CIUDAD SIN LEY OBLIGA A LA LEGÍTIMA DEFENSA

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La ciudadanía, en total estado de indefensión ante la imparable ola de criminalidad y violencia en el país y el estado, requiere una regulación clara que le permita defender bajo el amparo de la ley su patrimonio y, sobre todo, su vida y la de su familia

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El fracaso de México en materia de seguridad ha provocado en nuestras ciudades una ola de criminalidad y violencia nunca antes vista, que obliga a la ciudadanía a exigir el uso de armas para proteger su patrimonio, su vida y la de su familia, en completo estado de indefensión en sus propios domicilios o negocios, asaltados, levantados, secuestrados y asesinados todos los días con la complicidad de las autoridades policiacas o de expolicías agrupados en “células” —que todos conocen— y que perpetran estos crímenes cada vez más frecuentes y violentos. Cancún, Playa del Carmen y Tulum son una muestra muy cruel de lo que pasa en nuestro estado y en el país.

Una forma de “justificar” la inacción contra la delincuencia organizada es la fallida política de “abrazos, no balazos”, que degenera y transgrede decenas de leyes nacionales e internacionales; la ola de crímenes y el crecimiento galopante de la delincuencia es la prueba de un Estado fallido. Miles de casos se exponen todos los días en redes sociales.

Cabe destacar que aunque la Constitución en su Artículo 10 contempla la legítima defensa, requiere una debida regulación para que sea “facilitadora” en el proceso legal ante la eventual adquisición y portación de un arma, así como en el deslinde de quien en defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio haga uso de su arma de fuego legalmente adquirida sin que sea criminalizado en el proceso, dado que actualmente se protege más a los criminales que a las víctimas, con el pretexto mal aplicado de que hasta los asesinos, secuestradores y narcotraficantes tienen derechos humanos; sí, pero no por encima de sus víctimas.

 

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SALVADOR CANTO

 

La posesión de armas de fuego para protección del hogar o negocio es un tema que causa mucho revuelo en la sociedad, ya que hay ciudadanos que ponen en tela de juicio el hecho de que si es legal o no contar con una pistola para salvaguardar no sólo su patrimonio, sino, más importante aún, sus vidas y las de su familia, en lo que se conoce como legítima defensa.

El alto índice delictivo que padece el país, que también se refleja en Quintana Roo, y que ha traído como consecuencia que muchas personas tengan que allegarse para su seguridad de medidas como cámaras de videovigilancia, cerraduras reforzadas, protectores de puertas y ventanas, el uso de armas de fuego de forma legal podría ser una opción para suplir el trabajo de prevención que han dejado de hacer los cuerpos policiacos.

De hecho, para el investigador de la Universidad de Veracruz y docente de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) José Alfredo Gómez Reyes, la legítima defensa es la muestra más clara de que está fallando el sistema de seguridad pública: robos a plena luz del día (transeúntes, casa habitación y comercios), secuestros, extorsiones, homicidios, delitos con medios violentos que representan la ineficacia del Estado en ese rubro, lo que redunda en que vivimos hoy día en un país que no garantiza el bienestar y menos la paz social.

Sin embargo, dentro de este entramado de incertidumbre y la evidente impotencia de muchos ciudadanos que han sido víctimas de algún hecho delictivo, resurge la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno amplíen y clarifiquen el tema de la legítima defensa que si bien ya está contemplado en Leyes y Reglamentos, todavía es un asunto que tiene más dudas que respuestas dentro del propio ámbito jurídico.

El abogado Enrique Tejero Bacab comenta que la legítima defensa ya está considerada dentro del Código Penal Estatal, pero es un tema al que no le se hace mucha difusión y eso provoca mucha incertidumbre, ante el aumento de los hechos delictivos producto de la descomposición social como resultado del régimen: ‘abrazos, no balazos’.

La doctora Dileri Olmedo Rosales, directora del Instituto Pericial Judicial (IPJ), enfatiza que la Ley Federal de Armas de Fuego en el numeral 11 hace mención del listado de armas, municiones, explosivos y materia para uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como para la población civil y al que se puede tener acceso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

Legítima defensa, por fallas del sistema de seguridad pública

 

En entrevista con El Despertador de Quintana Roo, el doctor en derecho, catedrático e investigador en temas jurídicos José Alfredo Gómez Reyes explicó que la realidad que se vive en nuestro país en materia de seguridad, obliga a que cada vez sea más necesario para las personas, acudir a estos derechos humanos como la legítima defensa.

“Tener en casa un arma de calibre bajo, no de uso exclusivo del Ejército y de las fuerzas armadas, ya es derecho de todos los mexicanos, aunque hay que aclarar que no se puede portar (llevarla a todos lados) dado que esto sólo es facultad de los policías y cuerpos de seguridad”, explicó.

Hizo referencia a un artículo que publicó recientemente en la revista “Enfoques jurídicos” editada por la Universidad Veracruzana, denominado “Los DDHH en la legítima defensa y el uso proporcional de la fuerza”, el cual compartió con este medio de comunicación.

Ahí, el investigador analiza con perspectiva de Derechos Humanos la llamada legítima defensa, misma que “se ha convertido en violencia auténtica, justa, legítima, en contraposición a la violencia inauténtica, injusta, ilegítima; ello desde el punto de vista pragmático que he tenido a lo largo del ejercicio profesional y la experiencia que ello conlleva”.

Sostiene por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del delito de parte del Estado, el ciudadano tiene que hacer valer su derecho de defenderse a sí mismo, su familia y sus bienes, generando como consecuencia extrema las autodefensas, los linchamientos, “es decir una sensación dentro de la población de conseguir una supuesta venganza privada”.

Por ello, considera que la legítima defensa es “una acción doctrinariamente como causa de exclusión de responsabilidad y/o justificación del delito, protegiendo a las personas de aquellas situaciones cuando se encuentren en una condición de peligro inminente, que requiere repeler la misma, de forma proporcional y estrictamente necesaria”.

No obstante, dejó en claro que esto muchas veces no ocurre, pues se incurre en el exceso en la legítima defensa, o que no corresponde a las hipótesis de que el agredido provocó la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella; que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.

En sus conclusiones, el especialista en temas legales establece que los niveles de inseguridad van más allá de la percepción o sensación vivida cada día, que se ha hecho más palmaria, y que si bien es cierto que merece una reflexión y análisis, “creo que es mejor ocuparnos, pues recurrir al derecho de legítima defensa no es la solución, sólo es muestra de un Estado de Derecho fallido”.

Finalmente, durante la entrevista al cuestionarlo sobre la parte reglamentaria de la legítima defensa, comentó que “en la propia Constitución Mexicana se encuentra establecido el derecho de las personas a tener un arma por ejemplo en casa, por supuesto que se tienen que cumplir ciertos requisitos y estos ya en los cuerpos militares, ahí se puede pedir el permiso para que sea un arma reglamentada, ahí mismo se puede comprar, ellos mismos las venden para que esté todo debidamente licitado y reglamentado y ya en cuanto a la legítima defensa, los propios Códigos Penales establecen esta posibilidad como una causa excluyente del delito y recordemos que en cada estado, como en este caso Quintana Roo, su propio código establece que es una posibilidad que uno pueda defenderse, a su familia y a sus bienes ante una agresión o acto violento inminente”.

 

Incertidumbre en torno a la adquisición de un arma

 

De acuerdo con la directora del Instituto Pericial Judicial (IPJ), Dileri Olmedo Rosales, la posesión de armas de fuego para protección del hogar es un tema que causa mucho revuelo en la sociedad, ya que la gente siempre pone en tela de juicio aspectos como ¿es legal tener un arma para mi protección y la de mi familia?, ¿qué clase de arma puedo tener?, ¿es legal usar mi arma para defenderme?

En ese contexto, explicó que la Ley Federal de Armas de Fuego en el numeral 11 hace mención del listado de armas, municiones, explosivos y materia para uso exclusivo de las fuerzas armadas así como para la población civil.

Del mismo modo –comentó– esta misma ley establece en su artículo 15 que: “En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores, pero, para su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro, mismo que se extenderá por cada arma”.

Refirió que con el fin del control de la posesión de armas, las personas físicas poseedoras de una o más armas deben manifestar un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares, que es en el domicilio donde quedarán registradas las armas de fuego.

Aclaró que el concepto de “domicilio” hace referencia al lugar donde habitan exceptuando así los negocios de carácter mercantil, además de que la legislación únicamente autoriza a los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.

“Todo individuo que adquiera una o más armas de armas está obligado a declararlo ante la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo no mayor de 30 días, tal declaración se hará por escrito, indicando marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera”, explicó.

Por ello, sostuvo que es imprescindible que el ciudadano realice el trámite correspondiente para obtener un permiso de portación de arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto que la posesión y la portación son dos acciones distintas.

Finalmente, dejó en claro que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es la única entidad facultada para expedir el permiso para posesión y portación de armas, en donde se establece que toda persona física que desee adquirir una lo podrá hacer en la armería que tiene dispuesta la dependencia, presentando la debida documentación.

“Sí bien es cierto que la ciudadanía está harta de la inseguridad, la violencia y demás crímenes, la realidad es que esto no debería ser pretexto para portar armas de fuego fuera del domicilio, dado que con el ambiente de violencia que se vive en la mayor parte del país, aumentarían exponencialmente los delitos de homicidio si se hace justicia por propia mano bajo el alegato de haberlo hecho en defensa propia”, explicó la especialista en temas forenses.

 

¿Cuándo procede la legítima defensa?

 

El abogado Enrique Tejero Bacab explicó que la legítima defensa está contemplada dentro del Código Penal de Quintana Roo, en el artículo 20, inciso B, fracción segunda, en donde se explica que la dicho acto procede siempre y cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Y además –dijo–, se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.

No obstante, apuntó que se trata de un tema que hay que profundizar más porque tiene muchas aristas jurídicas e intervención de Derechos Humanos.

“Es evidente que existe una descomposición social como resultado del cambio de régimen: abrazos, no balazos”, insistió el abogado.

Además, “es evidente una terrible miopía de políticos que no invierten en mejorar los cuerpos de seguridad y eso provoca que la inseguridad siga en aumento y eso encamina a un hartazgo ciudadano que en algunos casos busca hacer justicia por su propia mano, lo cual no debe de ser, si las autoridades hicieran realmente su trabajo”.

Finalmente, dijo que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y en este caso, la ley contempla la legítima defensa, además de que para ello también pueden adquirir de forma legal un arma de fuego ante la Sedena.

 

Diputados locales le dan vuelta al tema

 

Ante el incremento de la inseguridad en México, al menos cinco estados han regulado sus códigos penales para que los ciudadanos puedan ser amparados por la ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa. La ampliación de la figura legal de “legítima defensa” que se ha propagado en los últimos años.

Dichos estados son Nuevo León, Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco; en tanto, en los demás el tema aún no tiene avances, como el caso concreto de Quintana Roo, donde está frenado en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Desde la pasada Legislatura, los diputados de Quintana Roo han abordado el tema de la legítima defensa, particularmente han intentado incluir en el Código Penal del Estado un apartado en donde se autorice el uso de armas de fuego.

En su momento Juan Carlos Pereyra, durante la XV Legislatura, propuso desde el 2018 la urgencia de reformar el Código Penal local y que la legítima defensa en casas y comercios, sea algo que ya se maneje con normalidad en el estado.

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Lo anterior –expone el planteamiento de la iniciativa–, para que los ciudadanos de los once municipios puedan agredir e incluso privar de la vida al individuo si lo encuentran dentro de su hogar siempre y cuando representen un peligro a su integridad, sin tener consecuencias legales al respecto, bajo la consideración de que la normativa (como está hasta ahora), defiende más a los delincuentes que a las víctimas y por esta razón, es necesario reformar el código y conceder más benevolencia a las víctimas.

El tema no avanzó y todo quedó en manos de los actuales diputados que nuevamente, de forma somera han hablado de ello como Gustavo Miranda, quien desde el año pasado propuso darle seguimiento a esta iniciativa con el añadido de que el Código Penal contemple el uso de armas en los casos de legítima defensa.

En su argumentación, el legislador explicó en su momento que no se busca que haya más violencia, sino “buscamos que los delincuentes lo piensen dos veces antes de entrar a nuestras casas (sic)”.

Otro diputado que está a favor del uso de armas es Roberto Erales, vocal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien ha señalado que desafortunadamente la sociedad se encuentra en un grave estado de indefensión y vulnerabilidad, incluso en sus propias viviendas.

Expuso que si bien este tema es complicado, no se puede perder de vista que los ciudadanos lo único que buscan es defenderse cuando alguien irrumpa en sus domicilios y sobre todo si esa persona está armada.

En ese contexto, en el Congreso está frenada la modificación del artículo 180 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para permitir a las personas contar con instrumentos para proteger su integridad personal y/o patrimonial ante situaciones de peligro.

Lo anterior, pese a la existencia de una propuesta que plantea que ya no se consideren como armas e instrumentos prohibidos “por razones de seguridad y legítima defensa”, los rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dosificadores o análogos, de sustancias químicas, así como armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros secundarios en el organismo humano, que no provoquen la pérdida del conocimiento y no pongan en riesgo la vida.

 

Uso de armas no es la solución

 

Para Jesús Ordaz Campos, presidente del programa Vecino Vigilante por una Paz Positiva del Club Rotario Cancún Conmemorativo, el uso de armas como legítima defensa no es la solución al problema de la inseguridad.

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“Nosotros somos pro-paz, si hacemos que la gente compre armas, imagínense la escalada (de violencia) que vamos a tener. Estados Unidos lo tiene, pues hasta en Walmart compran una pistola”, explicó.

Cuestionó: ¿Cuántos hechos delictivos ha habido o acciones, en donde el hijo tomó el arma del papá y fue a la escuela y mató a la maestra y a compañeros?

Por eso –insistió–, creo que aquí en México no es por ahí, esto es educación y principios.

 

Atracos y muerte en pleno septiembre

 

A plena luz del día, un sujeto con una mochila al frente y escuchando música en una pequeña bocina entró a las instalaciones de la distribuidora de carnes Cordiali, que se encuentra sobre la avenida Andrés Quintana Roo, a unos metros del Servicio Médico Forense (Semefo).

El recién llegado argumentó a la encargada del lugar que buscaba “a Jorge Luis”, pero la trabajadora le dijo que no había nadie con ese nombre y en cuestión de segundos detrás de él ingresaron dos sujetos más con pistola en mano y al grito “a lo que venimos”, encañonaron a la dependiente del lugar e ingresaron bruscamente hasta el área en donde se encontraban los tablajeros, ya en la recta final de sus actividades del día.

A todos los obligaron a tirarse al piso y les pidieron que entregaran sus pertenencias (carteras con todo y documentos, así como  teléfonos celulares) y lo mismo hicieron con una secretaria que en algún momento intentó encerrarse en una oficina, pero de ahí fue sacada junto al propietario del lugar que ni cuenta se había dado de lo que estaba ocurriendo en su negocio, hasta que vio frente a él a las personas armadas.

Los tres asaltantes, uno de ellos con una gorra con la leyenda de “Policía”, se dividieron la tarea del atraco, uno mantuvo inmóviles a los tablajeros y a la cajera a punta de pistola, otro se abocó a arrancar todas las cámaras de seguridad, incluido el módem de almacenamiento de video para no dejar huellas del atraco y otro se encargó del dueño, a quien obligó a que le entregara las llaves de su camioneta Jeep que estaba afuera del negocio, los equipos de cómputo (incluida una laptop) y le exigieron que abriera desde su celular la aplicación de banca móvil con la intención de vaciarle la cuenta bancaria.

Todo esto ocurrió en alrededor de cinco minutos y con toda la impunidad del mundo, los ladrones escaparon no sólo en el vehículo que los aguardaba afuera del establecimiento, sino que se llevaron la camioneta del dueño de la distribuidora de carnes.

En medio de todo esto, la mañana del 16 de septiembre un guardia de seguridad de la tienda Walmart de la supermanzana 21, identificado con el nombre de Tomás, fue abatido de un disparo con su propia arma de fuego, tras forcejear con un asaltante que había ingresado a dicho establecimiento.

https://www.facebook.com/watch/?v=846612459360943

En tanto, la mañana del 17 de septiembre comenzó a circular en redes sociales la videograbación de un violento asalto en un domicilio de la ciudad y en las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, se observa cómo un grupo de sujetos portando armas de fuego, un marro y hasta machetes, irrumpieron en la propiedad, sometieron afuera al dueño al que no dejaron bajar de su vehículo, al que incluso le poncharon las llantas y de reversa, con una camioneta estaquitas, derrumbaron la puerta de la casa.

Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2021 se han reportado 14 mil 018 atracos en Quintana Roo (carpetas de investigación), en donde predomina el robo a casa habitación con 849 casos y 1 mil 210 a negocios. Aunque la cifra negra, que son casos que no se denuncian, eleva los números oficiales por lo menos al doble.

 

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DCAM, la app de Sedena sobre la adquisición de armas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) liberó una aplicación (app) para teléfonos celulares que informa a usuarios civiles y militares sobre los procedimientos para adquirir las armas, municiones y accesorios que son vendidos en su Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM).

La app tiene el nombre de DCAM, sólo está disponible para el sistema operativo Android, es gratuita y también ofrece información sobre el inventario en existencia, así como los precios de cada arma disponible en las dos únicas tiendas de Sedena, una en el Campo Militar No. 1, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y otra en la IV Región Militar, en Monterrey, Nuevo León.

La app no permite hacer ningún trámite vía internet, todos deben ser presenciales ante la Sedena, pero sí ofrece descargar los formatos para hacer las solicitudes necesarias.

 

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Legítima defensa en México

El concepto de legítima defensa existe en las leyes mexicanas desde hace décadas. Se encontraba, por ejemplo, en el Código Penal Federal de 1931 en el artículo 15 del capítulo IV, como una circunstancia excluyente de responsabilidad penal. En el actual Código Penal está citado en el mismo artículo y capítulo.

De hecho, en los códigos penales vigentes de las 32 entidades de México, el concepto de legítima defensa se encuentra presente en todos ellos.

 

Elementos que integran la legítima defensa

 

  1. Existencia de una agresión ilegítima, es decir, una acción antijurídica que tiende a lesionar o poner en peligro a la persona ya sea por acción u omisión;
  2. Agresión inminente, la cual especifica la necesidad de definir si la agresión es suficientemente próxima a autorizar una respuesta;

III. Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, es decir, la proporcionalidad entre la agresión y los medios defensistas

 

De acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se tienen permitidas las siguientes:

 

I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.

II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.

III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).

IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30.

VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.