“Cártel del Despojo”, otro caso de impunidad

0
4


*Latinus reveló la presunta complicidad de líderes del PVEM, entre ellos el diputado Gustavo Miranda y el hoy síndico municipal Pablo Bustamante, a quienes señala de encabezar una célula de despojo de departamentos de lujo*_

Los casos de despojos escalan hasta los más elevados niveles y uno de los casos más flagrantes, que se mantiene hasta el momento en completa impunidad es el denominado “Cártel del Despojo” exhibido en meses pasados por el portal Latinus, donde se reveló la presunta complicidad de líderes del PVEM en Quintana Roo, entre ellos el diputado local Gustavo Miranda García y el presidente estatal de ese partido y actual síndico municipal de Cancún, Pablo Bustamante Beltrán, a quienes señala de encabezar una célula de despojo de departamentos de lujo.


El jueves 15 de abril, el proyecto periodístico de Carlos Loret de Mola presentó el reportaje El Cártel del Despojo, en el que se describe cómo el dirigente estatal del PVEM, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de Erika García Deister, madre de Gustavo Miranda, para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.


De acuerdo con el texto periodístico, García Deister contrataba a supuestos con sueldos superiores a los 90 mil pesos, aunque en realidad eran los mejores amigos de su hijo y otros colaboradores. A la par, compraba a crédito propiedades de lujo, mismas que dejaba de pagar y en ese momento, los supuestos empleados la demandaban laboralmente, procesos que eran resueltos “fast track” por la Junta de Conciliación y Arbitraje.


Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados –relata Latinus–. Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los 10 millones de pesos. El dirigente estatal en Quintana Roo del PVEM y los otros tres quejosos pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, con un valor aproximado de 13 millones, sin que la empresaria defendiera su propiedad.
El banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria. Un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio para registrar que estaba grabado, y se dio cuenta que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron el condominio. La venta del departamento no se ha concretado, porque el banco se amparó.


Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios.
Dos días después de la publicación del reportaje, la fiscalía anticorrupción anunció la apertura de la carpeta de investigación, aunque no incluyó a Bustamante.


“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, añadió en otra parte de su comunicado la fiscalía anticorrupción.


El 9 de mayo, el portal publicó una segunda entrega del reportaje, en la cual ahondó en el involucramiento de socios y amigos cercanos al diputado Gustavo Miranda, por entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo. “En esta nueva entrega, Latinus comprueba sociedades entre los protagonistas, que revelan sociedades empresariales, más allá de una amistad”, sostuvo el portal informativo.

El texto refiere un caso adicional, operado bajo el mismo esquema de despojo de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista el Table Cancún”, mediante un juicio entablado ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel en 2105 por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, supuestos empleados de Erika Miranda.


Añade que en 2018, tres años después de que los presuntos empleados ganaron la demanda, Segura Rodríguez constituyó la empresa Xolos Transfers, S.A. de C.V. (20% de acciones), cuyo socio es precisamente Gustavo Miranda, a cuya madre quitaron el bien inmobiliario. Otros integrantes de la sociedad fueron identificados como Obed Rafael Laguna Hernández y José Jesús Toscano Ruvalcaba.


Adicionalmente, la investigación refiere que en el equipo de trabajo de Gustavo Miranda fungía Eugenio Segura Vázquez, un primo de Segura Rodríguez, como subsecretario de Servicios Administrativos de la XVI Legislatura.
Latinus identifica como otra integrante del “Cártel del despojo” a Mónica Adriana Meléndez Martínez, quien laboró como jefa de departamento en el Congreso del Estado de Quintana Roo, “mano derecha de Gustavo Miranda y constituyó la empresa Grupo EG Miranda, S.A. de C.V. en 2017, cuyo objeto social es adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, en la cual tiene 40% de acciones mientras que José Luis Téllez Sosa, igual con 40%, y el diputado Gustavo Miranda el 20%”.
Esa misma colaboradora del legislador también simuló un juicio laboral (junto con Christian Izxel Andrade Martínez) contra Erika García y sus empresas, el cual inició ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015, con cuyo reclamo logró quedarse con un departamento en la Torre Emerald Residential Tower & SPA que vale más de 30 millones de pesos, refiere la investigación periodística.


Cabe señalar que tanto Gustavo Miranda como Pablo Bustamante, en sendos comunicados, negaron los señalamientos en su contra. El primero dijo que el caso “es una ficción construida” y Bustamante Beltrán atribuyó las acusaciones a una presunta “guerra sucia”, lanzada en el contexto del proceso ordinario local 2021, donde se presentaba como candidato a síndico municipal de Benito Juárez, cargo que hoy ocupa en la actual administración que encabeza Mara Lezama.