cambio de monedas, despensas y mochilas y la permanente violación a las leyes electorales. A lo largo de su historia ha dado cátedra de oportunismo, acomodándose a la conveniencia de quienes son de alguna forma favorecidos por el voto duro, siempre con la mente en los jugosos negocios que se operan desde las presidencias municipales, diputaciones y negocios como los casinos, inmobiliarias, medicamentos, así como proveedores de diversos insumos que paga el gobierno y, por ende, la ciudadanía.

Envuelto en la polémica desde su fundación y controlado por la familia González Torres que lo ha convertido en una de las más reconocidas franquicias de la política en nuestro país, es como se describe la trayectoria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que desde su fundación en los años 80 ha estado marcada por la corrupción e impunidad, mucha de ella enclavada en Quintana Roo bajo la protección de los gobernantes y autoridades con las que se han aliado para gozar de poder.

De hecho, el heredero del PVEM, conocido también como “El Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, ha sido uno de los más beneficiados dentro de esta trama de corrupción, al hacerse de incontables propiedades bajo el amparo del poder, incluyendo negocios como casinos, en plena zona hotelera de Cancún.

Actualmente el Partido Verde está a punto de recuperar la presidencia municipal de Benito Juárez debido a que en la elección del 2021 inscribió como suplente de Mara Lezama a Ana Patricia Peralta de la Peña y por ley, al pedir licencia la primera luego de ganar la gubernatura, en automático le corresponde asumir el cargo a su compañera de fórmula, lo que les permitirá controlar políticamente una vez más el Caribe Mexicano y, de paso, afianzar su influencia dentro de la próxima administración estatal.

A lo largo de los años desde esta entidad federativa les han permitido operar sin trabas incluso esquemas claramente delictivos como el denominado “cártel del despojo” que involucra a algunos militantes en funciones de servidores públicos por medio del cual han arrebatado departamentos de lujo a familias locales, caso que aún está en proceso de investigación dentro de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo (Feccqroo).

También constan hechos oscuros no aclarados hasta la fecha que involucran directamente al “Niño Verde”, como el caso del presunto suicidio de la búlgara Galina Chankova Chanev en Cancún, muerta al caer desde un departamento propiedad del político, ubicado en el piso 19 de un lujoso edificio de la zona hotelera.

A nivel nacional la fundación de dicho instituto fue registrada en 986 como Partido Verde Mexicano (PVM) bajo la dirigencia de Jorge González Torres y en 1991 participó de manera independiente en las elecciones federales con el nombre de Partido Ecologista Mexicano (PEM), pero al no conseguir el porcentaje necesario para mantener su registro definitivo, sus militantes tuvieron que iniciar nuevamente las labores para cumplir los requisitos que exige la ley.

Fue hasta 1993 cuando obtuvieron un registro condicionado, mediante un recurso que resolvió un tribunal, al que siguió un nuevo cambio de nombre y con ello nació el hoy conocido Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con una ideología enfocada a la preservación medioambiental.

“Pintaba para ser un partido diferente, tenía buenas ideas y sus objetivos basados en la protección del medio ambiente generó muchas expectativas, pero lamentablemente, como en todos los demás institutos políticos, les llegó la corrupción y terminó siendo uno más de lo mismo”, opinaron miembros del Comité Comunitario de Vigilancia y Educación Ambiental de Isla Mujeres Río Chacmuchuch.

Es de señalar que su presencia en la entidad, según afirman en su propia página web, comenzó con las protestas por la destrucción de los Arrecifes de Cozumel y Cancún en los años 90, aunque es bien sabido que ellos se adjudicaron esa lucha pero en realidad dichos movimientos fueron encabezados y llevados a cabo por diversos grupos de verdaderos ambientalistas locales y miembros de la sociedad civil organizada del estado.

El PVEM en Quintana Roo, marcado por polémicas

El heredero de la “franquicia verde”, Jorge Emilio González Martínez, quien de 2001 al 2011 fungió oficialmente como el líder del partido a nivel nacional —pero que en realidad hasta la fecha mantiene bajo su control, pese a que en membrete han aparecido posteriormente como dirigentes Carlos Alberto Puente Salas (2011-2020) y Karen Castrejón Trujillo (2020 a la fecha)—, ha sido acusado de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, aunado a que es evidente que se ha “vendido” según las conveniencias políticas del momento.

Es decir, en todo momento a lo largo de su historia han aflorado la descomposición, la plutocracia, negociaciones bajo la mesa, así como la venta de acuerdos y espacios de elección popular, desde presidencias municipales hasta diputaciones y todo tipo de candidaturas en todos los estados.

En Quintana Roo, durante el 2004, el llamado “Niño Verde” —un “niño” de 50 años cumplidos ya—en calidad de senador de la República y líder del PVEM, fue videograbado cuando negociaba un soborno de dos millones de dólares a cambio de, mediante sus influencias, conseguir un permiso para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, pese a la grave afectación que habría para la flora y la fauna de la entidad, un gran contrasentido con respecto a la ideología esgrimida por su propio partido.

Por esa razón, las autoridades federales comenzaron una investigación el 4 de marzo de ese año y sin mayor explicación se informó únicamente que no hubo prueba de los ilícitos derivados del video, que fue difundido por medios nacionales como el diario Reforma, a pesar de que el mismo personaje reconoció los hechos.

En abril de 2011, una mujer búlgara de nombre Galina Chankova Chaneva murió al caer del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún. El incidente habría ocurrido durante una fiesta en el departamento 19B, cuya propiedad se le adjudicó a Jorge Emilio González.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el mando de Francisco Alor Quezada (QEPD), inició la investigación bajo el expediente 1617/2011 y en poco tiempo determinó que se trató de un suicidio y anunció que no se ejercería acción penal, porque no existía una responsabilidad directa y se “vendió” la idea de que el entonces líder del PVEM no estaba en ese domicilio el día de los hechos.

Sin embargo, la periodista Lydia Cacho Ribeiro documentó, mediante el testimonio que obtuvo de dos jóvenes, hijas de hoteleros quintanarroenses que estuvieron en esa fiesta, que Jorge Emilio González sí se encontraba presente en el lugar, además de que las juergas ahí eran frecuentes y de antología, con la presencia de gente “famosa” de la política.

A esta lista de polémicas se le suma el tema del llamado “cártel del despojo” que data desde el 2015 pero que fue retomado recientemente por el medio Latinus y que cobró relevancia por la presumible participación de miembros del PVEM en calidad de servidores públicos.

Se trata del aún dirigente estatal Pablo Bustamante Beltrán y del expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Gustavo Miranda García, así como la madre de éste, una destacada empresaria, presuntamente confabulados con personal de la Junta Laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad del Estado y el notario público 84, Jorge Cruz Hernández, en Playa del Carmen.

No obstante que ambos funcionarios han salido a desmentir los hechos, tras una serie de reportajes publicados por Latinus, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo (Feccqroo) dio a conocer en abril de 2021 que abrió una investigación, de la cual, a más de un año de distancia, aún no se informan los resultados.

Cabe decir que en Quintana Roo son muchos los personajes que enmarcan el paso oscuro del PVEM, entre ellos Gabriela Medrano Galindo, Remberto Estrada Barba, José de la Peña Ruiz de Chávez, Marisol Ávila Lagos, Gustavo Miranda y desde luego, Jorge Emilio González, quienes, en conjunto, podrían representar lo peor de la política en los últimos años.

Poder y sus alianzas perversas

Luego de varios intentos por figurar y obtener espacios dentro de los gobiernos, lo que logró a nivel federal en el año 2000 al integrarse a la “Alianza por el Cambio” que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), la cual llevó al triunfo a Vicente Fox Quesada, el PVEM amplió su abanico de influencia, ya consolidado como partido político y en Quintana Roo postuló en el 2002 a Juan Ignacio García Zalvidea para la presidencia municipal de Benito Juárez, quien derrotó al abanderado priista, Víctor Viveros Salazar, lo que significó la primera derrota para el tricolor en Cancún.

A pesar de que “Chacho” ganó las elecciones bajo las siglas del PVEM, durante su mandato rompió relación con ellos y fue cobijado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que lo abanderó como candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Para ello, García Zalvidea pidió licencia al cargo para contender en las elecciones estatales de febrero de 2005 y dejó como presidente interino a Carlos Canabal Ruiz, ligado en aquella época al PRD, con lo que el PVEM perdió el control del municipio.

El Verde había intentado mantener las riendas políticas de la comuna a través de una jugada política orquestada por el entonces gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, en julio del 2004, para declarar la desaparición del ayuntamiento tras la renuncia de la mayoría de los regidores y nombrar un Concejo Ciudadano que fue presidido por la pevemista Marisol Ávila Lagos, entonces dirigente estatal del “partido del tucán”.

Sin embargo, este movimiento fue desbaratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que devolvió a “Chacho” la presidencia municipal el 28 de agosto de 2004 hasta que solicitó licencia en octubre de ese año, contendió como candidato a gobernador y fue encarcelado en noviembre de 2005 por acusaciones de peculado durante su gestión como alcalde, es decir, haber desafiado al dirigente nacional del PVEM, Jorge Emilio González, le costó muy caro.

Tras estos hechos, el PVEM prefirió irse en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que a nivel local llevaron a la gubernatura a Félix González Canto en el 2005 y posteriormente a Roberto Borge en el 2011; a nivel federal el Verde llegó de la mano del priista Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, a quien desechó al término de su mandato para hacer mancuerna con Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con el claro objetivo de continuar con el poder y, sobre todo, obtener jugosos dividendos y cargos.

Cabe decir que en ambas administraciones en Quintana Roo el PVEM logró acrecentar su área de influencia, pues logró, además de diputaciones federales, varias presidencias municipales y con ellas múltiples espacios dentro de los diversos ayuntamientos del estado, particularmente en Benito Juárez, aunque la relación aliancista poco a poco se fue desgastando tras perder la gubernatura con Mauricio Góngora.

De hecho, esta derrota que significó un duro golpe para el PRI catapultó más al PVEM y prueba de ello es que en esa misma elección recuperó la presidencia municipal de Benito Juárez con Remberto Estrada Barba (2016-2018), considerado uno de los alcaldes más oscuros de la historia de Cancún.

Denuncia oportuna frena negocio al “Niño Verde”

El 13 de diciembre del 2019, los diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo aprobaron la Ley de Ingresos del Estado para el siguiente año, propuesta por el gobernador Carlos Joaquín González.

Sin embargo, después se dio a conocer que en dicha ley se había introducido de último momento una exención fiscal a casinos nuevos, lo que desató una serie de acusaciones de “albazo legislativo” del que se responsabilizó a los diputados del PVEM.

Con dicha exención se beneficiaría directamente a la empresa El Palacio de los Números, a nombre de Eduardo Luis Laris Rodríguez y Ramón Manuel Aznar González, que recientemente había inaugurado el casino Macao en Plaza La Isla, en plena zona hotelera de Cancún.

Ello generó mucha inquietud e incertidumbre entre los quintanarroenses, porque se difundió que detrás de este tema se encontraba directamente la mano de Jorge Emilio González, ocasionando una fuerte polémica en el empresariado y la clase política, por lo que, ante la presión mediática, el Congreso del Estado convocó a una sesión extraordinaria en la cual se derogó el apartado por unanimidad, el 16 de enero de 2020.

De hecho, pocos días después, el que fuera ex dirigente del PVEM en el municipio de Lázaro Cárdenas, Juan José Calixto Góngora, divulgó en sus redes sociales que la exención de impuestos aprobada y luego derogada por la actual legislatura tenía como principal beneficiario a Jorge Emilio González. “Niño verde con dos casinos en Cancún, uno en ZH y otro en la ciudad, que no salga de QRoo. me lo dijo un pajarito del congreso” (sic), posteó.

Sin embargo, hoy, con las manos metidas dentro de lo que será el nuevo gobierno de Quintana Roo y con una mayoría dentro de la próxima legislatura emanada de su alianza con Morena, este tema podría dar un vuelco y buscar nuevamente algún beneficio.

El tema del casino Macao volvió a cobrar relevancia en diciembre del 2021, cuando Rafael Rodríguez López, representante legal del Movimiento Nacional de Seguridad y Justicia (Monseju, A.C.), acusó al Cabildo de Benito Juárez de no haber sometido a votación en ninguna sesión su aprobación para otorgar la opinión favorable a dicho centro de apuestas, e incluso interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

Ante esta situación, la secretaria general del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, aclaró que las autorizaciones para la instalación y operación de ese tipo de establecimientos corresponden exclusivamente a la Secretaría de Gobernación federal y admitió que la citada opinión favorable fue suscrita por la alcaldesa Mara Lezama en noviembre de 2018, pero con la aclaración expresa de que “no constituye un permiso”.

Pese al rechazo de morenistas se cuela el PVEM

Luego del revés sufrido en las elecciones del 2016 que llevó a la gubernatura a Carlos Joaquín González, nuevamente el PVEM le apostó a aliarse con el partido “del momento”, Morena, con el claro objetivo de recuperar sus canonjías en la entidad.

Y a pesar del rechazo de fundadores y miembros de Morena que veían —y ven— esta alianza como un verdadero peligro, finalmente el PVEM influyó en los recientes resultados electorales, pues con base en su clásica estrategia de compra de votos, logró apuntalar el triunfo en las urnas de Mara Lezama.

“En Quintana Roo el Partido Verde se niega a perder su manto de impunidad y para nosotros no son más que unos oportunistas y convenencieros, pero bueno, vino la orden de arriba y se dio la alianza, pero insisto, muchos de los fundadores de Morena no estamos de acuerdo porque es evidente que nos están utilizando y hay que tener cuidado porque podrían ser ellos los que nos gobiernen pues es bien sabido que están por conveniencia y no por convicción”, afirmó el doctor Raúl Arjona Burgos.

Cabe decir que en días pasados trascendió que a nivel local existe una pugna interna entre la gente de Morena y el PVEM por el reparto de los cargos dentro de la próxima administración estatal, e incluso hay quienes piden a los ciudadanos estar atentos porque la participación de los verdes puede afectar seriamente el aparato de gobierno y las decisiones e iniciativas a futuro.

Además, también se ha acrecentado la discusión en el tema del municipio de Benito Juárez en donde Ana Patricia Peralta de la Peña asumirá próximamente la presidencia municipal, al haber sido registrada como suplente de Mara Lezama.

Fuentes del Ayuntamiento de Benito Juárez confirmaron que integrantes del PVEM ya se están ostentando como nuevos directores de diversas áreas ocupadas por morenistas, como son los casos de Fiscalización, Comercio en la Vía Pública y la Dirección de Ingresos y Egresos.

Multas y sanciones al verde, una farsa

A lo largo de su oscura historia política, el Partido Verde se ha convertido en el principal instituto político acreedor de quejas y denuncias por desacatos a la autoridad electoral y violaciones a la ley.

En 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó unánimemente una multa contra este partido de 67.1 millones de pesos, por omitir o incumplir las medidas cautelares en las que se dictó suspender su campaña en cines, fuera de tiempos electorales.

De inmediato, la respuesta del partido fue acusar a otros personajes políticos de supuestos hechos similares, sin negar la relación contractual multimillonaria que estableció con algunas cadenas de cine.

En ese mismo año, que fue de elecciones ordinarias en México, en plena veda electoral, personalidades del espectáculo admitieron que diversas «agencias de publicidad» les habían ofrecido hasta más de 200 mil pesos para difundir mensajes a favor del Partido Verde a través de las redes sociales en pleno día de la jornada electoral.

Este episodio se repitió nuevamente en las elecciones del 2021, cuando en plena veda electoral diversas celebridades del internet y de la televisión compartieron en sus perfiles de redes sociales mensajes en apoyo al partido, lo que desencadenó una serie de críticas y una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral.

Por esta razón el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una sanción al PVEM consistente en la reducción del 25 por ciento de su financiamiento anual, que equivale a la cantidad de 118 millones 507 mil 808 pesos, por vulnerar la veda electoral durante el proceso federal 2020-2021, debido a la difusión de diversas publicaciones en la red social de Instagram realizadas por ‘influencers’ en favor de este partido político.

Ya en el 2015 se le aplicó una sanción económica por 11.4 millones de pesos, pero la dirigencia de dicho partido promovió un recurso ante el Tribunal Electoral que determinó rebajarles la multa a sólo un millón 189 mil pesos.

En ese entonces, los magistrados volvieron a individualizar la sanción contra el PVEM por difundir propaganda presentada, como informes de labores de la diputada Gabriela Medrano de Quintana Roo, quien pagó a Televisa y a Televisión Azteca 11 millones de pesos.

El PVEM también fue sancionado con el pago de mil días de salario mínimo, es decir, 70 mil 100 pesos por el reparto de despensas en el estado de Quintana Roo, a través de la organización Familia Verde. La despensa contenía tres paquetes de galletas, pasta de dientes, jabones, dos kilos de harina, un litro de leche, papel higiénico y dos sobres de sazonador.

Propuestas e iniciativas de ley sin seguimiento

A pesar de haber presentado a lo largo de los años múltiples iniciativas que podrían ser consideradas de mucha importancia para los ciudadanos como la prohibición de fumar en espacios cerrados, que es una de los pocas que se aplica hoy en día, el PVEM ha propuesto otras sin la debida estructura y sin recursos para su operatividad, como es el caso de la Ley de Bienestar Animal, que más allá de suspender las corridas de toros o peleas de gallos tendría que considerar más circunstancias que no se atienden pese a considerarse también hechos de crueldad animal, como la explotación de especies marinas en los delfinarios, no obstante que activistas ambientales han denunciado que incurren en prácticas que derivan en el estrés de los cetáceos por separación materna, exposición,  manipulación indebida y más, así como tampoco el sacrificio de animales en los rastros, que se lleva a cabo sin cumplir con la reglamentación.

Recientemente, el expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios en la entidad, Jorge Arturo Dzul León, denunció en entrevista con El Despertador de Quintana Roo que cuando se hizo la propuesta de la Reforma para el Congreso del estado en torno a la Ley de Bienestar Animal, previo a su aprobación, los legisladores cambiaron algunas cosas como ellos quisieron y no como debería de ser y por ello existen serias lagunas legales en torno a la aplicación de la misma y tampoco se consideraron presupuestos para la capacitación y apertura de ministerios públicos especializados.

De hecho, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país existen condiciones de extrema crueldad animal en los rastros, pues no se cumple con la regulación para el sacrificio de los animales.

Incluso, hay organizaciones que exigen que el maltrato y la tortura registrada en los rastros, sea considerado como un delito que se castigue con cárcel, para así garantizar un trato digno para los animales, pero el PVEM ha sido omiso al respecto.

Otra iniciativa que no cumple lo que prometieron es la prohibición del uso de popotes y bolsas de plásticos mediante la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado aprobada en el 2019, lo que refleja que esta reglamentación parece letra muerta o, en su caso, se ha convertido en un negocio porque si bien en los supermercados ya no dan las bolsas de forma gratuita al momento de adquirir productos, ahora las venden, por lo que su uso aún se mantiene.

Lo mismo pasa con los popotes, platos y vasos desechables que se siguen comercializando en muchos negocios, lo que significa que se hizo la ley, pero no existe un seguimiento para atender su cumplimento.

A nivel federal se encuentra el tema del “circo sin animales” como parte de la Ley de Bienestar Animal, que en general integra iniciativas positivas para la protección de todas las especies, principalmente las que están en peligro de extinción.

Empero, el retiro de los animales de los circos y su posterior protección no se reporta a la par, pues muchos de los ejemplares recuperados fueron a pasar a zoológicos o espacios de conservación en donde no hay presupuesto y carecen de recursos para su manutención, porque eso no fue contemplado en la ley.

Otras de sus propuestas que han generado polémica, son las de cadena perpetua para secuestradores y de pena de muerte para quienes cometan, secuestro, violación u homicidio. El PVEM ha mantenido su iniciativa de pena de muerte como una de sus principales banderas desde el 2008, cuando atrajo la atención popular con una extensa campaña mediática en radio, TV y salas de cine, y que ha retomado en sucesivas oportunidades, en los años 2015 y 2018 y más recientemente, en febrero del 2020, cuando la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados volvió a presentarla, apoyada por un grupo de legisladores de Morena. También destacan las iniciativas de la eliminación en su totalidad del pago de cuotas escolares en las escuelas públicas o la de “el que contamina paga y repara el daño”, que podrían considerarse benéficas pero que no han pasado a más y son utilizadas recurrentemente por el partido en cada campaña política.

Dentro de todo lo malo, algo bueno que se podría aplaudir del trabajo del PVEM es la prohibición del uso de cigarrillos en espacios cerrados, pues esta es una ley que sí se aplica e incluso hay sanciones para los negocios y/o establecimientos que incumplen, ya que en este caso también interviene la Secretaría de Salud.