La CFE y las barbas del vecino español

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ROBERTO HERNÁNDEZ GUERRA

La propuesta de reforma constitucional referente a la industria eléctrica que presentó al Congreso el Presidente de la República, permite establecer algunas diferencias de ideología y más aún, de políticas públicas.

En lo relacionado con la teoría económica, la disyuntiva está entre el neoliberalismo con su “tótem” de un “libre mercado” o un “regreso a Keynes”, con la presencia de un Estado regulador que procure el “piso parejo” a todos los que participan en el proceso económico.

Podemos agregar otras disyuntivas, pero mejor centremos nuestro análisis en lo referente a las políticas públicas; esto es, a las acciones que un Estado nacional realiza a través de las instancias de gobierno, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Se presentan entonces dos caminos, privilegiar, como hasta ahora, a las empresas privadas de energía cuyo objetivo natural es la maximización de utilidades o proteger a la empresa pública, CFE, cuya función debe ser proporcionar energía a los mejores precios.

Sabemos que hay mucho dinero en juego, dado que las leyes y reglamentos con los que opera esta industria, permiten cuantiosas transferencias de recursos a las generadoras de energía privadas por la vía de un “mercado paralelo”, subsidios en la transmisión,  preferencia en el “porteo”, bonos de carbono y muchos otros mecanismos perversos. En consecuencia, quienes se han beneficiado hasta este momento, se defienden como “gatos panza arriba”, comenzando con distorsionar la verdad.

Para no distraernos en los argumentos que presentan los medios y comunicadores que añoran el pasado reciente de prebendas y canonjías, veamos lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El máximo organismo del sector privado expresó tres ideas centrales en su crítica a la propuesta de AMLO: la primera es que aumentará el precio de la electricidad, la segunda es que el costo de producción subirá al menos en 62,100 millones de pesos anuales, lo que afectarán las finanzas públicas y por último que se establecerá un monopolio.

Podemos refutar en conjunto las dos primeras afirmaciones. El precio de la electricidad que cobra la CFE depende de dos elementos, uno es el subsidio que aporta el gobierno federal  y el otro es su costo de generación; desde luego que a mayor costo mayor subsidio. Pues resulta que aunque las plantas de generación de la empresa estatal tienen capacidad actual de abastecer casi toda la demanda nacional, únicamente abastecen el 38 %, dadas las restricciones a las que la somete la legislación actual. Por lo tanto si aumenta su operación hasta cubrir el 54 % de la demanda, el 16 % adicional redundará en una disminución de sus costos y por lo tanto, el subsidio disminuirá. El otro tema, el del monopolio, cae por su propio peso; con el porcentaje que le permitiría la nueva ley, regresaría a niveles de principio de este sexenio gubernamental, muy lejos de ser exclusiva en el mercado.

 Aunque los señores del CCE no mencionaron el tema de las energías limpias, otros defensores de los intereses de las plantas privadas si lo han hecho. Pues resulta que las hidroeléctricas de la CFE en la actualidad tienen una capacidad de aportar cerca del 15 % de la energía y sin restricciones pueden considerablemente aumentar su participación.

A final de cuentas la disyuntiva principal está en la dependencia o la soberanía energética; lo que está pasando con el desmedido aumento de las tarifas de electricidad en España nos dicen suficiente. Y es de sentido común que “cuando veamos las barbas del vecino afeitar, pongamos las nuestras en remojo”, no dependiendo de Iberdrola y demás “compañeros de viaje y abordaje”.