Aunque según el Ieqroo sería vinculante en 3 municipios, donde se superó el 35% de participación, el presidente de la Jugocopo dice que no hay condiciones para retirar la concesión

REDACCIÓN

CANCÚN.- En vísperas de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) dé a conocer los resultados finales de la consulta popular sobre la permanencia o no de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan, la consejera presidenta del organismo, Mayra San Román Carrillo Medina, anticipó que el ejercicio ciudadano sería vinculante en tres de los cuatro municipios participantes, aunque será hasta el miércoles cuando el Consejo General se pronuncie al respecto.

De acuerdo con el cómputo realizado el domingo, en el municipio de Benito Juárez hubo una participación del 37.02% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; en Isla Mujeres, el 44.49% y en Puerto Morelos el 43.67%; únicamente en Solidaridad, donde participó el 30.98% de los registrados, no se alcanzó el 35% requerido para ser vinculante, aunque en los cuatro municipios la mayoría de los ciudadanos se pronunció por no mantener la concesión a Aguakan.

La consejera presidenta del Ieqroo mencionó que, de determinarse que la consulta es vinculante para dichos municipios, será turnado al Congreso del Estado para que sea atendida por la Décimo Sexta Legislatura.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, opinó que sea cual sea el resultado de la consulta no hay posibilidad de revertir el contrato-concesión, debido a que “no está sujeto a ningún tipo de consulta ciudadana, sino a incumplimientos por parte de la empresa, que hasta ahora no se han acreditado”.

Martínez Arcila manifestó que “lo que se hizo fue puro rollo”, pues “¿en dónde dice que por medio de una consulta ciudadana le podemos quitar la concesión a Aguakan?”; ante ello, consideró lógico que la concesionaria recurra a las instancias legales para defenderse.

El legislador añadió que “hay dos problemas que no fueron tomados en consideración en la consulta ciudadana, el primero, que tiene que ver con la indemnización a la empresa, y el segundo, los costos de operación, pues no hay quien los absorba al día siguiente de que deje de operar la concesionaria”.

Aunque dudó que la consulta haya alcanzado los porcentajes que se requieren de participación ciudadana, subrayó que “incluso aunque todos hubieran votado a favor de que se revirtiera la concesión, el problema es económico ya que habría que indemnizar a la empresa con mil 599 millones de pesos que en este momento el estado no tiene”.