CANCÚN CONCESIONADO

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Así como con los servicios de recolección de basura, el suministro de agua potable, las patrullas policiacas, el transporte público y los paraderos de autobuses, entre otros, ahora el gobierno municipal analiza que una empresa particular se haga cargo de los semáforos de la ciudad

SALVADOR CANTO

Concesionar los servicios públicos que por ley le compete brindar al gobierno de Benito Juárez se ha convertido en un jugoso negocio, tanto para las autoridades en turno como para los particulares, en virtud de que las empresas que desarrollan esta actividad reciben del municipio, en conjunto, pagos que superan los 300 millones de pesos anuales, pese a que la mayoría de ellas no cumplen con lo que esperan los ciudadanos.

Y como claros ejemplos se encuentran los temas de la recolección y disposición final de la basura, el alumbrado público, el suministro del agua potable y disposición de las aguas residuales, el uso de patrullas para seguridad pública, el transporte público, los paraderos de autobuses, entre otros, concesiones por las cuales el gobierno debería recibir algunos “beneficios” como contraprestación de los servicios, pero las autoridades no informan nada al respecto.

Este proceso de años –durante el cual las sucesivas autoridades municipales se han ido deslindando de sus responsabilidades con la ciudadanía, transformando al Ayuntamiento en un mero ente recaudatorio– aún continúa, y ahora se sabe que el actual gobierno evalúa concesionar los semáforos de Cancún, aduciendo incapacidad financiera para dar mantenimiento o sustituir los que ya no funcionan o son obsoletos.

Tan sólo en su primer periodo de gobierno (2018-2021), la administración de Mara Lezama Espinosa pagó 150 millones de pesos a la concesionaria Inteligencia México por la recolección de basura y además, se erogaron 120 millones de pesos a la empresa Promotora Inmobiliaria Mahahual SA (PIMSA) por la operación del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal Benito Juárez-Isla Mujeres.

Cabe decir que ambas empresas fueron contratadas en las pasadas administraciones del priista Paul Michel Carrillo de Cáceres y del verde ecologista Remberto Estrada Barba.

En el primer caso, en diciembre del año pasado, el gobierno municipal dentro del ámbito de sus facultades intervino a la concesionaria Inteligencia México que estaba incumpliendo con su labor y en medio de un conflicto legal que aún se ventila en tribunales, le dio entrada a una nueva empresa regiomontana denominada Red Ambiental para que se hiciera cargo del servicio, pero el acuerdo concluía a finales de septiembre del 2021 y hasta ahora, a un mes del inicio del nuevo periodo de gobierno (2021-2024), tras la reelección de la presidenta municipal, no se ha concretado la firma y/o acuerdo legal que avale la labor que dicha empresa de recolección de la basura continúa realizando.

En medio de este panorama, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo considera que los diputados locales tienen la facultad de evitar que una concesión que pudiera tener vicios sea avalada por un cabildo, en virtud de que ellos pueden frenar desde la tribuna una situación que represente un riesgo para el erario o en su caso, si persisten las quejas y posibles abusos, buscar mecanismos legales para que las concesiones se puedan revocar.

El gran negocio de las concesiones

Por los servicios concesionados a las diversas empresas privadas en el municipio Benito Juárez, el gobierno eroga pagos millonarios que superan los 300 millones de pesos anuales, pese a que la mayoría incumple con los acuerdos de prestar un servicio de calidad.

Además, aunque estas empresas entregan recursos al municipio como una contraprestación, de ese dinero no se informa a dónde va a parar o para qué es utilizado.

Hasta la fecha, el gobierno municipal paga tres millones 738 mil 114 pesos al mes –cifra que al año se traduce en 44 millones 857 mil 468 pesos– por la renta de 76 patrullas policiacas a la empresa Lumo Financiera del Centro SA de CV, contratada desde la administración de Remberto Estrada, quien también, en sus inicios contó con los servicios de Grupo Empresarial Urfisa que le proporcionó al municipio, a cambio de 46.4 millones de pesos, la renta de 97 patrullas por 11 meses.

En su momento, Mara Lezama defendió la renta de las patrullas debido a que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública no cuenta con suficientes unidades propias, pues a decir del propio titular de la dependencia, Rubén Oyarvide Pedrero, solamente tienen 60 y se requieren más de 100 para cubrir toda la ciudad.

Otra empresa beneficiada con una concesión y que presta un mal servicio es Celsol SAPI SA de CV, que recibe del municipio seis millones 360 mil 864 pesos al año por el mantenimiento de 51 mil luminarias del alumbrado público y pese a las irregularidades de su contrato desde la administración de Remberto Estrada, el gobierno de Mara Lezama autorizó 208 millones 32 mil 480 pesos adicionales bajo el argumento de incremento de costos, pero la realidad es que hoy en día decenas de zonas y avenidas tienen problemas de iluminación.

A ello se suman otros servicios concesionados como la recolección de basura, el manejo del relleno sanitario, el transporte público y los paraderos de autobuses, que distan mucho de prestar un servicio de calidad a la altura de un centro turístico de nivel internacional como Cancún.

El Despertador de Quintana Roo solicitó información al gobierno municipal de Benito Juárez para conocer más a fondo el tema de las concesiones, incluso durante varios días se buscó a regidores, pero ninguno fue localizado en sus cubículos.

La idea era conocer el monto por la concesión del servicio de transporte en ruta establecido, que tienen a su cargo desde el 2008 Turicun, Autocar, Maya Caribe y Bonfil y que en el 2018, durante la administración de Remberto Estrada, les fue ampliada por 10 años más.

También se les iba a requerir información sobre el tema de los paraderos de autobuses que están concesionados y que no aportan ningún beneficio para la ciudadanía, salvo los de la avenida Tulum cerca del Ayuntamiento, aunque cabe señalar que estos fueron colocados por el gobierno federal cuando se modernizó esa zona.

Semaforización, encaminada a otro “negocio”

Al tratarse de una problemática que se ha acrecentado desde hace varios meses, pero que en realidad lleva años sin atención concreta por falta de recursos, fuentes del gobierno municipal de Benito Juárez revelaron que entre las propuestas que existen para solucionar el tema de la semaforización de la ciudad de Cancún está la de una posible concesión, como existe en otras entidades de México y el extranjero.

A decir del secretario municipal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero, en entrevista con El Despertador de Quintana Roo, entre el 60% y el 70% de los semáforos de la ciudad de Cancún ya están obsoletos, muchos tienen tarjetas que ya no existen en el mercado y por lo tanto no tienen reparación.

“Tenemos semáforos muy viejos y a pesar de ello el departamento de ingeniería de la Dirección de Tránsito le da mantenimiento pero por la misma antigüedad hay semáforos que tienen más de 20 años de servicio que, en cuanto viene un vientecito o una lluvia, se descomponen por un corto circuito”, explicó.

No obstante, reconoció que existe un proyecto del que “no digo que se vaya a materializar, porque esa es una inversión muy grande para poder samaforizar toda la ciudad de acuerdo a los nuevos estándares tecnológicos en la materia que deben de ser de leds, cables protegidos anti huracanes, pues estamos hablando de más de 100 millones de pesos para darle mantenimiento y poder cambiar a los nuevos”.

A pregunta concreta sobre la posibilidad de que se pueda concesionar el servicio, respondió: “existe la posibilidad, pero ahí ya eso lo va a determinar la propia presidenta municipal, si se van por la vía de la concesión o se haga con recursos propios, la verdad lo desconozco, pero al final nosotros ya presentamos un proyecto de lo que se necesita y serán otras instancias las que de decidan”.

Por su parte, el sexto regidor y titular de la comisión de obras y servicios públicos, Miguel Ángel Zenteno Cortés, manifestó que ha habido acercamiento de un par de empresas que se dedican al tema de la semaforización con la presidenta municipal Mara Lezama, para presentar algunas cotizaciones, pero “yo desconozco los montos”.

Y agregó: “lo que te puedo comentar es que se está buscando la manera, primero de conseguir un precio justo sin irnos a lo más económico, porque como dicen por ahí, ‘lo barato sale caro’, la inversión por lo que tengo entendido no baja de 200 millones de pesos por  un programa de semaforización integral y por ello queremos tener la mejor opción económicamente hablando y en cuanto a calidad, que cuenten con mantenimiento y garantías y de ahí buscar la fuente del financiamiento, que es la parte más complicada”.

Sin embargo, el concejal negó que se trate de una concesión, pues explicó: “el tema no aplica, además yo he tratando de buscar alguna manera para solucionarlo, me informé y no hay ninguna empresa que dé esos servicios en cuanto a semaforización en esas condiciones, entonces esto tiene que ser mediante financiamiento y se trata de encontrar la mejor opción”.

Finalmente, dijo que como autoridad reconocen la problemática que existe en el tema de los semáforos, pues dijo: “negar lo que está a la vista sería ridículo, tenemos un problema serio”.

Concesiones leoninas que sólo castigan al pueblo

De acuerdo con el exdiputado local Héctor Ortega Contreras, las concesiones que ha otorgado el gobierno municipal de Benito Juárez en los últimos años han sido leoninas, debido a que están a favor de las empresas beneficiarias y son nocivas para la ciudadanía.

Es de destacar que el primer acercamiento de los ciudadanos con el poder político y el derecho se proporciona en el entorno municipal, ya que éste a través de su estructura, facultades y funciones ofrece servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades primarias.

Sin embargo, en el caso particular de Benito Juárez, desde hace muchos años, varios servicios públicos han sido concesionados a particulares, que por un lado reciben un millonario pago del gobierno por esas actividades y, a su vez, ellos retribuyen al gobierno municipal una parte mediante un concepto de contraprestación, lo que hace de ello un gran negocio.

“Desde mi punto de vista todas son concesiones leoninas, porque están a favor de los empresarios y son perjudiciales para la ciudadanía, aquí tenemos como ejemplo claro a la empresa Aguakan que desde 1993 obtuvo su primera concesión y en el gobierno de Roberto Borge le fue ampliada hasta el 2053”, explicó.

Refirió que otro tema lamentable de una mala concesión es el asunto del alumbrado público entregado a la empresa Celsol SAPI de CV, que calificó como “el negocio del siglo” por sus abusivas condiciones, ya que de por sí se cobra a los usuarios un Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los recibos de energía eléctrica y a pesar de ello existen decenas de calles y avenidas en penumbras.

Paraderos de transporte, una burla

En diciembre del 2015, el Cabildo de Benito Juárez encabezado por Paul Carrillo aprobó concesionar por 20 años el servicio de paraderos en Cancún a favor de Operadora Kabah S.A de C.V.

En aquella ocasión, la empresa se comprometió a la instalación y mantenimiento de 864 paraderos de autobuses en la ciudad y en lo que sería una primera etapa se instalarían 200 de ellos, cosa que nunca cumplieron.

Con el paso de los años, los gobiernos han solapado a dicha empresa e incluso la administración actual, en lugar de revisar la concesión, intervenirla o en su caso, ver la forma de revocarle todos los permisos, se ha vuelto cómplice de más irregularidades.

En las calles de Cancún es evidente que decenas de paraderos están en pésimas condiciones y aunque se ponga de pretexto el tema de la pandemia, cuyo periodo más álgido fue el 2020, en la actualidad la situación de estos espacios públicos en la zona urbana sigue aún peor.

Este ejemplo deja en evidencia una vez más que las concesiones son vistas exclusivamente como un gran negocio tanto para los gobiernos en turno como paras las empresas a las que se les otorga, que incumplen flagrantemente con las condiciones establecidas en los contratos, donde los más afectados son los ciudadanos, en este caso los usuarios del transporte público.

Recolección de basura, danza de millones

La recoja de basura y su destino final han representado durante años en Cancún un problema generalizado para los ayuntamientos ante la falta de una eficiente gestión de residuos sólidos y medidas ambientales y adicionalmente han generado onerosos costos para el erario municipal, a pesar de la ineficiente prestación del servicio.

En los últimos años el problema de la recolección de desechos se ha generalizado y conllevado una serie de graves problemas, incluso de carácter legal, como el que enfrenta el gobierno municipal con Inteligencia México, una empresa propiedad del exalcalde interino Carlos Canabal que se hizo de una amañada concesión durante el gobierno de Remberto Estrada y que durante la pasada y la actual administración –ambas a cargo de Mara Lezama–, por diferencias políticas se provocó un distanciamiento, al grado de que dicha empresa redujo sus servicios afectando a la ciudadanía.

Ante ello, el gobierno municipal intervino a la empresa en diciembre del 2020 y en medio de una serie de demandas que hasta la fecha se mantienen en los tribunales, se hizo un acuerdo para que otra empresa denominada Red Ambiental se hiciera cargo de la recolección de la basura en Cancún.

Inteligencia México estaba comprometida a recoger, con 60 camiones recolectores, las mil 400 toneladas de basura que se generan a diario en Benito Juárez; sin embargo, la empresa operaba a menos de la mitad de su capacidad.

Ahora, en la actual administración que se dio con la reelección de Mara Lezama, donde solamente se hicieron algunos cambios del cabildo y en algunas direcciones, a un mes del inicio de sus funciones, aún no se instala la junta directiva de la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), el organismo que tiene a su cargo el manejo integral de la basura desde su generación, aprovechamiento, recolección  y hasta su disposición final.

Al respecto, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo mencionó que en la primera sesión ordinaria del Cabildo de Benito Juárez se debió hacer el nombramiento de los regidores que conformarían el Consejo Directivo de Siresol y que ahí es en donde se establecería firmar el contrato para que la empresa Red Ambiental continúe prestando el servicio, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.

El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, advirtió que el tema debió preverse para evitar violentar el reglamento interior del organismo. “Las autoridades que lo conforman deben ser nombradas conforme lo dispone el citado reglamento; de otra forma, los actos administrativos que emitan podrían ser declarados nulos por falta de personalidad e impugnados en los Tribunales. Observamos que no se cumplió con lo dispuesto por su normatividad y pueden estar dentro de estos supuestos en alguna acción legal que, seguramente veremos”, expresó.

Sobre el tema, la propia secretaria general del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, asegura que, hasta el momento, no hay otra empresa que haya alzado la mano para prestar el servicio de recolección de basura y por lo tanto, Red Ambiental continuará a cargo.

Transportistas se burlan de la autoridad y del pueblo

Luego de que la administración de Gregorio Sánchez Martínez (2005-2008) otorgó la primera prórroga por 10 años a las concesionarias del transporte público, Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil, cuya ampliación venció en el 2018, con lo que se debió dar pie a la entrada de nuevas empresas o a la renovación de las mismas pero bajo diferentes condiciones, durante el periodo de Remberto Estrada se amplió la prórroga a 30 años más, lo que ha permitido que estas compañías hayan convertido este negocio en un verdadero monopolio.

Bajo esas circunstancias, en la actualidad el servicio es ineficiente y opera en medio de una anarquía total, bajo el amparo de la impunidad.

Aunado a ello, antes de que concluyera la administración estatal de Roberto Borge se dio entrada de forma ilegal a una nueva empresa denominada Transporte Terrestre Estatal (TTE), filial del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” que pese a violentar la autonomía municipal, ha abonado al desorden vial en toda la ciudad.

No obstante que el Ayuntamiento tiene la facultad de decretar la municipalización y la intervención del servicio público de transporte de pasajero en ruta establecida en el territorio municipal o acordar la prohibición de su concesión por incumplimiento, hasta la fecha no lo han hecho y continúan permitiendo que hagan de las suyas en perjuicio de la ciudadanía.

Además, el mismo gobierno ha permitido el aumento de operatividad de mototaxis en distintos puntos de la ciudad, cuyo negocio es más que redituable por las cuotas que cobran los inspectores de Transporte y Vialidad, aunado a los del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

De hecho, es bien sabido que existen socios del Sindicato de Taxistas que además de placas de taxi, tienen moto-taxis e incluso combis toleradas, pues saben que el transporte es un negocio más que redituable, pero sobre todo porque el gobierno municipal no actúa al respecto.

Revocación de concesiones, parte del negocio

Para miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo, el tema de las revocaciones de las concesione implicaría, además de líos jurídicos prolongados, la obligación del gobierno a pagos millonarios por indemnización, lo que confirma que desde la formulación de los acuerdos existen oscuros intereses tanto del Ayuntamiento como de los empresarios. 

El gobierno tiene miedo a revocar las concesiones porque les saldría muy costoso por las penalizaciones que establecen los contratos, en virtud de que fueron elaborados con alevosía y ventaja.

En su momento, el entonces representante del Observatorio Ciudadano Municipal, Edgar Ordóñez Durán, actual quinto vocal suplente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Quintana Roo, planteó que tanto el Ayuntamiento de Benito Juárez como el Congreso del Estado tienen la facultad de revisar a profundidad las concesiones de los servicios que se están haciendo en la ciudad, a fin de evitar que se conviertan en un litigio permanente contra las concesionarias en las siguientes administraciones y darle “dientes” a la Comuna para revertirlas en caso de incumplimiento, sin penalizaciones onerosas imposibles de cumplir.

De forma directa, planteó que los municipios deben tener administraciones modernas y eficientes, pues una de sus labores más importantes es prestar servicios públicos de primera, dentro de lo cual destacan áreas verdes, recolección de basura, tratamiento de residuos sólidos, rastro municipal, alumbrado público y las empresas municipales.

Sin embargo, hoy en día la prestación de estos servicios representa una fuerte erogación de recursos para la administración municipal, por lo que es básico planearlo y organizarlo.

Renta de patrullas y regiduría polémica

A pesar de que la seguridad pública es un tema esencial en donde el gobierno debe de aplicar mayor atención, la actual administración ha contribuido a que el municipio continúe sin un patrimonio de unidades vehiculares, pues hoy en día más del 60% de las patrullas son rentadas.

El titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero –quien refiere que mientras se registre un robo “no podemos hablar de que estamos bien en seguridad pública”–, estimó que a pesar de las patrullas que tienen arrendadas se requieren al menos unas 40 más para cubrir toda la ciudad, pues recordó que las patrullas deben de operar las 24 horas del día.

Se pudo conocer que la comuna le paga al Grupo Empresarial Urfisa 46.4 millones de pesos al año por la renta de 97 patrullas.

Pese a toda esta situación, el propio Cabildo se ha convertido en cómplice, incompetente para atender esta situación que permita reducir los índices de inseguridad en Cancún.

El Despertador de Quintana Roo acudió en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Benito Juárez en busca de respuesta de la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Alma Elena Reynoso Zambrano, pero no fue posible localizarla y a decir de uno de sus asistentes, se encontraba ocupada “reconociendo” la ciudad de Cancún.

Lo anterior, porque resulta que dicha funcionaria no es ni siquiera de Quintana Roo, pues llegó al cargo por la vía de representación proporcional gracias al partido Fuerza Por México, pero sobre todo, beneficiada por el castigo que el Tribunal Electoral de Quintana Roo impuso a Issac Janix, imposibilitándolo para ocupar un puesto en el cabildo por cometer violencia política de género.

Se pudo conocer que Reynoso Zambrano, actual secretaria general del Comité Directivo Estatal de Fuerza Por México, también fue regidora por el PRI, en 2015, en el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, de donde es oriunda y antes de incursionar en la política fue animadora del equipo de béisbol Vaqueros Laguna; su asunción al cargo –el cual ocupó interinamente luego de que el titular, Alejandro Martínez Garza, pidió licencia para dirigir el Instituto Coahuilense de la Juventud– fue cuestionada en aquel entonces por considerarse que era «desconocedora completamente del quehacer político», según comentarios recogidos por el diario El Sol de la Laguna.

Llama la atención que por lo general la Comisión de Seguridad Pública es asumida por el Primer Regidor, pero esta vez recayó en la Décimo Tercer Concejal, que además es alguien que ni siquiera conoce la ciudad.

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Aspectos que deben cuidarse en una concesión

* Que sean empresas que cuentan con la experiencia para realizar tareas municipales.

* Que la concesión garantice un servicio moderno con atención inmediata de calidad y cobertura total.

* Que estén respaldados con personal calificado.

* El gobierno debe de cuidar que no impacten ni graven las finanzas del municipio, a fin de que no se conviertan en litigios permanentes contra las concesionarias.

* Por ello, deben de ser empresas fuertes, reconocidas, con experiencia en el servicio, socialmente responsables y solvencia económica garantizada.

* Que tengan criterios de exigencia y rigor en los  programas de operación y atención, con énfasis en la eficiencia de los servicios con estándares de desempeño.

* El gobierno debe de revisar el costo-beneficio, sus ventajas y riesgos, en especial tener garantías por si no cumplen con los objetivos y que la autoridad pueda usar la figura de la regresión del servicio, es decir que puedan revertir la concesión de manera inmediata en favor de la administración municipal, sobre bases jurídicas muy bien construidas y con candados que beneficien al usuario.

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