Hoy nadie es impune: Araceli Andrade Tolama

La justicia llegará tarde o temprano para quienes hoy se escudan en el fuero, advierte la abogada y defensora de derechos humanos; se ha avanzado en los mecanismos de protección a las víctimas, pero han sido rebasados

SALVADOR CANTO

Si bien la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, emanada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no ha cometido hasta ahora el delito establecido en la Ley Olimpia que en muchos estados se conoce como violencia digital porque no ha difundido ni revelado las fotos de mujeres que dijo tener en su poder, “debe observar su entorno y saber que hoy nadie es impune y la justicia tarde o temprano les llega, pese a que en estos momentos tengan fuero y si no, que vea los ejemplos de los exgobernadores Mario Marín, Roberto Borge y Javier Duarte, entre otros que hoy están en la cárcel”, advirtió la abogada Araceli Andrade Tolama.

En entrevista con El Despertador de Quintana Roo, la también activista especializada en atención a víctimas de violencia de género, sexual y defensora de derechos humanos que llevó a prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho, caso del cual para finales de año podría haber ya una sentencia, reveló que hoy los mecanismos de protección a víctimas han cobrado gran relevancia desde que se elevaron a rango constitucional.

De Viva Voz, platicó que en Quintana Roo se ha avanzado mucho porque hasta hace algunos años ni siquiera existía el delito de violencia familiar y “teníamos que usar otro tipo de delitos para proteger a las víctimas, es más, la palabra ‘víctima’ prácticamente no existía”.

No obstante, afirmó que es tanta la demanda que existe por la confianza y el buen trabajo que hacen los mecanismos que hoy la Comisión Ejecutiva de Víctimas del estado está rebasada por el tema de presupuesto y por ello “este será un gran reto para el próximo Gobierno del Estado y los futuros legisladores porque el presupuesto actual no alcanza”.

—Como especialista en atención a víctimas de violencia de género, ¿qué opinión le merece que la gobernadora de Campeche Layda Sansores haya hecho público que cuenta con fotografías íntimas de mujeres que hoy son funcionarias públicas?

El Código Penal en el artículo 130 bajo el nombre de Violencia Digital, dice claramente que a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones de voz, telefónica, imágenes estáticas o en movimiento, de naturaleza sexual o erótica de una persona mayor de edad (porque si es menor de edad, se configura pornografía infantil), sin su consentimiento a través de cualquier tecnología de la información y comunicación o por cualquier medio digital o impreso, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión; y hay una situación adicional, que esta pena se va a aumentar hasta una mitad más cuando quien haga esto sea el esposo, esposa, concubina que haya mantenido una relación afectiva de confianza con la víctima, aunque no haya vivido con ella, o que se cometa en contra de quien tenga algún tipo de discapacidad y no tenga la capacidad de entender qué es lo que pasa. Entonces, el Código Penal es muy claro y la gobernadora Layda Sansores aún no comete ese tipo de delito porque no las ha difundido ni revelado y no las ha publicado o compartido; es decir, solo ha dicho que las tiene y ante eso, en lo que incurre ella es en actos de violencia de género de tipo político y en eso sí, ella está cometiendo una falta y me parece que las diputadas ya están tomando cartas en el asunto.

Aquí hay algo muy importante, que no solo ella como gobernadora, sino cualquier otra persona debe de tomar en cuenta, y creo que aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental en dar a conocer este tipo penal y cómo podemos cometerlo. Me parece que la gobernadora de Campeche debe observar su entorno porque si bien como mandataria tiene fuero, en caso de cometer un delito lo primero que se le tiene que hacer es un juicio político y después denunciarlo, esto no es sencillo, pero no es inalcanzable y como prueba de ello están Mario Marín, Roberto Borge y otros exgobernadores más como Javier Duarte que hoy están en la cárcel; lo que se traduce es que las leyes sí te alcanzan aunque seas gobernador o exgobernadora y por eso insisto, hoy los mecanismos de protección a las víctimas han tomado tanta relevancia a raíz de que se elevaron a rango Constitucional y ya se procura que nadie esté por encima de la ley.

—Por otro lado, ¿cómo considera actualmente las condiciones de protección en Quintana Roo?

Hemos avanzado mucho, porque cuando yo empecé a litigar aquí en Quintana Roo, ni siquiera existía el delito de violencia familiar; teníamos que usar otro tipo de delitos para proteger a las víctimas, es más, la palabra ‘víctima’ prácticamente no existía, vine a hacer la Comisión Ejecutiva de Víctimas, tanto la nacional como la estatal. Te puedo decir que hoy está rebasada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado y no porque hagan un mal trabajo, sino al contrario, por el buen trabajo que hacen. Esto es un reto para la nueva gubernatura que viene y la nueva legislatura, que se pueda aprobar ampliar el presupuesto para la atención de víctimas porque el que tienen no alcanza. Hay que ser claros, los mecanismos funcionan, han mejorado mucho, de hecho me acaban de notificar de una disculpa pública en Katunilkin para unos turistas a quienes en la pandemia los trataron muy mal en Holbox, los detuvieron arbitrariamente los policías y recurrieron a mí, procedimos y logramos que se les hiciera una reparación de daño integral, porque fueron expulsados de la isla injustamente, y entonces esto refleja que los mecanismos funcionan, incluso sus leyes son adecuadas porque me ha tocado participar en foros para la construcción de las mismas, simplemente que ya están rebasados. Entonces, algo cuando es muy bueno, está rebasado y yo misma como abogada defensora de víctimas estoy rebasada, me llegan casos y muchas veces los tengo que canalizar con otros abogados. Lo que veo es que la situación de las víctimas… se victimizan más y los mecanismos, como sí funcionan, entonces la gente que ha sufrido de algún abuso alza más la voz y por eso estamos rebasados.

—Abogada, enfrentar a personajes poderosos como el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres por el tema de Lydia Cacho, ¿le ha generado algún tipo de temor?

Sí y hasta la fecha yo ando con cuatro escoltas federales, porque sí he recibido amenazas de parte de algunos abogados porque el asunto de Lydia Cacho contra Mario Marín, no es de una persona contra otra, es un concierto de autoridades, se trató de 10 órdenes de aprehensión y entonces, fueron varias autoridades, estuvieron inmiscuida la Suprema Corte que tuvo que intervenir para hacer una investigación especial; entonces, no fue un tema de uno a uno, sino que fueron varias autoridades en este tema de abuso de poder. Lydia Cacho, por ejemplo, tuvo que salir exiliada de México, ya no puede vivir acá y yo tengo que vivir con escoltas y entonces, sí hay un temor, hay un riesgo presente todo el tiempo, pero es parte de lo que se vive cuando defiendes a víctimas.

—¿Cómo va ese caso de Mario Marín, jurídicamente?

Los amparos que ha presentado la defensa de Mario Marín los ha perdido todos por completo y cada vez que pierden un amparo resulta una victoria para nosotros como defensa, porque él se ha amparado por todo, incluso tuvieron él y su defensa la ocurrencia de mandarle una carta al fiscal Alejandro Gertz Manero, pidiéndole el no ejercicio de la acción penal que porque Mario Marín entendía y compartía el sentimiento y las cosas que al fiscal le pasan actualmente cuando a él le filtraron las llamadas que tiene que ver con un caso personal con su excuñada (Alejandra Cuevas). Entonces, Mario Marín le pide que lo ayude porque a él también lo exhibieron con unas llamadas y sabe lo que se siente y aquí surge algo interesante, en donde se ha desarrollado tanto el tema de las víctimas, que ahora los victimarios se quieren hacer pasar por víctimas y afortunadamente nadie le hizo caso pero sí mandó la carta a principios de año.

—Pero entonces, ¿Mario Marín sigue en prisión?

Sí, sigue en prisión porque todavía estamos en el periodo de desahogo de pruebas y hasta la fecha su defensa no ha presentado pruebas a su favor o pruebas que desvirtúen las que nosotros y la fiscalía presentamos. Lo único a lo que se han dedicado a es intentar desvirtuar nuestras pruebas y los peritajes de las famosas llamadas que salieron el 14 de febrero del 2006 y afortunadamente no lo han logrado, las denuncias quedaron firmes, los periciales en psicología que le hicieron a Lydia en aquel entonces como víctima fue de los primeros que se hicieron en victimología bajo el protocolo de Estambul que habla de las torturas hacia las víctimas. Entonces, aún le falta un poco a su proceso y quiero pensar, a como van los tiempos, que a finales de este año podríamos esperar una sentencia contra él.

—¿Quienes trabajan en la Comisión Ejecutiva de Víctimas también han recibido amenazas?

Hay algo que pasó dentro de todo esto, en donde a compañeros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la zona norte les tocó recibir amenazas y con ello renunciaron uno atrás de otro, porque al ser servidores públicos los mecanismos de protección no los alcanza, piensan que el servidor público ya es infalible por sí mismo y no es así, también son personas y tienen familias y al verse agredidos y amenazados por las contrapartes de las víctimas que ellos llevan, tuvieron que renunciar y entonces se quebró la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la zona norte por la falta de personal y no por falta de presupuesto, sino a raíz de las amenazas y la carga excesiva de trabajo que resultó prácticamente inhumana para ellos. Entonces, sí se vive con temor.     

—Finalmente, desde su punto de vista, ¿qué leyes o reglamentos tendrían que revisarse o ser atendidos por los próximos legisladores de Quintana Roo?  

Definitivamente a la próxima legislatura le van a tocar temas que están en la puerta porque ya están ahí, como la despenalización del aborto, la Ley Vicaria, elevar el presupuesto para los mecanismos de atención a víctimas y de la propia defensoría de oficio que me parece fundamental y esto ya no es cosa de legislar, sino de cabildear el tema del aumento de presupuesto que es algo entre el nuevo gobierno junto con la nueva legislatura y también Reformas al Código de Procedimientos Civiles en cuanto al tema de familias, pues de hecho, ya hay un movimiento nacional para imponer ahora un Código Nacional de Familia porque los asuntos de familia son los mismos en todos lados y cada estado tiene leyes diferentes y se va a tratar de homologar, así como se hizo con el Código Nacional de Procedimientos Penales que ha sido todo un éxito en todos los aspectos.

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ARACELI ANDRADE TOLAMA

  • Abogada litigante, especialista en atención a víctimas de violencia de género, sexual y defensora de derechos humanos desde hace más de 20 años en Quintana Roo.
  • Entre los asuntos relevantes o más conocidos en los cuales ha intervenido está la defensa de la periodista Lydia Cacho en el caso en contra del “gober precioso”, Mario Marín y varias autoridades que intervinieron en su retención. También el caso del periodista Pedro Canché en contra de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo.
  • Fue abogada de siete de las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri, quien sigue preso y también ha trabajado para asociaciones civiles como el CIAM Cancún AC y Suciqroo A.C., en donde sigue colaborando.
  • Ha enfrentado jurídicamente al expresidente municipal de Benito Juárez Gregorio Sánchez Martínez, además de Kamel Nacif, empresario de la industria textil que tenía gran influencia en el estado de Puebla.