El juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado junto con su esposa por un grupo armado que logró ingresar hasta su domicilio, el pasado martes

AGENCIAS

MÉXICO.- Según registros de transparencia, durante 2019 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.

Precisamente en uno de esos estados, a cuatro meses de haber llegado a Colima, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado el martes junto con su esposa, Verónica Barajas, por un grupo armado que logró ingresar hasta su domicilio.

De las 303 solicitudes presentadas ante el Consejo por las y los impartidores de justicia y que fueron revisadas por la cúpula del Poder Judicial de la Federación, 199 fueron autorizadas. Por motivos de seguridad, el CJF no aportó mayores detalles sobre dichas peticiones y sus alcances.

Desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el doble asesinato perpetrado en Colima, y anunció que en breve dará a conocer los protocolos de seguridad para jueces, magistrados y ministros.

Tras calificar este hecho como un “crimen atroz”, López Obrador señaló que su gobierno ya trabaja en estas medidas de seguridad para quienes se desempeñan en el Poder Judicial Federal.

El más reciente caso de un juzgador ejecutado había sido el de Vicente Bermúdez en Metepec, Estado de México. Diez años atrás, el 18 de agosto de 2006, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Hilario Nieto Contreras fue asesinado en Toluca. Un lustro antes, el 11 de noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa. (con información de El Sol de México)