Congelan investigación por tráfico de influencias en el TSJ

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Tres años lleva sin avances en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la carpeta iniciada por diversos casos en que presuntamente se involucra al magistrado Antonio León Ruiz

REDACCIÓN

CHETUMAL.- A más de tres años de iniciada una investigación al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, por el delito de tráfico de influencias,  la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, no ha reportado avances en las pesquisas.

Medios informativos locales dieron a conocer, en enero del 2019, que desde julio del año anterior la dependencia inició la carpeta de investigación 4073/2018 por diversos casos en que se involucra de manera directa al magistrado.

Entre otras presuntas irregularidades, se cuestiona la contratación de la psicóloga Alicia Catalina Valencia Díaz, hermana de Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, por entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, quien durante un par de meses fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vinculación Institucional del Poder Judicial, al iniciar la gestión de Antonio León, en agosto de 2017.

La investigación por tráfico de influencias se basa en que, hasta antes de que Mónica de Los Ángeles fuera designada en el Tribunal de Justicia Administrativa, el cargo de su hermana –titular de la Unidad de Salud y Bienestar Laboral, adscrita al Despacho de Presidencia– no existía dentro de la estructura del Poder Judicial de Quintana Roo y su contratación se realizó mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside también Antonio León Ruiz; es decir, se trata de un puesto creado a modo y de un nombramiento  discrecional, pese a la falta de méritos y experiencia de Alicia Valencia en el área.

Meses más tarde, Mónica Valencia Díaz renunció a la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, aparentemente por el escándalo desatado, aunque continúa siendo magistrada.

Investigaciones periodísticas afirman que existen más casos de contratación de personal y creación de plazas “para familiares y amigos de la Presidencia, todo a costa del erario y presupuesto del Poder Judicial”.