ROBERTO HERNÁNDEZ GUERRA

Cuando la economía del país crecía a tasas anuales del 6%, en tiempos de los que se llamó el “desarrollo estabilizador”, cuando en el mundo se hablaba del “milagro mexicano”, cuando la inflación estaba controlada y el peso firme, las principales características del modelo eran la industrialización sustituyendo importaciones y la participación del Estado en actividades prioritarias. Consecuencia de este último aspecto fue la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 y el desarrollo de la industria petroquímica, entre otras actividades.

Pero todo por servir se acaba. En las entrañas mismas del modelo de intervención estatal se gestaba el germen de su propia destrucción. Un estatismo espurio se manifestó cuando los precios del petróleo se fueron por las nubes y cuyo resultado fue la compra de hoteles, restaurantes, fábricas de bicicletas y otros activos innecesarios para la función promotora del crecimiento económico. Fabricar fertilizantes para apoyar a la agricultura nacional era una cosa, otra la de adquirir empresas quebradas por amiguismo o corrupción, o más bien las dos sinrazones al mismo tiempo.

Cuando el modelo neoliberal se impuso en nuestro país, inspirado en las recomendaciones de lo que se llamó el “consenso de Washington”, las desviaciones que citamos fueron aprovechadas para debilitar al “estado” en aras del “mercado”. Parafraseando a Carlos Marx, diremos que la consigna fue “privatizar, privatizar, he aquí a Moisés y los profetas” y el sumo sacerdote de esta nueva religión fue otro Carlos, sí, el mismo innombrable, Salinas de Gortari.

Privatizaron bancos, teléfonos, ferrocarriles, petroquímicas y cuanto fuera negocio rentable. Y cuando no quedó nada apetitoso por privatizar, en el sexenio de Felipe Calderón se gestó una brillante idea: privatizar el servicio de reclusión a las personas privadas de su libertad.  Seguramente que la idea provino de la mente de Genero García Luna, el súper policía hoy en apuros, antes todopoderoso. Y aquí me viene a la memoria la historia de aquel alcalde de un pueblo, que teniendo que tomar la decisión entre invertir los fondos municipales remodelando la escuela o  la cárcel, optó por esta última por considerar que a la primera no regresaría, en cambio una incómoda celda podría ser su próximo destino debido a sus corruptelas. Claro que Genaro debió ser más precavido y privatizar un reclusorio en Nueva York, para su disfrute personal y el de sus socios.

Pero la crítica a la privatización de esta función tradicional del Estado va más allá de que se haya renunciado a una de las obligaciones en relación a la seguridad pública; el tufo de corrupción que acompañó al otorgamiento de nueve concesiones, sin previa licitación, emanó después de “rascarle un poquito”; que bien guardadito se lo tenían.

Como usted seguramente ya está informado del alcance del “negocio”, no entraremos en detalles. Lo que cabe resaltar es que el pago anual que se hace por este servicio es de alrededor de dieciséis mil millones de pesos, equivalente a la mitad de lo que en la actualidad está reservado a la compra de vacunas para enfrentar la pandemia. El costo por día de la atención y resguardo de cada uno de los doce mil reos que atienden, viene a ser en promedio de tres mil quinientos pesos; más de lo que puede costar alojarse en un hotel de lujo en la Riviera Maya.

Podríamos decir que son “polvos de aquellos lodos” de un pasado oscuro. Pero por desgracia, más allá de lo que representa la corrupción en este caso, está que para algunos partidos hoy coaligados en santa unión, antes amancebados, las privatizaciones son parte de su ADN.  A sus dirigentes no faltará quien les recuerde la recomendación que en el Pleno del Congreso Federal les hiciera la entonces legisladora campechana Layda Sansores respecto a sus futuras privatizaciones, y que nosotros no nos atrevemos a suscribir por pudor.

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