Al menos 70% del desmesurado crecimiento de la mancha urbana de Cancún se ha debido al despojo y ocupación ilegal de tierras, modus vivendi y botín electorero de muchos, en contubernio con autoridades, durante décadas

 SALVADOR CANTO

 

A pesar de ser un delito que se castiga con cárcel, la invasión y/o despojo de propiedades en Quintana Roo –en plena pandemia por COVID-19 que no frena sus contagios– se mantiene de forma impune y más aun, como siempre ocurre en pleno arranque de cada proceso electoral, cuando actores políticos y sus allegados buscan sacar provecho de la situación a través de organizaciones, lo que en cualquier momento podría desencadenar mayores problemas en materia de seguridad debido al engaño con el que se conducen.

Son cientos de familias que actualmente se encuentran convertidas en un “botín político-electoral” a través de diversos grupos que manejan las invasiones en zonas irregulares o se aprovechan de predios en disputa, con la única finalidad de incrementar su padrón electoral.

“El clientelismo electoral no es nuevo en México y en Cancún por supuesto se ha reflejado cada vez que se avecinan votaciones, y es lamentable que a pesar de existir leyes que consideran esto como un delito –porque estamos hablando de un despojo–, no haya sanciones hacia los responsables”, señaló el abogado Enrique Tejero Bacab.

Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable en Quintana Roo, señala que existen algunas denuncias por invasiones, pero remarcó que en primera instancia le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública actuar, debido a que se estaría infringiendo la ley con este tipo de acciones, y desde luego los municipios, que deben de cuidar su territorio.

Recientemente, autoridades municipales dieron a conocer que han detectado varios casos de invasiones, una de ellas se ubica en las inmediaciones de la región 247, cerca del fraccionamiento irregular  llamado “Bahía Real” que abarca una importante extensión de tierra que colinda con el Arco Vial, Azul Bonampak y Villas Otoch.

De hecho, ante dicha invasión del predio que al parecer se encuentra en una disputa legal entre el presunto propietario y una institución bancaria, lo cual ha sido aprovechado por algunas personas vinculadas a partidos políticos, dueños de otros terrenos aledaños al conjunto habitacional “Aloja” edificado por Grupo Vivo, optaron por cercarlo y colocar letreros para advertir que ahí es propiedad privada, que está prohibido el paso y que quien traspase el enrejado, será denunciado penalmente ante las autoridades competentes.

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), reconoce la existencia de al menos 40 zonas con más de 30 mil lotes irregulares en Benito Juárez y sus límites con Isla Mujeres y además, la Fiscalía General del Estado cuenta con poco más de un centenar de carpetas de investigación por invasión que no se han resuelto hasta la fecha.

 

Cancún ha crecido con base en invasiones

La invasión de predios y viviendas es un problema recurrente en el municipio de Benito Juárez por distintas situaciones a pesar de la existencia de leyes y reglamentos que sancionan esta conducta como un delito, lo que hace que prevalezca una total anarquía.

Históricamente, el crecimiento desproporcional de la ciudad de Cancún derivado de la alta inmigración que se registró a partir de los primeros años de su fundación ha sido con base en invasiones, y a 50 años de distancia la problemática continúa.

De hecho, las autoridades consideran que al menos el 70% del crecimiento de la ciudad de Cancún ha sido con base en invasiones y su posterior regularización, sólo que ahora la situación es más grave debido a que no existe infraestructura adecuada y cada vez el problema es mayor, sobre todo porque detrás de estas acciones existen grupos delictivos que lucran en algunos casos con la necesidad de la gente, pues en otras circunstancias hay familias que han hecho de la invasión un modus vivendi.

La autoridad municipal tiene detectadas al menos 125 invasiones en Cancún y de acuerdo con el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara de Nigris, unas 13 (las más antiguas) son revisadas con posibilidades de regularizarse.

La Secretaría Técnica del Ayuntamiento a cargo de Hugo Alday, afirma que en lo que va de la presente administración suman al menos 15 mil lotes irregulares clausurados (la mayoría en la zona de Bonfil), pero en el caso de las invasiones, “es competencia de las autoridades ministeriales proceder en base a una previa denuncia”.

 

Quintana Roo, entre los primeros lugares en invasión

La presidenta de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, considera que la venta irregular de predios, invasiones y despojos que van de la mano con las invasiones, posiciona a la entidad entre los primeros lugares del país en la comisión de estos delitos.

Miembros del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún señalan que históricamente el estado se ha convertido en una jurisdicción llena de fraudes, invasiones, dobles escrituraciones y venta ilegal de predios, debido a la corrupción que aún impera dentro del sistema jurídico, en donde incluso el propio Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) en contubernio con notarías se aprestan para avalar documentos, algunos incluso falsificados.

Desde junio pasado se comenzó a gestar una invasión de casas abandonadas en lo que se conoce como Fraccionamiento Bahía Real, además de un predio colindante con la zona, por lo que la Secretaría Técnica, Contraloría Municipal, Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano y la Comisión Federal de Electricidad, hicieron un operativo para advertir a los ciudadanos que no se dejasen engañar y evitasen poner en riesgo su patrimonio.

Sin embargo, de nada sirvió porque las decenas de viviendas ya han sido ocupadas por familias que pagaron a unos “gestores”, tan sólo para entrar, cantidades que oscilan entre 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos, según confesó a El Despertador de Quintana Roo uno de los habitantes de esas viviendas.

“Cada dos o tres semanas nos reunimos con la gente que nos ‘invitó’ a invadir y hasta ahorita no ha habido problema alguno, nos dicen que ya tuvieron un acercamiento con el banco y los dueños, así que vamos a esperar, pues ya contamos con energía eléctrica y sólo nos falta el agua, pero ya se están abriendo pozos”, platicó.

Lo mismo pasa en un terreno cerca de la Academia de Policía, colindante a Bahía Real y Villas Otoch,  junto al Arco Vial, en donde más de 100 familias que no alcanzaron casas en la 247 se apropiaron de lotes que ya han limpiado, incluso en algunos ya se levantan viviendas con mampostería, aunque la gran mayoría son apenas palapas en medio de la selva, sin ningún tipo de servicio. La energía eléctrica la obtienen de forma ilegal, no tienen agua potable y tampoco drenaje, lo que significa que los baños los conectan de forma directa al manto freático.

De hecho, no existen garantías de que se los vayan a regularizar, en virtud de que la ocupación del predio es ilegal y por ende, podrían fincarles responsabilidades penales, en caso de que se aplicara la ley conforme está estipulada.

En dichas invasiones, uno de los graves problemas que se  incurre además de la parte legal, es la contaminación del manto freático con aguas negras derivadas de la construcción de pozos y sumideros, así como la afectación al subsuelo con la generación de desechos que no son manejados correctamente.

 

Reconoce FGE problemática y crea unidad de atención

Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado, señaló que a lo largo de los años se ha dado como práctica común en Quintana Roo la invasión de propiedades por grupos delictivos organizados, de ahí que para poner freno a esa situación se implementaron unidades de investigación por el delito de despojo.

El funcionario estatal destacó que la FGE, acorde con los principios para proteger el patrimonio de las y los quintanarroenses, en fomento a la participación de los sectores público, privado y social, y a la colaboración con diversas dependencias del gobierno local, determinó establecer  unidades especializadas de investigación para el delito de despojo en esta entidad.

Recalcó que históricamente la tenencia de la tierra se ha venido afectando por organizaciones y estructuras criminales dedicadas de manera sistemática y profesional a despojar de bienes inmuebles a personas que son propietarias o poseedoras legítimas.

Sentenció que las formas de llevar a cabo estas conductas ilícitas, van desde la violencia, falsificación de documentos, usurpación de identidades, simulación de actos jurídicos, la utilización de las instituciones a través de actos de corrupción con servidores públicos deshonestos que han permitido en anteriores administraciones, que lo que inició con una falsedad, termine convirtiéndose en una verdad legal.

Finalmente, aclaró que los jueces son la única autoridad facultada para determinar a quién le corresponde la propiedad o la posesión de un inmueble y que la Fiscalía, en el ámbito de sus competencias, solamente procede al aseguramiento para garantizar en todo momento la conservación de los bienes mientras se resuelven las controversias entre los particulares y se determine cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre de ellos.

 

Azul Bonampak, un caso de regularización

Luego de que en el 2015 fueran objeto de invasión al estar abandonadas en virtud de que la constructora que inició la obra dejó muchas de las casas en obra negra, poco más de 50 viviendas del fraccionamiento Azul Bonampak de Cancún fueron recuperadas y comercializadas legalmente, y los nuevos dueños se encuentran efectuando remodelaciones y en algunos casos hasta ampliaciones para habilitarlas sin problema alguno.

“Gracias a Dios todo salió bien, al principio teníamos temor de ser desalojados de nuevo, pero vino gente de un banco con los dueños y llegamos a un acuerdo y hoy pagamos mes con mes nuestra casa”, refirió la señora Rosaura Catzin.

Apenas el año pasado, una institución bancaria que tenía los derechos sobre esas casas abandonadas en el fraccionamiento promovió el desalojo, debido a que estaba en proceso de venta a remate de todo el complejo.

Fue así que tras un proceso de recuperación y venta, un particular adquirió los derechos alrededor de 50 viviendas y. tras concluir la acción de manera legal, pudo diseñar un plan de inversión para acondicionar las casas y posteriormente venderlas.

Este sería el primer fraccionamiento que estuvo abandonado muchos años y recuperado legalmente para posteriormente ser comercializado, pues son muchas las familias que anhelan tener esta oportunidad de adquirir una casa pero desafortunadamente no cotizan ante el Seguro Social u otras instituciones.

Durante un recorrido por la región 247, que es donde se localiza dicho conjunto habitacional, vecinos del lugar recordaron en el abandono en el que permanecieron durante muchos años esas casas, incluidas dentro de un documental de National Geographic como un claro ejemplo del “lavado de dinero” en México.

 

Fraccionamiento In House, invadido y peligroso

Más del 70% de las casas del conjunto habitacional In House, enclavado en la Región 260, luego de estar en el abandono durante muchos años, desde el 2019 fueron objeto de una segunda invasión que se mantiene e, incluso, ha abarcado áreas de uso común que colindan con el acceso al fraccionamiento Real Valencia.

Nadie de los que ahí vive quiere hablar sobre la forma en que adquirieron la casa y si están de manera legal o ilegal, únicamente una persona de manera anónima admitió a este reportero que pagó 10 mil pesos para que le permitieran ocupar una de las pocas casas que seguían descopadas hasta noviembre del año pasado, y a cambio de ello también le ofrecieron seguridad.

Al preguntarle a quién le pagó, sólo afirmó: “a gente que vive ahí mismo, pero no hay problema porque ya todo está habitado y no hay problema con las autoridades, incluso nos brindan seguridad”.

En ese fraccionamiento, que no tiene ni siquiera drenaje, ya hay pollerías, tiendas de abarrotes, expendio de ventas de pescados y mariscos, cervecerías, entre otras cosas.

 

Ejidos atentos a invasión de sus tierras

En Quintana Roo la tenencia de la tierra se ha vuelto un juego de azar en donde la propiedad depende más de la suerte que de la certeza legal, pues nadie está exento de sufrir el despojo de sus tierras.

De acuerdo con Gaspar Kumul, presidente del Comisariado Ejidal de Isla Mujeres, a través del Consejo de Vigilancia se mantienen atentos ante cualquier brote o intento de invasión de las tierras de uso común, pues aclaró que en las que ya son propiedad privada le corresponde a cada propietario tomar las medidas pertinentes.

Recordó que como ejido todavía tienen tierras aprovechables y en ese sentido “estamos atentos en todo momento e incluso, hace algunos meses un grupo de personas se acercaron a la oficina del ejido para plantearnos que de acuerdo a un plano que tenían, querían meterse a ocupar unas tierras de uso común por el rumbo de Francisco May entre la zona que conocemos El Zarco Grande”.

Añadió que ante tal pretensión, “les explicamos del delito que pueden incurrir y las posibles penas a las que podían ser acreedores y al parecer entendieron que estaban en un error y que además alguien los estaba engañando, pues según nos dijeron, eran manipulados por unos diputados según nos comentaron al final, pero no nos proporcionaron los nombres y ante ello les indicamos qué tengan cuidado para no caer en estas prácticas en tiempos electorales”.

Lo mismo ocurre en Bonfil, donde a decir del aún representante ejidal, Luis Martínez Rocha, la invasión de tierras parece ser el cuento de nunca acabar y lamentó que pese a las denuncias que se han interpuesto, las carpetas de investigación no avancen en la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En ambos ejidos se planteó que las autoridades deberían de asumir su responsabilidad y atender el tema de los asentamientos irregulares para que se regularicen los que se puedan y evitar que haya más invasiones, pues para eso existen leyes y reglamentos.

Se afirmó que el gobierno del Estado sigue incumpliendo su obligación de dotar de uso de suelo a las clases desprotegidas y prueba de ello es que desde que desaparecieron al Instituto de Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo) para darle entrada al Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) y recientemente desaparecerlo para que sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedumi) que asumiera la responsabilidad, no existen planes ni proyectos para asentamientos humanos.

“Es lamentable que el gobierno del Estado haya renunciado al papel que tenía de dar suelo a las clases populares que no cotizan ante dependencias como Infonavit; está desmantelada la política estatal en materia de creación de asentamientos humanos y eso es aprovechado por vivales y gente que lucra con esa necesidad”, explicaron algunos ejidatarios consultados al respecto.

En el 2008, durante la administración de Félix González Canto, el Congreso local aprobó por unanimidad que las invasiones de terrenos sean tipificadas como delito grave, lo que implicó para los autores intelectuales, penas hasta de nueve años de prisión, sin derecho a libertad bajo caución.

Con esta modificación legislativa se buscó frenar la ola de invasiones que venía afectando a diversos municipios del Estado, pero hasta la fecha de nada ha servido, porque estos delitos se siguen cometiendo a diestra y siniestra.

En su momento, los diputados consideraron que la necesidad de vivienda no justifica que, mediante acción furtiva, engaño o violencia, se vulnerara el derecho de propiedad de otra persona.

De hecho, consideraron más grave aún el actuar de personas que, aprovechándose de la necesidad de la gente, promueven, dirigen o incitan invasiones para su beneficio económico o político.

Cabe decir, con base en el Código Penal del Estado, comete el delito de despojo quien, de voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca y también entra en esta figura delictiva, aquél que ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

En ese sentido, el despojo es la desposesión, la usurpación o la ocupación ilegítima de un predio, lote o inmueble que por derecho corresponde a otra persona y quien lo comente se hacer acreedor a una sanción, la cual se incrementa cuando lo perpetran personas en grupo.

 

 

**** RECUADRO ****

 

Lo que dice la ley

Con base al Código Penal de Quintana Roo, en el Capítulo IX, el despojo se sanciona acorde al Artículo 158 que señala que se aplicará prisión de seis meses a seis años y de 25 a 250 días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste:

  1. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro;
  2. Ocupe un inmueble de su propiedad que halle en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesione los derechos del ocupante;

III. Altere términos o lindes de predios o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio privado como de dominio público.

 

En el título décimo primero, artículo 268, se establece también que comete delito contra el Desarrollo Urbano:

I.- El que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos;

II.- El que sin contar con los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas, permita de propia autoridad en lote propio o en su legítima posesión, la constitución de asentamientos humanos integrados por dos o más familias, que impliquen el surgimiento de peticiones respecto de su regularización. Se considera que existe consentimiento por parte del propietario o legítimo poseedor del predio, cuando teniendo conocimiento del asentamiento humano, no denuncie el hecho al Ministerio Público.