El Ayuntamiento se niega a reconocer el mandato de un juez para suspender la aplicación del PDU promovido por Laura Fernández Piña; mientras esperan su resolución al menos 15 amparos, siguen adelante los procesos para autorizar polémicos desarrollos que pondrían en grave riesgo el ecosistema del municipio

 

SALVADOR CANTO

La corrupción e impunidad han caracterizado las dos primeras administraciones que ha tenido el nuevo municipio de Puerto Morelos, encabezados por el mismo personaje, Laura Fernández Piña, quien en su ambición por el poder, con el beneficio adicional de la inmunidad que otorga el fuero, en esta última etapa dejó el cargo en pos de una diputación federal.

Sin embargo, antes de pedir licencia, entregó un cheque en blanco a empresarios, hoteleros y desarrolladores, al aprobar en “fast track” el Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Puerto Morelos (PDUCPPM) 2020-2030, sin tomar en cuenta las opiniones de académicos, científicos, organizaciones, ciudadanos y especialistas que en su momento advirtieron sobre múltiples irregularidades y un diagnóstico impreciso y que no se apegaba a los lineamientos federales de protección al medio ambiente, en virtud de que dicho documento considera la construcción de hoteles en la costa de hasta 10 niveles y zonas habitacionales más densas en las próximas décadas.

Por esa razón, y ante la cascada de amparos que se han promovido en contra de un documento que en esencia debería de ser la directriz del Desarrollo Urbano, el Juzgado Segundo de Distrito a cargo de Gerardo Vázquez Morales –ante quien recayeron algunas de esas demandas, entre ellas la promovida por la ciudadana Marbella de los Ángeles Caamal Can como se establece en el expediente 418/2021 consultado por El Despertador de Quintana Roo en la lista de estrados– determinó emitir una suspensión provisional tras ser acreditado jurídicamente el daño inminente e irreparable del tan cuestionado PDU y por tratarse de un tema de trascendencia colectiva que afecta los derechos de todos los portomorelenses, con lo cual concedió la Protección de la Justicia Federal para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto no se revise el fondo del asunto, y para ello se ha ingresado el expediente a un análisis jurídico para que se dé una resolución definitiva.

Mientras tanto, el gobierno municipal está obligado a cancelar la emisión de permisos, autorizaciones, licencias de construcción y edificaciones vinculadas a dicho PDU a pesar de que ya haya sido publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de marzo (siete días después de aprobado por el Cabildo).

A pesar de ello, en completa violación a una orden federal, el actual secretario municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, Rolando Leonel Melo Novelo, quien ni siquiera radica en ese municipio y además cuenta con un negro historial en Benito Juárez donde ha fungido también como secretario de Ecología y Desarrollo Urbano durante la administración de Paúl Carrillo, asegura que el PDUCPPM se encuentra vigente y que hasta la fecha “no existe ningún recurso legal que impida su aplicación”.

Cabe decir que incluso en enero pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), advirtió que ese PDU que todavía estaba en “análisis”, no daba cumplimiento a las disposiciones básicas y que carecía de criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable, lo que representaba en esas condiciones una completa violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 

Piden a Semarnat desconocer el PDU

Diversas organizaciones civiles de Puerto Morelos solicitaron oficialmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que así como actuó con el PDU del municipio de Tulum, haga lo mismo y no sólo desconozca, sino también invalide jurídicamente el Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, pues se fomenta el turismo masivo, el crecimiento urbano desproporcionado y obras sobre manglares, entre otras cosas que afectan al medio ambiente.

Mediante una misiva enviada a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, le solicitan su intervención para frenar ese PDU que pone en riesgo el equilibrio local y compromete la preservación de ecosistemas, además de que hacen hincapié en la ausencia y parcialidad de la participación ciudadana, con personajes convocados a modo para avalar el anteproyecto elaborado por el ayuntamiento de Puerto Morelos, aunado a que su aprobación fue “en lo oscurito”, a unos días de que la presidenta pidiera licencia.

Los colectivos firmantes argumentan que el PDU aprobado por el Cabildo fomenta el turismo masivo, el crecimiento urbano desproporcionado y además tolera obras sobre manglares que, en conjunto, ponen en riesgo los ecosistemas costeros, hídricos y parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) que es la base económica del municipio.

Incluso –de acuerdo a lo expresado por miembros de algunos de los grupos–, la Semarnat no tiene pretexto para no actuar ante esta petición, pues la propia instancia federal en enero pasado advirtió al gobierno municipal que el PDU contravenía el marco ambiental y no había garantizado la participación ciudadana, por lo cual debía ser reajustado, señalamiento que nunca fue atendido, pues las autoridades encabezadas por Laura Fernández argumentaron que no estaban obligadas a ello.

Entre los puntos importantes que establecen los diversos colectivos –como Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIIDE), Flora Fauna y Cultura de México (FFyCM), Voces Unidas de Puerto Morelos, Transparencia por Quintana Roo, Puerto Morelos Sustentable, Movimiento Latitud 21, entre otros–, y por los que piden la intervención de la Semarnat, es que el PDU aprobado por el Cabildo, convierte al Casco Antiguo en un uso de suelo Turístico Condominal (TC) que no existía en el PDU 2009, pero en la versión 2020-2030 casi todo cae en esta categoría, lo cual provocará un gran impacto urbano en la capacidad de carga de los sistemas de infraestructura.

De igual manera explican que se sobredensifica toda la zona costera, poniendo en riesgo al manglar y al arrecife de coral que han sido durante décadas la base de la calidad de vida de la población.

También advierten que otro tema grave es que este PDU “a modo” es que permite construir en zonas inundables lo mismo viviendas que comercios, lo que contraviene el propio Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) vigente, el cual establece que no se podrán desarrollar vivienda o cabañas en zonas con ese tipo de riesgo.

 

Amparos, recurso para salvar Puerto Morelos

Son más de 15 demandas de amparos las que han presentado asociaciones y ciudadanos de Puerto Morelos para frenar el PDU 20-30 autorizado por Laura Fernández Piña, antes de pedir licencia para buscar una diputación federal.

“Quienes amamos Puerto Morelos y apreciamos su belleza natural y cultural celebramos la suspensión provisional del PDU que pretende convertir a nuestra comunidad en un centro de carga, turismo masivo y desigualdad social”, afirmaron miembros del colectivo Puerto Morelos Sustentable.

En un mensaje posteado en sus redes sociales, agradecen profundamente a la comunidad Maya que levantó su voz, pues afirman: “nos inspira y nos demuestra que Puerto Morelos es un pueblo que permanece con el corazón puesto en la conservación, protección y en la pronunciación de una vida digna e incluyente”.

En medio de todo esto, en la lista de estrados del Juzgado Segundo de Distrito que encabeza el licenciado Gerardo Vázquez Morales, ante quien recayeron varios de los amparos, el pasado 4 de mayo decretó una suspensión provisional relativo al expediente 418/2021 asignado a la demanda interpuesta desde el 20 de abril por la señora Marbella de los Ángeles Caamal Can en contra del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en donde el acto reclamado es en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, de forma específica, la iniciativa, discusión y aprobación del decreto publicado el 5 de marzo del 2021 respecto al PDU 2020-2030 de Puerto Morelos.

Dentro de las diversas síntesis establecidas en los pronunciamientos que ha hecho el juez de la causa y que están plasmadas en las publicaciones de la lista de estrados, la autoridad estableció la formación del incidente de suspensión una vez admitida la demanda de amparo promovida contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos y conforme a lo establecido en la ley, se fijó que la celebración de la audiencia incidental será el 19 de mayo a las 09:05.

No obstante, en la explicación que da el juez hay dos puntos importantes que deben de tomarse en cuenta: el primero es que al haber ya un acto consumado, es decir, que el PDU ya fue aprobado por el Cabildo e incluso publicado en el Periódico Oficial del Estado, se negó la suspensión provisional a la quejosa en virtud de que dicho incidente tiene por efecto salvaguardar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, inclusive, de ser posible, restituir al quejoso temporalmente y no definitivamente los derechos legítimamente tutelados que le fueron violados.

Sin embargo, en un segundo apartado de forma tajante el juez procede a conceder la suspensión contra los citados actos reclamados, pues la quejosa aduce un interés legítimo establecido dentro del Artículo 131 de la Ley de Amparo, que expone que la esa determinación es procedente cuando el quejoso que lo solicita aduce esa regla, aunado a un daño inminente e irreparable que traería la negativa de la suspensión.

“En el caso, se observa que Marbella de los Ángeles Caamal Can acudió al juicio de amparo como residente de Puerto Morelos y como miembro de la comunidad maya, por lo que, refiere, actúa en ejercicio de un interés legítimo y por lo tanto, se concluye que procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es: A. Se suspenda la emisión de permisos o autorización, licencias de construcción y edificaciones basadas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030, que en su caso las autoridades responsables hayan emitido bajo esos parámetros”, se entiende en el dictamen del Juez Vázquez Morales.

En otro punto, el juzgador aclara que si se otorgan permisos, licencias o autorizaciones, deberán ser conforme al programa anterior o en concordancia con la Norma Oficial Mexicana NOM- 022-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar y la diversa Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, denominada Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

Y por lo tanto, si se llegase a dar el caso de que se hayan otorgado autorizaciones con el PDU aprobado, se deben  suspender todas las actividades vinculadas con obras civiles hasta que la autoridad responsable reciba notificación sobre lo que se resuelva en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal.

Finalmente, el Juez insiste que “la presente medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la Ley concede al juzgado y para conservar la materia del juicio de amparo”. Cabe decir que otro amparo que analiza dicha autoridad relacionado con el mismo caso es el 430/2021, promovido por Silvia Cristina Moreno Valdez, pero ese aún no tiene resolución alguna.

 

Gobierno poco transparente y corrupto

 

Para diversos grupos y colectivos de ambientalistas de Puerto Morelos, la suspensión provisional que otorgó el Juez Segundo de Distrito es una buena notifica porque se trata de un PDU irregular y plagado de inconsistencias.

María del Carmen Rivas, directora del Parque Nacional de Puerto Morelos, estima que existen más de 15 amparos, lo que refleja la amplia inconformidad que generó su aprobación.

“El amparo es una de las herramientas jurídicas que están funcionando y eso es positivo porque refleja que realmente dicho documento está mal desde origen”, expresó.

Por su parte, Luz María Guzmán, integrante de Puerto Morelos Sustentable, esa suspensión provisional que concedió la autoridad federal “nos da el tiempo suficiente para que tanto los académicos como los colectivos y ciudadanía se puedan seguir expresando, y pedimos que se vuelva a hacer una consulta para que se tenga la oportunidad de participar y recomponer todo lo que está mal dentro de ese documento aprobado ‘en lo oscurito’ por el gobierno municipal”.

Es importante remarcar que con dicha suspensión el gobierno de Puerto Morelos está obligado a cancelar la emisión de permisos, autorizaciones, licencias de construcción y edificaciones al amparo de dicho PDU que impulsó a toda prisa y sin reparo Laura Fernández Piña, ahora en campaña para una diputación federal.

Para especialistas y ciudadanos, es necesario que se frene dicho documento y se analice cómo el desarrollo urbano desmedido ya ha puesto en jaque al ecosistema local, afectando severamente los arrecifes y las dunas costeras.

De acuerdo con Adrián Hernández Chavero, miembro de Transparencia Puerto Morelos, en todo el estado hay demasiadas construcciones que están por aprobarse que rebasan los límites de sus PDU, lo cual es un error recurrente y “eso no lo podemos permitir aquí, estamos en píe de lucha por nuestros derechos y para tratar de detener un plan forjado de manera errónea desde origen”.

Para decenas de pobladores de Puerto Morelos, que se elevó a la categoría de municipio hace cinco años y que antes dependía directamente de Benito Juárez, incluidas las directrices de planeación, son muchos los errores que se han cometido en cuanto al crecimiento urbano y no es posible que ahora con un PDU propio se quiera continuar con esas malas prácticas generada por la corrupción de funcionarios del Ayuntamiento, comenzando por Laura Fernández quien lo encabezó en dos periodos, pues a unos días de pedir licencia y sin atender los múltiples señalamientos de ciudadanos, especialistas y organizaciones ambientalistas, apresuró la aprobación de dicho documento.

 

Académicos de la UNAM advierten riesgos del PDU

Si bien por cuestiones de política se reservan de hablar más sobre el tema, pues afirman que ese asunto del PDU le compete aprobarlo o no al gobierno municipal, académicos de la Unidad de Sistemas Arrecifales (UASA) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM con sede en Puerto Morelos, afirmaron que ellos revisaron la propuesta de actualización de dicho plan, incluso antes de que fuera sometido a Consulta Pública pero no se tomaron en cuenta sus observaciones.

Al respecto, el Dr. Marco Antonio Villanueva Méndez, jefe de dicha Unidad Científica, compartió con El Despertador de Quintana Roo el documento oficial membretado con el logotipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que presentaron en su carácter de académicos desde diciembre pasado al Cabildo.

En el texto, de forma directa exhortan al gobierno de Puerto Morelos a no aprobar dicha versión del PDU y recomendaron una revisión formal de la propuesta, a fin de lograr un documento más respetuoso con la población y el medio ambiente, que asegure su sostenibilidad y que incluya los aspectos sociales económicos y ambientales.

De hecho, se plasma que “los Académicos de la Unidad de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM consideramos que el modelo de desarrollo que se plasma en el documento es incompatible con un desarrollo social de calidad y ambientalmente sostenible”.

Y se agrega: “considerando los elevados riesgos que el esquema de desarrollo propuesto implica para el bienestar de la población, pero también de los ecosistemas costeros del Municipio de Puerto Morelos, por ello solicitamos de la manera más atenta que dicho PDU propuesto, sea retirado de la Consulta Pública a fin de que pueda ser adecuadamente modificado y que garantice un desarrollo urbano y ambiental sostenible asegurando el derecho de la población a un medioambiente sano”.

Otro punto observado por los académicos de la UNAM es que el problema de fondo radica en que se planteó un programa desarrollista basado en un esquema de alta densidad urbana/hotelera y de actividad industrial/comercial masiva, con nulo apego a los lineamientos de sustentabilidad que determinan las leyes federales y estatales sobre la relación entre el desarrollo urbano y el entorno ambiental.

En este contexto, en el documento se remarca que en dicho PDU la sustentabilidad social y ambiental quedó relegada al beneficio económico y se advierte que además es indiferente a los severos impactos ambientales que este tipo de desarrollo causa directa o indirectamente a los ecosistemas costeros y de tierra adentro como selvas del área de influencia del centro urbano.

También observaron que el PDU contempla la construcción de cientos de miles de viviendas para el año 2030, ignorando la realidad ambiental y social del municipio y esa sobredensificación urbana es incompatible con el objetivo de preservar adecuadamente los valores culturales y ambientales de Puerto Morelos.

En resumen –se agrega– cualquier consecuencia o riesgo social o ambiental que deriven de dicha sobredensificación fueron simplemente ignorados a lo largo de todo el documento, aunado a que está plagado de muchos defectos técnicos y de contenido, así como de numerosas incongruencias e inexactitudes en prácticamente todos los temas importantes contemplados, lo cual es grave porque se trata de un documento que pretende convertirse en la directriz del desarrollo urbano del municipio y por lo tanto, tendría que haber sido objeto de una profunda revisión y nuevos análisis mucho más rigurosos tanto de los riesgos como de sus posibles consecuencias medioambientales y sociales.

Finalmente, los académicos resaltan en el documento que desde 1982 la UASA ha formado parte integral de la comunidad de Puerto Morelos con gente que tiene conocimientos y capacidades altamente especializados en materia de ecosistemas tropicales y por esa razón es que forman parte entusiasta y participativa del comité ciudadano para la actualización del PDU, aportando su opinión técnica siempre en defensa de la sostenibilidad del ambiente costero; sin embargo, “nuestra opinión tiene sólo un carácter consultivo como la de todas las que se vierten en un consejo que no decide y aprueba, sólo opina y los responsables de la formulación e integración del programa son exclusivamente las autoridades que generaron un documento siguiendo sus propios criterios, sin tomar en cuenta a la mayoría de nuestras opiniones, como por ejemplo, se ignoró nuestra petición de no presentar este PDU a Consulta Pública hasta no hacer una revisión integral al programa”.

 

Nuevo director de Desarrollo Urbano metió las manos

De acuerdo con vecinos de Puerto Morelos, hasta principios de diciembre pasado había la intención de hacer las modificaciones y cambios al proyecto con base en las observaciones hechas por académicos y organizaciones civiles, pero adentro del Ayuntamiento hubo mucha presión de un grupo de empresarios inmobiliarios y hoteleros, quienes incluso fueron los que propusieron la llegada de Rolando Leonel Melo Novelo, hijo de Guadalupe Novelo Espadas, a la dirección de Desarrollo Urbano de dicho municipio.

Su nombramiento no fue una ocurrencia sino una imposición, porque la misma Laura Fernández Piña conoce las habilidades de Melo Novelo para manipular los PDU, como ya lo hizo en Benito Juárez en donde fungió como secretario de Ecología y Desarrollo Urbano en la administración de Paúl Carrillo, incluso sabe de “legitimación” de tierras, pues durante parte del gobierno de Roberto Borge Angulo fue delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en esta ciudad.

En Cancún, Melo Novelo fue denunciado por emitir una autorización para la construcción del hotel Riu Riviera Cancún, en virtud de que ese proyecto todavía no contaba con permisos federales, que es un requisito indispensable para la licencia de construcción.

Y justo con esa probada experiencia para manipular expedientes y otorgar licencias sin los permisos correspondientes, el ahora titular de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos sale a la defensa del PDU y niega que exista impedimento legal alguno para que se pueda usar.

De hecho, en reciente entrevista, dicho funcionario que radica en Cancún pero trabaja en Puerto Morelos, aseguró que “el PDU 2020-2030 es el primer instrumento de planeación urbana propio de este novel municipio y su objetivo principal es sentar las bases del desarrollo urbano sostenible en un periodo de 10 años hacia el futuro” (sic).

Incluso, aseguró que dicha norma se formuló de acuerdo con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, y sostuvo que guarda congruencia con el marco de planeación federal y estatal, al considerar que compatibiliza los criterios en materia de regulación ambiental de los asentamientos humanos conforme a la legislación ambiental en la materia.

Todas estas aseveraciones son completamente opuestas a lo que con conocimiento y causa señalan académicos, científicos y organizaciones sociales de Puerto Morelos, lo que deja en claro que el titular de Desarrollo Urbano lo único que busca es confundir a la ciudadanía, pues insiste falsamente en que el PDU aprobado está vigente y firme, ya que desde su punto de vista, no hay ningún mandato judicial ni recurso legal que impida su aplicación.

Y en medio de todo esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya analiza los permisos ambientales para un hotel de 407 habitaciones, cuya inversión asciende a 90 millones de dólares para el municipio de Puerto Morelos.

De acuerdo a información de la misma gaceta ecológica de la dependencia federal, el proyecto consiste en un conjunto modular de cuatro niveles cada uno, con áreas techadas y no techadas, ubicadas dentro de la poligonal del proyecto El Cid.

Esto ha encendido los focos de alerta de los grupos de ambientalistas de dicho municipio, pues podría tratarse del primer proyecto con el nuevo PDU, y allí radicaría la prisa de Laura Fernández Piña para aprobarlo antes de solicitar licencia.

Otro de los proyectos que podrían verse beneficiados con ese PDU a modo son los que se han pretendido durante muchos años en un polígono denominado “Milla de Oro”, localizado después del hotel Moon Palace hacia Puerto Morelos y en donde hay muchos interesados en desarrollar hoteles como la cadena Marriot e incluso la firma Desarrollos Turísticos Paso Victoria, que ha buscado urbanizar un área de 420 hectáreas en esa parte, aunado a los intereses existentes de los dueños de un conocido medio de comunicación de circulación estatal.