El Gobierno de México anuncia su ‘Missing’ – EL BESTIARIO

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Es su “última oportunidad” para conocer las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990”…

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

Familiares y activistas celebran la creación de la “última oportunidad” para esclarecer asesinatos, desapariciones y otros abusos cometidos por el Estado. Por segunda vez en su historia reciente, México dirige la mirada a los años nefastos de la Guerra Sucia. Un decreto ha sido publicado este miércoles, 6 de junio del 2021. El nuevo organismo toma el testigo de la fracasada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Anunciada como ejemplo de un cambio de época, el fin del PRI virreinal y la llegada del modernizador Partido Acción Nacional, la Fiscalía naufragó por falta de voluntad política y estrechez de miras. Nos evoca la película ‘Missing’ del actor estadounidense Jack Lemon. ‘Desaparecido’ (título original: Missing) es una película de 1982 dirigida por Costa-Gavras y protagonizada por Jack Lemmon y Sissy Spacek. La película, cuyo guión, escrito por el director y Donald E. Stewart, está basada en el libro ‘The Execution of Charles Horman’. El largometraje obtuvo, entre otros premios, la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar al mejor guion adaptado. Esta película fue censurada por la dictadura militar de Pinochet. En Chile, tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, desaparece de su domicilio Charlie Horman, joven e idealista periodista estadounidense. Su padre (Jack Lemmon) y su esposa (Sissy Spacek) deciden buscarlo, cueste lo que cueste.

Durante la búsqueda ellos tienen que ver los horrores de la dictadura y darse cuenta de que, por alguna razón, la embajada estadounidense no está dispuesta a ayudar como debería en su desaparición. La historia está basada en un caso real: el del desaparecido Charles Horman (1942-1973). Con la nueva comisión, la esperanza es que el Estado de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el de la Cuarta Generación, haya madurado lo suficiente para abrirse en canal y dejarse ver las entrañas. “Es la última oportunidad, es verdad”, reconoce Alicia De los Ríos. Activista casi desde la cuna, De los Ríos pelea por conocer el destino de su madre, detenida en enero de 1978 en el antiguo Distrito Federal por la Brigada Blanca, uno de los grupos especiales contrainsurgentes compuestos por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI. Es la última oportunidad, dice De los Ríos, porque parece difícil que otro Gobierno se muestre más dispuesto a esclarecer uno de los episodios más oscuros del pasado priista. La mujer dice que el fracaso de la Fiscalía de Fox no le hace temer uno nuevo. “Esta vez llegamos más maduros”, explica, “primero, porque ahora no es una Fiscalía, los trabajos no van encaminados únicamente a establecer la responsabilidad de los perpetradores. La visión es más integral”, añade.

“Ahora además hay una ley de desaparición forzada, no como antes. La búsqueda de nuestros familiares desaparecidos ya no queda perdida”. De los Ríos señala que la comisión les será útil a las familias en el acceso y búsqueda en archivos, hasta ahora vedados. “Hay archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) importantes, también del Cisen”, dice, en referencia al órgano de inteligencia del Estado. “Hay un montón de archivos de la represión, locales y federales, que no han sido consultados. La comisión es el órgano ideal para esto”, zanja. El interés que menciona la mujer recuerda inevitablemente al de otro grupo de familias: las de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ambos colectivos comparten una ventaja, la atención del Gobierno. Las únicas dos comisiones de la verdad creadas durante la presente administración responden a sus exigencias. Constituida a principios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la comisión de Ayotzinapa ya ha padecido resistencias por parte de algunas dependencias del Estado para la entrega de información. De ninguna tanto como de Sedena.

Para Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, el papel del Ejército en la nueva comisión no queda demasiado claro. “Sedena no está como firmante del decreto. Mientras que en la comisión de Ayotzinapa sí aparece. Quiero decir que no llego a ver que el Ejército acompañe este proceso de revisión de la Guerra Sucia”, señala. Privilegiado de la historia, Aguirre y su equipo de abogados conocen tanto el caso Ayotzinapa como los abusos cometidos durante la Guerra Sucia. De hecho, el Centro Pro lleva el caso de De los Ríos ante la justicia. “En el decreto de la comisión de Ayotzinapa se establecía una obligación de entrega de información para las dependencias federales. Eso no está en el actual decreto. Aparece una fórmula distinta, menos contundente”, critica. Para el historiador Camilo Vicente Ovalle, el nacimiento de la comisión es una buena noticia. “La iniciativa responde a un reclamo de los colectivos de familiares y exmilitantes. Aunque la perspectiva de justicia estaba integrada al proyecto del Gobierno de López Obrador, no había una iniciativa concreta para llevarla a cabo”. Historiador de la UNAM, Ovalle ha participado en los trabajos de diseño de la comisión estos meses. “La diferencia con la Fiscalía de Fox es que su objetivo era enjuiciar a presuntos responsables de crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Pero no hubo avances en los procesos de judicialización y las investigaciones judiciales quedaron paradas. Hace poco tiempo que algunas han empezado a revivir, caso de Alicia de los Ríos. Pero estamos hablando de que quedaron alrededor de 270 investigaciones vivas y otras tantas cerradas. Y de esas 270 no se ha movido nada”, zanja.

Según Ovalle, la comisión debe quedar instalada a mediados de noviembre, después de un proceso de selección de cinco expertos, que acompañarán a los representantes de dependencias como la Secretaría de Gobernación o el Archivo General de la Nación. Respecto al acceso a los archivos del Cisen o el Ejército, el historiador se muestra optimista. “Yo creo que vamos a tener acceso, tengo la convicción de que va a suceder. Ahora, no va a ser fácil, no solo por el acceso que puedan brindar, sino porque han pasado muchos años y no sabemos en qué condiciones puedan estar esos archivos. Es un primer paso muy relevante, faltan más batallas”. Martha Camacho Loaiza dio a luz a su primer hijo en la oscuridad de un cuartel militar donde estuvo en cautiverio durante 50 días en los años de la Guerra Sucia. El 19 de agosto de 1977, ella y su esposo José Manuel Alapizco fueron sacados a la fuerza de su casa en Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste de México), por policías judiciales y militares. En ese entonces ella era estudiantes de Economía y él profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ambos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo subversivo que buscaba un cambio social. El 29 de septiembre, en condiciones insalubres y de tortura, Martha dio a luz a un niño al que llamó Miguel. “Me encontraba vendada de los ojos y amarrada de las manos. Al nacer me descubrieron los ojos sólo para que viera que mi hijo tenía una ametralladora apuntándole en su cabeza”, relata a este diario la mujer de 62 años.

Cuando fue liberada, ante el miedo de que su hijo fuera secuestrado, tomó la decisión de no ponerle el apellido de su padre. Hasta los 15 años Miguel conoció la historia de sus padres en esos años de persecución policial. En el 2000, cuando llegó la alternancia política encabezada por el presidente Vicente Fox del conservador PAN y prometió castigar los delitos cometidos en el pasado, Martha pensó que por fin se iba lograr justicia. “Yo pensé inocentemente que al llegar al poder el PAN se iban a evidenciar los actos de injusticia que se cometieron en el pasado (con el PRI) y se podría llevar a juicio a los perpetradores”, cuenta la víctima de la llamada guerra sucia. En 2001, en plena transición democrática después de 70 años de gobiernos del PRI, Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para investigar una de las etapas más oscuras en la historia de México. La instancia representó la esperanza para cientos de víctimas como Martha que anhelaban castigos para los altos mandos del Estado mexicano que en los años 60, 70 y 80 criminalizaron y combatieron a grupos estudiantiles, sociales y algunos movimientos armados que protestaban contra el autoritarismo. Tras años de vivir tortura psicológica a través de llamadas intimidatorias, mensajes hostiles hechos con recortes de periódicos y autos que vigilaban su domicilio, finalmente en 2002 Martha decidió presentar su denuncia, pero su caso nunca avanzó. La Fiscalía especial se disolvió en 2007 -tras acabar el Gobierno de Fox- dejando inconclusos 570 expedientes, entre ellos el de Martha. Las indagatorias fueron enviadas a una instancia de la Fiscalía General (Procuraduría General de la República, PGR). A más de once años de que la PGR retomó las indagatorias los avances son nulos, se desprende de un oficio otorgado por la PGR a este diario en respuesta a una petición de información. Ningún caso ha llegado a manos de un juez y mucho menos se ha logrado una sentencia. Además 234 expedientes continúan en “integración”, en 169 se determinó el no ejercicio de la acción penal (se dio carpetazo definitivo), y el resto están prácticamente archivados.

En 2012, después de que el expediente de Martha estuviera diez años en investigación, la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal. Los delitos que se investigaban bajo el Código Penal de Sinaloa, como el de privación ilegal de la libertad, sólo castigaba a particulares y no incluía a los servidores públicos, mientras que los de homicidio y abuso de autoridad, ya habían prescrito. “Lo único que llegaron a hacer fue una reconstrucción de los hechos, pero sólo fuimos revictimizados”, recalca. Martha, con apoyo del Centro Prodh, puso un amparo en contra del carpetazo decretado por la PGR. En 2014 obtuvo un fallo a su favor y logró que el caso de su esposo fuera considerado por la autoridad judicial como crimen de lesa humanidad, el cual no es prescriptible. Ante el fallo, la PGR se vio obligada a reabrir el expediente. “Desde hace más de tres años de que el caso se reabrió, no hay avances. Hace semanas fui a ver cómo iban y sólo han mandado algunos oficios dirigidos a los panteones a ver si hay una fosa común, al hospital civil de Culiacán para preguntar si recibieron el cuerpo de mi esposo, pasos muy lentos”, lamenta la historiadora. El tema más ambicioso que lideró la llamada Femospp fue la investigación de la represión ejercida por las fuerzas gubernamentales en contra del movimiento estudiantil de 1968 y que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. También recogió denuncias de hechos políticos y sociales ocurridos en todo el país, como los homicidios de presuntos militantes y simpatizantes del izquierdista PRD ocurridos en 22 estados, los homicidios de diversos estudiantes ocurridos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la muerte de siete campesinos en Sonora que habían invadido un predio y fueron desalojados a balazos por policías judiciales, y la persecución de los grupos insurgentes en Guerrero, entre otros cientos de casos. Antes de que la Femospp fuera disuelta, lo único que consiguió fue llevar a tribunales al expresidente Luis Echeverría por la matanza de estudiantes, pero tras años de litigio, el exgobernante fue exculpado, sepultando con ello la esperanza de justicia.

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