PROGRAMAS FEDERALES: TRIUNFA LA CORRUPCIÓN

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Plagados de irregularidades, entre opacidad, desorden, amiguismo y desvío de recursos, los esquemas de apoyo de la 4T para combatir la desigualdad han terminado por convertirse en una mera arma de clientelismo electoral

 

SALVADOR CANTO

 

A pesar de que la presente administración federal ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra la corrupción, este flagelo, aunado a la poca transparencia, el desorden, el clientelismo, el desvío de recursos y el amiguismo han prevalecido en el caso de los programas sociales en Quintana Roo, en donde la propia Secretaría del Bienestar se ha visto rebasada y a través del delegado de Programas Federales, Arturo Emiliano Abreu Marín, han hecho oídos sordos a los constantes reclamos de la gente.

Desde la zona sur hasta el norte del Estado son al menos ocho los programas que se aplican bajo esquemas y lineamientos que no se cumplen ni en la estrategia, ni en la forma real para el cual fueron creados por el gobierno federal, lo que ha generado inconformidad entre ciudadanos, pues se han usado como mero clientelismo electoral.

Uno de los programas que más polémica e inconformidad ha generado en la entidad es el Crédito Ganadero a la Palabra, que la última vez que se aplicó fue en el 2019, pero no se cumplieron al píe de la letra los lineamientos de la entrega completa de los apoyos para dicho sector productivo coordinados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y como pretexto de la pandemia, ya hasta desapareció.

Otros son el de Sembrando Vida y el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; en éste último existen acusaciones de que hay personas inscritas que desafortunadamente ya fallecieron y el recurso aún se continúa depositando, pero la familia del beneficiario no lo recibe.

El Despertador de Quintana Roo buscó al llamado superdelegado de los programas federales, pero en su oficina localizada en la calle Huachinango, atrás del Ayuntamiento de Benito Juárez, se informó que por el momento el funcionario no está dando entrevistas a la prensa “por el tema sanitario” y que cualquier información relacionada con los programas sociales tendría que ser requerida a la propia Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México.

Recientemente, especialistas en temas de transparencia alertaron a nivel nacional que por lo menos en seis programas sociales del gobierno federal hay riesgo de que se cometan actos de corrupción porque sus padrones de beneficiarios son poco transparentes, no hay claridad en el proceso de entrega de recursos, no hay mecanismos de control ciudadano, no hay reportes periódicos sobre el gasto público, entre otras fallas.

En Quintana Roo otros de los programas que se aplican son los de Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.

 

Crédito Ganadero a la Palabra, cadena de un gran fraude

Para decenas de productores bovinos de Quintana Roo, la forma en que operó el programa Crédito Ganadero a la Palabra tiene un gran tufo a corrupción que involucra a funcionarios estatales, federales y de agrupaciones ganaderas de la zona sur, aunado a que de entrada se ha incumplido con las reglas de operación, asignación y entrega de apoyos originales.

De acuerdo con el productor Horacio “N” de Felipe Carrillo Puerto, cuando él se inscribió en el programa en el 2019 se le ofreció la entrega de 10 vientres y un semental, cada uno con un peso superior a los 350 kilogramos.

Sin embargo, cuando le avisaron que su apoyo había llegado, solamente le dieron cuatro vientres que tenían un peso que no llegaba ni a los 250 kilogramos cada uno y el valor era superior a los 16 mil pesos por cada animal.

“Yo los hubiera conseguido a menos de la mitad del precio, pero como estaban dentro del paquete de apoyo me hicieron firmar un documento con la institución crediticia que es el FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) avalado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y no tuve de otra”, explicó.

Cabe decir que FIRA es la institución que provee el dinero para la adquisición de los vacunos y el acuerdo es a través de un esquema revolvente de entrega de triponas (vacas preñadas) y además un semental para que la reproducción continuara, a fin de garantizar la recuperación de crías para futuros beneficiarios con el objetivo de incrementar la producción, pero el paquete no se entrega completo.

Justo ahí es donde viene el fraude, pues alguien se pudo haber quedado con los demás animales o con la mayor parte del recurso destinado al programa, que fue frenado bajo el argumento de la pandemia.

No obstante, los dardos apuntan a que el responsable de todo este entresijo fraudulento es el actual encargado del despacho de la Sader, Florencio Song Solís, quien hasta el año pasado fungía como presidente la Unión Ganadera Regional (UGR), organización de la cual fue destituido por malos manejos, pero a pesar de ello fue nombrado funcionario federal.

Y uno de estos malos manejos fue precisamente el programa Crédito Ganadero a la Palabra, en el cual se contempló una inversión de 16 millones de pesos para adquirir mil vaquillas en apoyo a los pequeños productores de Quintana Roo.

Sin embargo, finalmente sólo fueron entregadas dos, tres y hasta cuatro vaquillas con un peso menor a los 300 kilos, cuando las reglas de operación indicaban que debieron ser 10 vaquillas y un semental de registro para mejorar la genética en los ranchos locales.

El Despertador de Quintana Roo habló con líderes ganaderos de la zona norte, particularmente de Isla Mujeres y Benito Juárez, Servando Guzmán y Jaime Alcaraz respectivamente, quienes afirmaron que este apoyo fue canalizado más hacia las áreas rurales del sur del estado y en el norte únicamente se otorgó a unos cuantos productores de Lázaro Cárdenas, y se enteraron de que ahora por el tema del COVID-19 desde el año pasado no se ha vuelto a reactivar e incluso que el programa ya fue cancelado.

En ese contexto, se buscó al actual líder de la UGR, Sergio Crisanto Morteo, quien vía telefónica dijo desconocer el número exacto de reses entregadas, así como el número de beneficiarios hasta el momento, pero reconoció que no hubo apoyo para todos y eso generó mucha inconformidad.

Al preguntarle sobre quiénes son los proveedores de los animales y cuál sería el monto aproximado que se les otorgó a los beneficiarios, pues se le planteó que había inquietud de algunos productores de que podría haber fraude al respecto y que alguien se estuviera llevando una tajada del costo del ganado, el dirigente ganadero tartamudeó y pidió que se le llamara al día siguiente porque tenía una reunión y el día acordado ya no contestó las llamadas ni los mensajes enviados al respecto.

 

Ni revisión ni transparencia

Recientemente, expertos de Transparencia Mexicana, Fundar y otras organizaciones sociales advirtieron sobre la posibilidad de casos de corrupción en los diversos programas federales por la falta de claridad y la manera en que se entregan los recursos, sin que haya inspección alguna en todo el país.

Y estas inquietudes abarcan también a Quintana Roo, en donde las autoridades federales, particularmente el superdelegado de los Programas para el Desarrollo en la entidad, Arturo Abreu Marín, hacen oídos sordos.

Los especialistas sostienen que no existe claridad en el proceso de entrega de recursos, tampoco hay mecanismos de control ciudadano, ni hay reportes periódicos sobre el gasto público, entre otras fallas.

La alerta va enfocada a programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior, la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, así como el mismo Crédito Ganadero a la Palabra que ya fue suspendido.

En un reporte emitido durante un foro abierto realizado en el mes de marzo pasado, los expertos en el tema de transparencia señalaron que otra deficiencia dentro de estos programas tiene que ver con los denominados Servidores de la Nación, que son las personas que promueven los programas sociales federales y registran a quienes podrían ser beneficiarios.

Lo anterior, porque no hay una claridad sobre su cadena de mando, así como de los resultados del Censo del Bienestar que ayudaron a conformar.

“Los riesgos de corrupción en todos los programas sociales de esta administración, o incluso de previas, suceden cuando no hay elementos de transparencia proactiva, de rendición de cuentas, de control, de fiscalización y de participación ciudadana”, dijo Paola Palacios, coordinadora del Programa y Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana.

De acuerdo con Alfredo Elizondo, coordinador general de GESOC, respecto al padrón de beneficiarios en programas como Sembrando Vida, Construyendo el Futuro y Pensión para personas con discapacidad, el análisis concluyó que este ha sido poco transparente, pues han existido deficiencias en la construcción del mismo y ha habido poca claridad sobre los procesos de confronta de padrones para identificar duplicidades entre programas.

Esto se suma –dijo– a los problemas identificados dentro de su operación, donde se realizó la entrega de transferencias monetarias a beneficiarios que no se encuentran bancarizados o que no pueden acceder a medios electrónicos de transferencias, además de que existe ausencia de información sobre procesos de comprobación de entrega de beneficios y no existe un proceso abierto y transparente para seleccionar a los bancos que dispersan los recursos.

 

Desaparecieron programas y crearon otros a conveniencia


En su momento y por considerarlos “fuente de clientelismo y de corrupción”, el gobierno de la República eliminó los programas de Empleo Temporal (PET) que estaba a cargo de SCT, Sedesol y Semarnat; Comedores Comunitarios, a cargo de Sedesol; Apoyo al Empleo (PAE), a cargo de la Secretaría del Trabajo; 3×1 para Migrantes; Concurrencia con las Entidades Federativas; Fomento Ganadero; Apoyos a la Comercialización; Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad; Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, de la Semarnat; Atención a Jornaleros Agrícolas.

Así como también el Programa de Coinversión Social; De Apoyo a las infancias de Mujeres; Proméxico; Fondo Nacional del Emprendedor; Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y del Patrimonio; IMSS-Prospera; Atención a Personas con Discapacidad; Abasto Social de Leche, de Liconsa; Abasto Rural, de Diconsa; el Fondo Nacional del Fomento a las Artesanías; Inclusión Social; Sistema Nacional de Investigadores y Seguro México Siglo XXI.

Con todo esto, se le dio entrada a los programas de Pensión a adultos mayores; Pensión a personas con discapacidad; Producción para el bienestar agrícola; Apoyo a la juventud con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; Tandas para el bienestar; becas para alumnos de educación básica, media superior y superior.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Escuelas de Tiempo Completo; Seguro de vida para jefas de familia; Programa Nacional de Becas; Programa para el Desarrollo Nacional Docente; Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”; Programa de Prevención de Riesgos, Consolidación de Reservas Urbanas; Programa de Mejoramiento Urbano; y el de Reconstrucción y Crédito Ganadero a la Palabra.

De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, estos programas se pusieron en marcha sin contar con los mínimos criterios de eficiencia operativa y aunque sobre la marcha se atendió la situación, permitió que desde su arranque existieran irregularidades y con el tiempo sean iguales o peor en donde predomina el clientelismo y la corrupción.

Otro programa desaparecido pese a su cobertura nacional y la atención que proporcionó a más de 53 millones de personas durante 15 años, fue el del Seguro Popular, el cual fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero su operación no ha sido del todo transparente e incluso ha generado graves problemas en las familias porque no hay medicamento suficiente en los hospitales y ahora con la pandemia por COVID-19 la situación es aun peor.

El diputado Eduardo Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Ganadería, recientemente lamentó que el gobierno de la República haya desaparecido de un plumazo 17 programas relacionados con la ganadería y agricultura bajo el pretexto de la pandemia y por eso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 ya no fueron incluidos Crédito Ganadero a la Palabra; Fomento Ganadero; Capitalización Productiva Pecuaria; Trazabilidad Individual Ganadera; Estrategias para la Cadena Productiva; Sustentabilidad Pecuaria; Proyectos Estratégicos con Valor Agregado con Ventanilla Federal; Investigación y Desarrollo Tecnológico Pecuario; Repoblamiento de Ganadero Infectado con TB; Repoblamiento de Abeja Reina; Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcicola; Fomento a la Ganadería y Normalización de los Productos Pecuarios; Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Sector Rural; Agrosemex; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Fondo de Capitalización e Inversión Rural y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura.

 

Fraudes a la orden del día

La zona sur del Estado es donde más riesgos de fraudes y corrupción existen dentro de los diversos programas federales y pese a la condiciones, la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo no ha actuado ni presentado las demandas correspondientes.

Únicamente a través de sus redes sociales han lanzado “alertas”, reconociendo que han detectado estafadores pidiendo un “diezmo” para lograr ser beneficiario de los programas, entre ellos uno de vivienda que se aplica desde el año pasado.

En ese informe, la autoridad federal le pide a la población no proporcionar ningún peso a la gente que les ofrezca inscribirlos en los diversos programas sociales como el de vivienda para mejorar o ampliar, con recursos de hasta 90 mil pesos por familia, el cual surgió como apoyo durante la contingencia por COVID-19 por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregando subsidios de entre 35 y 90 mil pesos para mejorar o ampliar viviendas en 69 municipios de 15 estados, en donde está contemplado Quintana Roo, únicamente con el municipio de Othón P. Blanco.

No obstante y a pesar de que la autoridad afirma haber detectado casos en donde “algunas personas” a través de los números telefónicos 9831354176, 9837325498 y 9995041411 piden un pago o adelanto para incluir a una familia en el programa federal que otorga subsidios para remodelación o ampliación de vivienda, no ha interpuesto denuncia alguna y eso los convierte en cómplices de dicha estafa.

 

Funcionarios les sacan provecho a sus cargos

Y dentro de todo este andamiaje de corrupción en las dependencias federales existen casos en donde funcionarios se han aprovechado de sus cargos, que les permiten tener una base de datos sensible, como es la necesidad de las familias, para usarlas como elementos para el clientelismo electoral.

Uno de los casos concretos fue el utilizado por Juanita Alonso Marrufo, quien tras haber sido coordinadora de los programas sociales en Cozumel hoy es la presidenta municipal electa.

La realidad es que en todos los municipios de Quintana Roo este tipo de información fue usada para favorecer a los candidatos de Morena, pues hubo cierta presión hacia las familias y a otras más se les ofreció inscribirlas a los programas si garantizaban el voto a los candidatos de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

De acuerdo con el señor Roberto Lanzagorta, comerciante de una zona popular de Cancún, durante la campaña lo fueron a ver promotores de la Secretaría del Bienestar para ofrecerle inscribirlo a los programas sociales una vez pasada la contienda electoral, pero para ello debería de apoyar a los candidatos emanados de Morena.

“La verdad que acepté sin problema, pues me han facilitado inscribirme al programa de pensión para adultos mayores sin tener que ir a hacer el trámite a las oficinas”, platicó.

El Despertador de Quintana Roo se presentó a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Benito Juárez, ubicadas en la avenida Yaxchilán, esquina con Uxmal, en donde se preguntó por la coordinadora Ruby Maribel Canto Rosado, pero se informó que se encontraba fuera de la ciudad y además, como se indicó en el caso de Arturo Abreu, se estableció que todo tipo de información de la dependencia debe ser solicitada exclusivamente a las oficinas centrales en la Ciudad de México.

Ahí, una señora que observó que se tomaban fotografías de la fila que había afuera de las oficinas de la Secretaría del Bienestar se acercó al reportero y pidiendo que no se revelara su nombre y que tampoco que se le tomara foto de manera directa a ella, reveló que acudió a hacer un reclamo porque su papá falleció en mayo del año pasado y a pesar de ello, le han llegado notificaciones de que le han seguido depositando el apoyo de adultos mayores, pero desconoce en dónde está ese dinero.

“Lo que me dijeron es que tenía que venir a las oficinas a checarlo, pero ya lo he hecho en dos ocasiones y no me han atendido y la verdad yo no busco que me lo den a mí, sino simple y sencillamente que se aclare la situación, porque mi papá ya falleció”, explicó.

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