Roberto Guzmán

La desigualdad de género, el estigma y la exclusión contribuyen a la propagación del VIH, y estas pueden aumentar las tasas de infección y reducir la capacidad de las mujeres y niñas de Quintana Roo para hacer frente a la epidemia puesto que a menudo no solo tienen menos información sobre el proceso de su infección, sino menos recursos para poner en práctica medidas preventivas. En situaciones extremas, muchas de ellas se encuentran impedidas a la hora de negociar prácticas de sexo más seguro con sus parejas, ya que por la dinámica del poder desigual respecto a los hombres tienen que luchar contra el estigma y la exclusión, que se agrava por la falta de derechos.

La violencia sexual, una violación generalizada de los derechos de las mujeres, acrecienta el riesgo de la transmisión del VIH y los datos indican que el matrimonio puede ser un factor de riesgo importante, especialmente para las jóvenes y niñas, pero también  para las mujeres viudas que a causa del SIDA o que viven con diagnóstico VIH se ven obligadas a hacer frente a litigios sobre la propiedad con sus familias políticas, que les complican sus derechos por su limitado acceso a la justicia.

Visibilizar la necesidad de la atención del VIH, así como la distribución de antirretrovirales o el seguimiento a esta demanda por diferentes vías e instancias públicas, evidencia que las acciones de contención y apoyo psicológico profesional para todas ellas no resultan fáciles cuando el miedo y los estigmas asociados generan silencio y miedos, al percibir y sufrir violencias por su entorno inmediato y familiar.

Si bien ha habido progresos en la respuesta al VIH en el estado de Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, estos esfuerzos deben continuar si queremos terminar con la infección para cumplir los objetivos sustentables del 2030, a pesar de la alta tasa de nuevas infecciones por VIH, que ha aumentado a más de un 23% a partir del 2018; desde entonces se estiman alrededor de tres mil personas que han contraído VIH, de las cuales cuatro de cada nueve de las nuevas infecciones fueron en mujeres a partir de los 17 años.

Hacer frente a la atención del VIH no ha sido sencillo desde el 2014, por la desventaja que se tiene por la desigualdad y falta de derechos, ya que ser mujer, y mujer con VIH, añade otros factores adicionales al riesgo de la infección, sobre todo por la dependencia económica que tienen las usarías que se atienden en un sistema de salud con respecto a sus parejas, a quienes se les debe empoderar igual para que afronten sus dificultades, no solo para acceder a información fiable sobre la infección, sino por las dificultades de acceso a la prevención, a la prueba diagnóstica, la marginación, la discriminación y la violencia de género, donde el asesoramiento resulta vital.

La elección a un régimen de tratamiento para el VIH que deben utilizar aquellas mujeres que deciden o no iniciar un embarazo, requiere de mucha información y de mucho apoyo por las afecciones médicas que puedan tener la madre y su bebé, así como por los resultados de las pruebas de resistencia al medicamento.

Resulta esencial, mis estimados lectores, que los factores biológicos y sociales que influyen en la vulnerabilidad a la infección de todas las mujeres y niñas de Quintana Roo sean un asunto prioritario para la próxima administración gubernamental, ya que para la actual no lo fue, por lo que deberán de considerarlas ante estas diferencias de género relacionados con la enfermedad en el ámbito de los servicios sanitarios, ya que también por las diferencias de género se deben desarrollar iniciativas que fortalezcan la prevención contra el mismo virus VIH.