La promesa de Andrés Manuel López Obrador de trasladar la sede de Sectur a Chetumal para contribuir a su detonación económica se diluye entre el desinterés y el olvido; por el contrario, las medidas ejercidas por el gobierno federal ponen al sur de Quintana Roo a las puertas de su peor situación en décadas

Por José Pinto Casarrubias

Como parte de su Proyecto de Nación, Andrés Manuel López Obrador anunció, desde que se encontraba en campaña electoral, que se llevaría a cabo un proceso de descentralización de las dependencias federales, con la reubicación de al menos una en cada estado del país; sin embargo, como ya lo hemos visto con el caso del Tren Maya, las promesas del hoy presidente han terminado por toparse con una realidad mucho más difícil de lo proyectado.

Descentralizar 32 dependencias ha resultado ser una tarea con un sinnúmero de complicaciones, como por ejemplo la resistencia de los trabajadores para cambiar de residencia; de hecho, desde el principio integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se han visto renuentes a esta situación, pero además la mudanza de oficinas y empleados implica un gasto millonario que se confronta con la reducción presupuestaria y los lineamientos de austeridad a nivel federal.

Quizás algunos lectores recuerden que en la década de los ochenta hubo una propuesta similar que no prosperó, primero por la oposición de la gente para mudarse, y segundo debido a problemas por los recursos requeridos. Al final de ese proceso, sólo una dependencia fue trasladada de la capital del país a la ciudad de Aguascalientes: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 1985, demostrando que a veces la locación no importa y puede convertirla en un centro de dinamismo social.

Para urbanistas y demógrafos e incluso economistas, la descentralización sería una buena estrategia para generar un mejor desarrollo en distintos puntos del territorio nacional, pero trasladar las dependencias federales a otros puntos del país podría generar conflictos sociales y económicos muy severos.

El 80 por ciento de las instituciones gubernamentales se concentra en la Ciudad de México y de acuerdo con el proyecto de López Obrador, su mudanza tiene dos objetivos principales: crecimiento parejo en todos los estados de la República para reactivar la economía regional con la reubicación de empleos y generación de nuevas plazas y que los diversos trámites administrativos sean más eficientes, toda vez que las dependencias estarían localizadas en puntos estratégicos del país, considerando la relación entre las necesidades locales y la función operativa de la institución.

Compromisos no cumplidos

Sin embargo, a un año de administración, el gobierno federal reconoció que, entre las promesas o compromisos que le faltan por cumplir o que están en proceso, destacan precisamente la descentralización de las secretarías, la construcción del Tren Maya, la resolución del caso Ayotzinapa y el impulso a las energías renovables.

Según dijo al inicio de diciembre, de los 100 compromisos que realizó el hoy presidente de México, 89 ya se cumplieron y 11 están pendientes y el número 54 es la descentralización de las secretarías, proyecto que parece estar más que estancado, pues de acuerdo con información de El Universal, del total de dependencias, 15 aún no han definido un edificio para mudarse; otras, entre las que se encuentran el IMSS, las secretarías de Turismo, Bienestar, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, ya cuentan con instalaciones, que incluso han sido inauguradas y en sus fachadas ostentan el logotipo de la dependencia a la que albergan, pero están vacías o apenas con unos cuantos empleados.

La secretaría que más ha avanzado en su mudanza es la de Energía (Sener), incluso, ya se está trabajando en Villahermosa, Tabasco.

En octubre quedó instalada en Zacatecas la oficina de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que opera los programas que anteriormente se llamaban Diconsa y Liconsa, además de sumarse un tercer programa que corresponde a los precios de garantía, y desde el año pasado se dio formal apertura a la sede en Chihuahua de la Subsecretaría de Minería, aunque el titular Francisco Quiroga Fernández, no opera en esa entidad.

La mudanza de las oficinas de Nacional Financiera (Nafin) a Torreón, Coahuila, comenzó en septiembre pasado, con 32 plazas de mil que comprende la plantilla.
y en el peor de los casos, el traslado de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al estado de Puebla se programó para un periodo de tres años y serán expertos de la Universidad Autónoma de Puebla quienes realizarán el proyecto de las nuevas oficinas, pero a la fecha no existe un terreno para instalarlas.

Tampoco han definido el edificio donde estarán sus instalaciones el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que se planea opere desde Bahía de Banderas, Nayarit; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que estaría en Aguascalientes; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en San Luis Potosí, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Guanajuato.

En la misma situación están la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendrá su sede en Chiapas; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se trasladará a Veracruz; la Dirección General de Aduanas, que se instalará en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en Durango, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en Baja California Sur.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) han señalado que se instalarían en el Centro Minero de Hidalgo, pero el proyecto no se ha concretado, como tampoco lo ha hecho la Secretaría de Economía, a cuyo titular se le ofreció un terreno de 60 hectáreas en Apodaca, Nuevo León. La mudanza del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a Morelos no tiene fecha, como tampoco la tiene el ISSSTE en Colima.

Crisis, en vez de detonación económica

Ante las numerosas críticas y señalamientos de los sectores hotelero y comercial, y de la propia ciudadanía, por el incumplimiento de la mudanza de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) a Chetumal, que se anunció como un gran detonador económico para el sur del estado, el titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, reiteró recientemente que para el 2020 ésta ya se encontrará en su nueva sede en la capital de Quintana Roo, después de una serie de retrasos que se dieron, principalmente, para regularizar el uso de suelo, justificó.

Dijo que la Torre del Mestizaje se estaba regularizando aún en lo que respecta al uso de suelo, lo que había impedido concretar el cambio de sede, pero aseguró que en el 2020 estará lista.

Como sabemos, el Gobierno del Estado otorgó a Sectur el comodato de la Megaescultura de la bahía de Chetumal, también conocida como Torre del Mestizaje, aunque de manera temporal se utilizan las oficinas del Centro Internacional de Negocios y Convenciones del Bulevar Bahía y la idea es que después se trasladarán a la Megaescultura-Museo Cuna del Mestizaje Mexicano, la cual, por cierto, recordemos que fue señalada en su momento como un “monumento a la corrupción y a la ignominia” por el mismo López Obrador.

Algo que sin duda provocará más dificultades para la mudanza de la secretaría y que despierta la suspicacia de los chetumaleños es que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 no contempla ninguna partida destinada a ese proceso, lo que, para Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la capital de Quintana Roo, evidencia desinterés del gobierno federal para impulsar la economía del sur del estado.

Lamentó que la administración de López Obrador no da trazas de cumplir con lo prometido para la capital del estado en cuanto a impulso de la economía local, pues una de las promesas fue que a más tardar en junio de este año la Sectur estaría instalada en Chetumal; sin embargo, a la fecha menos de diez personas de la dependencia están ubicadas en oficinas temporales en el centro de convenciones de la ciudad.

Esto se suma a la incertidumbre por la cercanía del vencimiento del decreto del régimen de región y franja fronteriza que se llevará a cabo en los próximos días y que aún no ha sido atendido. Esa situación pone a Quintana Roo por primera vez en su historia en riesgo de perder estímulos fiscales en su carácter de zona limítrofe, lo que afectaría a más de 40% del comercio derivado de importaciones en el estado, reduciendo la competitividad de los ramos hotelero, gastronómico y comercial.

Es decir, que en vez de la esperada detonación que tanto se anunció, la zona sur se encuentra a las puertas de un auténtico desastre económico que afectaría a todo el estado y vulneraría la operación turística de la principal entidad generadora de divisas turísticas del país, afirmó el líder empresarial.

Y en este punto hay muchas interrogantes a tomar en cuenta por un lado, el grave impacto indirecto y directo que la descentralización no cumplida por Andrés Manuel López Obrador tiene para Quintana Roo en particular y en general para el resto de los estados, pero en este caso nos centraremos en la Sectur y los daños colaterales que pudiera ocasionar.

Por un lado, hay que recordar que los tres ingresos más fuertes que tiene la federación son el petróleo, las remesas que envían los mexicanos residentes en Estados Unidos, Canadá y otros países y, desde luego, el turismo.

Esta última actividad constituye uno de los mayores motores económicos de México y representa cada año la entrada de miles de millones de dólares a territorio nacional, y tanto Cancún como la Riviera Maya son de los destinos –además de Los Cabos en Baja California– que más divisas dejan al país, pero parecería que no hay reciprocidad por parte de la federación, sobre todo si consideramos los recortes en las participaciones federales destinados al estado y el incumplimiento del tema de la descentralización de la Sectur.

Panorama poco alentador

Eso sin mencionar que con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México se presentaron grandes afectaciones a la actividad turística de todo el país, pero lo más perjudicial fue la falta de apoyo de recursos económicos para promoción de los destinos y en el caso de Quintana Roo fueron más de 200 millones de pesos –insistimos, en uno de los estados que dejan mayores divisas al país por concepto de turismo–, entonces hay muchas decisiones a nivel federal que a los ojos de los ciudadanos siguen siendo equivocadas y dañinas para estados como Quintana Roo y desde luego que los efectos ya se han sentido, sobre todo en la inversión:

Al cierre del tercer trimestre la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector fue menor que en 2018 y por otro lado, a pesar de que se logró incrementar el presupuesto del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo a 750 millones de pesos, luego de la desaparición de su organismo homólogo federal este fideicomiso termina el año sin haber ejercido el 100% de estos recursos, y como consecuencia lógica, sufrirá un recorte.

Roberto Cintrón Díaz, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, confirmó que se reducirá el presupuesto que se había logrado incrementar, al haberse caído en un subejercicio, pues el dinero era para “ponerlo a trabajar” y de esta forma, con base en los resultados logrados, pedir más recursos para el siguiente año.

Con la desaparición de Consejo y la aún fallida ubicación de la Sectur en Chetumal, se asoma un panorama poco alentador, porque además no hay planes de obra pública en el presupuesto de la Federación para Quintana Roo aprobado por los diputados y solamente se podrá contar con la Ley de Ingresos Estatal o el presupuesto de Egresos Estatal, pero tampoco se ha anunciado alguna obra.

El sur, otra vez abandonado

Conjuntamente al proyecto del Tren Maya se agregó la estación en Chetumal, porque en el plan original se contempla a la capital de Quintana Roo como una zona con ciertos beneficios fiscales y se pretende que sea un centro logístico único en el sureste mexicano para el impulso de las actividades industriales y el transporte de mercancías, básicamente sería aprovechar las características que, en el papel, tendría la capital del estado: aeropuerto, una estación de la vía del Tren Maya y un territorio libre de impuestos, pues la idea es que en 2020 Chetumal se convertirá en una zona libre en la que se incluirán elementos como una disminución de IVA a 8% y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20%, además de reducciones en los precios de ciertos energéticos como la gasolina, el diésel, la luz y el gas, medidas similares a la instaurada en la zona de la frontera norte del país. Esto según las proyecciones que el gobierno federal pretende detonar en esa ciudad, aunque ninguno ha sido aterrizado aún.

Aún no hay claridad tampoco con respecto a la procedencia de los fondos para la descentralización; se plantea hacer uso de fideicomisos de inversión en lugar de más endeudamiento a través de préstamos; sin embargo se desconoce a ciencia cierta cuál sería el costo de trasladar instituciones y mover a de miles de trabajadores a las nuevas sedes, aunque se ha estimado un gasto total de 125 mil millones de pesos.

Sin bien en el papel parece un proyecto que ayudaría entre otras para generar un mejor desarrollo en distintos puntos del territorio nacional y en particular convertir a Chetumal como un centro logístico que impulsaría las actividades industriales, en la realidad parece que rebasa por mucho las posibilidades de que sea concretado con éxito. Sin embargo el presidente López Obrador no quita el ‘dedo del renglón’ y aunque reconoce que hay demora, insiste en que la descentralización de las dependencias va porque va. ¡Ya lo veremos!

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Costos estimados

Estudios sobre capacidad física de las ciudades 250 mdp

Estudios sociales y antropológicos para identificar problemas 25 mdp

Creación de coordinaciones para ejecutar el proyecto 65 mdp

Estrategia de promoción y difusión 95 mdp

Estudios de mercado inmobiliario 80 mdp

Primeros planes maestros y proyectos ejecutivos 1,400 mdp

Inversiones e infraestructura con el sector privado 20,834 mdp

Estimación de mudanza de 31 dependencias 125,000 mdp