ROBERTO HERNÁNDEZ GUERRA

Comprendo, estimado lector, que a algunas personas no les simpatice Andrés Manuel López Obrador, ni su consigna de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Quizás teman que la igualdad de oportunidades, el “piso parejo” que reclama el Presidente, genere anarquía social; alguien ya le llamó a esto “la rebelión de la clase media en contra de la igualdad”. Puede ser, también, que otros extrañen aquella “presidencia imperial”, que viene en sucesión histórica desde los “tlatoanis” aztecas, los virreyes novohispanos, el “porfiriato” y así sucesivamente hasta Peña Nieto y su avión presidencial. Habrá algunos, seguramente muy pocos, que añoren una forma de hacer negocios a costa del erario público. Lo que no comprendo es a quienes cierran los ojos ante un pasado reciente, del que día con día nos vamos enterando, era un proyecto de saqueo, corrupción e impunidad del que nada ni nadie se salvaba.

Suficiente información tenemos del asunto de Odebrecht, la empresa brasileña que corrompió a gobernantes de Latinoamérica, sin excluir a los de nuestro país donde sus “aportaciones” sirvieron para “asegurar” el voto de legisladores panistas en la llamada “reforma energética”. Hay que recordar que ya tenían experiencia en México, previamente habían conseguido concesiones ventajosas para su filial “Braskem Idesa” en la obligada venta de etileno por parte de Pemex, que le representaron a la petrolera pérdidas considerables y cuyo monto ya debe usted conocer.

También nos habíamos enterado de la compra, por parte del estado mexicano, de la chatarra de lo que había sido una planta de fertilizantes propiedad del señor Ancira, cuyo valor estuvo inflado en más de 200 millones de dólares. Pero recientemente salió a la luz pública otro enjuague relacionado con la saqueada “empresa productiva del estado” y fue por la  confesión de ejecutivos de Vitol, la más importante operadora internacional en la compra-venta de combustibles, que ofreció resarcir la pérdida por 17 millones de dólares, más no señalar a los funcionarios implicados. Seguir señalando los desfalcos a Pemex en el período neoliberal, sería algo así como “el cuento de nunca acabar” o “la historia interminable”, mejor busquemos por otro lado.

Quienes recordamos lo que representó en su origen el “Fondo Para la Vivienda de los Trabajadores” (Infonavit), como esperanza de obtener una vivienda digna, nos quedamos ahora con la boca abierta de asombro por la forma en que operó hasta antes del cambio de régimen. Desde luego que suponíamos que el contubernio de funcionarios con empresas constructoras traía entre otras cosas que las viviendas fueran caras y con espacios reducidos; tampoco ignoramos el despojo que sufrían muchos deudores por la acción concertada de jueces y abogados, el escándalo correspondiente se dio en juzgados de Nayarit. Lo que nunca nos imaginamos es la existencia de más de 600 mil departamentos abandonados, principalmente por construirse en sitios inadecuados. Imagine usted lo que representa esto en recursos desperdiciados y en ilusiones perdidas de acceder a una vivienda digna.

Pero más allá de cifras, consideramos que el mayor problema que representa la corrupción es que se expande como la humedad en las paredes. En días recientes, la Presidenta Municipal de Benito Juárez denunció la existencia de un grupo de funcionarios municipales, que desde administraciones anteriores se confabulaba con notarios para despojar de sus viviendas a gente de escasos recursos.  El mal ejemplo cunde, cuando la impunidad es la regla.

“Y sigue la mata dando” podemos decir coloquialmente. ¿Pero de qué mata estamos hablando? Pues ni más ni menos de  la que aquel cacique de San Luis Potosí, conocido como “el alazán tostado”, describió como “un árbol que da moras”; que para él y para quienes lo siguieron imitando  no otra cosa era la moral pública.

 

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