Ejidatarios de Laguna Om se niegan a cualquier acuerdo sobre el tránsito del proyecto emblemático de la 4T por sus tierras, en tanto la SCT no pague las propiedades que les expropiaron hace más de 10 años; en Bacalar también paralizaron negociaciones porque “no ven claro”

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Integrantes del ejido Laguna Om, en Nicolás Bravo, rechazaron la posibilidad de cualquier acuerdo con el gobierno federal sobre las tierras por las que pasaría el Tren Maya, hasta que no les sea pagada la indemnización que reclaman a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde hace más de 10 años, tras la ampliación de la carretera federal Chetumal-Escárcega.

Esta decisión, dada a conocer por el presidente del Comisariado Ejidal de Laguna Om, Leopoldo Santos Fajardo, representa un nuevo obstáculo para el proyecto del Tren Maya, luego de que en días pasados, ejidatarios de Bacalar paralizaran las negociaciones en tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no les garantice el beneficio económico que obtendrán a cambio de las más de mil hectáreas que les pide, pues aunque el gobierno federal les dice que busca asociarlos al proyecto, en vez de expropiar sus terrenos, no ven claro qué beneficios obtendrán.

Santos Fajardo recordó que han mantenido un largo litigio con las autoridades federales en busca de una indemnización justa por la expropiación, de manera arbitraria y sin su consentimiento de tierras ejidales, para la construcción y posterior ampliación de la carretera federal 307, que luego de años llevó a que el Tribunal Unitario Agrario diera  la razón a los ejidatarios en febrero de 2015, y ordenara a la SCT cumplir con la ley y corregir todos los errores.

Sin embargo, hasta el momento no han logrado conciliar con la dependencia, pues ellos quieren que se les liquide la expropiación de sus tierras por un monto superior a 100 millones de pesos, pero la SCT les ofrece únicamente 17 millones 220 mil pesos, lo cual fue rechazado en asamblea.

Aducen que otros ejidos han obtenido montos muy superiores por sus tierras, como el de Bacalar, al que pagaron 97 millones de pesos por 39.7 hectáreas; al de Juan Sarabia, por 90 hectáreas, la SCT les pagó 60 millones; y al ejido de Felipe Carrillo Puerto por 116 hectáreas, 116 millones, por lo que están en espera de un nuevo avalúo.

Subrayó que el ejido es un núcleo forestal, comercial y hasta turístico, por lo que esperan que la valoración de las 120 hectáreas afectadas emplee un criterio con denominación comercial que les otorgue una indemnización que respete el valor real y justo de sus tierras.

Cabe señalar que los litigios emprendidos por los núcleos agrarios del sur del estado datan desde la construcción de la primera etapa de la carretera 307, cuando Gustavo Díaz Ordaz ocupaba la Presidencia de la República, hace más de 50 años.