SALVADOR CANTO

La larga historia de abusos perpetrados por la clase política de Quintana Roo ha motivado el hartazgo ciudadano y su desinterés de participar en las elecciones, lo que a su vez origina la imposición de administraciones gubernamentales sin la legitimidad que otorga el voto de la mayoría

 

Regido por gobiernos que han privilegiado claras venganzas políticas, persecuciones y acusaciones, durante la corta historia democrática de Quintana Roo los actores políticos no solo han desacreditado completamente a sus partidos, sino también han permitido que la violencia penetre y empañe los procesos electorales para causar temor entre la ciudadanía y evitar, con ello, que salga a votar y lograr que sea la minoría la que determine el triunfo de algún candidato perverso.

El menosprecio de los políticos hacia la gente es común una vez que llegan al poder, y se demuestra con la escasez de obras y un insuficiente trabajo de servicios públicos, así como la falta de políticas que ayuden a resolver el cúmulo de problemas que se presentan en los 11 municipios.

Y elección tras elección es evidente el hartazgo ciudadano hacia los distintos partidos, lo cual se refleja en el abstencionismo de la gente en las urnas, derivado de la enorme estela de incumplimientos, mentiras y descrédito en el que han caído tanto los institutos políticos como sus representantes.

En todos los arranques de los procesos electorales se ha evidenciado que muchos personajes no concluyen el período completo del cargo para el que fueron electos y en su afán de buscar otro, dejan sus puestos a sabiendas de que no han hecho bien las cosas, pues claramente lo que menos les importa es cumplirle al pueblo.

Lo grave de ello es que aún en funciones, dichos personajes que anhelan seguir viviendo del erario utilizan su puesto ya sea federal, estatal o municipal para atacar tanto en público como en privado a quienes consideran sus adversarios, es decir, simulan un pleito con la idea de que la gente crea que ellos harán mejor las cosas y al final de cuentas terminan de la mano, pues sólo les interesa el poder por el poder.

A toda esta podredumbre se prestan institutos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pese a tener ideologías opuestas se han unido en el actual proceso electoral para tratar de recuperar los espacios perdidos por su falta de credibilidad.

A esta lista se suma el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y en donde se decía que no había cabida para políticos corruptos, pero hoy está plagado precisamente de siniestros personajes en todo el país, incluso en Quintana Roo.

En la misma situación se encuentran otros institutos, como los partidos Del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) que tienen en sus filas a personajes de manchada reputación y a los que se le suman los nuevos Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FPM) y Redes Sociales Progresistas (RSP) que son más de lo mismo, junto a Movimiento Autentico Social (MAS), Confianza por Quintana Roo (CQ) y Partido Encuentro Solidario (Pesqroo), aunque a este último, controlado por Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, recientemente el Instituto Estatal Electoral (Ieqroo) le canceló su registro y está en duda su participación en el actual proceso electoral.

Todos los partidos arriba mencionados han admitido a actores desacreditados ante la opinión pública, como Jesús Pool Moo, Raymundo King de la Rosa, José Luis “Chanito” Toledo, Marybel Villegas Canché, Laura Fernández, entre otros conocidos como auténticos “chapulines” de la política, con una clara ausencia de principios, honestidad y compromisos que velan por sus propios intereses, en virtud de que se han aferrado al poder de una u otra manera.

 

Violencia empaña procesos

El asesinato en días pasados de Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero, a quien todos conocían como “Papo”, secretario de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos y fuerte aspirante a la presidencia municipal, mancha de sangre el actual proceso electoral, en una situación que, tristemente, ya se está convirtiendo en algo “normal”.

Es de recordarse que en junio del 2018, durante el anterior proceso electoral, la candidata a regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Isla Mujeres, Rosely “Chely” Magaña Martínez, fue baleada durante acciones de proselitismo y aún con vida fue llevada a un hospital en donde finalmente perdió la vida.

Tales hechos son producto de la enorme corrupción que existe en los actuales gobiernos, que han permitido que la inseguridad avance con toda impunidad, pues prevalecen fuertes intereses de gente perversa que busca controlar los municipios más importantes de Quintana Roo.

“Cuando hay elecciones se unen grupos delictivos y delincuentes de ´cuello blanco´ para financiar campañas de ciertos candidatos a cargos populares, ya que quieren tener control en municipios y estados”, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al caso de Nacho.

 

Gobiernos sin legitimación

Durante las últimas elecciones en la entidad, en 2019, cuando se eligieron diputados locales, de acuerdo con el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), hubo una cifra récord de abstencionismo de 78 por ciento. Se trató –dijo en su momento Mayra San Román Carrillo, titular de dicha dependencia– de una cifra sin precedentes en la historia de la participación electoral del estado.

Eso refleja que muchos de los gobernantes llegan al poder sin la legitimidad que confiere la aprobación ciudadana, pues no existe ninguna ley que limite el triunfo de un candidato a que el porcentaje de votos sea mayor al abstencionismo que siempre ha predominado.

Es por ello que generar temor a través de la violencia posibilita que personas sin preparación lleguen al poder pese a carecer de la aprobación mayoritaria, y que a pesar de su nula capacidad de gestión siguen buscando nuevos puestos, incumpliendo los períodos para los que fueron electos, lo que hace necesario promover una ley que los obligue a ejercer sus cargos hasta el final, antes de permitirles participar en otro proceso electoral.

Por eso, es importante que para el próximo proceso electoral del 6 de junio del 2021, la ciudadanía tome una mejor decisión y si van a salir a votar, lo hagan de manera consciente. Más aun, se requiere una legislación que determine el cumplimiento de un porcentaje mínimo de votación para poder legitimar el triunfo de cualquier candidato.

 

¿Perseguidos, víctimas o delincuentes?

Si bien todo depende de la determinación de los jueces en caso de que se judicialicen denuncias al respecto, a lo largo de la historia es posible apreciar, en varios casos, la perversidad con que los políticos han conducido los cargos de elección popular.

De hecho, a sus 46 años de existencia como Estado Libre y Soberano, en Quintana Roo donde han pasado ocho gobernadores, incluido el  actual que aún no concluye su administración, dos de ellos —Mario Ernesto Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo— están sujetos a procesos penales, el primero ya con una prisión domiciliaria en Chetumal tras haber purgado una condena en Estados Unidos acusado por vínculos con el narcotráfico, y el segundo aún encarcelado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial del municipio de Ayala en el Estado de Morelos, en donde enfrenta diversos procesos judiciales desde el 2018 por delincuencia organizada, lavado de dinero, venta ilegal de bienes públicos y peculado en agravio de los quintanarroenses.

A nivel municipal también se han dado casos de expresidentes municipales que han caído en prisión por el mal manejo de recursos públicos, como los de Juan Ignacio García Zalvidea “Chacho”, Gregorio Sánchez Martínez por acusaciones federales e incluso, mucho antes también pasó lo mismo con el hoy Secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo, quien fue presidente municipal sustituto (1990-1991) luego de que Mario Villanueva Madrid solicitó licencia para buscar la candidatura a senador de la República.

 

 

En ese entonces, Contreras Castillo, al concluir su gestión, se vio envuelto en el denominado escándalo de los “cheques de hule” y pasó varios meses en prisión hasta la llegada de Joaquín Hendricks Díaz a la gubernatura, cuando se le declaró libre de cualquier responsabilidad.

En los libros de la historia también se marca que el ingeniero Rafael Lara Lara al concluir su administración como presidente municipal de Benito Juárez en 1999 fue relacionado con el “Maxi Proceso” o “Caso Cancún” y detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a la Ciudad de México, donde se le aplicó un arraigo domiciliario de 88 días, al cabo de los cuales obtuvo su libertad pues no se le pudo comprobar nada.

En el novel municipio de Tulum también ya existe una historia de descredito político, con el caso de la exalcaldesa Edith Mendoza Pino, quien en el 2012 fue encarcelada tras ser acusada de desempeño irregular de la función pública y desvío de recursos, y aunque quedó en libertad, en este caso quedó asentado que todo fue orquestado por el entonces gobernador, por lo que se consideró su caso como persecución política, en un grave caso de autoritarismo en el cual se violaron las leyes flagrantemente.

 

Partidos carecen de cuadros propios

Desde hace muchos años los partidos políticos tradicionales han dejado de trabajar en la creación de cuadros que respeten y luchen por sus ideales; por el contrario, en cada proceso electoral han recurrido a candidatos exprés o externos para competir, sin importar sus antecedentes, la falta de arraigo ni mucho menos su preparación académica y ética para ocupar un cargo de elección popular.

Lo anterior refleja que únicamente velan por sus propios intereses en busca de amasar enormes fortunas a costa del erario, ya que no existe ningún compromiso y seriedad para servirle a una sociedad cada vez más demandante.

Ejemplo claro de ello es el PVEM, con “figuras” sustentadas en la plutocracia, desde el mismo Jorge Emilio González “el Niño Verde”, y de ahí, la lista local es enorme como Remberto Estrada Barba, Geovani Gamboa, Gustavo Miranda, José de la Peña, Laura Fernández Piña, entre otros más que han llegado a los cargos de elección popular con base en la compra de conciencias mediante tácticas como la entrega de despensas.

Todo ello está muy distante de la verdadera función de los partidos políticos que, en esencia, deberían tener la tarea de convencer a la ciudadanía de participar en las elecciones, pero también sumarla en la discusión y en los procesos de toma de decisiones para la legitimación del sistema, y principalmente encaminar proyectos sociales para la estabilidad social.

 

Abusos de los gobiernos y políticos

Este mismo sistema de gobierno, arropado en los distintos partidos políticos carentes de credibilidad y faltos de congruencia, es el que sin licitación de por medio amplió la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) para prestar hasta el año 2053 el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo, en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y en Solidaridad desde 2015.

Y a pesar de que hoy se rasgan las vestiduras y anuncian que buscarán revocar la concesión, jurídicamente esto es más que complicado por los candados legales que le pusieron al documento los mismos políticos que hoy siguen en el poder y a pesar de ello buscan llegar a otro cargo dentro del próximo proceso electoral.

Otro tema coyuntural de políticos incongruentes es lo ocurrido con el tema de la recolección de la basura en Benito Juárez, otorgada con alevosía y ventaja en la administración pasada de Remberto Estrada para lastimar las finanzas del municipio y de paso, hundirlo en un terrible problema ambiental.

Todo lo anterior refleja la clara incongruencia con lo que operan los gobiernos en turno que han optado por concesionar servicios que por ley les corresponde atender y prácticamente se dedican a labores administrativas y de recaudación.

 

Menosprecio a profesionales locales

En una actitud recurrente que refleja además la falta de sensibilidad y compromiso con la gente local, los gobiernos tanto del Estado como de los municipios, en muchos casos y en una falta de tacto político, optan por importar a funcionarios de otras entidades en lugar de darle oportunidad a la gente local que conoce directamente la problemática de las comunidades y además, tienen acercamiento con las familias.

Tal es el caso de las dependencias de seguridad e impartición de justicia, que muchas veces son ocupadas por personajes de mala reputación en otras entidades del país, pese a no tener ideales y exhibir un evidente menosprecio a los profesionistas locales.

Algunos ejemplos han sido los jefes policiacos Carlos Bibiano Villa Castillo y Jesús Alberto Capella Ibarra, que llegó con el actual gobierno; en ambos casos, en lugar de mejorar el desempeño de la dependencia en beneficio de la ciudadanía, han abonado a que la inseguridad empeore como sucede en la actualidad.

 

Políticos inexpertos, plutocracia

La falta de preparación de muchos políticos que llegan al poder se refleja en administraciones en donde todo se resuelve con dinero, sin importar que para ello tengan que incrementar las deudas tanto de los municipios como del Estado.

Eso es lo que refleja la inmadurez y falta de preparación de políticos hechos al “vapor”, cuyas consecuencias han sido de grave repercusión en la vida pública del Estado y los municipios, que son vistos exclusivamente como “minas de oro” para funcionarios carentes de sensibilidad y compromiso para resolver las problemáticas que enfrenta cada ciudad, en virtud de que su llegada al cargo derivó de la corrupción y no del ejercicio democrático.

Un caso reciente es Remberto Estrada Barba (2016-2018), un júnior disfrazado de político que se convirtió en el presidente municipal más joven de Cancún, quien antes ya había ocupado cargos obtenidos con base en “ oscuros acuerdos políticos” que le permitieron ser regidor, diputado local y diputado federal, en donde su paso fue sin pena ni gloria.

La mejor “arma” de este político incapaz, inexperto e ignorante de la administración pública y del desarrollo social, fue la compra de votos mediante la entrega permanente de despensas que duraron toda su administración, e incluso es vox populi que tras bambalinas quien realmente gobernaba era su mamá, la señora Elvia Barba.

Otro caso similar fue la presidencia de ornato que encabezó Paul Michel Carrillo de Cáceres, alcalde en el periodo 2013-2016, una administración gris y sin sentido, pues quien tomaba las decisiones de todo lo que se tenía que hacer era el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, y prueba de ello es que al terminar su gestión, desapareció de la escena pública.

 

Personajes corruptos que denigran sus cargos

La corrupción e impunidad han marcado y por mucho a la clase política de la entidad, la falta de credibilidad y confianza se evidencia con funcionarios que han dedicado su tiempo a enriquecerse sin pudor en lugar de atender las cada vez mayores problemáticas de la entidad.

Benito Juárez, por ejemplo, a sus 50 años acarrea numerosos escándalos de funcionarios y políticos inmiscuidos en actos de corrupción, y aunque algunos han pisado la cárcel, otros más se han mantenido en completa impunidad.

En el 2004, con Juan Ignacio García Zalvidea hubo un caos mayúsculo en el municipio de Benito Juárez, pues entre las acusaciones en su contra por mal uso de los recursos públicos y su claro interés por llegar a la gubernatura, se desencadenó una disputa por el control del Ayuntamiento tras la renuncia de la mayoría de los regidores de su administración, por lo que el Congreso del Estado simuló el nombramiento de un Concejo Ciudadano que encabezó Marisol Ávila Lagos, ordenado en realidad por el entonces gobernador, Joaquín Hendricks Díaz.

Luego, un juez restituyó a “Chacho” junto con su cabildo, pero se enfrentó con el Concejo, el cual no podía acceder a recursos económicos pese a estar en funciones desde el palacio municipal, pero aún así manejó dinero enviado desde el Estado; mientras, García Zalvidea recibió un reconocimiento explícito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero despachaba desde su casa en Residencial Campestre y tampoco tuvo injerencia sobre los cuerpos policiales.

En los hechos, de los dos gobiernos no se hizo uno y eso generó una crisis económica en el gobierno municipal y hoy muchos de los que formaron parte de aquel capítulo histórico siguen políticamente activos, como Hendricks Díaz, Ludivina Menchaca, Marisol Ávila y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado Verónica Acacio.

Y justo cuando parecía que “Chacho” concluiría su periodo como presidente municipal con el respaldo de la Suprema Corte, su ambición lo hizo renunciar para buscar la gubernatura y dejó el ayuntamiento en manos del tabasqueño Carlos Canabal Ruiz, quien durante los pocos meses que estuvo en el cargo amalgamó una incuantificable fortuna e incluso quiso retrasar la llegada y toma de protesta del siguiente alcalde, Francisco Alor Quezada.

Otro capítulo oscuro ocurrió en el 2010, tras la renuncia de Gregorio Sánchez para buscar la gubernatura (en ese lapso fue encarcelado por acusaciones federales), cuando la presidencia municipal entró en una disputa legal, pues por un lado quería el cargo la entonces primer regidora, Latifa Muza Simón (QEPD) y por otro, con base en la ley lo peleó Jaime Hernández Zaragoza, quien era el suplente de “Greg” y como interino le tocó hacer la entrega recepción al siguiente presidente municipal, Julián Ricalde Magaña.

Sin embargo, justo en el último año de gobierno de Ricalde Magaña, en 2013, se difundió un video a través de Youtube en donde se observó al entonces alcalde recibiendo millones de pesos en fajos de billetes en las oficinas del Ayuntamiento, previo a su toma de protesta.

Dicho video que generó un fuerte escándalo nacional y que evidenció lo putrefacto de la política, fue grabado con una cámara oculta por Hernández Zaragoza en diciembre del 2010 y en su momento Ricalde Magaña admitió dicha acción, pero de manera descarada aseguró que se trató de una “acción normal” porque era dinero de un acuerdo para el proceso de entrega recepción.

 

El eterno gran problema del clientelismo

Como ha sido parte de la historia, de cara al actual proceso electoral han regresado las invasiones para la conformación de colonias irregulares, pese a que esta actividad representa un delito grave mediante la figura del despojo.

En Cancún este tipo de clientelismo ha venido en aumento y prueba de ello es que en la edición 713 de nuestro semanario de noviembre pasado, El Despertador de Quintana Roo denunció públicamente el tema de las invasiones y anticipó lo que sucede actualmente, y pese a que las autoridades en turno saben de la situación, no han hecho nada para atender esta problemática que se vive en las inmediaciones del antiguo relleno sanitario, atrás de Villas Otoch y cerca del Arco Vial.

Cabe señalar que esta práctica fue promovida durante muchos años por el PRI, y ahora se ha convertido en una táctica del gobierno en turno bajo los colores de Morena, es decir, es el cuento de nunca acabar.

Con ello, queda demostrado que a través de una política desaseada, falta de ética, desacreditada y con actores carentes de sensibilidad, Quintana Roo se ha convertido en la cueva de Alí Babá, en una fábrica de millonarios y botín de modernos corsarios a quienes sólo les interesa el dinero y el poder por el poder.

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