PUERTO MORELOS, UN SUEÑO QUE MATÓ LA CORRUPCIÓN

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En menos de seis años, el municipio más joven de Quintana Roo pasó de ‘Pueblo con Encanto’ a botín inmobiliario de empresarios, políticos y grupos criminales bajo el amparo de Laura Fernández, sumido en anarquía, inseguridad y carencia de servicios públicos

 

SALVADOR CANTO

 

A cerca de seis años de su conversión a municipio, Puerto Morelos ha dejado de ser un Pueblo con Encanto para convertirse en una ciudad de obscuros intereses inmobiliarios, por los beneficios y bondades que entregó en sus dos administraciones Laura Fernández Piña, quien hoy, para evitar ser enjuiciada por todas las irregularidades cometidas y detectadas por la comunidad, se ha blindado detrás de una diputación federal bajo el amparo del fuero de la impunidad.

Y así, el sueño de convertirse en municipio se ha transformado en una verdadera pesadilla para muchos de los habitantes que han defendido en todo momento el cuidado del medio ambiente para que exista un desarrollo sustentable y sostenible en Puerto Morelos, pero lamentablemente han visto cómo la situación ha ido empeorando hasta convertirse en un botín inmobiliario en donde además reinan la corrupción, la anarquía y el caos en diversos aspectos como la seguridad y los servicios públicos.

Ernesto Muñoz Rodrigo, uno de los fuertes impulsores para que Puerto Morelos se convirtiera en municipio, dejó en claro que ellos siempre abogaron para que se trabajara primero para la consolidación del Pueblo con Encanto y de ahí, con el apoyo de toda la comunidad, sentar las bases para el crecimiento del municipio, pero “hoy lamentablemente, en poco tiempo todo es un desastre por intereses nada claros”.

Desde antes del anuncio del Tren Maya, Puerto Morelos ya estaba en la mira de voraces empresarios, pero en ese entonces todo lo que se aprobaba dependía de Cancún al ser primero una delegación y posteriormente una alcaldía, lo que permitió a la comunidad ambientalista, especialistas y científicos que ahí residen, no sólo cuidar sino también ser tomados en cuenta ante cualquier proyecto que atentara en contra de la tranquilidad del otrora Pueblo con Encanto.

No obstante, la historia de Puerto Morelos finalmente cambió el 6 de noviembre de 2015, cuando la XIV Legislatura del Congreso del Estado lo declaró formalmente como el undécimo municipio de Quintana Roo, tras fraccionarlo de Benito Juárez, aunque el decreto de creación entró en vigor a partir del 6 de enero de 2016.

En un principio y como lo establece la propia Constitución de Quintana Roo, lo primero que se eligió fue a un Consejo Municipal que estuvo a cargo de Leonel Medina Mendoza y ya para el 1 de octubre del mismo año, tras el proceso electoral local, llegó como la primera presidenta municipal Laura Fernández Piña, quien se reeligió en el 2018 con la clara intención de favorecer a amigos empresarios con la aprobación de proyectos inmobiliarios y firmas de millonarios contratos nada transparentes, como el de la recolección de la basura y el alumbrado público, este último otorgado a una empresa en donde su esposo funge como accionista mayoritario.

Por ello buscó una diputación federal bajo el cobijo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el respaldo de Morena, con el fin de evitar (al menos por ahora), que le pase lo mismo que a Medina Mendoza, quien en el poco tiempo que estuvo como presidente del Consejo Ciudadano cometió numerosas irregularidades que hoy lo mantienen sujeto a un proceso judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción, bajo cargos de posible desvío de 28 millones de pesos.

Es de señalar que durante los dos períodos (2016-2018 y 2018-2021) que Laura Fernández estuvo al frente del municipio, no sólo lo endeudó, sino que además se alejó de la comunidad, creó un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que a decir de la bióloga marina Noemí Espinosa, sepulta a los arrecifes, manglares y selva que le han valido a Puerto Morelos ser conocido mundialmente. Hoy ese PDU está frenado por una demanda de amparo promovida en mayo pasado por la residente e integrante de la comunidad maya Marbella de los Ángeles Caamal.

 

Tren Maya y especulación de tierras

Desde antes del inicio de los trabajos del proyecto Tren Maya, las tierras de Puerto Morelos han sido objeto de constante disputa y como consecuencia de ello, ejidatarios han interpuesto decenas de denuncias ante las autoridades agrarias, sin que la mayoría de estas se hayan resuelto hasta la fecha.

Sin embargo, a raíz de que se oficializó el proyecto federal y que además se anunció que Puerto Morelos tendría al menos una estación, la especulación de las tierras se incrementó, principalmente en la zona de la Ruta de los Cenotes.

En ese sentido, es evidente que entre la voracidad de políticos, empresarios e incluso grupos criminales, se han aliado para despojar de sus terrenos a una gran cantidad de personas, mediante una estrategia que combina la invasión física de las propiedades con la elaboración de documentos falsos para apropiarse de dichos predios de alto valor comercial.

El Despertador de Quintana Roo pudo platicar con algunos ejidatarios de Puerto Morelos, quienes de manera anónima revelaron que el PDU que aprobó Laura Fernández Piña antes de irse a la diputación está ligado a la liberación jurídica de varios predios que están en las inmediaciones de donde estaría la estación del Tren Maya.

“Es un problema que tiene años, pero extrañamente hay expedientes que se han ido destrabando tanto en el Registro Agrario Nacional (RAN) como en el propio Tribunal Unitario Agrario (TUA) 44 de Chetumal, porque se trata de predios que están cercados por donde pasará el tren”, dijo uno de los comuneros consultados.

Reveló que dentro de todo este entramado de corrupción aparece una empresa de nombre “Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México SCP”, propiedad de Antonino Almazán Arteaga que busca “regularizar” las tierras del ejido Puerto Morelos a cambio de 900 hectáreas en la zona de la Ruta de los Cenotes en donde los beneficiados serían el exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, así como la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y para lo cual se presta a todo el propio presidente del Comisariado Ejidal, Braulio Núñez López.

“Hay muchos intereses de políticos, empresarios e incluso de gente vinculada a la delincuencia organizada y si revisan, hay un acta de asamblea de fecha 25 septiembre de 2011 en donde, sin estudio técnico justificativo, se autorizó el cambio de destino de 15 mil 796 hectáreas y existen muchos certificados parcelarios para esa empresa en un mismo polígono que es por donde pasará el Tren Maya”, comentó otro de los ejidatarios.

Finalmente, establecieron que detrás de toda esta situación están políticos, grupos del crimen organizado, partidos, funcionarios públicos y prestanombres que forman parte de una red de mafia inmobiliaria que creció en Puerto Morelos durante la administración de Laura Fernández Piña.

 

‘Plan con maña’ para amalgamar botín inmobiliario

 

A la grave problemática que existe en el entorno de los verdaderos dueños de las tierras, el propio titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, anunció recientemente que se autorizó una modificación del trazo del Tren Maya en la entrada a Puerto Morelos para librar el puente vehicular que se encuentra ahí.

Con esa modificación, explicó que el Tren Maya libraría la zona urbana y la estación se ubicaría a unos 10 kilómetros adentro de la Ruta de los Cenotes, que es donde existe una disputa inmobiliaria por la propiedad de predios, lo que abre el panorama a que todo estaba planificado, tanto por el gobierno municipal como el federal.

El argumento que dan para el cambio en la ruta original del tramo cinco norte, que corre de Cancún a Puerto Morelos, es que tendrá que ser modificado debido al puente vehicular en la carretera federal 307, sobre la entrada al poblado.

Todo esto deja en evidencia la gran especulación inmobiliaria que desde hace algunos años comenzó a echar semillas en Puerto Morelos, amalgamado por la promesa de que contarán con una estación para el megaproyecto federal, la cual será conectada a un muelle industrial y turístico a través de caminos y un puente por el manglar, de acuerdo con la propuesta de Proyecto de Desarrollo Urbano (PDU) 2020-2030, aprobado por el municipio.

Sin embargo, todo esto lo que hace es seguir poniendo en riesgo los arrecifes de coral, la Ruta de los Cenotes y el Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional «Arrecife Puerto Morelos» por la expansión desmedida de los múltiples proyectos previstos, como hoteles de hasta diez pisos con 200 cuartos y unidades habitacionales con alta densidad.

Cabe decir que uno de los más afectados es el Parque Nacional que es ANP desde 1998 y sitio Ramsar –designación de la Unesco para los Humedales de Importancia Internacional– desde 2004 al formar parte de la barrera arrecifal denominada «Gran Arrecife Maya» y pertenece al «Sistema Arrecifal Mesoamericano», considerada como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo.

Puerto Morelos, corrupción y caos

 

A escasas horas de la entrada en funciones del nuevo gobierno de Puerto Morelos que encabezará Blanca Merari Tziu Muñoz, Ana Luisa Betancourt Canul, quien asumió la presidencia de forma interina tras la toma de protesta de Laura Fernández Piña como diputada federal, no ha transparentado todos los reclamos ciudadanos en torno al tema de las concesiones de los servicios públicos, principalmente la recolección de la basura y el alumbrado público.

En redes sociales, particularmente en cuentas de denuncias de Puerto Morelos, hay señalamientos de que antes de dejar el cargo para buscar la diputación federal, Laura Fernández dejó un contrato de luminarias en el municipio que beneficiará indirectamente a su esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca, quien se ha convertido en el intermediario con diversas empresas proveedoras de servicios.

Se pudo conocer que se trata de una adjudicación directa a través de una Asociación Público-Privada (APP), cuya inversión no debe rebasar los 45 millones de pesos y puede durar hasta 20 años.

En ese sentido, el 7 de mayo, en el Periódico Oficial de Quintana Roo, se publicó la convocatoria para la adjudicación de las luminarias, en la que no aparece el número ni los montos. Se definió como fecha de notificación del concurso el 17 de julio de este año, pero al buscar información del ganador en la página de transparencia del municipio, no aparecen los resultados de la convocatoria, ni de otras licitaciones o contratos en general; incluso, no se puede acceder a la opción del padrón de empresas. El Despertador de Quintana Roo revisó la página y aparece que está en mantenimiento.

Con base en versiones de gente de Puerto Morelos, dicho contrato le fue otorgado a la empresa Central Eléctrica de Cancún, vinculada a Moyano Menchaca, quien no ha tenido convenios directos desde 2019 por la cercanía con Fernández Pina, con quien contrajo matrimonio ese año.

Antes de casarse, Fernández Piña habría dado contratos hasta por 42 millones de pesos a su hoy esposo, pero esto tampoco aparece en las búsquedas de transparencia del Ayuntamiento.

Cabe señalar que Carlos Alberto Moyano Menchaca es dueño de la empresa Mexiled y enfrenta diversas denuncias penales por presunto fraude, al incumplir contratos millonarios en municipios de otras entidades, como Jalisco y Veracruz, también relacionados con temas de alumbrado público.

En la prensa de Guadalajara se establece como uno de los casos más relevantes de corrupción el del municipio de Tonalá, cuyo ayuntamiento lo denunció penalmente por fraude por 128 millones de pesos, dinero que se le entregó de marzo de 2016 a febrero de 2020 por la sustitución y mantenimiento de luminarias, hasta por 20 años, con pagos mensuales.

 

Sin relleno sanitario; la basura la traían a Cancún

A dos meses de que se cumpla el sexto aniversario de Puerto Morelos como el municipio número once de Quintana Roo, aún carece de un relleno sanitario en forma y es por eso que la gestión de Laura Fernández optó por concesionar la recolección de la basura.

Desde julio del 2019, el Ayuntamiento de Puerto Morelos pagó con base en el contrato MPM/OM/FORTAMUN/SER/001/2019 a la empresa “Bios Servicios Ambientales y de Salud S.A. de C.V.”, un monto de poco más de 9 millones de pesos por el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos.

Cabe decir que esta empresa no aparece en el registro público, además de que no hay certeza de que el servicio se haya prestado y prueba de ello es que actualmente existe un verdadero caos en dicho municipio.

Se pudo investigar que la compañía recolectora, cuyo apoderado legal es Gustavo Amador Carrasco, fue constituida en el municipio de Chignahuapan, Puebla, el 28 de enero del 2019, bajo la fe del notario público José Othón Carriles Hanan, según se lee en el contrato firmado entre las partes.

Es decir, con seis meses cumplidos en operación y sin aparente experiencia en el servicio público, el Ayuntamiento adjudicó estas labores por cinco meses a cambio de un pago que supera los 9.8 millones.

Dicha empresa, a su vez, durante los meses de “bonanza” con el gobierno municipal de Puerto Morelos, negoció con la compañía “Intelligencia México” de Carlos Canabal Ruiz, que recogía la basura en Cancún, para que esta le permitiera arrojar los desechos en el Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal que se comparte con Isla Mujeres.

Sin embargo, al caer en problemas legales esta última empresa con el gobierno de Benito Juárez y ya no poder tener control del relleno sanitario, la empresa que hacía lo propio en Puerto Morelos optó por abrir basureros a cielo abierto en la Ruta de los Cenotes y lo más reciente fue que utilizó un terreno en esa zona para depositar la basura, violando la Ley de Residuos del Estado que no permite disponer de la basura en sitios no autorizados.

En campaña, Tirso Esquivel Ávila, quien perdió las pasadas elecciones a la presidencia municipal, denunció que como cualquier municipio, Puerto Morelos necesita también un relleno sanitario que cumpla con los estándares ambientales o un centro de disposición de recolección de basura para ya no depender de nadie.

 

Lamentable en lo que han convertido a Puerto Morelos

Para el empresario Ernesto Muñoz Rodrigo, que fue uno de los impulsores para que Puerto Morelos elevara su categoría a municipio, la situación ha cambiado de forma lamentable en muy poco tiempo, pues quienes gobernaron en estos casi seis años de conversión, han visto por sus propios intereses y no los de la comunidad.

“Está bien que haya inversiones, más hoteles y el crecimiento propio de un municipio, pero se debe de tomar en cuenta, como se hacía antes, a toda la comunidad”, explicó.

Recordó las luchas que mantuvieron en contra de la instalación del Dragon Mart y la Milla de Oro cuyos beneficiarios eran los dueños de un medio de comunicación, pero que con la unión de la gente, ambientalistas y científicos, se demostró el grave error que se iba a cometer.

“Hoy el PDU está en pausa, me parece que hay un amparo, la Semarnat ya dijo que hasta en tanto no se aclare se reservan el derecho a tomar en cuenta el dicho Programa de Desarrollo Urbano 20-30 aprobado, ya que violenta el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Benito Juárez, el cual se encuentra vigente desde el 2014”, explicó.

También deploró que la imagen urbana está muy deteriorada, no se terminó de instalar el drenaje sanitario, las calles están destrozadas, llenas de baches y “pareciera que seguimos siendo una delegación, pues las autoridades les han dado prioridad a intereses personales que atender lo que realmente es necesario”.

Finalmente, destacó que no está peleado con el desarrollo económico, sino por el contrario, toda inversión es positiva, siempre y cuando se respeten los lineamientos ambientales para que Puerto Morelos realmente crezca.

“Con todos los miles de cuartos hoteleros autorizados, decenas de proyectos que se pretenden hacer adicionalmente, el arrecife que forma parte de la Barrera Mesoamericana, se verá más afectado porque la carga y los residuos se van para allá, la misma naturaleza, los ríos subterráneos van a llevar la contaminación para ese lugar», concluyó.

El triste panorama actual del municipio es expuesto de manera breve pero certera por la bióloga marina Noemí Espinosa, en respuesta a un mensaje de Twitter de Laura Fernández que presume las “bellezas” de Puerto Morelos previo a la aprobación del PDU: “arrecifes, manglar, selva que cavaste su tumba entregándolos a empresarios al aprobar en un madruguete cobarde, el PDU de Puerto Morelos sin transparencia”.

 

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La “herencia maldita” de Laura Fernández Piña

 

  • Convertir a Puerto Morelos en una ciudad sobre densificada y con mala calidad de vida por el aumento de la contaminación, el tráfico, la basura, la violencia e inseguridad, afectando drásticamente los importantes recursos naturales que existen.
  • Contrató 57 millones de pesos en créditos durante sus dos administraciones, dejando al municipio endeudado.
  • Incremento en los delitos de alto impacto en Puerto Morelos
  • Endeudamiento público
  • No hay universidades
  • No cuentan con un relleno sanitario
  • Carecen de un drenaje sanitario óptimo
  • No tienen un hospital y cualquier paciente que requiera atención con urgencia, tiene que ser trasladado a Playa del Carmen o a Cancún.
  • El arrecife cada vez está más afectado por la contaminación debido a la carencia de plantas de tratamientos.
  • No logró la denominación de Pueblo Mágico para Puerto Morelos.
  • Pese a la inversión de 20 millones de pesos para mejorar el casco antiguo, en base a información de Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Morelos, el municipio no logró la insignia, en donde se calificó mejoramiento de imagen, señalización turística, cableado subterráneo, mercados y calidez de los habitantes, entre otros puntos.
  • Tras su reelección, pidió un préstamo a Banorte por 19 millones de pesos para cubrir “necesidades de corto plazo” y posteriormente pidió otro por 23 millones de pesos, por insuficiencia presupuestal.
  • La Auditoria Superior de la Federación (ASF) expuso que el Ayuntamiento no fue transparente en el ejercicio de 90 millones 330 mil pesos que le asignó la Federación en 2017.