68% de mujeres presas tiene hijos

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No existen políticas públicas para garantizar el derecho de las féminas en prisión a ejercer su maternidad, ni para que los menores crezcan en un entorno seguro

MÉXICO.- En México están privadas de su libertad 220 mil 477 personas; de ellas, 133 mil 821 —el 60.7%— son padres. Si se desagregan los datos por género, del total de mujeres que están en prisión, 8 mil 466 —el 68%— tienen hijos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021).

Ya sea que hayan dado a luz en prisión y que tengan con ellas a sus hijos, o que los menores estén a cargo de familiares, la realidad es que no existen políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad, ni para que los menores crezcan en un entorno seguro en el que puedan construir vínculos familiares y sociales.

Valentina Lloret Sandoval, coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia en CEA Justicia Social, mencionó que según se estipula en la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres pueden conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años en caso de que no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable de ellos. Anteriormente, los niños podían estar con sus mamás en prisión hasta que cumplieran los seis años; sin embargo, en 2016 se aprobó una reforma para reducir la edad.

En el artículo 10 de esta ley, se menciona que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a la maternidad y lactancia, así como a los medios necesarios que les permitan el cuidado de sus hijos, pero en la práctica estos lugares no cuentan con espacios dignos donde los menores puedan desarrollarse desde sus primeros meses.

La discusión de si los niños deberían estar en prisión con sus madres, o no, no es fácil, pero sin importar hacia qué lado se inclinen las opiniones, lo cierto es que no se han impulsado acciones para la protección de los menores que tienen a sus madres en prisión.

 “Hay que generar condiciones para que los niños y las niñas puedan estar con sus madres (…) que existan guarderías con personal calificado, servicios de atención sanitaria, que los niños y las niñas no sean tratadas como personas privadas de la libertad, es decir, que haya un conjunto de condiciones que permitan salvaguardar un principio fundamental que es el del interés superior del niño”, subraya. (Animal Político)