Dotación de útiles escolares, por ley

Alumnado de educación básica en escuelas públicas recibirá al menos dos uniformes, una mochila y un paquete de útiles; avalan Ley de Fomento Apícola

REDACCIÓN

CHETUMAL.- La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica en el Estado de Quintana Roo.

En la sesión ordinaria número 22, las diputadas y diputados aprobaron este dictamen con minuta de Ley, mediante la cual las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica tendrán el derecho a recibir gratuitamente del Gobierno del Estado, por lo menos dos uniformes escolares, una mochila y un paquete de útiles escolares por cada ciclo escolar.

El programa tendrá carácter institucional, quedando estrictamente prohibido que los útiles contengan nombres, imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans, frases o cualquier otro tipo de referencias política o electoral.

Además, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se proporcionan las herramientas jurídicas que pongan en orden las acciones que comprenden la actividad apícola, que permitan mejorar la calidad y cantidad de producción en relación a la comercialización y aprovechamiento sustentable; se contempla la creación de un Comité Estatal Sistema Producto Apícola del Estado, para apoyar la ejecución de programas tendientes a incrementar la calidad y productividad de la apicultura.

Por otra parte, se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de asesoría y defensa de las personas indígenas, para garantizar un acceso efectivo a la justicia a estas, mediante la creación de un área especializada en atención a personas indígenas dentro del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, que garantice la defensa técnica adecuada a quienes se encuentren sujetos a un procedimiento penal, con enfoque especializado en derecho indígena.