Roberto Hernández Guerra

Los hechos nos dicen más que las palabras. Si yo tratara de convencerle de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue fundamental para la electrificación del país y por consiguiente para su desarrollo económico, quizás dudaría de lo que digo. Si insistiera en señalar que antes del desmantelamiento de las empresas propiedad del estado, teníamos una industria petroquímica de nivel mundial y que el país era autosuficiente en gasolina y otros derivados del hidrocarburo, quizás me acusaría de ser vocero de la 4 T. Desde luego que no le culpo, porque a partir del “Consenso de Washington” y de su implantación en México por los gobiernos del “eje neoliberal”, de De la Madrid a Peña Nieto, nos ocultaron los logros del pasado para vendernos la ilusión de un futuro prometedor por la vía de las privatizaciones.

Podría seguir mencionando características de un largo período, en el que la rectoría del estado en la economía fue fundamental para lograr lo que en su tiempo se consideró “el milagro mexicano”, crecimiento económico con estabilidad y atención en buena parte a las demandas populares. Claro que tendré que reconocer, que la antesala del modelo privatizador se dio en el gobierno del presidente López Portillo y sus desvaríos rayanos en la frivolidad. Pero éstos eran “otros López”.

En este momento salta a la discusión nacional la propuesta preferente del presidente López Obrador para  retomar la rectoría del estado en la industria eléctrica. Los medios tradicionales de información y los organismos cúpula, Coparmex, Consejo Empresarial, etc., echan su “cuarto a espadas” defendiendo los intereses de la empresa privada, léase Iberdrola. Su posición no debe extrañarnos, a final de cuentas añoran al “antiguo régimen” con lo que éste significaba de acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, desde luego que las suyas. Pero más allá de filias y fobias, la disyuntiva que se da es entre una “competitividad” de ficción y “soberanía energética”, entre seguir restringiendo las funciones de la CFE, limitando artificialmente su papel de generador de energía para reducirla a generador de subsidios a las plantas privadas o permitir la recuperación del proyecto original.

Pero al margen de una pretendida “competitividad” que consideramos espuria, que viene   ser el dar preferencia en el “despacho” de la energía a las plantas privadas, sobre las de la empresa del estado mexicano, otro argumento que emplean para que las cosas se queden como están, es la de la necesidad de promover las “energías limpias”: para ellos la solar y la eólica, olvidando la hidráulicas, nuclear y geotérmica que genera la CFE.

Pues resulta que en esto del empleo de la considerada energía más contaminante, la proveniente del empleo de carbón, los países desarrollados “no cantan mal las rancheras”: Alemania genera con este material el 23 % de su energía, Estados Unidos el 16 %, mientras que nuestro país únicamente el 7 %. Por el contrario con el empleo de gas, la menos contaminante, nuestro país genera el 60 % de su electricidad y Estados Unidos únicamente el 40%. Y nos quieren asustar con “el petate del muerto” de los Acuerdos de París sobre el cambio climático.

¿Pero dónde están los hechos que refuercen mis palabras, como prometí al principio? Pues resulta que el periódico La Jornada (26/02/21) reproduce una investigación publicada por The Wall Street Journal que menciona, entre otras cosas, que los usuarios de sistemas privados de electricidad en Texas pagaron en dos décadas un sobreprecio de 28 mil millones de dólares, por encima de los que mantuvieron sus contratos con empresas públicas. Agrega que los usuarios de estas compañías privadas pagaron un promedio de 13 % más que el promedio nacional y con respecto a la promesa de los “desreguladores” de brindar energía confiable, basta recordar la crisis que padeció aquel estado de la Unión Americana a consecuencia del clima extremo que sufrió.

Solo nos resta recordar aquella antigua melodía de que “con el apagón… qué cosas suceden”; pues resulta que con el de Texas quedó al descubierto el mito de que la competencia en el sector del suministro eléctrico debía de reducir los precios para los consumidores.

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