México se encuentra en tránsito de una importante reforma del sistema de impartición de justicia, pero si no hay presupuesto para echarla a andar estamos en un brete, advierte la consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura 

Por José Pinto Casarrubias

Abogada de profesión, fue subprocuradora de la Zona Norte, estuvo en la Secretaría de Gobierno como subsecretaria de desarrollo político, fue directora jurídica del Congreso en la X Legislatura, entre otros cargos.

Se trata de Marisol Balado Esquiliano, quien actualmente se desempeña como consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, donde lleva cuatro años de su segundo período, el cual concluye en enero del 2020, por lo que ya piensa si retomará sus actividades públicas, partidistas y políticas o si se dedica a la iniciativa privada, pues asegura que se está replanteando una forma de vida.

Sistema de Justicia Penal, pros y contras

Tras las reformas estructurales en el país en cuanto al Poder Judicial, en 2008 inicia el cambio hacia un nuevo Sistema de Justicia Penal con el tema de la oralidad; en Quintana Roo inicia en 2014, y se puede hablar ya de un avance cualitativo, dice.

“Ha sido un poco difícil para algunas estructuras del Sistema entender el cambio; tiene tres grandes apoyos, empieza con la Policía Judicial, la Policía Municipal, pasa por la Fiscalía y está el Poder Judicial, pero no podemos dejar de lado a las universidades, pues forman a los nuevos abogados, tampoco podemos dejar afuera a los a los postulantes. En Quintana Roo empezamos al interior del Poder Judicial, que fue el primero que empezó a instrumentar la reforma con capacitación, el personal del Poder Judicial se capacitó muy bien, por lo menos durante los tres primeros años.

“Después empezó a hacerse fuerte la presión de la federación, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales superiores de Justicia del país, porque no todos los estados daban el apoyo para la infraestructura que se requiere”.

Explica que es un proceso muy caro, sólo en equipamiento de una sala oral –que emplea un sistema de videograbación– se requieren entre 700 mil y 900 mil pesos, pero si además se le suma el edificio, sin contar los terrenos, las construcciones y el personal, la cifra es muy elevada.

“Pero no sólo es el personal policial, está el administrativo, con este esquema en el nuevo Sistema Penal no sólo es el juez, hay otra parte, de los acuerdos, que es mínima pero hay un sistema que digitaliza, que sella, que folia, que hace ágil el proceso, porque al final de cuentas eso se pretende con el nuevo Sistema, justicia pronta y expedita como manda la Constitución. Justicia tardada es denegada; por eso, el debido proceso se incorpora como uno de los elementos importantes en la Reforma del 2008 y sobre todo orientada al respeto de los derechos humanos, que empezó a tomar relevancia en el año 2000, lo que ha propiciado que exista una percepción de  que el Sistema Penal no funciona y de que los delincuentes salen, pues la reforma es muy garantista de los derechos humanos…

“No pensamos en otra clase de delitos en los que cualquiera puede verse involucrado, como los delitos culposos, un accidente de tránsito, un delito patrimonial, un pagaré que a veces firmamos, que si bien es una deuda de carácter civil y no por eso hay una sanción penal, a veces se pretende hacer valer los hechos como si fuera un fraude y uno puede verse inmerso en un asunto de esta naturaleza, y para eso el Sistema es garantista. Creo que a la vuelta los años hemos avanzado, porque se ha logrado trabajar de la mano con la Fiscalía, hay acuerdos institucionales para poder agilizar procesos, para desburocratizar algunas prácticas, en aras de la peligrosidad de algunos delincuentes o del impacto social que tienen algunos casos, irle dando agilidad a los procedimientos”.

Impunidad y  percepción ciudadana

–Las estadísticas a nivel nacional hablan de un 98% de impunidad ¿qué tan real es esto y cómo estamos en Quintana Roo?

“Tenemos dos situaciones: una, la poca credibilidad que se tiene en las instituciones, eso hay que reconocerlo, tendríamos que pensar la gran cantidad de hechos probablemente constitutivos de delito que no se denuncian por miedo, por apatía, y ahí hay que trabajar con políticas públicas porque el final del camino está el Poder Judicial, cuando deberíamos trabajar al principio del camino, en la prevención.

La otra parte tiene que ver con los delitos que sí son denunciados, seguimos teniendo deficiencias en los procesos de investigación de los delitos, nos hace falta a gritos un centro de investigaciones técnicas y periciales que fortalezcan la labor de la policía, si no tenemos un centro de este tipo –que tiene que ver con huellas digitales, una base de datos de los delincuentes–, poco podremos avanzar en ir haciendo una cultura de prevención y combate al delito, es un tema que está pendiente presupuestalmente hablando, porque entiendo que la Fiscalía no ha podido concretar esta parte que le urge, sobre todo porque con este nuevo Sistema la confesión ha quedado desfasada. La acusación tiene que ir fortalecida con pruebas técnicas que le hagan ver al juez que no hay posibilidad de cometer una injusticia, que al final de cuentas ese es el objetivo”.

Explica que son pocos los asuntos que llegan al Poder Judicial y la intención del Sistema es que se haga énfasis en los medios alternos, y se aspira a que los delitos violentos lleguen en menor cantidad, pues hay muchos más delitos patrimoniales que tienen la posibilidad de una medida alterna en la solución del conflicto, el propio Sistema Penal lo permite, tanto en la etapa de integración de la carpeta de investigación con el mecanismo de salida de oportunidad, como a nivel de juicio con una salida abreviada.

“Pero no tenemos una cultura que nos haga sentarnos a discutir con el otro una salida razonable de un conflicto; estamos acostumbrados a que venga una autoridad y nos diga quién tiene la razón, eso provoca que se sature el sistema y que se vayan alargando los plazos entre audiencia y audiencia para desahogar el procedimiento y un asunto se tarda más de lo que debería. También abona a la falta de credibilidad, porque impide que haya mayor eficiencia en los otros delitos que sí llegan a juicio oral, pero si todo lo que está en trámite llegara de golpe tendríamos un serio problema en eficiencia”.

Visitaduría resolverá caso de juez de control

Con relación al caso de Shelling Kierkegaard Novelo Yeh, juez de control que dejó en libertad a dos implicados en un intento de homicidio que habrían sido detenidos en flagrancia, y si esta situación deja mal parado al Tribunal y al Poder Judicial en general, explica:

“El Consejo de la Judicatura tuvo una queja presentada por la Fiscalía y acordamos turnarla  a la Visitaduría y suspender al juez –no estamos prejuzgando, ni estamos limitando su derecho de audiencia–; se decidió la suspensión con la finalidad de evitar que hubiera alguna incidencia en la investigación, entonces se le retira de sus funciones para que la Visitaduría concluya el informe y determine si efectivamente hay motivos para fundamentar la procedencia de la queja por la posible acción de este juez o si fue una decisión jurisdiccional.

“Es muy delgada la línea entre el ejercicio de la función jurisdiccional, el ejercicio del criterio del juzgador y la parcialidad que pueda tener con base en un interés, que al final de cuentas es inocultable porque el delito siempre deja huella, la falta siempre deja rastro,  para cada uno de los supuestos hay un camino. En el caso de que hubiera razones o fundamentos para la procedencia de la queja, seguirá su curso, hay un juzgado interno que aplica la ley de responsabilidades administrativas y procedería en su momento la sanción que corresponda, y el juez tiene también sus recursos correspondientes, entonces se desahogará por la vía interna; si fue una decisión de corte jurisdiccional, de ejercicio de criterio, en función de la autonomía del juez, entonces está el recurso que establece la ley, que tiene la Fiscalía, en este caso para apelar o después para irse al amparo”.

La jurista considera que el hecho de que el Consejo de la Judicatura, en el ejercicio de sus facultades, esté pendiente de los asuntos que se desahogan y de este tipo de circunstancias, es un buen precedente porque hace sentir a los juzgadores que si bien son autónomos por disposición constitucional en el ejercicio de su función jurisdiccional, también hay un ojo pendiente de su actuar para que no se inclinen del lado izquierdo de la balanza, sobre todo en los delitos de alto impacto.

“Los jueces tienen una gran responsabilidad, porque en la medida que haya la percepción de que se combate la impunidad, de que si denuncio va a fructificar y la autoridad va a actuar, podremos rescatar la credibilidad y empezar a disminuir en la realidad los índices de violencia, porque mientras no cambie la percepción de que puedo hacer lo que quiera –y no sólo hablo de los delincuentes mayores, sino hasta del que no respeta los cajones para discapacitados–, será complicado.

“Si nos abocamos sólo a la parte del final de la cadena del quehacer humano, del social, y trabajamos nada más en la sanción, requeriremos más jueces, más juzgados; si ya de por sí nos hacen falta, particularmente en Cancún donde tenemos un gran problema de orden familiar con las custodias y las pensiones alimenticias”.

Comenta que en el caso específico de las custodias, en Cancún se necesita un Centro de Convivencia como el que se va a construir próximamente.

“Tuvimos casi el mismo presupuesto para ejercer 2019 que en 2018, y el gobernador Carlos Joaquín ha declarado que no han sido buenas las noticias que ha recibido de primera mano con respecto al presupuesto que tendrá el Estado para el próximo año, y eso evidentemente impacta a los organismos y a los poderes del Estado, porque habrá poco crecimiento, sin mencionar que se incorporará la justicia laboral, con la reciente reforma que hubo este año y ya tenemos que empezar; de hecho ya hay una comisión que está trabajando de la mano con la Secretaría del Trabajo para ir capacitando en el área de la Reforma Laboral y ya debemos empezar a considerar los espacios donde van a están esos juzgados”.

Explica que el rezago es relativo, porque se acumulan los expedientes de un año a otro, y en términos generales hay un promedio de mil expedientes que se inician al año por cada uno de los juzgados civiles, pero hay expedientes en tránsito que a veces no caminan por falta de motivación de alguna de las partes.

“Claro, está la facultad que tiene la autoridad para determinar la caducidad después de un tiempo de no ejercitarse una acción en el expediente, y en el ámbito familiar en el Sistema Oral tenemos al año alrededor de 3 mil 500 a 4 mil asuntos de la oralidad; si hablamos del sistema tradicional, ha disminuido. Pero nos hacen falta manos en la maquila, en la parte escrita de los procesos, porque la intención de la oralidad es que los procesos sean más rápidos, para darle certidumbre al ciudadano.

“Vamos caminando hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles, eso nos va a llevar a la oralidad, estamos en tránsito, es toda una reforma del sistema de impartición de justicia en México y la incorporación de los juzgados laborales, también lleva un término acotado, pues los juicios no pueden exceder de dos años, eso tratando de que no haya rezago, pero si no hay presupuesto para contar con los elementos para echarlo a andar, entonces estamos en un brete que a veces los legisladores no consideran, es buena la intención, pero a la hora de instrumentar viene el problema”.

“Escenario complicado para el PRI”

Priista de toda la vida, Marisol Balado se afilió a ese partido en 1987, y advierte que en la actualidad el escenario es complicado para el partido.

“El PRI se acomodó en un esquema fácil de la gestión comunitaria, pero no logró consolidar un esquema de pertenencia y compromiso con la organización partidaria, se dejó atrás la escuela de cuadros, a mí todavía me tocó tomar algún curso en la escuela de cuadros a nivel nacional, eran muy interesantes porque escuchabas experiencias de primera mano, en esos años empezaba a dar a darse la alternancia en el país –Baja California fue el primer estado que ganó el PAN con Ruffo Appel–, y nos decían que era importante prepararnos para lo que se veía venir, pues tarde o temprano iba a llegar. Finalmente llegó y tomó a los priistas con las manos en la puerta, vino una recomposición emergente –diría yo– con un liderazgo carismático, que en un principio tuvimos con Enrique Peña Nieto, pero no hubo formación de cuadros que pudieran ejercer un liderazgo similar, que hubiera podido mantener fresca esa inquietud de participación política, y los escándalos de corrupción indudablemente hicieron mella en la credibilidad.

“Es un gran problema la corrupción en el país, pero es un mayor problema el de la impunidad, mientras no seamos congruentes –los priistas que todavía creemos en el instituto– con lo que decimos y lo que hacemos, o no entendamos que nuestra vida está cada vez más abierta al público, cada vez es más transparente y no hay manera de esconder tres cosas en la vida, la salud, el dinero y el amor, y en el caso del dinero es muy visible cuando alguien se hace rico de la noche a la mañana, por eso insisto mucho en el asunto de la educación”.

El rol de la mujer en la política

Considera que se ha logrado avanzar en el tema de la equidad de género y que Quintana Roo ya está listo para ser gobernado por una mujer.

“Creo que es importante que se hayan tomado las acciones afirmativas para el género, pero tienen que ser temporales, porque si no creamos un desbalance y nos vamos al extremo del péndulo, se trata de trabajar por una sociedad en donde haya equidad para ambos géneros, porque nunca vamos a ser iguales, pensamos distinto, nos formamos distinto, biológicamente somos distintos, entonces somos complementarios, somos visiones que podemos converger en un proyecto, podemos ser compatibles, pero nunca vamos a ser iguales”.

–¿Considera que las mujeres pueden tener un plus en la política por la sensibilidad que les caracteriza?

Hay dos cuestiones, se puede ser mujer y hacer política como mujer con esa sensibilidad que mencionas, pensando en esa parte femenina, esa parte materna, de solidaridad, de ayuda, de identificarte con el otro, pero está la otra parte del ejercicio político de la mujer, que hace un ejercicio político como varón y si esas son las reglas del juego, no habrá avance, ni complemento en las formas de hacer política. Entonces, las mujeres sí aportamos un plus, dependiendo de nuestra formación, creo que eran necesarias las medidas que se han tomado, aunque se hayan criticado, de exigir el 50-50, de exigir la paridad, el mismo número de posiciones de decisión, de poder, porque sólo así puede uno transformar las estructuras y transformar la realidad, pero creo que tenemos que pensar que es temporal y que tendrá que prevalecer la capacidad del más apto”.

–¿Ya está listo Quintana Roo para tener una gobernadora?

“Yo creo que sí, particularmente Quintana Roo, pues a diferencia de muchos otros estados tradicionales, como nuestro vecino estado de Yucatán –que ya tenido dos mujeres gobernadoras–, Querétaro y algunos otros estados del centro del país, en Quintana Roo, siendo tan joven, sus generaciones ya vienen con otra mentalidad, dejaron un poco atrás la mentalidad del siglo XIX y de principios del siglo XX, donde la mujer debía dedicarse básicamente a tareas del hogar, a la familia y ser el eje rector de la casa, de la administración doméstica; se acepta o se ve con mayor naturalidad el hecho de que una mujer pueda estar en un cargo de dirección y que hay una mujer gobernadora no sería extraño, creo que hay mujeres muy capaces que pueden desempeñar esta responsabilidad”.

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El Consejo de la Judicatura se integra por cinco elementos: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado que puede ser reelecto por dos años, un juez consejero, y dos consejeros de afuera del Poder Judicial –aunque en el caso de la entrevistada, regresó a su alma mater– y permanecen cinco años, con posibilidad de reelección por un período igual.

En el seno del Consejo de la Judicatura se dirimen asuntos que tienen que ver con la vigilancia de la administración de los recursos, con la supervisión de la carrera judicial, que haya perfiles en los puestos que tienen que ver con la impartición de justicia y con las sanciones que se aplican. Toda la parte administrativa la ve el Consejo de la Judicatura, a  diferencia de los magistrados que tienen funciones de carácter jurisdiccional, aun cuando tienen facultades de administración, como por ejemplo la aprobación del presupuesto.

El Consejo de la Judicatura elabora un anteproyecto y lo aprueba el pleno del Tribunal Superior antes de enviarlo al Ejecutivo, como marca la ley.

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Marisol Balado Esquiliano nació en Chetumal el 27 de enero de 1962, hija de maestros de formación y profesión.

“Mi padre vino a trabajar en la Zona Maya cuando todavía había que entrar caminando a las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, mi mamá también fue maestra rural, ahí se conocen, mi mamá decide quedarse para cuidar a los hijos, mientras mi papá lograba su cambio a Chetumal.

“Soy la mayor de seis hermanos, somos tres mujeres, la menor falleció y a mi hermana Isabel le llevo un año y 6 meses, entonces es como si fuéramos gemelas, ella siguió la tradición de la familia, porque tanto en la materna como en la paterna hay muchos maestros de educación primaria y secundaria. Tengo tres hermanos varones, el mayor es comerciante, vive fuera del Estado pero viene muy seguido porque se dedica al cultivo y distribución de las flores de nochebuena en toda la región, mi otro hermano trabaja en el servicio público, ha estado en diferentes dependencias, y el menor estuvo trabajando en el Congreso del Estado, antes en el C-4 y ahora se ha dedicado a trabajar en Playa del Carmen en otro tipo de actividades, es contador público”.

Ella sin embargo se inclinó por el derecho, estudió la preparatoria en Mérida y aunque tenía la idea de estudiar psicología, después de haber cursado el bachillerato de biológicas ingresó al de sociales y ahí se encontró con sociología, con el derecho positivo, con la filosofía, que la apasionaron.

“Regresé a Quintana Roo en 1987 después de estudiar en la Universidad de Yucatán y acá había muy pocos abogados, eso me permitió incorporarme con mucha facilidad al servicio público y me encantó, además me incorporo a la actividad política, primero trabajo con el Poder Judicial como secretaria de proyectos en el Juzgado Primero Familiar en Chetumal; estuve como un año y luego hubo una invitación en la Dirección General de los Servicios Coordinados de Educación Pública en el estado de Quintana Roo en la Delegación Federal de la SEP, y ahí descubro la política. Me incorporé directamente en una campaña para la presidencia municipal en Othón P. Blanco con Rosario Ortiz Yeladaqui, una etapa muy formativa, en términos de acercamiento con la gente, de sus necesidades, en términos de cómo percibe la gente la realidad y ahí se me despertó la venita de querer hacer algo por la comunidad, siempre pensar en el otro”.

Comenzó entonces a mezclar sus actividades políticas con las jurídicas y cuando se incorporó a la administración del ayuntamiento de Othón P. Blanco en 1990-93 como directora de participación ciudadana, trabajó en la integración de los comités de Solidaridad, en el sexenio de Carlos Salinas.

“Nos tocó hacer zanjas para introducir la tubería de agua potable en las colonias que apenas empezaban a ser asentamientos en Chetumal, limpiar terrenos baldíos para que hicieran una base para una escuela comunitaria, hicimos campañas de reforestación, hubo mucho trabajo de trato cercano con la gente”, recuerda.

Exnotaria pública, a lo largo de su carrera ha sido subprocuradora de la Zona Norte, subsecretaria de desarrollo político de la Secretaría de Gobierno, directora jurídica del Congreso en la Décima Legislatura, donde “nos tocó construir un andamiaje constitucional con la Reforma al Poder Judicial, la Reforma al Sistema Electoral y la Reforma Constitucional para los municipios, así como elaborar la ley de municipios”.

De su paso por la Secretaría de Gobierno recuerda que en 2007 formó parte del grupo que negoció los convenios de ocupación con ejidatarios para que se pudiera hacer la carretera en el tramo Tulum-Carrillo Puerto; “cada vez que paso por esa carretera, no dejo de sentir satisfacción de haber sido parte de ese proceso”.

Entre cargo y cargo participaba con el PRI, donde fue secretaria de Organización, secretaria general y secretaría técnica del Consejo Político. Actualmente es consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, cargo que ha ocupado los últimos años.

“Soy madre de dos hijos, en mis redes pongo que soy madre por elección, mis hijos ya son universitarios: Alejandro acaba de egresar de la primera generación del Campus de la Universidad de Quintana Roo en Cancún y Daniel está por concluir la carrera también. Ellos han sido mi motor, ya crecieron, las alas les impulsan a volar por sí solos, quieren incorporarse al mercado laboral y eso me descarga una responsabilidad, porque primero había que pensar en trabajar para darles la posibilidad de tener una carrera, porque siempre he creído que si bien no te resuelve la vida, sí te abre la puerta a la oportunidad de un cambio en tu vida, por eso, cuando tengo la posibilidad de platicar con jóvenes, siempre les insisto en estudiar una carrera y prepararse para transformar su futuro”.