CIENTOS DE DESAPARECIDOS; AUTORIDAD, OMISA

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Más de 1,800 personas desaparecidas en Cancún y Playa del Carmen constan en los reportes oficiales desde enero del 2018, de las cuales se ignora cuántas han sido localizadas, vivas o muertas, por opacidad e ineficiencia de la FGE

La desaparición de personas es un acto abominable, siempre va acompañado de una historia de tragedia y de dolor que es inaceptable e imperdonable, sobre todo para los familiares de las víctimas. Las autoridades son insensibles y omisas, de cero respuestas, ni siquiera asimilan que son muchos delitos graves que la generan, y con ello además de las leyes vulneran la base de la sociedad que es la familia. La frecuencia y el récord de los casos denunciados y no denunciados es por lo menos reflejo de la pérdida de la paz y del Estado de derecho en esta y en cualquier sociedad. La morgue, la trata, el dolor y el viacrucis de los familiares en la búsqueda de mujeres y hombres, niñas y niños que “la pagan” y la falta de castigo contra los delincuentes refleja el fracaso de los gobiernos. Las desapariciones son la prueba del fracaso en la seguridad, de la descomposición social y de un Estado fallido rebasado por la violencia. Sin Paz.

 

SALVADOR CANTO

 

Con base en las fichas de los protocolos Alerta AMBER y ALBA difundidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, de enero del 2018 a lo que va de septiembre del 2021 son más de mil 800 los casos de personas desaparecidas entre Cancún y Playa del Carmen, lo que convierte al otrora paraíso del Caribe Mexicano en un destino de alto riesgo y de terror.

Ludovico Zamora Herrera, asesor forense y vocero del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” en Quintana Roo, explicó que de todas estas incidencias se desconoce con precisión cuántas han sido localizadas, vivas o muertas por falta de disponibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, refirió que si bien la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo ya existe, ésta no funciona correctamente por cuestiones políticas y de presupuesto.

No obstante que a nivel nacional la entidad no figura dentro de los 10 estados con el mayor número casos de personas desaparecidas, al ser una entidad turística y joven las cifras que actualmente existen, y por tratarse de un delito que lacera a miles de familias, debería de obligar a las autoridades a atender con mayor seriedad este tema.

Para familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo no sólo la activación de las alertas y/o protocolos de búsqueda como AMBER y ALBA son lentos, sino la actuación completa de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares no está a la altura de las circunstancias; por el contrario, consideran que los agentes ministeriales asignados a dicha dependencia son corruptos y poco sensibles ante la situación, pues en muchos casos piden dinero para “agilizar” la localización de quien fue reportado como desaparecido.

Es importante destacar que la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas provoca sufrimiento en sus familiares, al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.

Las cifras negras de México por desaparición de personas se recrudecen y prueba de ello es que en los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 21 mil 546 personas sin localizar, lo que significa que ninguna otra administración desde que se tiene registro había tenido tantas desapariciones en su primera mitad de mandato.

En ese sentido, el país enfrenta un problema estructural en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en México.

Aunado a lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta.

 

Crisis forense en México se refleja en Quintana Roo

De acuerdo a un informe del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 70 colectivos de búsqueda, en el país existe una auténtica crisis forense.

En números “fríos”, se sostiene que en el país hay 55 mil cuerpos sin identificar, es decir, cadáveres que han ingresado a las morgues como desconocidos desde 2006 hasta el primer semestre del 2021, a los cuales las autoridades forenses no les habían restituido su identidad.

La cantidad de personas fallecidas que permanecen sin ser identificadas al finalizar cada año continúa en aumento y en Quintana Roo existe un claro ejemplo, pues de acuerdo a información oficial aportada por el propio Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, hasta el año pasado había 600 cuerpos en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y más recientemente refirió que son 780 los cadáveres que están en calidad de desconocidos.

En ese sentido, el funcionario estatal dijo que como una de las formas de solucionar el problema de saturación de las instalaciones, se requiere hoy más que nunca y con urgencia la construcción del panteón forense, para lo cual se necesita una inversión de al menos 40 millones de pesos en su primera fase, pues recordó que está prohibido por la ley enviar a la fosa común un cuerpo identificado.

No obstante, esta sería una salida fácil para las autoridades ministeriales, pues refleja fehacientemente que no tienen equipo ni el personal especializado para el desarrollo de pruebas de identificación de los cadáveres, algunos de los cuales podrían pertenecer a las personas desaparecidas.

De hecho, el mismo fiscal declaró que ante las limitaciones económicas para ampliar las investigaciones trabajan con lo “básico”, lo cual demuestra un claro desinterés por atender lo que a todas luces es una crisis en materia forense, que requiere de personal calificado en diversas ciencias.

Cabe decir que el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas establece el enfoque científico de la identificación y señala que en ese tipo de casos, y sobre todo a medida que pasa el tiempo y el cadáver empieza a mostrar signos de descomposición o la apariencia facial resulta alterada a causa de lesiones o quemaduras, toda identificación mediante un reconocimiento visual debe confirmarse, siempre que sea posible, utilizando otros medios, incluidos métodos de identificación científicamente fiables, como huellas dactilares, examen dental y análisis de ADN.

El pasado 15 de julio, la FGE de Quintana Roo anunció el hallazgo de tres fosas clandestinas en un área selvática de la delegación Alfredo V. Bonfil, donde encontraron nueve restos de cuerpos, la mayoría aún sin identificar. Días después la prensa reportaba el descubrimiento de una fosa más, a corta distancia, con otros cinco cadáveres.

En tanto que en noviembre de 2020, fueron halladas osamentas de cuatro personas en Isla Blanca, específicamente en el área de construcción del hotel Planet Hollywood.

Es importante señalar que en un informe oficial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal reconoció la presencia en Quintana Roo de cerca de una decena de organizaciones criminales nacionales que han generado un repunte en los delitos de alto impacto, sobre todo en los últimos cuatro años, tal y como consta en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Crean colectivo de búsqueda

Familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, en su calidad de víctimas indirectas, presentaron el Colectivo «Verdad, Memoria y Justicia», para exigir a las autoridades que exista una mejor atención en el tema y que además, sean incluidos en las acciones que se hagan al respecto.

Ludovico Zamora Herrera, vocero de dicho colectivo que es el primero en su tipo en el estado, explicó que han encontrado alrededor de mil 800 casos de personas desaparecidas de 2018 a la fecha, con información emanada de las fichas elaboradas por la FGE, aunque aseguró que en sus labores han encontrado que las cifras no son fiables.

Dijo que “hemos notado que existe una mala gestión en la información de las fichas. Está debidamente documentado cómo una ficha es emitida y cuando se localiza a la persona no se emite la ficha de localización, con vida o sin ella”.

Aclaró que muy probablemente la FGE ya haya logrado hacer algunas localizaciones, pero “no han actualizado esta información en las fichas y eso genera mucha incertidumbre”.

Por ello, consideró urgente que las autoridades corrijan esta situación para que haya certeza y se emprenda un trabajo concreto del cual partir para que las organizaciones como a la que él pertenece, puedan unirse a las labores de búsqueda de personas.

Zamora Herrera dejó en claro que a todo esto, la propia FGE ha reconocido que tiene más de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que se necesita hacer las labores correspondientes para verificar si son parte de las personas con reportes de desaparición y así actualizar las fichas.

En cuanto al colectivo, afirmó que está integrado por familiares de personas reportadas como desaparecidas y que recientemente le solicitaron a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, así como a la FGE, sean integrados de manera formal al esquema de participación conjunta para sumarse a las acciones de búsqueda, así como colaborar en la planeación y ejecución de estas jornadas, así como en el diseño de acciones políticas.

“Buscamos también involucrar a un equipo forense independiente, proveniente de la Facultad de Criminología y Criminalística del Colegio Libre de Estudios Universitarios de León, Guanajuato para sumarse a los trabajos de búsqueda y con ello, verificar la aplicación de protocolos y estándares de identificación forense para una mayor certeza de los familiares ante casos de localizaciones de personas sin vida de algunos de los desaparecidos”, destacó el entrevistado.

 

Cancún: aumentan los desaparecidos

Romana Rivera Ramírez, madre de la joven Diana García Rivera, quien junto con Jorge Armando Ciau Rodríguez fueron privados de su libertad en la discoteca El Imperio de plaza Infinity el 22 de febrero del 2020, platicó con El Despertador de Quintana Roo y lamentó que cada vez son más los casos de personas desaparecidas.

“Lo que yo veo en redes sociales y en los informes de la Fiscalía es que hay una tendencia de desapariciones a las que les ponen la leyenda ‘no localizada’, es decir, que no son constituyentes de delito, pero como son hechos que no son aclarados ante la sociedad, nos quedamos con esa idea de que se mantiene desaparecida”, comentó.

Dijo que en muchos de los casos se localiza a la persona pero no es bajada esa ficha y entonces, “nosotros percibimos que lamentablemente aunque sea un hecho que sea minimizado por el estado, estamos frente a un hecho de desaparición de personas”.

Recordó que su experiencia personal comenzó hace año y medio con la desaparición de su hija Diana y a raíz de todo ese proceso tan triste, doloroso y tan escabroso, “hice contacto con otras víctimas luego de que se realizó una marcha con motivo de las desapariciones, unas de un año, otras con tres años, incluso algunas con cinco años sin saber el paradero de sus familiares”.

Agregó que “hemos creado el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia en donde de manera sustentada, te puedo asegurar que estamos unas 22 personas que tenemos a algún desaparecido específicamente en Cancún y que no ha sido posible su localización hasta el momento”.

¿Considera que hoy en día, estamos frente a una situación grave de riesgo?, se le cuestionó a la señora Romana Rivera, quien sin titubeos respondió: “sí, estamos frente a una situación grave de desaparición en la entidad y es por eso que nos hemos dado a la tarea de reunir a personas que tienen la misma situación (familiares de desaparecidos) para que podamos alzar la voz porque si lo hacemos de manera individualizada no es lo mismo, por eso estamos uniendo este dolor tan lamentable, esta incertidumbre que vivimos para que las búsquedas se sigan dando”.

Lamentó que durante el año y medio que lleva en la búsqueda de su hija, no ha sido invitada a participar en ninguna acción de campo ni de manera generalizadas ni de manera individual por parte de la FGE.

Finalmente, consideró que “es necesario que las autoridades entiendan la gravedad del tema, atiendan con seriedad la situación porque lamentablemente se hacen especulaciones y todo tipo de señalamientos, que las desapariciones se dan porque están relacionados con asuntos de droga o que están vinculados con algún grupo delictivo, pero en lo personal, mi hija fue una víctima colateral y yo creo que todos los jóvenes que salen a divertirse, ahora están en mucho riesgo y es urgente que se haga algo porque estamos en un Cancún en donde la juventud está vulnerable”.

 

Redes sociales y trata de personas

El caso de tres menores desaparecidas recientemente en Cancún debe sembrar conciencia entre la sociedad y las autoridades, por la complejidad que existe detrás de lo ocurrido, que incluye el uso indebido de redes sociales en menores de edad.

Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que los traficantes de personas han aprovechado el uso de las redes sociales durante la pandemia para reclutar víctimas. Entre ellas, niños y ciudadanos que han perdido su empleo debido a la crisis sanitaria.

La semana pasada se dio a conocer la desaparición de las hermanas Chelsea y Britany S. C., de 13 y 15 años de edad respectivamente, así como de Vanesa Alejandra C. A., también de 15 años, ocurrido el 2 de septiembre después de acudir al centro comercial “Mi Plaza Héroes”, localizada en la supermanzana 215, en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Chac Mool.

Sus familiares emprendieron una serie de manifestaciones y señalamientos en contra de la FGE y de un día para otro dejaron de externar su preocupación ante la opinión pública, debido a que las autoridades les dijeron que tenían un “hilo conductor” del caso.

En ese contexto, a los pocos días las menores fueron localizadas y las autoridades reportaron que se inició una “investigación” por presunto caso de trata de personas, ya que durante el operativo fueron detenidas dos hombres mayores de edad, uno de ellos podría ser con quien se encontraron en la plaza comercial y con el que se retiraron del lugar, sin violencia alguna de por medio.

De hecho, por voz de la madre de una de las menores, trascendió que una de ellas compartía imágenes y contenidos eróticos mediante perfiles falsos en las redes sociales, lo que enlaza además a un caso grave de corrupción de menores.

Información que ha surgido posterior a la localización refiere que estas jovencitas se habían citado con un sujeto al que una de ellas conoció a través de Facebook y en un principio se fueron a una casa en la zona de “El Crucero”.

La FGE informó que en este caso se aplicó el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, adicionalmente a las alertas AMBER y ALBA, aunque el funcionamiento no se ha empleado en muchos otros casos en donde existen señalamientos de acciones del crimen organizado.

 

Inconformidad creciente; gobierno ‘cierra los ojos’

El incremento de los casos de personas desaparecidas y la poca efectividad de los cuerpos de seguridad para resolver la mayoría de ellos ha generado un clima de inconformidad generalizada entre la ciudadanía; en lo que respecta a los menores de edad, consideran que es responsabilidad de los padres reforzar las medidas de prevención desde los hogares y en el caso de las autoridades, que deben de tomar con seriedad la situación.

Coinciden en que no existe una verdadera estrategia que permita establecer en conjunto con las organizaciones civiles un plan concreto de búsqueda, como ocurre en otras entidades y por eso en el caso de Quintana Roo la percepción es de impunidad.

La activista Fabiola Cortés expuso en sus redes sociales que esta terrible situación tiene años, los mismos que el gobierno ha cerrado los ojos y ha tratado de «enterrar» a los desaparecidos.

Recordó que tras la desaparición de un elemento de la policía ministerial de nombre Jorge Aparicio, enlazó a la hermana de la víctima con un reportero del noticiero que por entonces tenía Carlos Loret de Mola en Televisa y aunque el reportero vino a Quintana Roo y la entrevistó e indagó sobre algunos otros casos, el reportaje “se fue a la congeladora”, es decir, nunca se publicó.

Algunos usuarios de redes sociales emitieron sus opiniones sobre el tema:

Luna Franco: “Las ausencias voluntarias de menores de edad obligan a voltear la mirada a los hogares que se convierten en lugares expulsores de niños, niñas y adolescentes”.

Luis Guillermo Domínguez: “Es una desgracia para el Estado de Quintana Roo, puesto que son ya incontables los que desaparecen. Sin ningún apoyo de este gobierno joaquinista con su fiscal Montes de Oca”.

Jesús Holmedo: “Hay que reforzar la seguridad para todo el estado y combatir la ineptitud de las autoridades y evidenciarlos que solo los mandos que vienen de otro estado están seguros”.

 

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Tipos de desapariciones

Es importante precisar que no todas las personas ausentes lo son por los mismos motivos; algunas pueden ser víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, mientras que otras probablemente fueron secuestradas; la diferencia principal entre estos crímenes es la o las personas que los perpetran:

En el caso de la desaparición forzada, los involucrados son agentes del Estado quienes la cometen o quienes permiten que esto ocurra; en tanto, la desaparición por particulares principalmente es cometida por delincuentes y podría confundirse con el secuestro, por lo que la forma de diferenciar estos delitos es que en el primero no se pide un rescate y en el segundo caso sí.

En algunos reportes de desaparecidos también se puede presentar una ausencia voluntaria, es decir, que la persona decidió dejar su hogar o entorno seguro por las razones que así creyó convenientes.

 

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Peticiones de integrantes de diversos colectivos:

 

  • Que se lleve a cabo el proceso para la conformación del Sistema Estatal de Búsqueda y se les permita la participación que como colectivos, legalmente les corresponde.
  • Que se realicen modificaciones al Protocolo Alba para Quintana Roo, en donde es imperativo que se homologue con la normatividad vigente en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
  • Que dentro de esas modificaciones se incluya a la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo dentro del Comité Técnico de Colaboración y se les de la participación que legalmente le compete.
  • Que la sociedad civil y los colectivos de familiares, dentro de ese comité técnico de colaboración sean incluidos en las acciones de búsqueda.
  • Que los Diputados del Congreso del Estado lleven a cabo las armonizaciones de las leyes federales y estatales en materia de desapariciones.
  • Que la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo que es un organismo público creado y fundamentado en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, realmente funcione como debe de ser enlazado con la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Nacional Ciudadano y las fiscalías especializadas.