Nueva suspensión contra Tramo 5

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Siguen lloviendo amparos contra el Tren Maya; Greenpeace también presenta uno contra la autorización provisional de Semarnat otorgada mediante “decretazo” presidencial

REDACCIÓN

CANCÚN.- El Juzgado Primero de Distrito, en Yucatán, otorgó una nueva suspensión provisional al Tren Maya tramo 5 sur, el resolver un amparo interpuesto por tres habitantes del municipio de Solidaridad, que se suma a otra medida cautelar a favor de buzos espeleólogos que se encuentra vigente.

En el juicio de amparo indirecto 1003/2022 presentado en marzo pasado ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún, los promoventes aducen que el proyecto pone en riesgo de hundimiento, con daño al acuífero, a ríos subterráneos, cenotes y cavernas, porque además la autoridad responsable no presentó estudios de evaluación de impacto ambiental.

La audiencia constitucional en torno a este recurso está programada para el 26 de mayo, con lo que se prolonga el compás de espera en torno a las obras en el tramo 5 sur, que se encuentra detenido actualmente en tanto se lleva a cabo la audiencia prevista para el 13 de mayo en la que se decidiría si procede o no suspender por tiempo indefinido los trabajos, dentro del juicio de amparo indirecto 882/2022 interpuesto por espeleólogos y buzos residentes en Playa del Carmen, acompañados legalmente por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS).

Por otra parte, en un comunicado emitido por Greenpeace México se informó que la organización, en conjunto con el Centro para la Biodiversidad Biológica, presentaron el martes 26 de abril una demanda de amparo contra el tramo 5 del Tren Maya en la que se cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dicha autorización fue emitida en el contexto del decreto presidencial de noviembre del 20221 que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya.

El amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, dado que el Gobierno Federal inició las obras negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.

De admitirse la demanda de amparo, dijo la organización ambientalista, se podría conceder una suspensión del proyecto de construcción en los siguientes días.