618 quejas por detención arbitraria, 496 por tratos crueles y 118 por tortura de enero del
2017 a agosto de este año
AGENCIAS
MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 618
expedientes de queja por detenciones arbitrarias, 496 por tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y 118 por tortura del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, las cuales se
concentraron principalmente en cuatro estados, alertó Ninfa Delia Domínguez Leal,
directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) quien
destacó la necesidad de que se implemente un registro nacional sobre ese flagelo.
Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México son las entidades
federativas en donde se reportaron el mayor número de quejas por esos motivos y
concentraron 25% de las quejas por detenciones arbitrarias, mientras que Reynosa y Nuevo
Laredo son los municipios del país en los que más veces ocurrió ese hecho violatorio.
Al participar en el foro Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura, organizado por el MNPT y la Asociación para la Prevención de la
Tortura (APT), Domínguez Leal destacó que La Policía Federal y la Secretaría de Marina
son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en
dicho periodo, de acuerdo al número de quejas recibidas, mientras que Veracruz y Oaxaca
fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles, así como los municipios de
Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en esos casos, la Policía Federal y el Instituto
Nacional de Migración fueron las autoridades con mayor número de quejas.
Destacó que es de gran importancia establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura,
porque será una herramienta de investigación que contará con información estadística sobre
todos los casos en los que se denuncia y se investigue ese flagelo, incluido el número de
víctimas. Indicó que debe impulsarse en la PGR y en las fiscalías estatales que esa base se
actualice de manera permanente, con el fin de “abatir la cifra negra de tortura y malos
tratos, y construir indicadores y datos estadísticos para combatir su impunidad, así como
lograr la reparación integral a las víctimas”.