Meterían freno a “Ley Mordaza”

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La polémica iniciativa de la diputada perredista Iris Mora iría a la “congeladora” del Congreso; comunicadores y organizaciones civiles advierten riesgo de criminalizar el ejercicio periodístico

REDACCIÓN

CANCÚN.- En el marco de una recrudecida ola de violencia contra la actividad periodística en el país, con seis representantes de medios de comunicación asesinados en lo que va del año –y uno en Quintana Roo que logró librar un ataque armado el pasado 1 de febrero–, un nuevo atentado contra el gremio se gesta desde la XVI Legislatura del Congreso del Estado, donde una iniciativa presentada por la diputada perredista Iris Mora Vallejo busca criminalizar la labor de la prensa, coartando la libertad de expresión mediante el argumento de proteger la “vida privada”.

Sin embargo, ante las manifestaciones en contra del gremio periodístico y organizaciones civiles por los alcances de esta polémica propuesta, se habría determinado frenar su análisis y dictamen en el seno de la Comisión de Justicia, a decir del diputado Eduardo Martínez Arcila.

La iniciativa, que propone modificar los artículos 194 bis y 194 ter del Código Penal de Quintana Roo, relativos a la violación de la intimidad personal o familiar, que desde el año 2008 sancionan con prisión de seis meses a cuatro años y de 100 a 300 días de multa a quien cometa “violación de intimidad personal o familiar”, agregaría una mayor penalidad al delito, al aumentarla en tres años de prisión contra quien “utilice diversos medios, como apoderarse de documentos u objetos con información y reproducirlos; escuchar, observar o grabar una imagen fija o en movimiento” o “acceder a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo”.

La inclusión en la lista de los ámbitos “profesional o confidencial vinculadas con la vida de una persona que se realicen en su domicilio o en cualquier lugar dentro de un entorno privado o familiar” representaría además, en el caso de los funcionarios, que lo público se limitaría únicamente a lo que realicen en las oficinas y actos públicos y no las acciones que efectúen en privado.

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En los hechos, la reforma propuesta por Mora Vallejo “podría enviar a la cárcel hasta por ocho años a cualquier periodista que publique información relacionada con las residencias, los negocios y la vida de las familias de los políticos y servidores públicos’’, advirtió la periodista y licenciada en Derecho Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos y propietaria del portal NoticaribeNews.

Con ello, añade, “investigaciones como la publicada por Mexicanos contra la Corrupción y Latinus, titulada ‘Así vive el hijo mayor de AMLO’, serán motivo de persecución criminal en Quintana Roo de aprobarse la ‘Ley Iris’”, así denominada en referencia a su promotora, quien recientemente fue señalada de transgredir la Constitución y las leyes locales por participar en un evento proselitista en día laboral, al acudir al cierre de precampaña de la exalcaldesa de Puerto Morelos Laura Fernández Piña, recién estrenada perredista.

Para Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Quintana Roo, la iniciativa “no tiene un fondo estructurado y es muy a la ligera”,  además de que mucho de lo que plantea afectaría no sólo al gremio periodístico, sino a la ciudadanía en general.

Refirió que, por ejemplo, cualquier ciudadano estará impedido de cuestionar la declaración patrimonial de los diputados, ya que se estaría incurriendo en un delito.

Por ello, confió en que impere la prudencia y termine siendo una más de las iniciativas de esta XVI Legislatura que pasarán a la historia como “una mala ocurrencia”.

Difícil que se dictamine: Martínez Arcila

La diputada Iris Mora Vallejo argumentó en una entrevista realizada este martes que su propuesta busca reformar un artículo que ya existe desde 2008 con un añadido que, justifica, pretende proteger la intimidad de los ciudadanos al “prohibir tomar datos sin permiso de las computadoras”; sin embargo, evitó pronunciarse sobre las observaciones que se refieren al riesgo de una vulneración del ejercicio periodístico.

Al presentar su propuesta de Decreto al Congreso del Estado, cuya normatividad determina que la polémica iniciativa tiene un límite para ser dictaminada hasta el próximo 18 de febrero y para ser discutida en el Pleno el 20 de marzo, urgió a los legisladores a elaborar el dictamen correspondiente antes de la fecha de vencimiento.

Sobre ello, el diputado Eduardo Martínez Arcila, coordinador del grupo legislativo del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en la XVI Legislatura, señaló que la voluntad del Congreso de Quintana Roo es buscar mecanismos que ayuden en la protección de los periodistas, “especialmente por el aumento de la violencia e inseguridad que ha costado la vida de muchos de ellos”, por lo que se dijo a favor de revisar la iniciativa promovida por Mora Vallejo.

Consideró también que hizo falta socializar la iniciativa por parte de la diputada promovente, de manera que la XVI Legislatura, las y los periodistas y demás sectores interesados puedan trabajar en su revisión y así conocer sus alcances.

Manifestó que, de acuerdo a lo que platicó con la diputada Kira Iris, quien preside la Comisión de Justicia, encargada de revisar y, en su caso, dictaminar la iniciativa en cuestión, no es un asunto prioritario y, en consecuencia, “es poco posible que se dictamine y apruebe en Comisiones”.

Periodistas alzan la voz

La noche del lunes, un grupo de periodistas se manifestó por segunda ocasión en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, como parte de una protesta conjunta realizada en 17 estados, para exigir justicia y el esclarecimiento de los recientes asesinatos cometidos contra integrantes del gremio.

Con el lema “No se mata la verdad”, los periodistas reiteraron el derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión, se pronunciaron contra “la violencia homicida, laboral, económica y política que sufrimos”, se refirieron al riesgo de que el ejercicio de la prensa sea criminalizado por la “Ley Iris” y pidieron a la legisladora desistir de su iniciativa.

Según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han registrado 150 asesinatos, posiblemente relacionado con su labor, 47 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y suman 30 en los que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.