CONCESIONES: INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas se suma al negocio: acuerdan entregar la recolección de basura en Holbox; en Cancún, la empresa Intelligencia México gana litigio al Ayuntamiento, que deberá devolverle la concesión y pagarle una millonaria suma

SALVADOR CANTO

Las concesiones se han convertido en un gran negocio para las empresas beneficiarias y los propios gobiernos municipales de Quintana Roo, particularmente en lo que respecta a servicios básicos que deberían ser atendidos por las propias autoridades con base en sus facultades, pues cada año tienen la posibilidad de ajustar sus respectivos presupuestos de egresos de manera que se cubran las necesidades de sus municipios y solicitar estos recursos de forma clara al Congreso del Estado, pero al no hacerlo de esa manera se exhiben como omisas e incapaces de atender las obligaciones contraídas con sus ciudadanos.

Y es que uno de los pretextos recurrentes que esgrimen para deslindarse de la gestión de servicios públicos y otorgarlos en concesión a empresas particulares es, precisamente, la escasez de recursos económicos para la adecuada atención de las necesidades crecientes de la población.

En ese contexto, los gobiernos municipales han recurrido cada vez más a la utilización de la figura jurídico-administrativa de la concesión, supuestamente para incrementar y eficientizar, con la participación del sector privado, la capacidad de respuesta de los servicios públicos, pero en la práctica se ha visto una y otra vez que no sucede así, en virtud de que la mayoría de las concesiones operan de manera ineficiente bajo el amparo de la impunidad.

De hecho, para el exdiputado local Héctor Ortega Contreras, en este proceso de privatización de servicios la mayoría de las concesiones son otorgadas bajo condiciones leoninas, porque están a favor de los empresarios y han sido perjudiciales para la ciudadanía.

“Ninguna de las concesiones que han entregado los gobiernos ha sido benéfica para el Estado, ni para la ciudadanía de los municipios, sino solo para los empresarios”, insistió.

De acuerdo con integrantes del Colegio de Abogados de Cancún, para el otorgamiento de concesiones el poder público debe considerar dos aspectos fundamentales: uno, que la administración ejerza el control sobre el objeto de la concesión (obligaciones del concesionario, plazos o términos de la misma, tarifas de los servicios y causas de extinción del contrato) y dos, asegurarse de que la empresa tenga capacidad suficiente y comprobada tanto jurídica como técnica y financieramente, así como los recursos y medios necesarios para la prestación eficaz del servicio concesionado.

“Las autoridades que decidan concesionar servicios públicos deben vigilar en todo momento la eficiencia y eficacia en la prestación de dichos servicios, garantizando a la ciudadanía la continuidad y generalidad de los mismos, aplicando en su caso las medidas correctivas necesarias”, explicaron.

Lázaro Cárdenas le entra al negocio

Si bien Benito Juárez encabeza la lista de los municipios con más servicios concesionados y detrás está Solidaridad, otros más como Lázaro Cárdenas también le han entrado a este negocio con la reciente aprobación, en sesión de Cabildo, de la privatización de la recolección de basura en Holbox, isla que por años ha padecido graves problemas ambientales por la acumulación de desechos.

El pasado 8 de julio, con voto dividido y en una segunda sesión de Cabildo, fue aprobado concesionar a 15 años el servicio de recolección de residuos sólidos generados en Holbox y su traslado al relleno sanitario hacia Kantunilkín.

Para el profesor Salvador Vargas Rosas, regidor del Ayuntamiento lazarocardense, quien fue uno de los tres concejales que votó en contra de la propuesta, se corre el riesgo de que la empresa que gane la licitación incumpla, como ha ocurrido en otros municipios con este tipo de privatizaciones.

Incluso lamentó que no se haya especificado dentro del documento aprobado por el Cabildo que se obligue a la empresa a disponer de un lugar definitivo para los residuos sólidos, en lugar de tirarlos en el relleno de Kantunilkín, el cual por cierto ya se encuentra al borde del colapso.

Recordó que desde el 20 de junio, en una reunión con el Comité de Desarrollo Urbano se planteó que la concesión fuera por 20 años, a lo que “yo me opuse porque es mucho tiempo y se acordó reducirla a 15 años, pero lamentablemente el tema fue votado por la mayoría de los regidores y no hay garantía de que la empresa que quede dé un buen servicio y si no estamos atentos, se corre el riesgo de que se cree otro Aguakan en Lázaro Cárdenas”, consideró.

El Despertador de Quintana Roo sondeó con funcionarios del gobierno de Lázaro Cárdenas en torno al tema de la licitación y algunos únicamente explicaron que se está en el proceso de la licitación que tiene un tiempo de 25 días y que hasta el 20 de julio ya estaban interesadas al menos cuatro empresas, pero se negaron dar los nombres por cuestiones de seguridad, o al menos ese fue el argumento que dieron.

Otras fuentes consultadas dijeron que Red Ambiental, la misma que presta el servicio en Benito Juárez y Puerto Morelos, sería una de las interesadas, pues algunos de sus representantes ya acudieron a informarse respecto a lo que el gobierno pretende con la concesión.

Una de las condiciones que el gobierno municipal plantea para la empresa que se quede con la concesión es que adquieran camiones nuevos, contraten el personal y toda la maquinaria necesaria, aunque esto no garantiza que el problema que desde hace años aqueja a los habitantes de Holbox se solucione.

Benito Juárez, el municipio con más concesiones

Al ser el municipio más grande de Quintana Roo y por ende, el de mayor éxito por cuestiones turísticas, lo que ha derivado en que su crecimiento sea constante y la exigencia de servicios mayor año con año, las autoridades de Benito Juárez han optado por concesionar múltiples servicios públicos porque han argumentado no tener la capacidad económica ni operativa para su atención.

Pero lo que han demostrado con estas acciones no es más que su incapacidad y omisión en el cumplimiento de sus deberes, puesto que año con año tienen la posibilidad de solicitar los recursos necesarios dentro de su presupuesto de egresos al Congreso del estado.

Las concesiones más significativas hasta ahora en Benito Juárez han sido la del agua potable y alcantarillado, que en conjunto con el Gobierno del Estado se le otorgó a la empresa Aguakan desde 1993, al igual que en Isla Mujeres, y en diciembre del 2014 la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente dicha privatización y en ella se incorporó al título el servicio para los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos y en todos los casos se determinó la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2053.

Otro servicio concesionado es el de alumbrado público, entregado por 15 años por la administración de Remberto Estrada Barba a la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V., que desde su incursión recibe los remanentes que quedan dentro del costo de facturación que emite periódicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el  servicio eléctrico brindado al municipio, que va desde los 903 mil 992 pesos por mes, más IVA.

Lo mismo pasa con la privatización de la operación del relleno sanitario llamado Centro Integral para el Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal y la Planta de Separación otorgada en el 2015 a Promotora Inmobiliaria Majahual SA de CV (Pimsa), ligada a grupo Sipse por un término de 20 años, es decir, hasta 2033.

Dicha empresa cobra mensualmente cerca de siete millones de pesos, dinero erogado por la comuna, pese a que las condiciones del relleno sanitario no son las óptimas.

Pero sin duda, la concesión que más polémica ha generado e incluso ha metido en problemas legales al Ayuntamiento de Benito Juárez es el de la recolección de la basura, que en el gobierno de Remberto Estrada Barba se le entregó por 20 años a la empresa Intelligencia México S.A de C.V. propiedad de Carlos Canabal Riuz, expresidente municipal interino y dueño del periódico La Verdad.

En Benito Juárez se generan mil cuatrocientas toneladas de basura diarias, al ser un aproximado real del total de producción de residuos sólidos.

Fallo judicial a favor de Intelligencia México

En medio de todo este desbarajuste y la entrega leonina de concesiones de servicios básicos que hacen las autoridades, luego de que en el 2020 el gobierno de Benito Juárez declaró emergencia sanitaria por incumplimiento de la concesionaria en el tema de la recolección de la basura y que por unanimidad determinó durante la Décimo Novena Sesión Extraordinaria la intervención total temporal a la concesión de la empresa Intelligencia México S.A de C.V., dicha empresa no se quedó de brazos cruzados y emprendió un pleito legal que hoy ya tiene consecuencias.

Y es que el hecho de que el gobierno municipal haya metido a una nueva empresa sin licitación alguna bajo el argumento de emergencia sanitaria, en este caso a la regiomontana Red Ambiental, no significó que el problema se haya resuelto de fondo, sino que, por el contrario, se fue creando uno mayor que el gobierno municipal tendrá que resolver a la brevedad posible.

El Despertador de Quintana Roo revisó la lista de estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en donde pudo conocer detalles del juicio de amparo 67/2021 promovido ante el Juzgado Cuarto de Distrito por la empresa Intelligencia México S.A de C.V. en contra del Ayuntamiento de Benito Juárez, por considerar ilegal e infundada la intervención total temporal a la concesión que le hicieron en diciembre del 2020.

Con base en los términos legales, será la presidenta municipal suplente que asumirá el cargo en las próximas semanas, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien tendrá que acatar la resolución judicial que ordenó al Ayuntamiento restituir a la empresa concesionaria de basura, a pesar de que la prestación del servicio fue intervenida por ineficiente.

Como se sabe, hace poco más de año y medio, mediante Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Benito Juárez decretó la intervención total temporal a la concesión de la empresa Intelligencia México S.A de C.V., bajo el argumento de que no estaba prestando correctamente el servicio de recolección de basura en las más de 120 rutas establecidas y ni con los camiones acordados.

Esto lo hizo mediante un par de sesiones extraordinarias de Cabildo, del 14 y 17 de diciembre de 2020, por lo que el empresario Carlos Canabal, fiel a su costumbre y a sabiendas del gran negocio que le representa la concesión otorgada por el exalcalde y amigo Remberto Estrada, tuvo paciencia y tramitó una serie de amparos que le permitieron obtener un resultado favorable apenas en junio pasado.

En todo momento la empresa argumentó tener la razón y que si bien nunca dejó de prestar el servicio, admitió que tuvieron problemas internos con algunos grupos de trabajadores derivado de la falta de pagos, pero esto como consecuencia de que el mismo gobierno municipal incumplió con la parte correspondiente y durante varios meses ellos mantuvieron la operación con recursos propios.

En ese contexto, la protección constitucional del Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo otorgada al empresario Carlos Canabal Ruiz establece que el Municipio deberá dejar sin efectos la intervención temporal total de la concesión de basura, la suspensión decretada a la empresa y los pagos retenidos, además de la contratación de una empresa con suficiente capacidad de operación.

Se pudo interpretar que en la sentencia del juicio de garantías 27545994 derivada del amparo 67/2021 se ordenó también al Ayuntamiento que una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución debidamente sustentada en el artículo 178, fracción VI, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Además que tomen en consideración las irregularidades plasmadas en un dictamen de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), en donde se otorgue a la quejosa un plazo perentorio para restablecer la buena marcha del servicio concesionario.

Dicha sentencia Constitucional fue decretada por el Juez Cuarto de Distrito, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, quien encontró que al justificarse la intervención municipal no se precisó en cuál de las dos hipótesis de intervención establecidas en la Ley incurrió la empresa concesionaria, lo que le impidió la oportunidad de que se le escuchara como un derecho de audiencia, lo cual no aconteció, pues además dicha intervención se decidió en un par de sesiones de Cabildo.

Cabe decir que la decisión de intervenir la concesión fue apoyada con base en un dictamen de Siresol Cancún, donde se asentó el incumplimiento de los términos suscritos del contrato, pues advirtió que la empresa privada suspendió el servicio de recolección y transportación de residuos sólidos y prestó un servicio ineficiente, ya que únicamente operaba con 23 vehículos recolectores, a pesar de que debería hacerlo con 65 unidades, pero el resto tenía diversas fallas mecánicas y con ello Intelligencia México solo recolectaba 368 toneladas de basura, cantidad insuficiente al generarse en la ciudad poco más de mil 400 toneladas al día, con lo que se estaban generando problemas de salud pública y contra un medio ambiente sano.

Es de mencionar que el fallo judicial definitivo ya se había dado en una primera sentencia contraria a la administración municipal el 25 de junio de 2021, pero fue impugnada con diversos recursos de revisión y quejas favorables al Municipio, proceso en el cual también intervino la empresa neolonesa Red Ambiental como tercera interesada y dentro de ese nuevo periodo de revisión, el fallo final se determinó el pasado 1 de junio del 2022, en donde nuevamente el Ayuntamiento de Benito Juárez recibió un revés por parte del Juzgado Cuarto de Distrito, pero su cumplimiento aún está en proceso jurídico.

Toda la información respecto a esta resolución, se puede consultar en la liga  https://ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/Detalle/27545994, en el listado de resoluciones, misma a la que tuvo acceso El Despertador de Quintana Roo.

Liberan predios de Intelligencia México

Luego de la emisión del resolutivo judicial que implica que el gobierno de Benito Juárez tendrá que responder las peticiones de la empresa Intelligencia México, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública retirar la custodia de los predios que estaban asegurados a dicha empresa, como parte de la intervención de la concesión decretada por el Ayuntamiento de Cancún.

El Despertador de Quintana Roo hizo un recorrido por uno de los predios localizados en la región 103, en donde la FGE realizó la madrugada del 7 de agosto del 2021 un operativo para asegurar, además del terreno, alrededor de 50 unidades recolectoras de basura que estaban ahí propiedad de la empresa Intelligencia México.

Ahí colocaron un par de lonas con el logotipo judicial con el número de expediente FGE/QROO/BJ/07/13353/2021, que justificaba el aseguramiento y durante varios meses se mantuvo la custodia policial.

Sin embargo, ante la resolución judicial que el Ayuntamiento de Benito Juárez —que por cierto se mantiene hermético con respecto al tema— tendrá que resolver con dicha empresa, el predio ya fue liberado pero actualmente se encuentra abandonado y con decenas de camiones y un par de camionetas que tienen apariencia de que han sido desvalijadas.

Y en medio de todo esto, la empresa Red Ambiental, misma que podría estar operando en la ilegalidad, es la que presta el servicio de recolección de la basura, aunque ya no lo hace con la misma intensidad de como iniciaron en cuanto estalló el problema con Intelligencia México.

Cabe recordar que la empresa Red Ambiental comenzó a operar el 15 de diciembre del 2020. En primera instancia, el contrato establecía que recogería la basura durante las dos últimas semanas del año, aunque se firmó una extensión de nueve meses.

Luego de ello, el mismo gobierno municipal anunció que la empresa continuaría con el servicio y que se emitiría un acuerdo de Cabildo, pero de ello no se ha informado nada y a pesar de ello su funcionamiento sigue.

En su momento, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, integrado por cámaras empresariales y colegios de profesionistas, emitió un pronunciamiento en el que señaló que desde que en la administración municipal de Remberto Estrada se otorgó la concesión de la basura a la firma Intelligencia México, todo el proceso se ha visto envuelto en diversas irregularidades, como la ampliación a 20 años de dicha privatización del servicio en la recta final de ese trienio.

Diputados, cómplices de otorgamiento de concesiones

Como parte de sus funciones, los Diputados del Congreso de Quintana Roo deberían de revisar y vigilar que las concesiones que los Ayuntamientos otorguen a empresas privadas para la atención de servicios públicos, sean acorde a las necesidades y en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, no hacen nada al respecto; por el contrario, se vuelven cómplices, pese a que muchas de estas privatizaciones se hacen de forma irregular y en todo momento beneficiando a los empresarios, y en donde las autoridades en turno también obtienen un importante beneficio.

En el caso de la concesión para la recolección de la basura en Benito Juárez que fue otorgada y ampliada por la administración de Remberto Estrada a favor de Intelligencia México por 20 años, hubo muchas irregularidades que generaron incluso que ciudadanos solicitaran juicios políticos en contra de las autoridades involucradas.

En su momento, el ciudadano Néstor Jair Haro Vidrio presentó una solicitud de juicio político por la irregular concesión de basura otorgada a la empresa Intelligencia México, pero fue rechazada por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Ante ello, el quejoso recurrió a la protección de la justicia federal y finalmente, un Juez de Distrito ordenó al Congreso del Estado y particularmente a los congresistas Kira Iris San, Edgar Gasca y María Yamina Rosado, revertir su postura del 20 de mayo del 2021 y darle trámite para llamar a comparecer a los funcionarios involucrados en el otorgamiento de dicha concesión, entre ellos el exalcalde de Benito Juárez del Partido Verde Ecologista, Remberto Estrada.

Cabe decir que en la denuncia se cita también a los síndicos municipales y a los regidores de los Cabildos que despacharon en las pasadas dos administraciones (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2021), a los 25 diputados de la XV Legislatura estatal y al Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa (en funciones durante 2013) del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

El amparo 28008323 fue resuelto por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cancún, mismo que fue interpuesto el 7 mayo de 2021, contra una resolución legislativa que sepultó la solicitud del juicio político JP/03/2021.

Ahí, el ciudadano denunció a los servidores públicos actuales y pasados por incurrir en un presunto desempeño irregular y en negligencia, pero los diputados consideraron que “hay una mínima presunción de todos los supuestos descritos por el denunciante”.

Pese a ello, se sabe que el contrato para la prestación del servicio público de limpia y disposición final de residuos sólidos mediante su recolección y transportación en Benito Juárez fue otorgado al empresario Carlos Canabal por un plazo de 20 años, el 9 de junio de 2017.

El acuerdo fue suscrito por el entonces alcalde Remberto Estrada, quien autorizó 112 rutas de recolección a partir del 1 de enero de 2018, para lo cual se entregaría a la comuna una contraprestación de 396.11 pesos (más impuestos) por tonelada.

Ante ello, los diputados de la actual Legislatura respondieron al ordenamiento del Juez Séptimo de Distrito y afirmaron que el proceso del Juicio Político JP/03/2021 sigue su curso jurídico, pero no aclaran el estatus actual y con ello se convierten en cómplices del otorgamiento de concesiones leoninas que favorecen a empresarios y perjudican a los ciudadanos.