CASA PROPIA, META INALCANZABLE

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El nuevo esquema de créditos para vivienda del Infonavit hace cada vez más lejano el sueño de miles de quintanarroenses, subcontratados por pagadoras y sometidos a condiciones abusivas que les impiden generar antigüedad laboral

 

SALVADOR CANTO

Las nuevas políticas de crédito para la adquisición de viviendas aprobadas con base a la reciente Reforma a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) del pasado 12 de mayo, genera más dudas y complicaciones para los derechohabientes, quienes ahora ven más lejana la posibilidad de obtener un patrimonio para su familia, sobre todo por factores en donde se establece como uno de los nuevos requisitos que las empresas para las que laboren estén al 100% con el cumplimiento de sus aportaciones y pagos ante el SAT.

Esta acción es una completa incongruencia del gobierno federal, en virtud de que de acuerdo a informes de la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés), México es el cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación.

De hecho, en México se concentra casi la totalidad del outsourcing en tres de los ocho sectores económicos: servicios, comercio y manufacturero, los cuales aglutinan el 90.1% del personal que labora bajo este esquema, según información del INEGI.

El sector económico con mayor cantidad de trabajadores bajo la modalidad de outsourcing es el de servicios: tiene un millón 630 mil 516 y representa el 15% del total de los empleados en este sector. En segundo lugar se encuentra el sector comercio con un 19.1%, el cual representa un millón 430 mil 602 de personal subcontratado. En tercer sitio se ubica el sector manufacturero con un 17.9%, el cual tiene un total de un millón 164 mil 508 de subcontratados.

Quintana Roo (abocada al servicio por la parte turística), es una de las entidades en donde más empresas terciarias operan, mismas que tienen la función de fungir como pagadoras de empresas formales con la finalidad de evadir impuestos y perjudicar en sus prestaciones a los trabajadores.

Para el presidente de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social (AMDTyPS) Delegación Quintana Roo, Manuel Alcocer Heredia, esta medida del gobierno federal para el otorgamiento de un crédito para la adquisición de una vivienda podría representar complicaciones para muchos trabajadores que ya estaban en proceso de adquirir una vivienda, por lo que consideró que hace falta mayor información al respecto.

“En primer lugar, no queda claro cómo de 116 pasa a 1,080 la puntuación para que puedan tener derecho a adquirir una vivienda; además, dentro de estas nuevas reglas hay factores determinantes como la edad, el salario, pero sobre todo, que haya semanas continuas cotizando y eso es lo que menos permiten las empresas en Quintana Roo a sus colaboradores, pues aquí sigue la práctica de contratar pagadoras (outsourcing) para las nóminas y no dejan que el empleado haga antigüedad”, explicó.

 

Freno a créditos para vivienda

Para Ari Adler Brotman, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Quintana Roo, el nuevo modelo de originación T1000 del Infonavit (como se le ha denominado a dicho cambio), ha venido a sacudir fuertemente a todos aquellos derechohabientes que justo se encontraban evaluando la posibilidad de adquirir una vivienda o estaban en proceso de liquidación.

El empresario dijo que este nuevo esquema del gobierno federal ha venido a impactar tanto a trabajadores como a desarrolladores, en virtud de que el Infonavit quitó capacidad de crédito a más de un 60 por ciento de las personas que ya estaban tramitando financiamiento para casas de interés social.

De hecho, dijo a que pesar de las condiciones de la pandemia y que en Quintana Roo ya se siente un ligero incremento dentro de la actividad económica, lo que había permitido al sector agarrar un ritmo positivo en cuanto a la venta de viviendas nuevas, ahora con el nuevo esquema que aplica el Infonavit, muchos planes se vinieron para abajo.

“La verdad que íbamos bien, estábamos agarrando ritmo pero a partir de este nuevo sistema de originación se está deteniendo un poco el tren de vivienda, creemos que es una cosa temporal, esperamos que exista mayor claridad y las personas puedan tener acceso lo antes posible para adquirir una vivienda”, señaló.

Brotman abundó que el mayor impacto se da en Quintana Roo, donde la gente trabaja por temporadas, pero porque ese esquema es el que mantienen muchas empresas desde hace muchos años.

“Es claro que con esto no pueden hacer antigüedad laboral y se castiga más a los trabajadores, pero vamos a buscar un acercamiento con el Infonavit para que otorgue un periodo de transición, que permita que la colocación de vivienda en la entidad que se ha mantenido entre los primeros cuatro o cinco lugares, no se caiga”, insistió.

Insistió en que hay desarrolladoras que han externado su preocupación porque ya tenían planes de ventas e incluso acuerdos pactados con posibles clientes que estaban a poco tiempo de obtener la puntuación pedida y por ende, de acceder al crédito de vivienda de interés social, pero con las nuevas reglas han perdido su puntuación o se les redujo su monto de crédito.

“Analizando bien estos cambios, hay cosas positivas porque a la larga se van a otorgar más créditos a más gente, pero el primer impacto fue reducir el número de personas que se perfilaba porque este Sistema de Originación del Infonavit ha ocasionado que posibles compradores por ahora no puedan hacerlo y estamos en el peor momento porque hubo un freno para la colocación inmediata de viviendas”, señaló.

De acuerdo con los cálculos de la organización empresarial, en lo que va del mes traen una baja de hasta 60%, lo que afectará al ritmo de colocación que esperaban cerrar en 13 mil durante este 2021.

El sistema de operación entró en vigor a finales de mayo, y si bien a un largo plazo generará mayores financiamientos, en las condiciones actuales se trata de una afectación, pues el sector arrastra los estragos de la pandemia.

 

Gobierno federal ahorca a Pymes

En medio de todo este panorama con cambio de reglas para lograr la puntuación y por ende, el otorgamiento de viviendas para los trabajadores, empresas que han buscado ser las más responsables en cuanto a pagos de obligaciones en Cancún, se han visto afectadas por amenazas de embargo de cuentas por parte del SAT por incumplimiento de pagos de cuotas del IMSS a causa de la pandemia.

De acuerdo con cifras del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, al menos dos mil 500 Pymes están a punto de cerrar ante la amenaza de embargo de sus cuentas.

Eloy Quintal Jiménez, líder de dicho organismo en la zona sur, dio a conocer que derivado de la pandemia por COVID-19, una de cada cinco empresas de las alrededor de 4 mil 300 que hay, dejaron de pagar las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por ende al Infonavit.

“Estamos buscado con la Federación un programa de estímulos para recuperarse y seguir generando empleos, de lo contrario, muchas tendrán que cerrar sus puertas”, explicó.

Insistió que muchas ya fueron notificadas por el IMSS y están a punto de embargarles sus cuentas, lo cual implicaría el cierre de negocios, si las autoridades no aceptan un convenio de descuentos o pagos en parcialidades de saldos atrasados.

Y esto afecta incluso a los trabajadores por el tema de la adquisición de viviendas por las nuevas reglas en donde las empresas deben de ser cumplidas con sus obligaciones.

“Durante casi seis meses las empresas no registraban ingresos por el tema de la pandemia, y eso provocó que no tengan dinero para pagar el IMSS o Infonavit y esa ha sido la principal razón por la que varios negocios decidieron despedir a una buena parte de su nómina”, platicó.

Puso como ejemplo un negocio con al menos 20 trabajadores con un sueldo promedio de 4 mil pesos quincenales, lo que deriva que por aportaciones al IMSS debe pagar aproximadamente 25 mil pesos mensuales, pero si durante cuatro meses no lograron juntar ese dinero, la deuda se incrementó a 100 mil pesos y eso se vuelve incosteable en la actual situación de crisis.

 

Primero que regulen a las pagadoras

De acuerdo con el abogado Manuel Alcocer Heredia, presidente de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social, delegación Quintana Roo, el gobierno federal le ha dado un “duro golpe” a la clase trabajadora con estas nuevas reglas para obtener la puntuación que les permita adquirir una vivienda de interés social.

“Considero que no hay claridad, es una situación complicada para la gente que antes tenía que reunir 116 puntos en base a un trabajo establece y algunos años cotizando, pero ahora, son más reglas como el hecho de que las empresas tendrán que estar al 100% en sus pagos y obligaciones hacendarias y honestamente, eso es lo que menos ocurre en México y en Quintana Roo”, explicó.

Cabe decir que con base en la Reforma del pasado 21 de mayo del 2021 para el otorgamiento de crédito para la adquisición de una vivienda de interés social, denominado por el Infonavit como “sistema de originación T1000” en donde uno de los principales cambios es el tema del puntaje, al pasar de 116 para ese derecho, ahora deberán de ser 1,080 puntos.

Antes, para los 116 puntos los factores determinantes eran la edad, salario, semanas continuas cotizando, pero ahora, para llegar a los 1,080 puntos hay nueve nuevos factores como son los bimestres cotizando en el IMSS, edad del trabajador, salario, saldo de subcuenta de vivienda, tipo de contrato, cumplimiento de la empresa, rotación dentro de la empresa, ubicación y giro de la empresa.

“Hay que ser claros con este tema, en Quintana Roo tenemos el tema de las terciarias que son las empresas pagadoras, que son usadas para la subcontratación para que el trabajador no genere antigüedad en la compañía para que presta sus servicios y por eso insisto, lo que el gobierno debería de agilizar el proceso de la regularización si quiere que el nuevo esquema para la adquisición de viviendas funcione y deje de ser una afectación para los trabajadores”, insistió Alcocer Heredia.

No obstante, las autoridades han establecido acciones para tratar de regularizar el tema de las pagadoras, en Quintana Roo esto no ha avanzado y por el contrario, varias empresas han recurrido a la protección de la justicia federal, es decir, a los amparos en donde los juzgadores han considerado que existen aún vicios dentro de esta ley y por ello, dichas empresas terciarias pueden seguir operando, siempre y cuando paguen los impuestos.

 

Operan con outsourcing 60% de hoteles

En Quintana Roo uno de cada cuatro trabajadores está contratado bajo el esquema del outsourcing, una práctica ilegal que se aplica en más del 60 por ciento de los hoteles, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Esto lo reconoció incluso el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Toni Chaves, quien dijo que los socios hoteleros están a favor de regular, más que prohibir la subcontratación de personal, como se pretende aplicar en la Reforma federal que analiza el Congreso de la Unión sobre las pagadoras.

“La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya pide abrir espacios de diálogo con el gobierno federal para analizar los beneficios y riesgos de la iniciativa de reforma, porque la agrupación se ha mostrado a favor de que la autoridad regule estas empresas externas para que cumplan con sus obligaciones legales y respeten los derechos laborales”, comentó.

Sostuvo que la asociación considera que más que prohibir la operación de estas empresas externas, será necesario regular el buen funcionamiento de estos medios de subcontratación para que cumplan todas sus obligaciones legales, fiscales y de los trabajadores.

Y esto es precisamente uno de los obstáculos que existen para los trabajadores que pretendan adquirir una vivienda mediante el Infonavit, por ello, la autoridad está tratando de regular estas terciarias.

Sin embargo el sitio para registro de empresas de outsourcing que se abrió el pasado 24 de mayo para poder entrar a una fase de regularización, tiene fallas técnicas.

Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que estaban trabajando para adecuar el sitio, pero destacó que ya estaban enlistadas al menos 8 mil empresas dentro del Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse). El plazo límite para su regularización concluye el 24 de agosto próximo.

 

Los cambios para adquirir una vivienda

Uno de los principales cambios es el tema del puntaje, que ahora determina que únicamente contabilizando 1,080 puntos podrá el derechohabiente solicitar un crédito hipotecario.

También se debe considerar que si el solicitante tiene más de 39 años el préstamo es cada vez menor, una situación que complica aún más la situación para las familias.

De acuerdo con el Infonavit, en este 2021 el salario mínimo para solicitar un crédito es de una UMA mensual, misma que equivale a 89.62 pesos, lo que representa una cantidad de 2 mil 724.4 pesos al mes. Si esto se traduce al salario mínimo en Quintana Roo que es de 141.70, esto representa alrededor de 4 mil 251 pesos mensuales.

En medio de todo esto, para lograr los 1,080 puntos el trabajador está obligado a cumplir con nueve factores, el primero de ellos, un mayor tiempo laborando en la misma empresa, lo que le permitirá cotizar más rápido y este factor le podría permitir obtener de 90 a 191 puntos.

El otro tema es la edad y eso le generaría una puntuación de 105-128 puntos, seguido por el tema del salario, pues con un mayor sueldo que se tenga ante el IMSS, la capacidad de pago será mayor y eso ayudará a la subcuenta de vivienda lo que le permitirá lograr de 111 a 144 puntos.

También en la lista está el tipo de contrato en el que está en la empresa y eso le generaría de 116 a 124 puntos, pero si es eventual sólo obtendrían 103 puntos, pero lo más complicado para el trabajador es la parte del cumplimiento de la empresa ante el gobierno, pues de ello dependerá que se le otorgue de 85 a 129 puntos.

De igual manera está la rotación que pueda sufrir adentro de la empresa, es decir, que lo cambien de un área a otra y eso le daría de 98 a 144 puntos, además está la ubicación de la empresa y que sea de fácil localización ante el SAT, IMSS y demás autoridades, lo que generaría de 102 a 142 puntos al trabajador y finalmente el último factor es el giro de la empresa que le daría de 85 a 151 puntos.

Cabe decir que en la sumatoria de la puntuación, ya será a criterio de la autoridad el otorgamiento o no del crédito para el trabajador.

“Siento que será más complicado lograr sacar mi casa con este nuevo esquema, pues ahora que acudí a valoración a una oficina de venta de una inmobiliaria en donde ya tenía un avance de mi trámite, le dijeron que ahora tengo que esperar un poco más por las recientes modificaciones”, platicó Jesús Hernández Galicia, trabajador de cocina de un hotel de Cancún.

Otras opiniones establecen que el gobierno no sólo busca que las empresas paguen lo que deben, sino que el trabajador exija pagos a tiempo, si la empresa se retrasa unos días en sus pagos, le restarán muchos puntos y en conclusión, “utilizan al trabajador para presionar a que las empresa paguen a tiempo y en mi opinión no deberían mezclar estas situaciones, que el gobierno se encargue de las empresas y el trabajador con lo suyo”, dijo Jorge Alberto Tun, vendedor de una inmobiliaria de Arcos Paraíso.

 

Infonavit inicia “operación despojo”

Quintana Roo figura entre las entidades del país donde el Infonavit emprendió la “operación despojo” de casas a cientos de familias mediante juicios hipotecarios irregulares donde no notifican y ni mucho menos hacen válidas las cláusulas de convenios a las que tienen derecho los trabajadores al quedarse sin empleo.

Lo grave de ello, es que todo esto se maquila desde las mismas oficinas de dicha dependencia donde altos funcionarios podrían estar coludidos para favorecer intereses y en otros casos hacen oídos sordos para atender la demanda de las familias que se han visto afectadas por esta situación donde la intimidación es la principal acción de quienes cometen los despojos.

En Cancún son decenas de casos los que se han registrado en los últimos años y más aún  durante la gestión de la delegada estatal, Karla Aceves Nieto, hija del senador Carlos Aceves del Olmo y también dirigente nacional de la CTM, cuya organización sindical, extrañamente, ha sido de las más beneficiadas con el otorgamiento de muchas viviendas “recuperadas” por el Infonavit.

En la mayoría de los expedientes donde el Infonavit orquesta los despojos, los hace mediante juicios realizados por despachos de cobranza exteriores que se encargan de emprender acciones de constante intimidación a los dueños de las casas que por alguna razón, dejaron de pagar al quedarse sin empleo, pero que en ningún momento se han negado a seguir efectuando los pagos correspondientes.

Uno de estos casos es el que padece el señor Ultimino Pérez Juárez, quien dijo que lo han querido despojar de su vivienda mediante juicios poco transparentes como es el hecho de que no son notificados y que tampoco le permiten hacer válidas las cláusulas de las prórrogas de pagos voluntarios.

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