DESALOJOS, COMPLICIDAD OFICIAL
7 Nov. 2021
Miles de familias en riesgo de ser despojadas de sus viviendas, ante promesas incumplidas para proceder contra una red que incluye inmobiliarias, notarios, corporaciones policiacas y funcionarios municipales; “Cártel del Despojo”, impune
SALVADOR CANTO
Cancún sigue siendo un territorio fértil para los despojos y desalojos de viviendas que involucran a funcionarios y exfuncionarios municipales, además de una red de notarios e inmobiliarias e incluso dependencias como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que se prestan a dichas irregularidades, donde la corrupción e impunidad se mantiene como escudo principal ante dichos atropellos en contra de cientos de familias.
Para agrupaciones como Resistencia Civil Pacífica de Quintana Roo y la Asociación Nacional en Defensa de la Vivienda y de la Asistencia Social AC, tan sólo en el municipio de Benito Juárez se han registrado alrededor de dos mil 500 casos entre las administraciones de Paul Carrillo de Cáceres, Remberto Estrada Barba y Mara Lezama Espinosa.
No obstante, en marzo del presente año, el gobierno municipal –el mismo que fue reelecto para el periodo 2021-2024– dio a conocer que había sido “desmantelada” una red de corrupción dedicada al despojo de viviendas en el municipio, que operaba particularmente desde la oficina de Ingresos Coordinados y Cobranzas.
De hecho, se anunció la destitución de varios funcionarios públicos por ser partícipes de esas acciones ilícitas que consistían entre otras cosas, en vender la lista de personas morosas de pago del impuesto predial a fin de que inmobiliarias o personas morales disfrazadas de empresas recuperadoras de vivienda armaran de manera irregular expedientes para desalojar a las familias de sus casas.
Pese a ello, el caso no ha avanzado porque las denuncias están estancadas tanto en la Fiscalía Anticorrupción como ante el Agente del Ministerio Público para que se finquen responsabilidades penales en contra de los responsables de este gran negocio ilegal.
Lo más grave de todo esto es que además estas “empresas” inmobiliarias o recuperadoras de viviendas actúan con alevosía y ventaja, pues emplean los aparatos de gobierno, como actuarios de los juzgados mercantiles y hasta la misma policía municipal, que en conjunto con fedatarios públicos se prestan para lograr el desalojo de las familias de sus casas.
Incluso, en muchos casos se ha documentado que llegan a las viviendas con personas civiles armadas para intimidar a los legales dueños y que se vean obligados a desalojarla por su propia voluntad.
Tan sólo en la administración de Remberto Estrada, con el argumento de adeudos de impuestos prediales, el Ayuntamiento arrebató viviendas a más de 700 familias de escasos recursos económicos en Cancún y para ello usaron una estrategia irregular, que era embargar y luego vender el patrimonio de los afectados mediante estas empresas recuperadoras.
Dirección de Ingresos Coordinados, nido de corrupción
Desde hace ocho meses el gobierno municipal identificó una red de corrupción dedicada al despojo de viviendas que operaba desde la dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas, en donde además participaban asistentes jurídicos y notificadores de esa dependencia, desde donde se vendía toda la información de morosos a empresas inmobiliarias y bancos para que se cuadre el desalojo de la casa, sin importar la zona de la ciudad.
Las empresas descubiertas dentro de esta maraña de corrupción fueron Proyectos Adamantine y Patrimonio Tertius, que desde la administración de Remberto Estrada orquestaron el ilegal despojo de 750 casas de interés social a través de procedimientos irregulares.
En su momento, la entonces contralora municipal, Reyna Arceo Rosado, dijo que tenían una “investigación” completa y que aunado a que los responsables fueron dados de baja, le dieron vista a las autoridades correspondientes para las investigaciones necesarias.
Sin embargo, estos casos se mantienen impunes porque no hay acciones concretas ni de la Fiscalía Anticorrupción ni del Ministerio Público, en donde las carpetas de investigación están frenadas, sin la mínima intención de que avance el proceso para lograr el encarcelamiento de los responsables de dichas acciones ilegales.
De acuerdo con el abogado Erick Estrella Matos, quien encabeza uno de los grupos de defensa de personas afectadas, es necesario que las autoridades metan a la cárcel a los responsables de estas irregularidades, porque de lo contrario “estamos frente a un grave caso de impunidad”.
Uno de los casos más sonados de hechos concretados bajo esta red de corrupción es el de la señora Mónica Pech, quien en el 2006 adquirió una vivienda en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe a través de la hipotecaria Su Casita, pero esta empresa en el 2011 se declaró en quiebra y ya no había a quién hacerle los pagos correspondientes.
No obstante, pese a que dejó de pagar su hipoteca, en el año 2018 doña Mónica buscó ponerse al corriente con el impuesto predial en el Municipio de Benito Juárez, pero al llegar al Ayuntamiento se topó con que su casa estaba bajo un procedimiento, es decir, el gobierno ya la había rematado a la empresa Tertius, una de las tantas que se dedicaron a administrar la cartera vencida de lo que fue Hipotecaria Su Casita.
De esa forma, sin que ella fuera notificada de un juicio, la autoridad municipal vendió su casa bajo el argumento de un adeudo por el pago del impuesto predial, por lo que dicha empresa ya contaba en sus manos con una escritura que fue elaborada desde la notaría 114 de Cancún, que es una de las autorizadas durante el mandato del exgobernador Roberto Borge.
En enero del 2019, el gobierno municipal a través del entonces secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Alday Nieto, presentó una denuncia ante la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunto lavado de dinero y pidió que se investigara tanto a notarías públicas como a los funcionarios de la administración municipal que encabezó Remberto Estrada que pudieron haber participado en una serie de despojos masivos de viviendas, lista en la que figura Jeannina Galindo Medrano, quien fungió en esa administración como directora de ingresos.
Es decir, se estuvieron llevando a cabo embargos de casas mediante un ilegal procedimiento administrativo de ejecución por deudas del Impuesto Predial, pero curiosamente estas viviendas eran adquiridas siempre por las mismas empresas.
El modus operandi de esta red de despojadores consistía en identificar a aquellos propietarios con atrasos en el pago de su impuesto predial para iniciar el procedimiento de confiscación a favor de las empresas Proyectos Adamantine y Patrimonio Tertius, las cuales compraron la cartera de conflictos del Infonavit.
En redes sociales se ofertan casas recuperadas
En diversos grupos de venta de redes sociales, principalmente de Facebook, decenas de empresas que se anuncian como “recuperadoras bancarias” ofrecen casas recuperadas en distintos puntos de la ciudad.
Lo curioso es que dentro del “paquete” de venta de las casas incluyen el desalojo (de quien la esté habitando) y limpieza de las mismas, sin costo adicional.
“Somos una Administradora de Cartera bancaria y despacho con 15 años en el mercado mexicano, comercializamos las propiedades recuperadas abajo de su valor comercial (con un 50% hasta un 70% de descuentos) los tramites se realizan frente a notario público sin enganches, ni adelantos”, se lee en los avisos.
Por ejemplo, una de las casas que se ofertan en residencial Sol del Mayab, tiene un costo, ya con contrato, de 950 mil pesos en una etapa de remate, ya que su valor de avalúo es de 1.5 millones de pesos, pero los vendedores subrayan que no aceptan ningún tipo de crédito, sino únicamente un pago de contado.
Pero además, advierten en sus anuncios que dichas propiedades se encuentran en una etapa procesal “segura” para su comercialización y garantizan la entrega de la propiedad en un lapso de 120 días.
“El pago puede ser por cheque de caja, transferencia directa o efectivo al banco; contamos con un equipo jurídico para solución integral, llevamos a cabo el proceso, pagamos deudas, inspección de la propiedad y tiraje de escrituras”, se indica.
También aclaran que las propiedades no pueden ser visitadas por dentro debido a que generalmente están ocupadas o rentadas y únicamente se puede observar la fachada.
“Las propiedades se entregan vacías en condiciones habitables y sin adeudos de agua, luz, predial, gravamen y cuotas de mantenimiento; agendamos cita de asesoría en nuestras oficinas o notaria para presentar credenciales y despejar dudas (sic)”.
Esto refleja la enorme complicidad de autoridades, incluida la de seguridad pública, que pese a todas las irregularidades cometidas dentro del proceso se prestan al juego debido a que con una llamada al 911 hacen presencia para intimidar a las familias que ocupan las viviendas, desalojarlas y que las casas sean entregadas a los nuevos dueños.
Surge Resistencia Civil Pacífica de Quintana Roo
Ante el cúmulo de irregularidades, que a la fecha no han frenado, para el desalojo y/o despojo de viviendas, surgió Resistencia Civil Pacífica de Quintana Roo, un movimiento que acude al llamado de las familias que se encuentren frente a una situación de intimidación, tanto por parte de autoridades como de personas civiles.
Al respecto, uno de los dirigentes de esa organización, David Cruz, platicó a El Despertador de Quintana Roo que, de alguna manera, lo que tienen que hacer es una lucha de resistencia civil ante los numerosos casos que se han venido dando desde hace muchos años.
“Es un secreto a voces lo que está pasando con los desalojos y/o despojos de viviendas, en donde existe una red de corrupción de funcionarios y dependencias de los tres órdenes de gobierno”, explicó.
Recordó que en su caso, en el 2019 lo intentaron despojar de su vivienda cuatro civiles a mano armada.
“Llegaron a mi domicilio, metieron las manos por la ventana mostrando pistolas amenazando a mis hijas, a mi esposa, para que entregáramos la casa; yo anteriormente ya había tenido contacto con las personas de Adamantine, una de las hipotecarias involucradas que me ofrecieron dinero para que les hiciéramos entrega de la casa, pero como no quise hacerlo, pues ya tomaron ese tipo de acciones en mi contra”, señaló.
Dijo que en otros domicilios rompieron los medidores de luz, con apoyo de patrullas en la madrugada, “cuando sabemos que así no actúan los juzgados, pues ellos tienen un horario específico, por lo que comenzamos a conformar el movimiento de defensa”.
Recordó que uno de los puntos de partida de todo este asunto, es que en el 2011 Hipotecaria Su Casita quebró y mucha gente dejó de pagar porque no sabían a quién pagarle.
“Muchos despachos de cobranza se acercaron a cobrar diciendo que ellos tenían la casa y hubo gente que cayó en ese fraude que empezaron a depositarles porque los espantaban con que, de lo contrario, los iban a llevar a procesos legales; luego se dieron cuenta de que los depósitos eran a cuentas particulares y que era un fraude y se perdieron muchos miles de pesos, sin contar los casos en donde hubo gente que hizo depósitos fuertes con la idea de escriturar y tampoco se hizo”, afirmó.
Mencionó que hasta la fecha todavía hay muchos despojos, pues siguen llegando personas desconocidas a tomar fotos de las viviendas en las noches, lo que mantiene en ascuas a las familias de Cancún de muchos fraccionamientos.
“Son muchas familias, tan sólo en Haciendas Real del Caribe son tres mil 500 casas, es uno de los fraccionamientos más grandes, en Los Héroes son como tres mil viviendas y te puedo garantizar que el 95% de cada uno de estos fraccionamiento tienen ese problema, sin mencionar lo que ocurre en Paseos Kabah, Villas Otoch, Villas del Mar y muchos otros”, acotó David Cruz.
Por esa razón –agregó– es que surgió el Movimiento de la Resistencia, al que se han sumado hasta mil 600 familias y muchas se unieron incluso ya no teniendo su casa, pues sólo lo hicieron para luchar, apoyar y que no se cometan más irregularidades.
“Nosotros acudimos de apoyo cuando se reporta que se va a dar algún desalojo, llegamos para impedir esta irregularidad, pues incluso se han presentado actuarios que tienen la orden de desalojo, pero en realidad no son para el domicilio al que acuden o llegan con firmas falsas del supuesto dueño, con fotos de otras viviendas, es decir, todo está torcido, al grado de que en la mayoría de los casos, los supuestos actuarios llevan folders y no quieren enseñar los documentos de la casa que van a desalojar”, subrayó.
Finalmente, dijo que pese a la buena intención de las autoridades municipales actuales, con quienes (desde la administración anterior) tuvieron un acercamiento, “pero perdón por la expresión, pero nos dieron atole con el dedo, porque realmente nos estaban como que aplacando porque vieron que el Movimiento se comenzó a hacer muy fuerte, nos dijeron que las cosas iban a cambiar y no ha pasado nada”.
Hay que ponerle freno a los actos corruptos
De acuerdo al abogado Osniel Zaid Peña Altuzar, quien encabeza otro de los frentes de lucha a través de la Asociación Nacional en Defensa de la Vivienda y de la Asistencia Social AC, han sido muchos años de abusos en contra de las familias que menos tienen.
A través de diversos videos, donde se manifiesta en defensa de las familias que han sido amenazadas con ser desalojadas de sus viviendas, el abogado ha externado su molestia porque los procedimientos que emplean tanto representantes de las inmobiliarias como la gente que acude a dichos actos son completamente irregulares.
“Desgraciadamente estos tipos siguen haciendo de las suyas y es necesario ponerles un alto, no puede ser posible que ellos actúen de una manera ilegal y hay la posibilidad de que la propia autoridad los esté respaldando”, ha sostenido de forma reiterada el abogado.
Plantea que no se puede permitir que esto siga y sugiere a los ciudadanos levantar la voz, unirse a la resistencia civil y deja en claro que la gente no quiere las casas gratis, pero que haya forma correctas para llegar a un arreglo, porque muchas familias no pueden pagar los intereses que les están exigiendo.
“Hay mucha corrupción, hay empresas que compran los actos litigiosos y con eso se amparan para querer desalojar, hay actuarios corruptos y notarios que se prestan a este tipo de acciones en donde incluso se ha evidenciado que llega gente armada para intimidar a las familias”, subraya el abogado.
En ese sentido, a través de la Asociación Nacional en Defensa de la Vivienda y de la Asistencia Social AC, ha encabezado diversas manifestaciones afuera del Poder Judicial de la Federación (PJF) e incluso del Ayuntamiento de Benito Juárez, para exigir un alto a los desalojos.
La última vez lo hicieron el pasado 9 de marzo, con una marcha sobre la Avenida Tulum, con destino al Ayuntamiento, donde pidieron la intervención de la Federación, mediante una carta enviada al presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le pudiera atención a este grave problema que ha afectado a miles de familias que al día de hoy siguen siendo defraudadas por empresas que se dedican a la construcción y venden viviendas con engaños, usando materiales de pésima calidad y el gran fraude perpetuado con los créditos que los lleva a ser esclavos financieros y mercancías de las hipotecarias.
En dicho documento se establece que miles de familias están a merced de la voracidad de las hipotecarias, ya que todo lo que pagan mensualmente por la vivienda no se les reconoce en el pago del crédito, lo que motiva que la deuda se incremente y que todo lo que pagan vaya a intereses, pues hay casos en donde la deuda se elevó hasta en un 400%.
“Estamos en la mejor disposición de pagar nuestra deuda con la transparencia que debe tener un crédito y una tasa de interés que esté a nuestro alcance y por esa razón, solicitamos su intervención urgente para poder salvar el patrimonio de los afectados conforme lo establece en el Artículo 4º de la Constitución que dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La misma ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, se lee en algunos de los párrafos del documento.
De hecho, le piden al presidente buscar una fuente de financiamiento o que el crédito que se consiga sea blando, con una mensualidad que esté al alcance de las familias a fin de no tener retrasos en los pagos y así no ocasionar problemas que afecte a ambas partes, además de que también se puedan hacer pagos extraordinarios a capital a fin de saldar la deuda en menos tiempo.
Incluso, le sugieren que este crédito pueda ser mediante el Banco del Bienestar en donde se puedan otorgar los apoyos con garantía hipotecaria y con un interés justo y equitativo para establecer un acuerdo ante los fiduciarios o los dueños de las carteras vencidas para saldar los adeudos.
El amparo, la vía legal de defensa
Dentro de toda esta maraña de irregularidades, en donde funcionarios municipales han sido parte importante en la entramada de corrupción por facilitar los desalojos de viviendas, los diversos colectivos de defensa han encontrado en la demanda de amparo la mejor estrategia jurídica para evitar más abusos.
En ese contexto, El Despertador de Quintana Roo pudo conocer que entre los juzgados Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo han recaído poco más de 250 amparos, de los que la gran mayoría han sido favorables para las familias.
Tan sólo en mayo pasado un juez federal frenó al menos 60 desalojos de viviendas, derivadas de presuntas deudas de sus propietarios con financieras, al conceder una suspensión dentro del trámite de amparos.
El abogado Oshniel Peña Altuzar explicó que la medida dictada por el juez determina la no confiscación de los bienes y el emplazamiento o llamado a juicio, en caso de que haya uno en trámite en los juzgados, con lo que garantiza que estas personas no serán desalojadas sin antes llevar a cabo un proceso legal.
En algunos de los casos con resolución inicial favorable, hay varios donde hay menores de edad afectados, por lo que se tomó en cuenta el “bien superior de los menores”.
Por su parte, el también abogado Erick Estrella Matos hizo referencia a que la vía legal es la única que puede frenar estos abusos de las autoridades e instancias como el Infonavit que fomentan los desalojos por encima del bienestar de las familias.
Es de mencionar que la pasada administración federal, mediante el Infonavit, en distintas partes del país se llevaron a cabo desalojos masivos, afectando a miles de familias que perdieron su patrimonio, debido a la inestabilidad en el empleo y los altos pagos que realizaban, lo que generó una ola de impagos a nivel nacional y por ende, el inicio de procedimientos masivos que no se ajustaban a la legalidad y que carecían de las más elementales formalidades en el procedimiento que establece el marco normativo mexicano y contrarios a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del debido proceso.
Ante esta situación, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en abril del 2019 reconoció el tema como una problemática social y se pronunció a favor de frenar estos desalojos, por lo que le pidió al Infonavit que no continuara, debido a la complicada situación económica, social, falta de trabajo y pobreza que impide a las familias ponerse al corriente con los pagos de sus créditos.
Sin embargo, hasta la fecha este llamado no ha sido del todo atendido y son decenas de casos en el país y ni qué decir en Quintana Roo, que continúan a la orden del día bajo una completa impunidad, pues eso refleja una corrupción al más alto nivel.
Es de mencionar que de acuerdo a las leyes mexicanas, un desalojo procede luego de hacerse el emplazamiento en forma adecuada, escuchar a las partes, y, en general, de haberse agotado el juicio en todas sus etapas.
Asimismo, la sentencia correspondiente debe quedar firme para que el desalojo pueda ser ejecutable, es decir, que ya no quede un recurso ulterior.
En el caso de un juicio especial hipotecario, también se puede determinar el lanzamiento si se determina que no se pagaron las mensualidades acordadas de forma adecuada.
El asunto termina después de dictada la sentencia con una orden de fincamiento de remate; se convocan postores y termina una vez finiquitada la orden de fincamiento de remate y la adjudicación del bien.
No obstante, un desalojo es ilegal cuando no emana de la sentencia emitida por un juez, y si no hay de por medio un procedimiento con todas las formalidades esenciales que marca la Constitución y las leyes reglamentarias.
Además, un lanzamiento no puede ser legal si no hay aviso previo para que la gente que ocupa el inmueble objeto de litigio pueda desocuparlo.
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Fraccionamientos en donde se registran más casos de desalojo:
- Haciendas Real del Caribe
- Costa Azul
- Los Héroes
- Paseos Kabah
- Calakmul
- Villas del Mar
- Villas Otoch
- La Guadalupana
- Los Ángeles
- Tierra Maya
- Paseos del Caribe
Algunas de las hipotecarias responsables
- Terthius
- Patrimonio
- Péndulo
- Metro Financiera
- Sendero
- Adamantine
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“CÁRTEL DEL DESPOJO”, OTRO CASO DE IMPUNIDAD
Los casos de despojos escalan hasta los más elevados niveles y uno de los casos más flagrantes, que se mantiene hasta el momento en completa impunidad es el denominado “Cártel del Despojo” exhibido en meses pasados por el portal Latinus, donde se reveló la presunta complicidad de líderes del PVEM en Quintana Roo, entre ellos el diputado local Gustavo Miranda García y el presidente estatal de ese partido y actual síndico municipal de Cancún, Pablo Bustamante Beltrán, a quienes señala de encabezar una célula de despojo de departamentos de lujo.
El jueves 15 de abril, el proyecto periodístico de Carlos Loret de Mola presentó el reportaje El Cártel del Despojo, en el que se describe cómo el dirigente estatal del PVEM, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de Erika García Deister, madre de Gustavo Miranda, para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.
De acuerdo con el texto periodístico, García Deister contrataba a supuestos con sueldos superiores a los 90 mil pesos, aunque en realidad eran los mejores amigos de su hijo y otros colaboradores. A la par, compraba a crédito propiedades de lujo, mismas que dejaba de pagar y en ese momento, los supuestos empleados la demandaban laboralmente, procesos que eran resueltos “fast track” por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados –relata Latinus–. Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los 10 millones de pesos. El dirigente estatal en Quintana Roo del PVEM y los otros tres quejosos pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, con un valor aproximado de 13 millones, sin que la empresaria defendiera su propiedad.
El banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria. Un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio para registrar que estaba grabado, y se dio cuenta que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron el condominio. La venta del departamento no se ha concretado, porque el banco se amparó.
Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios.
Dos días después de la publicación del reportaje, la fiscalía anticorrupción anunció la apertura de la carpeta de investigación, aunque no incluyó a Bustamante.
“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, añadió en otra parte de su comunicado la fiscalía anticorrupción.
El 9 de mayo, el portal publicó una segunda entrega del reportaje, en la cual ahondó en el involucramiento de socios y amigos cercanos al diputado Gustavo Miranda, por entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo. “En esta nueva entrega, Latinus comprueba sociedades entre los protagonistas, que revelan sociedades empresariales, más allá de una amistad”, sostuvo el portal informativo.
El texto refiere un caso adicional, operado bajo el mismo esquema de despojo de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista el Table Cancún”, mediante un juicio entablado ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel en 2105 por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, supuestos empleados de Erika Miranda.
Añade que en 2018, tres años después de que los presuntos empleados ganaron la demanda, Segura Rodríguez constituyó la empresa Xolos Transfers, S.A. de C.V. (20% de acciones), cuyo socio es precisamente Gustavo Miranda, a cuya madre quitaron el bien inmobiliario. Otros integrantes de la sociedad fueron identificados como Obed Rafael Laguna Hernández y José Jesús Toscano Ruvalcaba.
Adicionalmente, la investigación refiere que en el equipo de trabajo de Gustavo Miranda fungía Eugenio Segura Vázquez, un primo de Segura Rodríguez, como subsecretario de Servicios Administrativos de la XVI Legislatura.
Latinus identifica como otra integrante del “Cártel del despojo” a Mónica Adriana Meléndez Martínez, quien laboró como jefa de departamento en el Congreso del Estado de Quintana Roo, “mano derecha de Gustavo Miranda y constituyó la empresa Grupo EG Miranda, S.A. de C.V. en 2017, cuyo objeto social es adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, en la cual tiene 40% de acciones mientras que José Luis Téllez Sosa, igual con 40%, y el diputado Gustavo Miranda el 20%”.
Esa misma colaboradora del legislador también simuló un juicio laboral (junto con Christian Izxel Andrade Martínez) contra Erika García y sus empresas, el cual inició ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015, con cuyo reclamo logró quedarse con un departamento en la Torre Emerald Residential Tower & SPA que vale más de 30 millones de pesos, refiere la investigación periodística.
Cabe señalar que tanto Gustavo Miranda como Pablo Bustamante, en sendos comunicados, negaron los señalamientos en su contra. El primero dijo que el caso “es una ficción construida” y Bustamante Beltrán atribuyó las acusaciones a una presunta “guerra sucia”, lanzada en el contexto del proceso ordinario local 2021, donde se presentaba como candidato a síndico municipal de Benito Juárez, cargo que hoy ocupa en la actual administración que encabeza Mara Lezama.
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