ROBERTO HERNÁNDEZ GUERRA

Para comprender el sentido de un evento hay que comenzar por el principio. Nos lo recuerda el evangelio de San Juan cuando refiere: “en el principio era el Verbo”. Siglos antes, el libro sagrado de las religiones judía y cristiana inicia con la afirmación de que “en el principio creó Dios el cielo y la tierra”. El mismo nombre de dicho primer libro, en latín Génesis, significa “origen, principio, serie encadenada de causas que conducen a un hecho”.

¿Y qué nos lleva a comenzar con frases y definiciones religiosas y semánticas? Pues no otra cosa que la polémica desatada sobre la propuesta de quien preside el Poder Ejecutivo Federal, para modificar la llamada “reforma energética” de Peña Nieto del año 2013, parte sustancial de sus “reformas estructurales”  que lograron incrustar el neoliberalismo económico en la nuestra Ley Suprema, la Constitución Federal. Y aquí hubo otro principio, caracterizado por  la corrupción.

Para comenzar, debemos recordar la esencia del “evangelio” del economista Milton Friedman y su “escuela de Chicago”, que era “privatizar, privatizar, Moisés y los profetas”. Pero también que en nuestro país, los tecnócratas que lo impusieron le agregaron un elemento más, “corromper, corromper a quien sea necesario”, para enriquecer aún más a un reducido grupo de políticos y empresarios. Y si usted tiene dudas al respecto, le recordamos las declaraciones judiciales del que fuera director de PEMEX en tiempos no muy lejanos, Emilio Lozoya Austin, respecto al uso que se le dio a parte del soborno recibido de la empresa brasileña Odebrecht, para obtener el voto favorable de los legisladores federales a la reforma energética. Los videos filtrados no se prestan a dudas.

Fue pues el soborno, el “pecado original” de esa legislación que benefició a las empresas extranjeras que invirtieron en la generación de energía, pero a costa de la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en última instancia de la mayoría de los mexicanos que resintieron alzas considerables en sus “recibos de luz”. Desde luego que además de los señalados en líneas anteriores, hubo otros ganadores y perdedores en ese oscuro proceso de privatización; ganadores entre otros, la minorista OXXO y la mayorista WALMART que ahora recurren a sendos amparos para conservar los precios bajos subsidiados por la CFE, perdedores las “tiendas de la esquina” y la empresa mediana y pequeña que resintieron los nuevos precios de la energía.

Dirían los apostadores: “los dados ya están sobre la mesa”. El Estado mexicano inicia su juego, con la intención de hacer valer el Artículo 27 de la Constitución que lo hace responsable del desarrollo  para fortalecer la soberanía nacional; de igual manera las empresas extranjeras y sus socios locales hacen el suyo, tratando de mantener, más allá de las ganancias lícitas por su inversión, lo que se llama “rentas” producto de los acuerdos del pasado; vemos también a un costado, los despachos de abogados prestos a tramitar amparos al por mayor y en medio, al poder judicial que tendrá que ser el “fiel de la balanza” y definir el interés que debe prevalecer.

¿Es constitucional o no el decreto preferente que presentó a las Cámaras el Poder Ejecutivo Federal? Eso lo determinarán por mayoría absoluta, por lo menos integrantes siete de los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia. A nosotros únicamente nos resta recordarles a los priistas del ahora, las palabras de un gran Presidente de la República emanado de dicho partido, cuando nacionalizó la industria eléctrica en el año de 1960: “Les devuelvo la energía eléctrica que es propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país entregaran de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”. Profeta de la traición resultó el Lic. Adolfo López Mateos quien no se imaginó que fueran de su instituto político los que actuaran en ese sentido. A los del partido blanquiazul nada se les puede reclamar, porque siempre fueron congruentes en su oposición a la conducción de la economía por el Estado.

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