Readaptación, una gran mentira: corrupción, inseguridad, hacinamiento, violencia y autogobierno persisten en los cuatro penales de Quintana Roo, con la complacencia y complicidad de las autoridades

SALVADOR CANTO

 

Contrario a lo que dicen las autoridades, de los cuatro penales que funcionan en la entidad bajo la operación de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, el de Cancún y Playa del Carmen enfrentan severos problemas de inseguridad, hacinamiento, violencia y autogobierno, según informes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), lo que refleja que se mantienen como verdaderas escuelas del crimen y en lo menos que existe es la readaptación.

Esta misma perspectiva mantiene el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado en el 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que si bien elevó la calificación a 6.22 para las cárceles de Quintana Roo, los cambios y las mejoras están lejos de la realidad, pues aun con la pandemia por COVID-19, persisten los problemas de corrupción y extorsiones, bajo el amparo de la impunidad, incluso abarcando las cárceles de Cozumel y Chetumal.

Dicha calificación mantiene los focos de alerta en cuatro de los cinco puntos de análisis: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad y reinserción social, aunado a la situación de inseguridad.

La Comisión advierte también en su reporte que en la cárcel de Cancún, que sólo tiene 6.12 de calificación, no se cuenta con un mecanismo para prevenir la tortura y cuando se ejerce una acción disciplinaria no se informa a familiares del reo sobre la sanción impuesta.

Cabe indicar que por sus propias características, dicho penal no ha dejado de ser una Cárcel Municipal, aún con las ampliaciones y adecuaciones que les han tenido que hacer las autoridades en turno para cumplir con algunas recomendaciones hechas por organismos no gubernamentales, principalmente en el tema del hacinamiento.

La Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dio a conocer que el Cereso de Cancún cuenta con una población actual de mil 528 internos; no obstante, la capacidad de las instalaciones es para 947, lo que representa una sobrepoblación de 541 reos, los cuales están hacinados en celdas en donde duermen ocho, diez y hasta doce presos cada día.

Sin embargo, extraoficialmente se sabe que la población actual de reos tan sólo en el penal de Cancún es de cerca de mil 800 personas, en su mayoría sujetas a procesos penales por robo y homicidio.

Entre los delitos por los que hay más personas privadas de la libertad en Quintana Roo figuran aquellos en contra de la salud, relacionados con narcóticos, en materia de armas, explosivos y otros materiales explosivos, asociación delictuosa, terrorismo, ejercicio indebido del servicio público, trata de personas y  sustracción o posesión ilícita de hidrocarburos, entre otros.

De acuerdo con familiares de internos, en el penal de Cancún los vicios del cobro de cuotas a nuevos presos, las extorsiones y las amenazas constantes se mantienen de manera impune, aunado a la venta de drogas, alcohol, cobros de espacios para tener comodidades como usar ventiladores, tener televisión, renta de teléfonos celulares y el uso de internet, que permite a los reclusos que lo pagan, hacer uso de sus redes sociales.

Todo han sido prácticas recurrentes en dicho penal, que se encuentra convertido en una “mini plaza” del crimen organizado desde donde se ordenan extorsiones, levantones, secuestros y hasta ejecuciones hacia el exterior.

“En apariencia todo está en calma, pero en realidad, el interior del penal sigue siendo un verdadero infierno en donde sobrevive quien pague o se someta a los castigos que impone la gente que mantiene el autogobierno”, expresó la señora Patricia, madre de Arturo “N”, un joven que fue recluido en el Cereso en febrero pasado por el delito de robo.

El Despertador de Quintana Roo solicitó información a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en torno al panorama general de las cárceles de Quintana Roo, incluso sobre el tema de la millonaria concesión de la comida a los internos de los penales de la entidad, pero se indicó que todo se tiene que requerir mediante la plataforma de transparencia, además de que el responsable de la dependencia no está dando entrevistas a la prensa en particular, debido a que todavía se encuentra como encargado del despacho.

Es de señalar que hasta la administración pasada, la periodista y hoy cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide Limón, mantuvo la concesión de los alimentos de las cárceles de Cancún y Chetumal, por lo que recibía 48 millones de pesos al año por cada penal.

En medio de todo esto, es evidente que de los cuatro penales más importantes de Quintana Roo operados por el Estado, el de Cancún resulta el más complicado por las condiciones de permanente conflicto que ha sido causante de motines, zafarranchos y un cúmulo de irregularidades que se han convertido en un vicio permanente emanados de corrupción.

Incluso esta situación ha provocado que varios celadores hayan sido asesinados en los últimos años, como fue el caso del entonces jefe de custodios, Juan Carlos Ortiz Ontiveros, privado de la vida la mañana del 25 de octubre del año pasado, cuando se dirigía de su domicilio en la región 207 hacia su centro de trabajo.

Este homicidio está vinculado precisamente por permitir el ingreso de alcohol y drogas para favorecer a cierto grupo del crimen organizado que son los que tienen el control del autogobierno, así como con la venta de amparos mediante “informes especiales” para evitar que determinado interno sea trasladado a otro penal.

Es evidente que, además, los penales mixtos de Cancún y Chetumal, no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad e infraestructura adecuadas para mujeres, lo que contraviene el artículo 18, párrafo segundo constitucional, que mandata: “Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

 

 

Terrible flagelo de corrupción e impunidad

Personal del Cereso de Cancún que pidió el anonimato externó que al pasado 1 de marzo hubo un incidente en donde elementos de la policía estatal asignados a la seguridad y distribuidos en las ocho torres de vigilancia se quedaron dormidos y un reo intentó darse a la fuga, sin que este hecho haya sido reportado a las autoridades o superiores, para evitar ser amonestados y/o arrestados por realizar sus labores con negligencia.

De hecho –se reveló–, el interno que intentó darse a la fuga fue sometido a un castigo no solo con la prohibición de recibir visitas, sino además, en un área de segregación por más de una semana.

Las mismas fuentes internas denunciaron que el director del penal, Miguel Ángel Matamoros, ordenó que para evitar filtraciones de información y, sobre todo, que existan evidencias como el que se tomen fotografías de todo lo que ocurre en el interior, prohibió el uso de teléfonos celulares a todo el personal administrativo, en una situación considerada arbitraria e ilegal, pues en caso de alguna emergencia familiar, quedan completamente incomunicados.

“Entendemos que existen reglas, pero el uso del teléfono para nosotros es indispensable y además es absurdo que a nosotros nos lo prohíban y a los internos se los permitan”, señaló el personal consultado por este reportero.

Acusaron al director de ser el principal cómplice de la corrupción, pues los reos que usan celulares los rentan a otros, proporcionan internet y lo más grave, continúan delinquiendo con llamadas de extorsión y hasta ordenando levantones y ejecuciones desde el interior.

Recientemente, en redes sociales trascendió que hay custodios e incluso trabajadores del área administrativa que tienen algún tipo de amorío con internos, tanto hombres como mujeres, algo que si bien no es nuevo, a estas alturas confirma que nada ha cambiado al interior del penal y es mentira que la situación del penal sea distinta, ya que no existe tampoco trabajo de readaptación social.

En ese sentido, las extorsiones desde el interior de la Cárcel de Cancún continúan a la orden de día debido a que no hay ningún tipo de restricción para el uso de telefonía celular, bajo el pretexto de que instalar inhibidores de señal afectaría la operatividad de los juzgados penales, la propia Guarnición Militar que está a un costado del penal, así como a los habitantes de las inmediaciones del lugar.

Desde hace 10 años no existe ningún tipo de medida por parte de las autoridades carcelarias para atender el tema de las extorsiones telefónicas desde el penal, con acciones que restrinjan las llamadas que se efectúan mediante teléfonos celulares.

Cabe decir que el primer inhibidor que se instaló fue en el 2010, con el objetivo de evitar las llamadas de extorsión que hacían los reos a familiares de los procesados, aunque a pesar de la instalación de equipos inhibidores persistían puntos “ciegos” que eran aprovechados por los propios internos, quienes hasta hacían negocio con ello.

También se dio afectación a los juzgados penales y hasta la misma Guarnición Militar e incluso, a varias calles cercanas al penal, motivo por el cual las autoridades carcelarias optaron por retirar esos equipos.

Hoy en día, decenas de presos cuentan con teléfonos con los cuales se comunican diariamente con familiares y amigos, pero otros más son usados para seguir delinquiendo.

También hay quienes aprovechan estas bondades emanadas de la impunidad para tener teléfonos con internet y, de paso, hasta utilizar sus redes sociales en donde suben fotografías.

 

 

Hacinamiento, eterno problema

A pesar de que el dato oficial es que existe una sobrepoblación de 541 presos en el Cereso de Cancún se pudo saber, por informes de algunos custodios consultados al respecto, que en realidad la cifra supera los 853 reos.

A finales de la administración pasada, el Gobierno del Estado comenzó con los trámites para hacerse cargo de la operatividad del penal, pues por el número de internos y el tipo de delitos por el que está la mayoría, que son por robo y asuntos federales, le correspondía ya la obligación de tener el control y pasar de Cárcel Municipal a Centro de Reinserción Social (Cereso).

De hecho, en común acuerdo con el gobierno municipal se estableció un convenio por medio del cual el salario de alrededor de 40 celadores seguía en manos del Ayuntamiento, pero el mando ya le competía a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

Hoy, la mayoría de estos celadores municipales fueron reasignados a otras áreas del municipio, como el Centro de Retención Municipal –mejor conocido como “Torito”– e incluso a Servicios Públicos, pues el Estado ya asumió la totalidad de la operatividad del Cereso y tienen sus propios celadores.

Fue así como la Secretaría Estatal de Seguridad Pública pudo comenzar a invertir en ampliación de nuevas celdas y espacios para albergar a más internos, además de elevar la altura de las bardas, con la finalidad de evitar más fugas.

Sin embargo, la fama por sus motines y por la violencia que se desarrolla desde el interior se mantiene, precisamente por esta situación de sobrecupo y más aún porque los problemas continúan.

Es de señalar que bajo el pretexto de la pandemia, diversas instancias no han actualizado sus informes respecto a los penales de Quintana Roo y lo último que mantienen son datos del 2019, donde, para ser honestos, a la fecha nada ha cambiado, pues aún se encuentran vigentes las 15 recomendaciones emitidas en ese año por parte de algún Organismo Público de Protección de Derechos Humanos.

Una de ellas fue directa al gobernador Carlos Joaquín González, en junio del 2020, derivado del expediente CNDH/3/2020/3182/Q con motivo de las deficiencias que vulneran las garantías individuales de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de la entidad, particularmente en Cancún, en donde se establece que carecen de espacios adecuados para sus actividades, tienen que convivir en celdas del área varonil, además de que no se les proporciona alimentación especial a los menores que viven con sus madres internas, aunado a que los alimentos son de mala calidad e insuficientes.

 

 

Autogobiernos siguen con el control

No obstante que las autoridades afirman que fueron erradicados los autogobiernos de los penales de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, la realidad es que son internos quienes mantienen el control de todo lo que ingresa y ocurre adentro de las cárceles.

Las mismas autoridades estatales y federales han desatendido por completo el tema del Cereso de Cancún, pues durante muchos años dicho penal que ha sido escenario de múltiples zafarranchos, motines, fugas y, lo peor, la persistencia de un autogobierno que lo ha convertido en un centro de operaciones del crimen organizado.

La corrupción parece ser un tema de nunca acabar en el penal, pero tampoco una situación que al menos las autoridades intenten controlar, para evitar mayores complicaciones que de las amenazas ya pasan a los hechos.

De acuerdo con algunos custodios, la situación está cada vez más complicada dentro del penal, pues los privilegios hacia ciertos internos son evidentes, y prueba de ello son las reuniones que constantemente tiene el director con dichos reos en sus propias oficinas.

Uno de los primeros casos de autogobierno lo operó Marcos Adelaido Gallegos alias El Padrino, quien en el 2006, durante el gobierno de Félix González Canto, fue trasladado al Cereso de Chetumal y eso desencadenó un motín con saldo de varios internos muertos, otros tantos heridos y muchos más fugados.

Otro de los líderes del autogobierno, con quien incluso se evidenció con mayor descaro la presencia del crimen organizado, fue en la ápoca de Martín Villanueva Vázquez alias El Negro y/o Zanate, ligado a Los Zetas, quien tomó el control del penal de Cancún y las decisiones de todo lo que ahí se hacía provenían de dicho personaje, muy por encima del director en turno.

En el 2009, en medio de la investigación que efectuaba la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñones, las autoridades desmembraron una importante célula de dicho grupo delictivo y los tentáculos de esta organización que se movilizaba desde el propio penal de Cancún, y uno de los principales operadores era precisamente Villanueva Vázquez, quien fue trasladado al penal de Puente Grande.

A raíz de ese movimiento, el Cereso de Cancún aparentó quedar libre de esta problemática del autogobierno, pero la realidad es que la situación empeoró, porque nuevos internos vinculados a otros grupos delictivos, tanto Pelones, Cartel del Golfo, Cartel de Cancún e incluso del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han mantenido una férrea lucha por controlar el penal para, desde esas instalaciones convertidas en una “plaza segura”, orquestar extorsiones a empresarios, levantones, secuestros y hasta ordenar ejecuciones.

 

 

Privilegios y servicios VIP a quien pague

Sin pisar la zona del Cuadro, como se le conoce al resto del edificio del penal de Cancún, bajo el pretexto de que ahí correrían peligro, existen personajes que gozan de importantes privilegios en espacios acondicionados con camas especiales, televisión, aire acondicionado y muchas otras comodidades dentro del área conocida como Albatros.

Entre ellos figura el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres –“el Góber Precioso”–, quien fue detenido el pasado 3 de febrero y recluido en el Cereso de Cancún por incurrir en el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Otro personaje que está aislado, en celda separada e individual y gozando de privilegios en el penal, es el todavía considerado líder estatal de la CTM, José Isidro Santamaría Casanova, y ambos, de acuerdo a fuentes del centro de reclusión, pagan “cantidades considerables” al director.

Y aunque hay otro interno que goza de privilegios, por su edad y su condición de salud, pero además porque no puede convivir con nadie más, es el pederasta Jean Succar Kuri, aunque él está ubicado en otro espacio alejado incluso de “el Góber Precioso” porque supuestamente “no se pueden ver”.

Pero esto también ocurre en las áreas de Almoloya y los diversos edificios como el D, en donde hay ciertas celdas acondicionadas con espacios de “lujo” en donde pueden estar no sólo los del autogobierno, sino cualquiera que pueda pagar cantidades que van entre cinco mil y diez mil pesos mensuales.

 

 

Venta de amparos, un gran negocio

Todo tiene precio adentro de la cárcel y así, con pagos que van desde los 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil pesos, dependiendo del delito y la importancia del traslado, es como internos del Cereso de Cancún logran ampararse para evitar ser movidos a otros penales.

Durante muchos años la venta de amparos se ha mantenido como una verdadera mina de oro para directivos y funcionarios de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, además de los privilegios a internos para gozar de beneficios especiales como recibir visitas especiales en días y horarios fuera lo habitual, lo que confirma la grave situación que padece dicho penal.

El departamento jurídico del penal es una pieza importante del eslabón de corrupción dentro de este esquema de venta de amparos, pues ellos son los primeros en recibir las notificaciones de los nombres de internos que van a ser trasladados, con la finalidad de preparar su documentación.

Pero curiosamente, al momento de programarse el traslado, algunos de los internos ya cuentan en sus manos con una protección federal obtenida mediante una demanda de amparo y con ello, evitan ser movidos del penal de Cancún hacia otro centro de reclusión.

Por cada notificación y el trámite del amparo, los internos o sus familiares tienen que desembolsar las cantidades arriba citadas, en una sola exhibición si se trata de un amparo y hasta en dos, si es para tener privilegios especiales.

 

 

Custodios ejecutados

En los últimos años, alrededor de seis custodios del Cereso de Cancún han sido ejecutados, los hechos vinculados a los actos de corrupción que imperan adentro del penal, en donde fueron señalados de brindar privilegios a ciertos internos.

Uno de los últimos casos fue el asesinato del entonces jefes de custodios, Juan Carlos Ortiz Ontiveros, ocurrido la mañana del 25 de octubre del año pasado en la Supermanzana 207, cuando, poco después de salir de su domicilio para dirigirse a su centro de labores, fue interceptado sobre la avenida 20 de Noviembre por un sujeto que lo acribilló a balazos.

Este homicidio fue ordenado desde el mismo interior del penal por miembros del grupo delictivo contrario al que Ortiz Ontiveros le brindaba protección y privilegios, como el ingreso de drogas y alcohol.

 

 

Las mentiras de los “nuevos” penales

En medio de todo este riesgo que representa tener la Cárcel de Cancún en la Región 99, rodeada de decenas de viviendas, desde hace 17 años existe la promesa de construir un nuevo Cereso en un predio destinado exclusivamente para ello en las cercanías de la comunidad de Leona Vicario, proyecto que por cuestiones políticas no se ha concretado.

De hecho, más recientemente el gobierno actual ha considerado la posibilidad de buscar la privatización del centro penitenciario como existe en otras entidades, es decir, que un empresario accediera a construir unas instalaciones para, mediante un usufructo, prestar el servicio a la entidad y de esta manera quitarse un “peso de encima” en cuanto a la responsabilidad carcelaria.

Incluso el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, Eduardo Ortiz Jasso, dijo en el 2018 que para el año siguiente comenzarían los trabajos en un terreno en las afueras de la ciudad, y que ya estaban analizando qué empresa sería la responsable.

Comentó que eso era la mejor opción para atender el grave problema de hacinamiento en la Cárcel de Cancún que duplica el número de internos para el que está diseñado con todo y las adecuaciones hechas en los últimos años.

Sin embargo, la fecha pactada pasó y ahora, bajo el argumento de la pandemia no se ha podido recobrar el proyecto, por lo que nuevamente este tema se encuentra archivado y sin avance alguno.

Lo mismo pasó con el proyecto del 2004 que preveía levantar un Cereso en un predio cercano a Leona Vicario, como se establece dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental que fue ingresada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en donde se le asignó el número de expediente 23QR2004UD025 que aún se encuentra vigente.

Dicho documento de estudio promovido por la empresa Steel Construcciones SA de CV, establece la construcción de un Cereso en un predio de 51 hectáreas de Leona Vicario, a 33 kilómetros de Cancún, pero de ello no se avanzó absolutamente nada y el predio está abandonado.

Lo más lamentable de ello es que a pesar de la súplica de vecinos no se reubica el penal de Cancún y cada día que pasa existe mayor inseguridad para las familias de las inmediaciones de la Región 99, porque en ese lugar se encuentran internos peligrosos sujetos, aunado al alto índice de corrupción que existe y que en cualquier momento podría derivar en algún zafarrancho.

De hecho, los vecinos están tratando de ver la forma de “unir fuerzas” entre la mayoría para buscar apoyo jurídico que les permita, de ser necesario, interponer algún tipo de amparo para exigir a las autoridades que reubiquen el Cereso de dicho lugar que fue rebasado por la mancha urbana, a otro sitio donde no represente ningún tipo de riesgo.

 

 

El rezago de expedientes

A casi siete años de que se puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial que tenía entre sus bondades evitar que más personas fueran encarceladas si se trataba de delitos menores, en virtud de que se buscaría la reparación del daño, aunado a que eso ayudaría a combatir el rezago de revisión de expedientes tradicionales para ver la forma de liberar a quien sea inocente o dictarle sentencia al culpable, tampoco ha cumplido con las expectativas porque los penales de Quintana Roo continúan saturados de reos.

 

Miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo consideran que existe opacidad y falta de tacto de las autoridades encargadas de impartir justicia para atender el tema del rezago de expedientes y ayudar a que haya una despresurización del sistema carcelario en la entidad.

No obstante, José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, reportó que se ha mejorado la eficiencia en coordinación con la Fiscalía estatal, aunque se excusa con la pandemia de COVID-19 para justificar que todavía hay atrasos en revisión de algunos juzgados.

A pesar de encontrarse internados en los Ceresos, hay un sinnúmero de personas en espera de sentencia condenatoria; además, no existen condiciones óptimas que promuevan una reinserción social digna.

Contrariamente a lo estipulado en la Carta Magna, las instituciones no han logrado consolidar el sistema penitenciario para favorecer a los sentenciados.

En este mismo sentido, la zona de locutorios que están adentro del penal se ha convertido en un área de amenazas y advertencias entre internos y abogados que acuden a revisión de expedientes, sin que las autoridades carcelarias hagan algo al respecto.

 

 

COVID-19 sigue representando riesgo

A pesar de que cinco internos mayores de 60 años han recibido la vacuna del COVID-19 en Cozumel y existen en lista al menos 15 más en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, el tema del coronavirus se mantiene como una situación de alto riesgo en los penales de la entidad debido a que existe una relajación en las medidas sanitarias.

Pero aunado a ello, otro problema es que no hay estrategias clara de prevención y atención a las adicciones, incluso a la sexualidad, particularmente para la detección de VIH, lo que representa serios riesgos en materia de salud.

De acuerdo con la organización “Observatorio de Prisiones”, las personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas se encuentran en una situación de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En Quintana Roo el tema es más que preocupante debido a que se ha evidenciado un total relajamiento en los accesos de las familias los días de visita, además de que no hay otros mecanismos adicionales de detección al interior de los Ceresos como el de Cancún.

Las autoridades penitenciarias y corresponsables no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa del virus.

De igual manera, no existe un trabajo respecto al tema de las adicciones; es decir, que haya un seguimiento y ayuda a los internos que sean afectos a las drogas y eso los hace más vulnerables, pues no les hacen pruebas toxicológicas.

 

 

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DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA (CNDH)

QUINTANA ROO

 

Calificación        Año

5.67                 2006

5.93                 2007

5.86                 2008

4.45                 2009

4.45                 2010

5.44                 2011

4.89                 2012

4.04                 2013

3.66                 2014

4.43                 2015

4.69                 2016

5.03                 2017

6.1                   2018

6.22                 2019

 

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DEFICIENCIAS EN LOS PENALES

• Falta de infraestructura, equipo tecnológico y custodios capacitados; corrupción y sobrepoblación.
• Desde hace muchos años el sistema penitenciario ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo.
• Existen redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios y victimizan a la sociedad a través de la extorsión telefónica y otras acciones.
• En la actualidad, el sistema es un galimatías en el que convergen, sin coordinación, autoridades federales, estatales y municipales.

 

COSTO DE LOS PRIVILEGIOS

(INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FAMILIARES DE INTERNOS)

• Una grapa de droga, ya sea cocaína en polvo o piedra, tiene un costo de 300 pesos. El carrujo de mariguana lo venden en 150 o 200 pesos.
• Una lata de cerveza la venden hasta en 100 pesos, pero muchos optan por la compra de tepache por litro que se fabrica de manera rústica en el interior y que se los venden en 100 pesos.
• Uso de celdas VIP: pagos que van desde los 500 hasta los 2 mil pesos.
• Para tener un ventilador les cobran 100 pesos a la semana.
• Para que tengan visitas conyugales cualquier día de la semana les cobran hasta 500 pesos.