Los turistas deberán desembolsar 224 pesos adicionales a los impuestos que ya se les cobran; el gobierno estatal proyecta recaudar con él 600 mdp este año, mientras el sector hotelero lo considera “un incentivo para no venir”

REDACCIÓN

CANCÚN.- El cobro del nuevo impuesto a turistas, denominado Derecho de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público, por un monto de 2.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 224 pesos, dará inicio el próximo 1 de abril, con la expectativa de recaudar 600 millones de pesos en lo que resta del año, pese a las reticencias en el sector turístico, que ve en el nuevo gravamen un obstáculo para la recuperación del estado.

En tanto, instituciones bancarias y cadenas hoteleras aún buscan concretar convenios con el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y aclarar los mecanismos de operación a fin de iniciar con el cobro del impuesto.

Inicialmente la proyección era captar 900 millones de pesos durante 2021, con una expectativa “conservadora” de que el estado captase 4.5 millones de viajeros internacionales; sin embargo, al retrasarse la implementación del nuevo cobro por efecto de la pandemia, la expectativa se redujo a 600 millones de pesos, de acuerdo con Rodrigo Díaz Robledo, director general del SATQ.

Los turistas podrán hacer el pago de este nuevo impuesto cuando hagan la reserva, o durante su estancia en el Estado o al finalizar el viaje. Es un pago obligatorio para los turistas extranjeros, excepto para menores de 15 años, y no incluye “bajo ninguna circunstancia a turistas nacionales”, indica la Ley aprobada en el Congreso local en 2020.

El texto justifica el nuevo cobro bajo el argumento de que “las transacciones llevadas a cabo por el turismo internacional dan lugar a movimiento de divisas que deberían de contribuir al gasto público, con el fin de proveer bienes, servicios y espacios públicos que satisfagan las necesidades de quienes visitan los distintos puntos turísticos del estado de Quintana Roo”.

Sin embargo, diversas voces de los sectores hoteleros y turísticos, se opusieron desde el principio a la aprobación de un impuesto más por considerarlo “un incentivo para no venir”, pues temen que reducirá la competitividad de los centros turísticos mexicanos ante otros destinos del Caribe menos onerosos para los visitantes.