Exhorta Congreso a la empresa a realizar inspecciones domiciliarias apegadas a la ley y evitar que sus trabajadores incurran en presuntos actos de extorsión contra los usuarios

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Para salvaguardar los derechos de los usuarios de energía eléctrica en la entidad, el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto dirigido al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad, para evitar las malas prácticas, hostigamiento e intimidación que realizan algunos trabajadores de la paraestatal al momento de llevar a cabo visitas de verificación fuera del marco legal.

En la sesión del tercer periodo extraordinario de la XV Legislatura, el Pleno del Congreso avaló un punto de acuerdo por obvia y urgente resolución en el que se expone que denuncias ciudadanas señalan a personal de la empresa productiva del Estado por hostigar, extorsionar, coaccionar a sus usuarios con la finalidad de cobrar mediciones a sus consumos fuera de todo rango lógico, sin soslayar que en muchos de los casos se generan ajustes a las facturaciones, creados por visitas desapegadas a derecho.

Dichas inspecciones violan la cláusula novena del contrato de adhesión en la cual se prevé que debe existir un previo aviso al usuario final para que esté presente en la diligencia y evitar malentendidos o hechos constitutivos de delito, tales como la extorsión o la siembra de supuestos delitos con evidencia inexistente.

Este último hecho se ha reflejado particularmente en la ciudad de Cancún, donde el abuso de poder y prepotencia han aterrorizado a la población al llegar a sus hogares para cortarles el servicio de energía eléctrica, sin cumplir con lo establecido en los artículos 108 y 117 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

En anteriores ocasiones, la XV Legislatura ha emitido diversos pronunciamientos respecto a los elevados costos de las tarifas de luz eléctrica.

Entre las acciones legislativas promovidas previamente se encuentran la reclasificación de tarifas de los municipios de Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez, que en abril de 2017  asaron de la tarifa 1C al esquema de la tarifa 1D.

En mayo de 2019, el Congreso del Estado solicitó también que esta reclasificación se aplique al resto del estado de Quintana Roo.