Ineficientes, corruptos y malapagas

Trabajadores de la concesionaria de recolección de basura Intelligencia México en paro; exigen el pago de adeudos salariales y denuncian actos de corrupción de la empresa: cobran hasta por camiones vacíos

REDACCIÓN

CANCÚN.- La complicada situación de la recolección de basura en Cancún, donde los desechos continúan acumulándose a lo largo de la ciudad desde hace semanas, se agravó con el paro laboral de más de 400 trabajadores de la empresa concesionaria Intelligencia México S.A. de C.V., pues aseguran que tienen varias semanas sin cobrar.

Decenas de trabajadores enardecidos se manifestaron desde la noche del miércoles en el encierro de camiones recolectores, en la Supermanzana 104 –incluso fue necesaria la presencia de elementos antimotines para resguardar el lugar, ante los ánimos acalorados–, donde hasta la tarde del jueves mantenían una guardia permanente y los vehículos retenidos.

Aunque la empresa encabezada por el exalcalde Carlos Canabal Ruiz pretende justificar los retrasos en la recolección por el huracán Delta que se abatió sobre la ciudad, los trabajadores desmintieron la versión, pues aseguraron que únicamente están en operación 16 camiones recolectores, y el resto se encuentran parados desde hace meses en el encierro.

En un video que se difundió en redes sociales, uno de los trabajadores denunció que la empresa les obliga a acudir al relleno sanitario con los camiones vacíos, aunque con papeletas que amparan la supuesta recolección de 10 toneladas de basura por vehículo.

Ayuntamiento, otra vez al quite

En rueda de prensa ofrecida en Palacio Municipal, representantes de la empresa concesionaria se limitaron a decir que están buscando resolver el problema “a la brevedad”, aunque sin precisar cuándo podrá normalizarse el servicio de recolección en Cancún, y admitieron que el ayuntamiento de Benito Juárez no les adeuda por el servicio de recolección. Sin embargo, no explicaron el motivo por el cual no han pagado a sus trabajadores.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, Issac Janix Alanís, no descartó que nuevamente la comuna tenga que sacar unidades propias para atender la situación “pero el costo será bajo la responsabilidad de la empresa”.

“El ayuntamiento tiene que buscar las rutas legales para que se lleve a cabo la recoja de basura como debe ser, no dimos la concesión nosotros, pero tenemos que ser vigilante del tema; nosotros no hicimos el contrato y un contrato de muchos beneficios para la empresa y pocos para el ayuntamiento”, argumentó.

Una situación similar aconteció hace unos meses, y de la misma forma vehículos del ayuntamiento se encargaron de apoyar a la empresa en la recolección de basura, aunque días después la presidenta municipal Mara Lezama dijo que el servicio “quedó pagado” con las toneladas de basura que ingresaron al relleno sanitario.

“Si se pudo hasta cancelar el aeropuerto de Texcoco…”

En declaraciones al portal Noticaribe, el regidor José Luis Acosta Toledo aseguró que hay argumentos suficientes para revocar la concesión a la empresa Intelligencia México S.A de C.V. y pidió a las autoridades municipales no seguir centrando el tema en quién o cuándo se otorgó la concesión, sino hacer que se cumpla con el servicio.

El regidor propuso una mesa de análisis jurídico en la cual se pueda hablar de manera formal de una revocación de concesión y aseguró que el ayuntamiento tiene la posibilidad de defender el tema en tribunales y que “sólo es cuestión de voluntad la autoridad municipal para proceder contra la empresa”.

Por su parte, Ricardo Velazco Delgado, exdelegado estatal y militante fundador en Quintana Roo de Morena, dijo a Noticaribe Peninsular que “si el aeropuerto de Texcoco se canceló, que un municipio morenista de la 4T no pueda cancelar una concesión de recoja de basura es una incongruencia”.

La empresa Intelligencia México, que acapara el negocio millonario de la recolección de la basura en Cancún desde la época del expresidente municipal Julián Ricalde, logró colocarse como el único proveedor tras ganar un litigio en el 2017, durante el gobierno de Remberto Estrada Barba, y hacerse de una concesión que determina entre sus cláusulas que el gobierno municipal no puede contratar a ninguna otra concesionaria para brindar ese servicio hasta el 1 de enero de 2038.

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