REDACCIÓN

CANCÚN.- Luego de que el portal Latinus presentara un reportaje en el que se exhibe a servidores públicos, militantes del Partido Verde (PVEM) en la entidad y una particular, a quienes se acusa de apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales simulados, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo) dio a conocer que inició una carpeta de investigación.

En dichos contenidos noticiosos, dijo la dependencia, “señalan al personal de una Junta laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad y un Notario Público de Quintana Roo. Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”.

A través de la plataforma que encabeza el periodista Carlos Loret de Mola se expuso el presunto esquema de operación, las denuncias, los juicios iniciados, los testimonios sobre el caso y hasta los nombres de presuntos involucrados: entre los señalados se encuentra el dirigente estatal de PVEM, Pablo Bustamante Beltrán, regidor y candidato a síndico del gobierno municipal de Cancún; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Gustavo Miranda García, y su madre, una reconocida empresaria de la zona.

El reportaje exhibió también el presunto involucramiento de Junta Laboral de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad del estado y el notario público 84, Jorge Cruz Hernández, en Playa del Carmen.

De acuerdo con Latinus, los responsables utilizan un método de despojo de propiedades que inició durante el gobierno de Félix González Canto, se perfeccionó con Borge Angulo y permanece con gobernador Carlos Joaquín.

En un comunicado, el presidente de la Jucopo calificó el reportaje como una “ficción construida” y se dijo víctima de “golpeteo político” de un grupo que “con muchos recursos a (sic) invertido en una constante guerra sucia”, mismo término que utilizó Pablo Bustamante, quien declaró que desde hace seis años hay un asunto jurídico que está siendo atendido ante las instancias correspondientes y sobre el cual no puede hacer ninguna declaración en tanto la autoridad no resuelva. “Serán los tribunales quienes diriman los derechos que dicen tener cada una de las partes”, afirmó.

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