El cielo de la oposición / Quién gobernará Quintana Roo

0
147

Roberto Guzmán

Hoy los grupos delincuenciales que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo latente para la incipiente democracia de Quintana Roo. La posibilidad de nuevos atentados contra candidatos y del apoyo sistémico de grupos criminales a favor de una fuerza política en el próximo proceso electoral, incluso a candidatos a modo, parece menos remota, lo que implicará un gran desafío para nuestra estabilidad política.

Considero que antes de adoptar una posición alarmista o de desestimar la capacidad del crimen organizado para corromper en el estado nuestra democracia, es necesario preguntarse qué buscaran los criminales en este proceso electoral en puerta. Desde mi opinión, puedo decir que ya han comenzado a buscar el control y los recursos públicos para los próximos cinco años, al igual que información de primera línea y el resguardo en los 11 municipios de la entidad de sus policías para su despliegue.

En Quintana Roo, de acuerdo a una nota publicada a finales del año pasado en Por Esto!, operan al menos cuatro bandas del crimen organizado, que se disputan las actividades ilícitas en el Caribe mexicano, entre ellas el Cártel del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación, dedicadas a la venta de droga y privaciones de la libertad no solo en zonas marginales de la periferia de Cancún, como es habitual leer todos los días en medios y redes sociales, sino también de manera más grave en plena zona de playas y entre los hoteles más exclusivos.

Permitir la infiltración y participación activa o pasiva del crimen organizado en el próximo proceso electoral podría llevarnos a una causal de nulidad absoluta de la elección, donde las autoridades legales de todos los órdenes de gobierno no podrían tutelar el interés general desprendido del Título Segundo de nuestra Constitución, que es el derecho a que todos los mexicanos contemos con gobiernos sanos y donde la ciudadanía no podría estar siendo representada en la próxima Legislatura por servidores públicos ni por representantes destinados a cumplir los mandatos constitucionales, al no podernos garantizar ninguno de ellos los principios democráticos de constitucionalidad del derecho a los que deben encontrarse obligados.

En junio habrá elecciones de gobernador en Quintana Roo y en Morena se libra día a día una guerra interna por el poder y por la próxima legislatura, donde el propio mandatario saliente está convencido que está por heredar un estado en su mayor crisis de gobernabilidad, al ser el narcotráfico el que hoy manda en la entidad y no así su Bando Único de sus policías, al haber permitido permear las estructuras de su gobierno. Carlos Joaquín sabe desde hace unos meses que la alianza partidista que lo respaldó se encamina a la derrota, al haber enviado señales la semana pasada que hoy lo confirman, al estar moviendo las fichas de su tablero con plena conciencia de que puede no acabar bien su gestión y, aún más grave, desconociendo cómo va a acabar.

Estimados lectores, es tiempo de elecciones en Quintana Roo y aunque con certeza no podemos negar que hubo injerencia y chapulineo en los procesos de selección a candidaturas, también es cierto que los aspirantes comenzarán a acusarse mutuamente a través de actos de violencia política, denostaciones, pero sobre todo con intimidaciones entre ellos  y donde no habrá duda de financiamientos a campañas y para la coacción de votantes, no solo por operadores políticos, donde la inseguridad, la división en los partidos y el narco serán las causas de la violencia en estas elecciones en puerta que han iniciado, y desde el fondo comenzará a gestarse en los próximos meses otra pelea por el poder que probablemente no se definirá con los votos ni por los votantes, sino con las balas que no lleven a calentarse la plaza.