Viola tratados y atenta contra ecología: expertos, legisladores y empresarios; indemnizaciones costarían casi 20,000 millones de dólares

AGENCIAS

MÉXICO.- De concretarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a la violación de múltiples tratados internacionales, advirtieron especialistas en el sector, legisladores y empresarios.

Su costo para el Estado mexicano podría llegar a 20,000 millones de dólares, que es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la CFE, advirtió Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía.

Por su parte Luis Serra, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y especialista en energía, consideró que la propuesta de modificación a dicha ley no tiene beneficios ni para el sector, los consumidores o la propia CFE y que sólo significará “una victoria política” para el Presidente.

La diputada federal Soraya Pérez (PRI), integrante de la Comisión de Energía en la Cámara baja, expuso que se violarían tratados internacionales particularmente en lo referente a la protección de inversionistas. Además del T-MEC, detalló que también se tendrían problemas con los acuerdos comerciales con Europa, Japón y el Transpacífico de Cooperación Económica donde participan 11 naciones.

“Es una reforma claramente inconstitucional porque el mercado de generación de energía eléctrica no es exclusivo del Estado, es abierto a la competencia económica, y viola estos principios que privilegian una energía eléctrica barata y no contaminante”, enfatizó.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN), señaló que, si las reformas son aprobadas, subirán los precios de la electricidad y habrá una ola de amparos, de controversias, de paneles, y “México podría terminar pagando millones de pesos al final de la resolución de las controversias, lo que puede generar un quebranto muy grande al país”.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que algunos de los acuerdos contra los que arremete la iniciativa son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsados por la ONU y el Acuerdo de París, lo que generará que las empresas afectadas den inicio a procesos penales y arbitrajes internacionales.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí