INVASIÓN DE ÁREAS VERDES, CON HEDOR A CORRUPCIÓN

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Puestos que incluso han pasado a convertirse en locales fijos, donde se comercializa toda clase de productos, se apropian ilegalmente de incontables espacios públicos en Cancún, con la complicidad de desarrolladoras y autoridades

 

SALVADOR CANTO

La invasión de áreas públicas y comunes en fraccionamientos, regiones e incluso en zonas céntricas de la ciudad de Cancún es un fenómeno creciente que huele a corrupción, anarquía e impunidad, que involucra a desarrolladoras, autoridades y ciudadanos, quienes han acaparado espacios públicos con fines de lucro.

En la actualidad, bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19 que dejó sin empleo formal a cientos de personas, esta actividad ha ido a la alza y no sólo se ha tratado del acaparamiento de un espacio de tierra de uso común para establecer un negocio que, de ser semifijos, han pasado a fijos e incluso se han hecho construcciones sin contar con los permisos correspondientes.

Y es que mientras que una casa requiere de múltiples autorizaciones municipales para hacer una simple barda, en áreas comunes de conjuntos habitacionales, cerca de escuelas, en espacios destinados para actividades propias de los habitantes de la zona, se han hecho construcciones para establecer un negocio en donde no pagan ni siquiera una renta.

De acuerdo con Paco de Anda, experto urbanista, dentro de las aprobaciones de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) que permiten la construcción de fraccionamientos se establecen lineamientos para mantener entornos “verdes”, pero no se cumplen y hoy estos espacios son ocupados por negocios ambulantes y hasta por templos e iglesias.

Hoy en día, más de la mitad de los fraccionamientos que hay en Cancún y la zona conurbada no se encuentran municipalizados, es decir, no han sido entregados en orden por las inmobiliarias y por ese detalle el municipio de Benito Juárez argumenta no poder proveerles de los servicios básicos, ni mucho menos atender este fenómeno de la invasión de áreas públicas.

 

Desorden fomenta apropiaciones indebidas

Desde el 2005 a la fecha, el incremento de viviendas de interés social de manera vertical, es decir, en forma de edificios dúplex, ha permitido que el desorden urbanístico vaya cada vez en aumento y con ello, el tema de la invasión de áreas públicas sea una constante.

Ejemplos hay muchos y uno de ellos lo representa claramente el conjunto habitacional Villas Otoch Paraíso, enclavado en la supermanzana 259, cuyo modelo de viviendas obligó a la desarrolladora CADU a dejar estacionamientos amplios para cada una de las casas que, a la vez, también son confusos, pues nadie sabe a ciencia cierta qué espacio es el que realmente le corresponde.

Por esa razón, estos estacionamientos considerados áreas de uso común han sido convertidos en negocios que de semifijos se han convertido en fijos pues muchos tienen hasta cimentación para no ser removidos.

No obstante que esa acción está prohibida dentro de los protocolos que la propia desarrolladora establece al momento de vender las viviendas, pues además se determinaron espacios para negocios mediante pago de alquileres, las condiciones en las que vive la gente los ha llevado a violar esos acuerdos y a ocupar dichas áreas para instalar negocios que van desde pollerías, asaderos, fruterías, loncherías, llanteras, entre otros más en donde no pagan nada.

Inclusive en algunos casos la gente ha aprovechado estos espacios de uso común para hacer ampliaciones de sus viviendas (los del primer nivel) hacia la parte del estacionamiento, pese a que ello no está permitido.

En Paraíso Maya, Paseo Las Palmas, Prado Norte, también ha aumentado este fenómeno de invasión de áreas de uso común bajo el amparo de la impunidad y corrupción porque personal de las mismas desarrolladoras lo permiten, sobre todo porque se trata de conjuntos habitacionales que no están municipalizados.

Un caso curioso es el que sucede en el fraccionamiento Paraíso Maya, en donde frente a la escuela primaria Bakhalal y a un costado del cárcamo de agua potable, en un pequeño espacio de área común, se edificaron dos locales con blocks, uno de ellos para la venta de material de construcción y otro para una frutería, sin contar con la anuencia de vecinos ni autorización del gobierno.

Cabe enfatizar que esta situación se refleja en prácticamente todos los fraccionamientos de la ciudad de Cancún, en donde predomina la anarquía cómplice entre autoridades, ciudadanos y desarrolladoras.

 

Informalidad, puerta abierta a actividades ilícitas

Este tipo de comercio informal que se ha multiplicado en prácticamente toda la ciudad de Cancún, además ha sido proclive a un aumento de actividades ilícitas como los préstamos “gota a gota” que operan colombianos, quienes buscan como uno de sus requisitos que la gente que requiera dinero cuente con un negocio con el que puedan solventar los pagos diarios que establecen en el acuerdo correspondiente.

Este esquema de préstamo de dinero fácil, con intereses altos, busca atrapar a sus clientes para cobrarles de forma indefinida.

La red de colombianos que lo opera en Cancún busca a comerciantes que no tienen acceso al financiamiento de un banco o al sistema financiero y les ofrecen dinero sin mayores requisitos para la ampliación de sus negocios, surtirlos o simplemente salir de apuros económicos inmediatos.

Y justo dentro de este esquema de “beneficiarios” se encuentra la mayoría de los dueños de negocios informales establecidos en las áreas públicas, en donde no pagan rentan ni permisos municipales.

En todas estas zonas los colombianos reparten tarjetas de presentación en donde ofrecen los préstamos fáciles, sin fiador, ni enganche, un tema que ya hemos tratado anteriormente en El Despertador de Quintana Roo.

 

(Ojo Ramsés: incluir hipervínculo https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/extorsionadores-protegidos)

 

El gobierno municipal se lava las manos

Para el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano municipal, Armando Lara Denigris, el tema de la municipalización de los desarrollos habitacionales deja imposibilitado al gobierno de Benito Juárez para atender este fenómeno de la invasión de áreas de uso común en fraccionamientos, que deberían ser habilitados para parques o áreas de recreación de los habitantes del lugar.

En todo caso —dijo—, los vecinos afectados pueden presentar la denuncia si se trata de la invasión de alguna de las áreas destinadas por la desarrolladora para uso común, y que en muchos casos es acaparada hasta por personas que ni siquiera residen en esos fraccionamientos.

De acuerdo a datos estadísticos del propio municipio, desde 1986 al 2019 sólo 98 fraccionamientos en Cancún están perfectamente concluidos y ordenados y en el periodo del 2011 y 2018 se construyeron 54 fraccionamientos, de los cuales únicamente ocho fueron entregados debidamente al municipio.

Lara de Nigris explicó que para el 2019 existían 215 fraccionamientos en la ciudad, de los cuales 120 no estaban municipalizados y de ese año a 2021, el número se redujo a 118, pues dos ya fueron entregados al ayuntamiento, en tanto que los 118 restantes no han sido entregados correctamente al municipio con todos los permisos que se requieren.

“Mientras no esté municipalizado, el gobierno de Benito Juárez está imposibilitado para atender las quejas y demandas que se generen por cuestión de servicios públicos, incluso el tema de la invasión de los espacios públicos que muchas veces son áreas de donación para que en su momento la autoridad pueda, por ejemplo, construir ahí un parque”, justificó el funcionario.

No obstante, este tema también se registra en las regiones populares, en donde espacios públicos destinados a parques o áreas de recreación vecinal, están ocupadas por negocios fijos.

 

Instancias municipales cómplices

Fiscalización, Comercio en la vía Pública y Desarrollo Urbano son tres de las dependencias municipales que están obligadas a ponerle un alto a la invasión de espacios públicos para la instalación de negocios fijos, pues muchas veces se realizan construcciones como si se tratara de predios particulares.

La Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, en su artículo 21, señala que por cada 100 viviendas un fraccionador deberá entregar al municipio áreas verdes equipadas para su regularización, pero al no cumplirse dicha reglamentación, estos espacios son invadidos por la gente y muchas veces esto se hace en complicidad con los propios vendedores de las viviendas, quienes saben que la municipalización es procedimiento largo y con tal de comercializar la casa, le dicen al interesado que pueden poner algún negocio ahí sin problemas.

De hecho, en Prado Norte, que es de la desarrolladora CADU, se pudo conocer que ha habido casos en los cuales los vendedores de las casas establecen un “acuerdo” con la gente a quienes les cobran por el hecho de asignarles, sin tener la facultad ni mucho menos documento alguno que lo ampare, un espacio del área de uso común para que instalen un negocio.

Pero a este negocio le entran también inspectores municipales, que mes con mes pasan a cobrar desde 100 y hasta 300 pesos a cada negocio informal, que ellos denominan “apoyo mutuo”, para evitar que los desalojen o se los cierren.

Todo es una cadena de complicidades que ha ocasionado que la problemática de invasión de espacios públicos sea cada vez mayor y en algunos casos, hasta representen un foco rojo en materia de seguridad.

 

Se violenta reglamento municipal y nadie actúa

Con base en lo establecido dentro del reglamento de construcción para el municipio de Benito Juárez, está prohibido el uso de áreas públicas en toda la ciudad para establecer negocios o cualquier tipo de obra sin contar con las autorizaciones correspondientes.

De hecho, el Artículo 14 de la mencionada ley es claro al exponer que toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligada a retirarlas por su cuenta cuando el Ayuntamiento lo requiera, así como mantener las señales necesarias para evitar accidentes.

Se añade, incluso, que es el propio municipio quien podría expedir permiso para la ocupación o uso de la vía pública de manera condicionada, pero en este caso, de acuerdo con la Secretaria General de la comuna, Flor Ruiz Cosío, el actual cabildo no ha extendido anuencia alguna para la invasión de áreas públicas o de uso común para que se instalen ahí negocios que ya están fijos.

Sin embargo, la autoridad tampoco hace valer la ley como lo marca el citado reglamento de construcción dentro del artículo 17, en donde se indica que el que ocupe sin autorización la vía pública en construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a demolerlas. En su caso, el Ayuntamiento llevará a cabo el retiro o demolición de las obras con cargo al propietario o poseedor.

 

Autoridades tienen que actuar y poner orden

De acuerdo con el expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, Luis Armando Esquiel Orozco, la autoridad municipal tiene la facultad de poner el orden con el tema de las invasiones de espacios públicos, pero “no lo hacen porque son cómplices y esta actividad se ha vuelto una constante en toda la ciudad”.

Y es que otro de los problemas recurrentes es la invasión de banquetas que va más allá de dar mala imagen, pues además se pone en peligro a los peatones, en virtud de que en algunas ocasiones les resulta imposible caminar sobre estos espacios y deben bajar a la zona de rodamiento de vehículos.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Servicios y Comercio en Vía Pública, cuando se trata de una verdulería u otro negocio que invade espacios públicos, son ellos quienes se encargan de realizar las visitas de inspección y se expide una boleta de amonestación para que el propietario del establecimiento la libere.

Sin embargo, la realidad supera la ficción, ya que esta actividad ilícita se mantiene enlistada incluso como un “gran negocio” para diferentes direcciones del Ayuntamiento de Benito Juárez, involucradas en la que debería de ser la regularización.

 

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Artículos del reglamento de construcción para el municipio de Benito Juárez que son pisoteados bajo el amparo de la corrupción e impunidad:

 

Articulo 7.- Los bienes inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o algún servicio público se considerarán, por ese solo hecho, como bienes del dominio público del propio Municipio, para cuyo efecto, la Unidad Administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado dentro del Programa de Desarrollo Urbano, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería para que hagan los registros y las cancelaciones respectivas.

 

Artículo 11.- Se requiere de autorización de la Dirección (Comercio en la Vía Pública) para:

I.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;

II.- Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercio semifijo, mobiliario urbano y construcciones provisionales;

III.- Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y

IV.- Construir instalaciones subterráneas en la vía pública.

 

Artículo 12.- No se autorizará el uso de las vías públicas en los siguientes casos:

I.- Para aumentar el área de un predio o de una construcción, ya sea de carácter Público o Privado;

II.- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas;

III.- Para conducir líquidos por su superficie;

IV.- Para depósito de basura y otros deshechos;

V.- Para instalar comercios fijos y semifijos en banquetas, andadores, plazas y estacionamientos, así como tampoco en vías primarias y de acceso controlado;

VI.- Para producir o almacenar materiales de la construcción ni para hacer trabajos de obra incluyendo la fabricación de mezclas y concretos. La descarga de materiales a pie de obra es dentro del predio y no en la vía pública.

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