Pierde litigio Slim en Bacalar; deberá pagar 60 mdp

De negarse a hacerlo, sería embargado y procesado penalmente; desde 1980 usufructúa un predio del ejido Aarón Merino Fernández, donde está instalada una antena de Telmex

REDACCIÓN

CANCÚN.- El empresario Carlos Slim tendrá que pagar alrededor de 60 millones de pesos por la instalación indebida de una antena de Telmex en un predio del núcleo ejidal Aarón Merino Fernández, en el municipio Bacalar, y de negarse a ello podría ser procesado penalmente, manifestó el representante jurídico Gabino Andrade Romero.

Adelantó que de no pagar en los próximos 15 días lo fijado por un juez, embargarán bienes propiedad de la empresa Teléfonos de México, SAB de CV (Telmex), en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y la Ciudad de México.    

Ya hay una sentencia en ejecución donde no cabe ningún recurso, luego de que Telmex promovió cinco amparos, aprovechando el tráfico de influencias, acusó.   

Edmundo Gómez Trejo, presidente del comisariado ejidal Aarón Merino Fernández, declaró que “el juicio se resuelve pagando” y que para los ejidatarios es muy molesto que las autoridades le den tanto apoyo a la familia Slim, aunque está claro que estas peticiones son del abogado defensor Alejandro Coca Sánchez, quien como apoderado legal de Telmex compromete a la empresa y al propio señor Slim a ser procesado penalmente, cuando seguro él ya debe tener olvidado el asunto creyendo que ya se resolvió.

Slim pudiera ser sujeto a proceso, por primera vez, en su vida por algo que seguro no tiene la mayor importancia para él, pues 60 millones de pesos no significan un daño a su economía; sin embargo, sí daña de manera grave al ejido Aarón Merino Fernández, ya que impiden el uso y disfrute de esa tierra, sacando Telmex provecho desde el año 1980.

Por su parte, el propietario del predio invadido, el ex diputado local Juan Manuel Herrera, comentó que hace 16 años inició el problema cuando Telmex lo demandó  en la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que se declaró incompetente y trasladó el caso a la procuraduría estatal.

Añadió que en la investigación emprendida por las autoridades judiciales de Quintana Roo se señala al denunciante (Telmex) que cerró un terreno de manera ilegal, nunca presentó un documento que le permita usar el predio para fines comerciales y que la antena también carecía de permisos para la explotación comercial.