CONCESIONES, EL GRAN FRAUDE GUBERNAMENTAL

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Por décadas los gobiernos han faltado a su deber constitucional de proveer servicios públicos al concesionarlos indebidamente, casi siempre en la opacidad y mediante contratos abusivos que han enriquecido a las empresas beneficiarias a pesar de incumplimientos, abusos y cobros excesivos a la ciudadanía

SALVADOR CANTO

Si bien concesionar servicios públicos está avalado en leyes y reglamentos tanto a nivel local, estatal y federal como una forma para que los gobiernos refuercen la prestación de los mismos en beneficio de la ciudadanía, en muchos de los casos las autoridades han abusado de esa facultad para desatender las responsabilidades que les competen y se han convertido en entes netamente administrativos y recaudatorios en donde los más afectados son los ciudadanos que sufren por cobros excesivos, un mal servicio y abusos constantes de las empresas que a cambio de ello supuestamente pagan una contraprestación, pero nunca se sabe el destino de dichos recursos.

En el caso de Quintana Roo y Benito Juárez en lo particular, existen claros ejemplos como la concesión del servicio de agua potable entregado a Aguakan, la recolección de la basura que tiene Intelligencia México de Carlos Canabal, el manejo del relleno sanitario cedido a Promotora Inmobiliaria Majahual SA de CV (Pimsa) ligada a Grupo SIPSE, el alumbrado público que ostenta Celsol S.A.P.I. de C.V., entre otros que deberían de ser atendidos por el mismo gobierno como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A nivel federal se tiene concesionada la operación del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), la red de autopistas, y junto con el estado, muelles y terminales portuarias.

Respecto a ello, el expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquiel Orozco, cuestionó: “¿Para qué queremos autoridades si la mayoría de los servicios que deben atender como lo establece la Constitución los tienen concesionados a empresas privadas en perjuicio de la ciudadanía?”.

El diputado federal Luis Alegre Salazar manifestó por su parte que no todos los casos de otorgamiento de concesiones han sido malos, aunque admitió que tampoco todos han sido buenos y refirió: “Lo vemos con el tema del agua potable en donde la empresa que tiene la prestación del servicio no ha invertido lo suficiente en la red de distribución, aunado al tema de las aguas residuales y aquí hay que ser claros al respecto, creo que se debe de revisar qué es lo que está pasando con las empresas que no cumplen”.

Por su parte, Héctor Ortega Contreras, exdiputado local, consideró que la mayoría de las concesiones que han entregado los gobiernos son leoninos porque están a favor de los empresarios y han sido perjudiciales para la ciudadanía y alertó que se debe revertir la reciente aprobación que hizo el Congreso del Estado en torno a la Asociación Público Privada (APP) para el tema del proyecto del puente de la laguna Nichupté, en donde habrá inversión pública para beneficiar a particulares.

 

 

Se necesitan servicios públicos de calidad

El gobierno debe proveer las mejores condiciones para el bienestar y progreso de las personas, pero esto únicamente se cumplirá si les provee los servicios públicos de calidad que son vitales para los centros urbanos y constituyen un papel esencial para el desarrollo social y económico.

A pesar de ser una obligación de los gobiernos, en los tres niveles han optado en muchos casos por concesionar servicios básicos y de esta manera, evadir su responsabilidad bajo el argumento de una escasez seria de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, sobre todo para la adecuada explotación de los bienes de dominio público y de los servicios públicos que demanda la creciente población.

Por ello, los gobiernos federal, local y municipal utilizan la figura jurídico-administrativa de la concesión para hacer creer que con la participación del sector privado serán más eficientes en las respuestas a las crecientes demandas de servicios públicos.

En este proceso de privatización de bienes y servicios públicos la figura de la concesión ha sido, sin duda, la más utilizada por los distintos niveles de gobierno, cuyo propósito básico es que la iniciativa privada participe en el financiamiento, instalación, operación y mantenimiento de más y mejores servicios públicos para la población.

Sin embargo, las autoridades han olvidado dos puntos fundamentales al momento de concesionar servicios: el primero es que la administración debe continuar ejerciendo el control sobre el objeto de la concesión (obligaciones del concesionario, plazos o términos de la concesión, tarifas de los servicios y causas de extinción de la concesión), y el segundo es que se deben asegurar de que el concesionario tenga capacidad suficiente y comprobada tanto jurídica como técnica y financieramente, así como los recursos y medios necesarios para la prestación eficaz del servicio que se le está encomendando.

Y en ese contexto, las autoridades deben vigilar en todo momento la eficiencia y eficacia en la prestación de dichos servicios, garantizando a la ciudadanía la continuidad y generalidad de los mismos, y aplicando en su caso las medidas correctivas necesarias.

No obstante, en la realidad siempre ha ocurrido completamente lo contrario, porque han permitido que las empresas que obtienen la concesión impongan condiciones abusivas a los usuarios, no presten de manera correcta los servicios y, en muchos casos, incrementen el costo muy por encima de los precios que hay en otras ciudades del país.

Cabe hacer mención que en todas las concesiones que los gobiernos otorgan existen contraprestaciones que representan un ingreso tanto tributario como no tributario a las arcas hacendarias y hasta un mecanismo de reactivación económica, pero muchas veces se desconoce a dónde va a parar el dinero que dichas empresas deben de contribuirle al erario público.

 

 

Marco jurídico de las concesiones

Junto con Baja California Sur y Tlaxcala, en Quintana Roo el mecanismo más usado es el que establece que los municipios deben sujetar el control de las negociaciones al gobierno estatal mediante el Congreso del Estado, sobre todo cuando se trata de una concesión cuyo tiempo rebasa por un plazo mayor a la gestión municipal, es decir, en la mayoría de las concesiones en el caso de Benito Juárez, ha habido el respaldo y/o complicidad de los diputados locales.

El marco jurídico que norma las concesiones de los servicios públicos municipales en México se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes orgánicas de la administración pública estatal y en las leyes orgánicas de la administración pública municipal de cada estado.

En esta última, cada entidad establece las reglas específicas para la administración y la operación de los servicios públicos directos e indirectos, según sus condiciones y características propias.

Por ello, el organismo encargado de concentrar toda la información respecto a la legislación de cada entidad es el Congreso del Estado.

 

 

Muchos empleados y todo concesionado

Para Luis Armando Esquiel Orozco, expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al explicar que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Asimismo, recordó que entre sus funciones está la de tener a su cargo la atención de servicios públicos como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, así como alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

También la operatividad de mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines en conjunto con su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito y los demás que las Legislaturas locales determinen, según las condiciones territoriales y socio-económicas, así como su capacidad administrativa y financiera.

“En Benito Juárez es mucho el recurso que se maneja como para argumentar que por falta de dinero se concesionan los servicios”, consideró.

En ese sentido, apuntó a que en caso de que haya problemas financieros, y con la aprobación del Congreso, es que pueden acceder a concesionar los servicios públicos para que una empresa particular se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

“El actual Ayuntamiento tiene un total de más de 6 mil 500 empleados entre sindicalizados y de confianza, el oficial mayor siempre se refiere así pero no da un número exacto de empleados, y aquí la pregunta sería: ¿para qué tantos empleados si las funciones y servicios públicos están prácticamente concesionados?”, cuestionó el abogado.

De hecho, refirió que el agua potable, drenaje y alcantarillado en manos de Aguakan se ha convertido en un servicio con los cobros más altos del país y “además tenemos el alumbrado público concesionado desde la administración de Remberto Estrada, pero hoy tenemos muchas calles y plazas públicas a obscuras y también está el asunto de la recolección y traslado de basura que debe de operar el organismo descentralizado Siresol, pero de igual manera fue entregado a una empresa privada que no ha cumplido, y ahora existe otra que entró en unas condiciones no muy claras”.

Finalmente, mencionó que el presupuesto de egresos de Benito Juárez en el año 2021 fue establecido en 4 mil 010 millones de pesos, mientras que el presupuesto de egresos de Mérida, Yucatán, es de 3 mil 185 millones de pesos, es decir 825 millones de pesos menos que el Ayuntamiento de Cancún.

“Aquí habría que sacar conclusiones de qué ciudad, entre Mérida y Cancún, está mejor atendida, ofrece mejores servicios municipales y seguridad. La evidencia es clara. No hay necesidad de hacer auditorias: existe un derroche de los impuestos de los cancunenses y una mala administración de los recursos”, enfatizó el abogado.

 

 

No más privilegios y concesiones leoninas

Para el exdiputado local Héctor Ortega Contreras, ninguna de las concesiones que han entregado los gobiernos ha sido positiva para el Estado ni para la ciudadanía, sino sólo para los empresarios beneficiados.

“Son concesiones leoninas porque están a favor de los empresarios, han sido perjudiciales para la ciudadanía, aquí tenemos como ejemplo claro a la empresa Aguakan, que estamos en lucha para que pueda ser revocada porque hay una causal desde la primera concesión (que data de 1993) en donde la empresa se comprometió a hacer todo el drenaje de la ciudad de Cancún, pero además a hacer la zona de captación de aguas negras para que no lleguen aguas contaminadas al manto freático ni al mar y nada de eso han cumplido, porque quienes están haciendo el drenaje son las autoridades con recursos públicos”, explicó.

Sostuvo que dentro de todas estas situaciones de abusos por las concesiones es importante estar atentos a lo que recientemente aprobaron los diputados locales en torno a la Asociación Público Privada (APP) para el tema del proyecto del puente de la laguna Nichupté.

“Es una verdadera barbaridad, por decirlo suavecito, porque no se puede privatizar un bien público en perjuicio de lo demás y en este caso, el puente es un anhelo de muchos años de los cancunenses y me parece injusto que llegará una empresa y se apropiará de una obra en donde habrá recursos públicos, pues el gobierno federal va a aportar mil millones de pesos del costo total, además el Gobierno del Estado también va a participar con 400 millones de pesos con lo que comprometen las participaciones federales que le corresponden hasta por 30 años y la empresa que tenga la concesión aportará una mínima parte, pero serán los que cobren por el uso del mismo”.

Por ello, Ortega Contreras manifestó que “nosotros como ciudadanos tenemos una verdadera indignación porque se compromete el recurso público que le corresponde al Estado, están entregando en bandeja de plata a los empresarios un bien público que además se va a construir con recursos federales”.

Recordó que otro tema lamentable de una mala concesión es el asunto del alumbrado público entregado a la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V. por el gobierno municipal de Remberto Estrada Barba, que calificó como “el negocio del siglo”, pues es un enorme abuso, ya que se cobra a los ciudadanos un Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los recibos de energía eléctrica y a pesar de ello, enfatizó, tenemos decenas de calles en penumbras.

 

 

No todo lo concesionado es malo, pero tampoco bueno

Luis Javier Alegre Salazar, en entrevista con El Despertador de Quintana Roo respecto al tema de las concesiones, se pronunció porque exista una mayor transparencia en la forma en la que se otorgan y el manejo que tienen cada una de ellas.

Al referirse a Aguakan –que es un ejemplo claro de corrupción e impunidad en el otorgamiento de concesiones– opinó: “Entiendo que han generado utilidades importantes durante el tiempo que han tenido su concesión, y sin embargo no ha habido una reinversión para mantener los estándares que necesitamos para nuestro sistema de tratamiento y distribución de agua, por lo que yo creo que si no cumplen, habría que hacerle una revisión minuciosa a su autorización”.

Por ello, sostuvo que las concesiones que se han entregado deben ser supervisadas y que los mecanismos para poder revocarlas sean más claros y que se pueda llevar a cabo sin generar un perjuicio a la ciudadanía.

“Aquí por ejemplo tenemos el asunto de la recolección de la basura, cuya empresa que tiene la concesión no ha cumplido y para poder revocarla hay una indemnización de 600 millones de pesos y eso no puede ser posible, por eso digo que hay que asegurarnos de que las concesiones cumplan la meta, pues no todo lo concesionado es malo, pero tampoco todo lo concesionado es bueno”, expresó el legislador federal.

 

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  • En Quintana Roo está concesionada el agua potable para los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres
  • En Benito Juárez la recolección de la basura, la operación del relleno sanitario y el sistema de alumbrado público
  • A nivel federal están concesionados los Puertos y Marinas, las autopistas y el propio Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).
  • Por ley no se pueden concesionar la Seguridad Pública, el Turismo y la Policía Preventiva, además de Protección Civil

 

 

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LAS POLÉMICAS CONCESIONES

 

Alumbrado público

  • Después del tema del agua potable entregado a Aguakan y la recolección de la basura, el asunto del alumbrado público en Benito Juárez representa el gran negocio para las autoridades y la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V que es la que presta el servicio desde la administración que encabezó Remberto Estrada Barba.
  • Desde su aprobación, el pago del Derecho al Alumbrado Público (DAP) ha generado molestia y confusión entre los ciudadanos, en virtud de que ha permitido al gobierno utilizar los remanentes de este concepto para el pago de la concesión del alumbrado público de una forma poco clara desde 2017, cuando se autorizó hasta por 15 años.
  • El regidor José Luis Acosta Toledo comentó que la revocación de la concesión de este servicio público es “complicada”, por todos los candados que tiene a favor de la empresa, pues se trata de un contrato prácticamente irrevocable autorizado en el 2017, en la 28° sesión de Cabildo a favor de la empresa Celsol S.A.P.I. de C.V., que recibirá durante 15 años los remanentes que queden luego del costo de la facturación que emita la CFE por el servicio eléctrico brindado al municipio y actualmente el costo por sus servicios es de 903 mil 992 pesos por mes, más IVA, desde el pasado 16 de enero.

 

Agua Potable

  • En 1993, durante la administración de Mario Villanueva Madrid, se le entregó la primera concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, empresa dueña de Aguakan, para prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres; y en noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente la concesión y en ella se incorporó al título el servicio para el municipio de Solidaridad y Puerto Morelos, y en todos los casos se determinó la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2053.
  • A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1 mil 050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y ésta a su vez, supuestamente canalizó ese pago a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en donde curiosamente desapareció, y hoy constituye una de las líneas de investigación contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge.

 

Recolección de la basura

  • La administración de Remberto Estrada Barba aprobó entregarle a la empresa Inteligencia México S.A de C.V. propiedad de Carlos Canabal Ruiz, la concesión para la recoja de la basura en el municipio de Benito Juárez.
  • El 14 de diciembre del 2020, por incumplimiento de la concesionaria, el Cabildo declaró emergencia sanitaria y en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria, determinó la intervención total temporal a la concesión de la empresa Inteligencia México S.A de C.V.
  • En su momento, el Observatorio de Quintana Roo, integrado por cámaras empresariales y colegios de profesionistas, emitieron un pronunciamiento en el que señalaron que desde que en la anterior administración municipal se otorgó la concesión de la basura, todo el proceso se ha visto envuelto en diversas irregularidades como la ampliación a 20 años del título entregado originalmente, así como el haberle cedido a la compañía atribuciones que son competencia exclusiva de la autoridad municipal como el cobro por la colocación de contenedores de basura en locales comerciales.
  • En el presupuesto del 2020 se autorizaron millones de pesos para el pago a la recolecta que efectúa la empresa concesionaria y recientemente se le asignó una ampliación de cerca de 100 millones de pesos sin informar sobre el destino de esa ampliación.
  • En medio de todo este escándalo y en donde le costaría al gobierno municipal una millonaria indemnización a la empresa para retirarle la concesión, finalmente se autorizó el ingreso de otra más denominada “Red Ambiental” de manera directa, sin una licitación de por medio, y a un precio muy por arriba del primer contrato.

 

Concesión del relleno sanitario

  • El 27 de marzo de 2013, Promotora Inmobiliaria Majahual SA de CV (Pimsa), ligada a grupo Sipse, obtuvo la concesión de la disposición final de los residuos sólidos por un término de 20 años, es decir, hasta 2033 y por ende, la operatividad del relleno sanitario.
  • Dicha empresa cobra mensualmente cerca de 7 millones de pesos, dinero erogado por la comuna, pese a que las condiciones del relleno sanitario no son las óptimas.

 

Concesión del aeropuerto

  • Si bien se trata de una concesión federal, esta se encuentra vigente desde el 1° de noviembre de 1998 y fue entregada por el gobierno federal a favor de Grupo Aeroportuario del Sureste por un plazo de 50 años, prorrogable.
  • Como contraprestación al Gobierno Federal, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V., pagó un aprovechamiento único por el uso, explotación y aprovechamiento de los Bienes Concesionados al gobierno federal.

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