Se emplearán todos los recursos legales para combatirla, advierte Tauromaquia Mexicana Capítulo Quintana Roo

GALO BURGOS

CANCÚN.- Jaime Valenzuela Tamariz, presidente de Tauromaquia Mexicana Quintana Roo, dijo que la Ley de Protección y Bienestar Animal es violatoria incluso desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que suscribió un acuerdo destinado a la preservación de las culturas, costumbres y tradiciones de los pueblos, a la cual se atenta con la regulación que recién entró en vigor y que incorpora la prohibición de corridas de toros, peleas de gallos, corridas de caballo, transporte en calesas, entre otras actividades que tengan animales de por medio.

Mencionó que en el estado hay 24 comunidades que al año realizan más de 200 eventos de tauromaquia, fiestas patronales que forman parte de las tradiciones de los pueblos y que dan empleo directo e indirecto a casi 30 mil personas, que serán afectadas económicamente, con lo que se daña no sólo el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también el derecho a la libertad de trabajo.

Deploró también que se pretenda hacerla retroactiva para los eventos taurinos y gallísticos que ya están programados en Quintana Roo, lo cual implica una violación al artículo 14 constitucional, que indica precisamente que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Por ello, dijo, casos como el de la corrida programada para el próximo 20 de diciembre en la Plaza de Toros de Cancún no pueden ser afectados por esa Ley, la cual, recordó, carece todavía de un reglamento que pueda aplicarse, pues el Gobierno del Estado y los ayuntamientos disponen de hasta 180 días para hacer el marco normativo correspondiente.

Aseguró que ante el cúmulo de irregularidades integradas en la citada Ley, además de promover ante los diputados de la XVI Legislatura que sea analizada y modificada para subsanarlas, buscarán los recursos legales que sean necesarios para combatirla, entre los que se encuentran amparos individuales y/o grupales, así como recursos de inconstitucionalidad.